domingo, 26 de junio de 2016

La existencia de una diferencia entre lo pedido en la demanda y lo acordado en la sentencia no puede alegarse por la aseguradora como causa que justifique el impago de la indemnización y le exima de abonar intereses moratorios


La existencia de una diferencia entre lo pedido en la demanda y lo acordado en la sentencia no puede alegarse por la aseguradora como causa que justifique el impago de la indemnización y le exima de abonar intereses moratorios, según el Tribunal Supremo.

A) En la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil de 11 de septiembre de 2015, nº 499/2015, rec.1784/2013, considera el TS que la existencia de una diferencia entre lo pedido en la demanda y lo acordado en la sentencia no puede alegarse por la aseguradora como causa que justifique el impago de la indemnización y le exima de abonar intereses moratorios, salvo casos excepcionales de diferencias extraordinarias. Se pretende evitar el perjuicio que para el asegurado o el perjudicado se deriva del retraso en el pago e impedir que se use el proceso como instrumento para dificultar o retrasar el cumplimiento de la citada obligación.

B) ANTECEDESTES DE HECHO: Arch Insurance Company LTD, Sucursal en España formula un único motivo de casación contra la sentencia que le condena a abonar los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro por interpretación errónea del mismo y de la jurisprudencia que lo interpreta (SSTS 18 de diciembre de 2012 y 8 de noviembre de 2004).

Lo argumenta la sentencia de la siguiente forma: "no estaba justificado el impago, ya que antes de la interposición de la demanda hubo intentos reiterados por parte de los demandantes de llegar a una solución extrajudicial (bloque documental nº 28 de la demanda), y, la aseguradora demandada no cuestionó la producción del siniestro, ni su cobertura a cargo de la póliza, ni el derecho de las actoras a reclamar, sino que se limitó a manifestar su discrepancia con la cuantía de la indemnización solicitada, que redujo de forma unilateral a la suma de sesenta mil euros como límite para alcanzar un acuerdo extrajudicial, suma muy alejada de la reclamada y de la fijada por la sentencia recurrida, sin que siquiera procediera al pago consignación de la cantidad ofrecida. La causa de la obligación del pago era conocida y admitida por la aseguradora, por lo no puede entenderse justificada su postura de denegar el pago o rechazar la pretensión.

Por otra parte, como acertadamente señala la resolución recurrida, la mera diferencia entre lo pedido en la demanda y lo acordado en la sentencia hace ya tiempo que dejó de considerarse por la jurisprudencia, salvo casos excepcionales de diferencias extraordinarias, como una causa que justifique el impago por la aseguradora (STS 28 de Septiembre del 2011 )".

El recurrente considera que concurre la circunstancia justificadora de su incumplimiento como aseguradora, en cuanto se aprecia una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional, además de la diferencia entre las cantidades pedidas y las concedidas que no puede considerarse mera diferencia sin importancia. Se justifica, en definitiva, en atención a la concreta acción ejercitada y la dificultad de la valoración del daño, en los supuestos de pérdida de oportunidad procesal (reclamación por responsabilidad profesional de procurador seguida como consecuencia de una lesión del derecho al acceso a la tutela judicial efectiva), que, a juicio de la recurrente, requiere un análisis retrospectivo de las posibilidades de éxito del recurso no nato, y la diferencia entre lo pedido (282.751,95 euros) y lo concedido (154.994,53 euros).

C) Dice la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2011 que "La mera diferencia entre lo pedido en la demanda y lo acordado en la sentencia hace ya tiempo que dejó de considerarse por la jurisprudencia de esta Sala, salvo casos excepcionales de diferencias extraordinarias, como una causa que justifique el impago por la aseguradora y la exima por ello de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro (STS 7-10 -03 cuyo criterio ratifican las SSTS 14-3 -06, 24-7-08, 17-3-09, 7-5-09 y 24-11-10 entre otras).

A ello cabe añadir que la razón del mandato legal radica no sólo en evitar el perjuicio para el asegurado o perjudicado que deriva del retraso en el abono de la indemnización, sino también en impedir que se utilice el proceso como instrumento falaz para dificultar o retrasar el cumplimiento de la expresada obligación (SSTS 12 de marzo de 2001, 7 de octubre de 2003). En suma, como señala la sentencia de 12 de febrero de 2009, no basta la mera incertidumbre acerca de la cantidad a pagar por la aseguradora, sino que, en términos generales, es preciso valorar, fundamentalmente, si la resistencia de ésta a abonar lo que, al menos con seguridad, le correspondía, está o no justificada, o el retraso en el pago le es o no imputable, siendo lo decisivo.

