domingo, 27 de diciembre de 2015

LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS PRESCRIBE AL AÑO DEL ABONO DE LA INDEMNIZACION



EL PLAZO DE UN AÑO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS ES EL DÍA INICIAL EN QUE EFECTIVAMENTE EL CONSORCIO ABONÓ LA INDEMNIZACIÓN.

1º) El artículo 10  del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, establece que:

“El asegurador, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá repetir:

a) Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuera debido a la conducta dolosa de cualquiera de ellos o a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
b) Contra el tercero responsable de los daños.
c) Contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción del vehículo por quien carezca del permiso de conducir.
d) En cualquier otro supuesto en que también pudiera proceder tal repetición con arreglo a las leyes.

La acción de repetición del asegurador prescribe por el transcurso del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que hizo el pago al perjudicado”.

2º) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 28 de octubre de 2015, nº 580/2015, rec. 2685/2013, establece que la acción de repetición de la indemnización, prescribe al año  día inicial de la fecha en la que efectivamente el Consorcio abonó la indemnización , pues sólo desde ese momento nació la posibilidad de ejercitar la acción de repetición, con independencia de que tal pago se haga directamente a los perjudicados o al deudor solidario (la compañía aseguradora) que adelantó la totalidad de la indemnización.

No se entiende infringido en este caso el artículo 1145 del Código Civil. Dicha norma dispone que «el pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo». La extinción de la obligación se produce respecto de los perjudicados pero no afecta a las obligaciones de terceros sujetos a una acción de repetición, siendo evidente que la norma del artículo 1145 está contemplando una relación obligatoria distinta y sienta únicamente la realidad de que una vez satisfecho el acreedor, aunque sea por la actuación de uno solo de los deudores solidarios, la relación obligatoria entre los deudores solidarios y el acreedor queda extinguida, permaneciendo las relaciones obligacionales entre los distintos deudores solidarios; siendo así que, a efectos de las acciones que cada uno de tales deudores pudiera tener frente a terceros, el pago ha de entenderse realizado cuando reintegra -al deudor solidario que pagó- la parte que le corresponde en la obligación.

Por ello no puede entenderse vulnerada en el caso la doctrina sentada por las sentencias de la Sala 1ª del TS de 4 enero 1999 y 29 octubre 2012, en que se sustenta el motivo, pues el hecho de la extinción inicial de la obligación respecto de los perjudicados no se discute, pero a los efectos de repetición respecto de terceros no resulta indiferente cuál de los deudores solidarios la extinguió por completo y la fecha en que se produjo el reintegro por parte del titular de tal acción frente a terceros.

3º) La sentencia recurrida de la AP afirma «que el día inicial del cómputo debía ser el de la fecha en que efectivamente el Consorcio abonó la indemnización , pues sólo desde ese momento nació la posibilidad de ejercitar la acción de repetición (...) pues siendo un principio axiomático de la prescripción de acciones que el inicio del plazo que tengan establecido sólo puede comenzar desde "el día en que pudieron ejercitarse" (art. 1969 C. C), es evidente que, en el caso presente, el inicio del plazo de prescripción de un año que marca mencionado art. 10 sólo podrá ejercitarse desde que el Consorcio pagó la indemnización que ahora reclama, pues precisamente ese arto 10 liga el ejercicio del derecho de repetición "al pago de la indemnización "...».

Para el Tribunal Supremo, es la fecha del pago realizado por quien ejerce su derecho de repetición la que marca el inicio del plazo de prescripción de la acción correspondiente pues es precisamente ese el momento de nacimiento de la acción con independencia de que tal pago se haga directamente a los perjudicados o a quien, como deudor solidario, adelantó a aquellos la totalidad de la indemnización.

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domingo, 13 de diciembre de 2015

SOLO PROCEDE INDEMNIZACIÓN POR PRISIÓN PREVENTIVA CUANDO HAY INEXISTENCIA DE LOS HECHOS IMPUTADOS O NO SON CONSTITUTIVOS DE DELITO


A) La sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, de 1 de octubre de 2015, nº 768/2015, rec. 1255/2014, declara que solo procede la indemnización por padecer prisión preventiva por inexistencia de los hechos imputados, y no cuando el reclamante fue absuelto de varios delitos por falta de pruebas.

B) El artículo 294 de la LO 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que:

1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.
2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.
3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior.

C) La interpretación que merece el precepto a la luz de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha sido expuesta por la Sala en la sentencia de 15 de enero de 2013, entre otras, de acuerdo con los siguientes razonamientos: "Por lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial por prisión indebida en los supuestos del artículo 294 de la LOPJ, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sentado la siguiente doctrina:

1) El artículo 294 de la LOPJ concede derecho a indemnización a quien, después de haber sufrido prisión preventiva, sea absuelto por inexistencia del hecho imputado o por esa misma causa se haya dictado auto de sobreseimiento libre, no siendo necesario, en estos supuestos, el ejercicio de una acción judicial tendente a la declaración del error, ya que en la sentencia absolutoria o en el auto de sobreseimiento libre, al declarar la inexistencia objetiva del hecho imputado, se reconoce aquél (SSTS de 27 de enero, 22 de marzo, 2 y 30 de junio de 1989, 24 de enero, 30 de abril y 4 de diciembre de 1990, 26 de octubre de 1993, 16 de octubre de 1995, 12 de junio de 1996, y 21 de enero, 20 de febrero y 29 de marzo de 1999). Se trata, por lo tanto, de un supuesto específico de error judicial, que no está sujeto a la previa declaración judicial del mismo, al entender que el pronunciamiento de absolución o sobreseimiento libre "por inexistencia del hecho imputado" pone de manifiesto un error de alcance suficiente para justificar la indemnización solicitada (SSTS de 23 de noviembre de 2010, y 14 y 20 de junio de 2011).

2) Según la nueva interpretación que ya se consolida del artículo 294 de la LOPJ llevada a cabo por Tribunal Supremo, puesta reiteradamente de manifiesto a partir de la sentencia del TS de 23 de noviembre de 2010, el artículo 294 de la LOPJ no puede interpretarse extensivamente, y por tanto, no cubre todos los supuestos en los que la prisión preventiva acaba en sentencia absolutoria, sino que sólo y exclusivamente comprende el supuesto de inexistencia objetiva del hecho imputado (inexistencia material de los hechos determinantes de la prisión preventiva), pero ya no la llamada inexistencia subjetiva (prueba de la falta de participación del imputado preso preventivo), ni aquellos casos en que ocurre la absolución por falta de pruebas (la participación en el hecho no ha podido probarse), estimando que estos supuestos son totalmente distintos del primero (inexistencia objetiva del hecho) sí incluidos en el tenor literal del artículo 294.1 y, que por ende, se justifica el distinto trato normativo hasta entonces tributario de indemnización.

Esta interpretación se evidencia a partir de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo la de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c/ España, num. 25720/2005. En cualquier caso, estos dos últimos supuestos no quedan impedidos de una posible indemnización , pero habrá que remitirlos al régimen general previsto en el art. 293.1 de la LOPJ, con una previa declaración jurisdiccional en la que se declare la existencia de error judicial, que no se exige en el supuesto previsto en el artículo 294 (SSTS de 30 de septiembre, y 10 y 14 de octubre de 2011).

(Para profundizar sobre el alcance del referido cambio jurisprudencial, pueden consultarse las SSTS de 23 de noviembre de 2010, y 24 de mayo, 14 de junio y 8 de noviembre de 2011).