Y es el caso que, no solo se conocía la causa de la obligación del pago, sino que se pretendió reducir este de forma unilateral a una suma muy alejada de la reclamada y de la fijada por la sentencia recurrida, sin que tampoco procediera al pago o consignación de la cantidad ofrecida por lo que la negativa de la aseguradora recurrente a cumplir con su deber de satisfacer la prestación frente al perjudicado, pagando o al menos consignando el importe mínimo, no encuentra justificación alguna.

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domingo, 5 de junio de 2016

Exoneración de la aseguradora de hacer frente a la suma asegurada cuando no se pone en conocimiento de ésta la reclamación judicial del siniestro, facilitando la personacion judicial


La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil de 20 de abril de 2016, nº 264/2016, rec. 50/201, declara la exoneración de la aseguradora de hacer frente a la suma asegurada cuando no se pone en conocimiento de ésta la reclamación judicial del siniestro, facilitando su emplazamiento en el procedimiento iniciado, incurriendo el asegurado en dolo o culpa grave.

A) ANTECEDENTES DE HECHO: PRIMERO: El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia formula recurso de casación por interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales en relación al artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro  y, en concreto, en relación a la consecuencia que supone a la asegurada el hecho de no haber emplazado a la aseguradora, Zurich España S.A., en un procedimiento judicial seguido a instancia del perjudicado.

En lo que aquí interesa, la demanda se inició por reclamación de la parte ahora recurrente, Consorcio Hospital General Universitario, a Zurich España S.A, por no haber atendido al pago de la indemnización que, en el ámbito de la póliza de responsabilidad civil profesional y patrimonial, debía a don Alexander por sentencia (fuera del recurso han quedado otras reclamaciones). La aseguradora se niega al pago porque el día 19 de junio de 2008 se le comunicó el siniestro y no tuvo más información del mismo por la asegurada hasta que le remitió la sentencia que le condenaba a pagar cincuenta mil euros al perjudicado. Considera que hay un incumplimiento grave del asegurado de la obligación impuesta en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contrato de Seguro, que le libera del pago, puesto que una cosa es la comunicación del siniestro y otra distinta la obligación posterior de información. Lo cierto es que no fue emplazada para comparecer en el juicio y no se le dijo nada sobre la existencia del pleito hasta que fue condenada la asegurada.

La sentencia del Juzgado desestimó la demanda, y la misma fue confirmada por la Audiencia Provincial, con el siguiente razonamiento: «no solo no se ha acreditado haber cumplido con el deber de comunicación, sino que el incumplimiento ha redundado en una infracción del deber de información que justifica la exoneración de la compañía. En efecto, la reclamación a Consellería se presentó en febrero de 2007 y fue remitida al Consorcio en mayo de 2007, la demandante no comunica el siniestro hasta junio de 2008 y en relación a la póliza 151 que estaba anulada por lo que se dice que debe ser por la núm. 307 y ya no existe más comunicación ni información hasta el 27 de julio de 2010 en que se le notifica la sentencia del TSJ dictada en autos 1859/2007 en que se condena al pago de la indemnización. La demandada rechaza el siniestro porque no se ha visto en la comisión de seguimiento, no ha sido comunicada la interposición del recurso contencioso y no ha sido emplazada para poder defenderse. En consecuencia, no existe constancia de que se le haya informado a la aseguradora de las circunstancias hasta un año después de tener la demandante conocimiento del siniestro ni después hasta la notificación de la sentencia condenatoria, privando con ello a la compañía de todo margen de maniobra, que incluso habría podido incluir el atendimiento voluntario de sus posibles responsabilidades dimanantes del contrato de seguro, lo que, a nuestro entender, se traduce o encierra una culpa grave que justifica una resolución como la adoptada, que procede, pues, confirmar, pero es que a mayor abundamiento en la cláusula novena de la póliza establece de modo minucioso los pasos a seguir en orden a la información de las reclamaciones».

B) El problema se plantea en la aplicación del artículo 16.3 de la Ley de Contrato de Seguro que establece la obligación del asegurado de proporcionar en plazo legal a la aseguradora "toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro", a cuyo incumplimiento anuda la sanción de pérdida de la indemnización que le pueda corresponder en virtud del contrato de seguro en el caso de que hubiese concurrido dolo o culpa grave del asegurado; obligación que es distinta de la que exige el párrafo 1º, pues mientras esta se refiere a la comunicación del siniestro que recae sobre el tomador, asegurado o beneficiario, aquella se extiende a las circunstancias complementarias del hecho generador del daño asegurado del que en principio debe o puede responder; ambas impuestas por un deber de colaboración del asegurado con el asegurador en el marco no solo de la ley sino de la relación de contrato presidido por el principio de la buena fe, particularmente en el ámbito del artículo 16 de la LCS.