3) Evidentemente, dentro de los supuestos de inexistencia del hecho deben incluirse aquellos en los que el hecho determinante de la prisión no constituya infracción penal por no encontrarse tipificado como delito; es decir, no sólo la inexistencia material de los hechos determinantes de la prisión preventiva, sino el supuesto de absolución o auto de sobreseimiento libre "por inexistencia de la acción típica o, lo que es lo mismo, de hecho delictivo alguno", pues en otro caso "sería tanto como excluir de la indemnización los supuestos en que se hubiese decretado prisión provisional a pesar de no ser los hechos determinantes de la misma constitutivos de infracción punible alguna por no estar tipificados como tales, con lo que se incumpliría la finalidad del precepto, que no es otra que la de amparar a quien con manifiesto error judicial haya sufrido prisión preventiva por hechos que no han existido materialmente o que, de haber existido, no fuesen constitutivos de infracción punible, ya que el significado jurídico de la expresión literal utilizada en dicho precepto: "inexistencia del hecho imputado", no puede ser otro que el de inexistencia de hecho delictivo, pues sólo estos tienen relevancia jurídico penal para ser acusado por ellos y justificar la adopción de la medida cautelar de prisión provisional" (SSTS de 29 de marzo de 1999, y 15 de marzo y 13 de noviembre de 2000, 23 de noviembre de 2010, y 14 y 20 de junio de 2011).

4) En todo caso, no quedan amparados por el artículo 294 de la LOPJ todos los supuestos de inexistencia del delito, sino únicamente aquellos en los que no concurre la acción típica, habiendo excluido la jurisprudencia como causa de responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos, los supuestos de absolución por concurrir causas de exención de la responsabilidad criminal, ya sea por exclusión de la antijuridicidad, de la imputabilidad, de la culpabilidad o de la punibilidad, o, en términos más generales, cuando existan causas de justificación o de inimputabilidad (SSTS de 14 y 15 de diciembre de 1989, 23 y 20 de marzo y 30 de mayo de 1990, y 29 de marzo de 1999).

5) En cuanto a la forma en que se ha de determinar si concurre o no inexistencia del hecho en el sentido expuesto, el Tribunal Supremo considera que se ha de atender al auténtico significado de la resolución pronunciada por la jurisdicción penal, sin que para ello resulten decisivas las expresiones, más o menos acertadas, de la sentencia absolutoria o del auto de sobreseimiento libre, pues es necesario deducirlo del relato de hechos probados y de la valoración de las pruebas realizada por el Juez o Tribunal penal, ya que sólo de su examen conjunto es posible obtener la conclusión de si se está ante una absolución o auto de sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado, bien por no haber acaecido o por no ser constitutivo de infracción punible (SSTS de 29 de mayo, 5 de junio y 26 de Junio de 1999, 13 de noviembre de 2000, 4 de octubre de 2001 y 14 de junio de 2011).

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martes, 8 de diciembre de 2015

DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL PASO DE MATERIALES Y LA OCUPACIÓN DE TERRENO AJENO PARA CONSTRUIR O REPARAR UN EDIFICIO




1º) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª,  de 16 de noviembre de 2015, nº 615/2015, rec. 2075/2013, declara que en las relaciones de vecindad, un vecino  tiene la obligación de permitir el paso de materiales y la colocación de andamios sobre el predio propio para obras que se ejecutan en el ajeno, pero  existe la obligación del ocupante de  proceder a indemnizar por la ocupación temporal del terreno ajeno y por el perjuicio causado.

2º) El artículo 569 del Código Civil establece que: “Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue”.

El artículo 569 del Código Civil anuda la indemnización de perjuicios, si se estimare que existen, al mero hecho del paso o colocación de elementos en finca ajena para la realización de obras en la propia, lo que no exige la formulación de reconvención por la parte demandada, ya que la reconvención comporta una ampliación del objeto del proceso y, sin embargo, en este caso no se produce ampliación alguna de tal objeto pues la propia ley establece que el ejercicio de la pretensión comporta la asunción por parte del solicitante de los perjuicios que se causaren. De ahí que ni siquiera es necesario que el demandante ofrezca tal indemnización en su demanda pues el otorgamiento de la misma procede "ipso iure" por la propia apreciación de los perjuicios.

También resulta irrelevante que la parte demandada no haya hecho referencia expresa a la cuantía de la indemnización procedente, pues puede ocurrir -como en el caso presente- que se oponga a la propia petición de la parte demandante de hacer uso de su terreno a los fines previstos en la ley, lo que no significa que, en caso de que tal oposición no sea acogida y se estime la demanda, quede privada de la indemnización que le corresponda. Por las mismas razones no resulta incongruente la sentencia por no haber recurrido la demandada, y concederse a la misma una indemnización por ocupación, ya que tal indemnización no constituye más que un avance en la cuantificación de los perjuicios totales que se causen, cuyo pago acepta la propia parte hoy recurrente.