No estamos en el párrafo 1 º del artículo 16 de la LCS, sino en el 3 ª, que contempla un régimen jurídico diferente, puesto que la asegurada trasladó a la aseguradora copia de la reclamación patrimonial del perjudicado, sino ante una efectiva violación del deber de información, que resulta especialmente grave en seguros de responsabilidad civil por sus específicas características en orden a la valoración por la aseguradora de los requisitos que comporta para una correcta asunción y liquidación del siniestro con cargo al seguro. Si alguna obligación resulta relevante en estos casos esta no es otra que la de poner en conocimiento de la aseguradora la reclamación judicial del siniestro, facilitando su emplazamiento en el procedimiento iniciado a instancia del perjudicado, lo que no se hizo hasta que la responsabilidad del asegurado fue declarada judicialmente. Su incumplimiento supone una grave desatención de sus obligaciones y un grave perjuicio al asegurador, al que se le ha impedido toda posibilidad de defensa, y que se agrava cuando tampoco se siguieron los trámites contractualmente previstos para la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial y consiguiente liquidación del siniestro.

Y ello es sin perjuicio de que el cumplimiento del deber de comunicación del siniestro puede conducir al de información, pues es posible cumplimentar aquella primera obligación y desatender luego los deberes de información complementaria a la aseguradora, como aquí ha ocurrido, para permitirla tramitar el siniestro, siempre a partir de una interpretación restrictiva de la norma tanto para valorar si ha habido dolo o culpa grave, como para estimar si se ha producido o no una verdadera violación del deber de información, tal y como ha mantenido la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS desde la sentencia de 5 de julio 1990.


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sábado, 4 de junio de 2016

La obligación de presentar reclamación previa frente a la aseguradora solo es aplicable a los accidentes de circulación ocurridos a partir del día 1 de enero de 2016



La obligación de presentar reclamación previa frente a la compañía aseguradora solo es aplicable a los accidentes de circulación ocurridos a partir del día 1 de enero de 2016.

1º) El AUTO de 20 de mayo de 2016, de la Audiencia Provincial de Gerona declara que la obligación de presentar reclamación previa frente a la compañía aseguradora solo es aplicable a los accidentes de circulación ocurridos a partir del día 1 de enero de 2016.

2º) ANTECEDENTES: El Juzgado de primera instanciainadmitió la demanda de reclamación de indemnización por daños sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido el 29 de abril de 2015, por no acompañar a la demanda los documentos acreditativos de la presentación de la reclamación previa a la aseguradora, como exige el art. 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, en la redacción dada por la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, aplicable a los procedimientos derivados de accidentes de circulación iniciados a partir de su entrada en vigor el 1 de enero de 2016.

3º) REGULACIÓn LEGAL: Sin embargo, la Audiencia Provincial de Girona estima el recurso de apelación formulado por la demandante, revoca el auto del Juzgado y admite a trámite la demanda.

La Audiencia Provincial de Gerona señala que el nuevo régimen legal no se limita a aumentar las cuantías indemnizatorias, sino que establece una regulación general que tiene como objetivo mejorar la protección a las víctimas de accidentes de tráfico, y en esa línea se enmarca el citado artículo 7  cuando establece que la reclamación previa a la aseguradora no sólo interrumpe el plazo de prescripción, sino que también lo suspende hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada.

Considera la Audiencia que el carácter procesal de dicha norma obliga a tener en cuenta lo dispuesto en el art. 2 LEC en el sentido de que las normas procesales nunca tendrán carácter retroactivo, así como lo dispuesto en la disposición transitoria 4ª CC, en virtud de la cual, en un supuesto como el presente la parte actora puede optar entre la norma anterior o la vigente. Destaca también que la inadmisión de la demanda afectaría de forma dramática a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

En consecuencia, concluye la AP que no tiene sentido exigir, cuando el accidente a que se refiere la demanda hubiere ocurrido antes del 1 de enero de 2016, que se acompañe a la demanda la reclamación previa y ello porque dicha reclamación no era obligatoria cuando sucedió el accidente ni, de haberla efectuado, habría comportado para la víctima los efectos positivos (interrupción y suspensión de la prescripción) que de la misma hace derivar la norma que la impone.

En definitiva, la AP de Gerona entiende que las reformas introducidas por la Ley 35/2015,  incluida la obligación de presentar reclamación previa frente a la aseguradora, solo son aplicables a los accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016 pues esta interpretación es la que parece más acorde al espíritu y finalidad de la norma.

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