3º) El artículo 569 del Código Civil contempla dos supuestos diferenciados: por un lado, el simple paso de materiales por predio ajeno, y por otro lado la colocación en él de andamios u otros objetos para la ejecución de la obra proyectada, siendo así que mientras en el primer caso puede no producirse perjuicio alguno, en el segundo lo normal es que la mera ocupación suponga ya un perjuicio en cuanto priva al dueño de la utilización plena de su fundo; y, por tanto, fuera de los casos excepcionales en que se compruebe que ello no afecta negativamente a tal uso, resulta adecuada la fijación de una indemnización por la simple ocupación como ha hecho la sentencia que se recurre.

No impide tal establecimiento la consideración de la norma como constitutiva de una regulación de las relaciones de vecindad y no de una servidumbre, pues si en aquellas se da una relación recíproca de servicio entre los predios nada impide que (como hace la ley) se fije una indemnización para cada caso en que uno de ellos se sirva del otro.

La acción que se ejercita, en parte, es la instauración de la denominada servidumbre de andamiaje, del artículo 569 del Código Civil. Con carácter previo parece preciso recordar qué es una servidumbre. No se menciona con carácter peyorativo, sino que a veces se está dando por supuesto una calificación jurídica, sin tener en consideración el verdadero significado de esa institución. Reconociendo la dificultad de conceptuar el derecho real de servidumbre en nuestro Código Civil (que comprende variantes muy diversas, y en algunos casos meras limitaciones del dominio), el artículo 530 del Código Civil la define como un "gravamen" impuesto sobre un inmueble, en beneficio del titular del derecho de aprovechamiento de otro fundo o edificación, que ha de pertenecer a distinta persona. En consecuencia, desde el momento en que ejercita una acción de instauración de servidumbre, está reconociendo implícitamente que ese terreno es propiedad exclusiva del titular del terreno ocupado.

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DERECHO A RECLAMAR INDEMNIZACION POR IMPLANTES MAMARIOS DEFECTUOSOS TRAS EL RECAMBIO DE PROTESIS MAMARIA



DERECHO A RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR IMPLANTES MAMARIOS DEFECTUOSOS AL CENTRO SANITARIO QUE COLOCÓ LOS IMPLANTES, TRAS EL RECAMBIO DE PRÓTESIS MAMARIA

1º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 9ª, de 22 de octubre de 2014, nº 422/2014, rec. 130/2014, confirma la condena a un centro sanitario (la mercantil CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA S.A.) al abono de una indemnización 9.657,30 euros por daños y perjuicios (que incluyen los daños morales e intereses legales desde la presentación de la demanda), por el defectuoso implante colocado a la actora, que se rompió en menos de dos años, lo que la obligó a tener que someterse a nueva intervención para la sustitución.

2º) HECHOS JUZGADOS: Esencialmente alegaba el escrito de demanda que en el año 1998 la actora se sometió a cirugía de aumento de pecho, y diagnosticada en el mes de junio de 2009 una fisura en el implante del pecho izquierdo, acudió a la clínica Corporación Dermoestética, S.A., proponiéndole el demandado D. Francisco un cambio de prótesis. El día 20 de octubre de 2009 la actora firmó un contrato relativo a la operación estética con dicha clínica y el día 1 de diciembre de 2009 el Sr. Francisco sometió a la actora a una primera intervención, ante la cual, la Sra. Piedad firmó un documento de consentimiento informado para realizar una mamoplastia de aumento, siendo que la intervención a que se iba a someter era de recambio de prótesis mamaria, por lo que la información suministrada no fue objetiva, ni veraz, ni completa. Asimismo, según el relato de la demanda, la actora expresó su deseo de ser operada por las aureolas para evitar nuevas cicatrices, solución rechazada por el Dr. Francisco, quien decidió operar por los surcos inferiores del pecho, obviando así la forma habitual de realizar las incisiones, aconsejadas por la propia clínica, sin justificación alguna. La actora sufrió veinte días después de la operación una infección motivada por la bacteria enterococus faecalis. 

En fecha 18 de marzo de 2010 la actora se sometió a nueva operación, sin cargo, firmando consentimiento informado para realizar una mastopexia con prótesis, a pesar de que en realidad la intervención se realizó para la retirada de prótesis y limpieza de la cavidad periprotésica, lo de nuevo dio lugar a una falta absoluta de concreción y especificidad del consentimiento informado. Como resultado de esta segunda operación se observó una asimetría en los pechos y la cicatriz no era un corte recto que llega hasta el costado. Finalmente se programó una nueva intervención para corregir esta asimetría, que fue llevada a cabo, sin coste alguno para la actora, por el también codemandado Dr. Ignacio en fecha 29 de junio de 2010, firmando de nuevo la Sra. Piedad en fecha 23 de junio de 2010 un consentimiento informado para la realización de una mastopexia, cuando en realidad dicha intervención tenía por objeto corregir la asimetría. Por último, el día 24 de junio de 2011 se informó a la actora de la rotura de su prótesis izquierda colocada por Corporación Dermoestética escasos 18 meses, que requiere una nueva operación.

3º) DERECHO A LA INDEMNIZACION DE LOS DAÑOS MORALES: Los daños morales se identifican con las consecuencias no patrimoniales representadas por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en algunas personas pueden producir ciertas conductas, actividades e incluso resultados y es consecuencia de la valoración de la prueba (en este sentido Sentencia del TS de 10 de julio de 2014), cuyo sufrimiento psíquico en el presente caso, resulta de la necesidad de la actora apelada de someterse a una cuarta intervención quirúrgica, con los posibles riesgos que ello entraña.

Esta valoración no es absurda, irracional ni ilógica y se atiene por el contrario a lo establecido en el art. 128.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) y otras leyes complementarias, así como a la doctrina jurisprudencial sentada entre otras, en las SSTS de 12 de junio de 2007 y de 22 de junio de 2006, citadas por la STS de 8 de abril de 2014, al declarar que la realidad del daño puede estimarse existente cuando resulte evidente, o cuando resulte evidenciada como consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado.

4º) DERECHO A LOS INTERESES LEGALES DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA AUNQUE SE DESCONOZCA O HAYA POCA CERTEZA DE LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN: El pago de los intereses sanciona el impago de la correspondiente indemnización que proporciona la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado, y como resulta de la STS de 14 de julio de 2013, con cita de las Sentencia del TS núm. 628/2010, de 13 octubre, núm. 32/2010, de 22 de febrero, 25 de marzo y 16 de octubre de 2009, para su aplicación se ha de atender, fundamentalmente, a la certeza de la deuda u obligación aunque se desconociera su cuantía ya que en caso contrario el deudor se vería favorecido por el hecho de mantener en su patrimonio la cantidad adeudada, obteniendo de ella los correspondientes frutos o intereses, en perjuicio del acreedor que se vería perjudicado por la tardía satisfacción de su crédito.

Por su parte, como se expresa en las Sentencia del TS núm. 718/2013, de 26 de noviembre, también citada en la mencionada STS de 14 de julio de 2013, para decidir sobre el pago de intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda se ha de atender a la certeza de la deuda u obligación aunque se desconociera su cuantía.

En igual sentido, la Sentencia del TS núm. 437/2013, de 12 de junio, se refiere a la superación del viejo aforismo "in illiquidis non fit mora " y a la consideración de la indemnización como una deuda que existe pese a que aún no se haya cuantificado.

Y en el presente caso aunque la indemnización solicitada no haya sido íntegramente acogida, resultaba a todas luces procedente, siendo que además la ahora apelante fue requerida en acto de conciliación y tuvo la oportunidad de solventar la deuda desatendiéndola, ni tampoco procedió en ningún momento a consignar siquiera una mínima cantidad razonable, resultando así por tanto procedente no sólo el pago de los intereses, legales, sino también la fijación como dies a quo la fecha de la presentación de la demanda.

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