domingo, 25 de mayo de 2008

CONCEPTO Y SUPUESTOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO



CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO:

- ¿Qué se considera Accidente de Trabajo?:

La legislacion determina que un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena (art. 115 LGSS).Por lo tanto, para que un accidentes tenga esta consideración es necesario que:

1º) Que el trabajador/a sufra una lesión corporal. Entendiendo por lesión todo daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad. Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas.

2º) Que ejecute una labor por cuenta ajena (los autónomos, empleadas de hogar, no están incluidos).

3º) Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que exista una relación de causalidad directa entre trabajo - lesión.

La lesión no constituye, por sí sola, accidente de trabajo.

- ¿Qué supuestos están considerados como Accidentes de Trabajo?:

A) Accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas aunque sean distintas a las habituales: Se entenderá como accidente de trabajo, aquel que haya ocurrido durante la realización de las tareas encomendadas por el empresario, o realizadas de forma espontánea por el trabajador/a en interés del buen funcionamiento de la empresa, (aunque éstas sean distintas a las de su categoría profesional) (Art. 115.2c LGSS).

B) Accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo: Las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo se consideran, salvo prueba en contrario, accidentes de trabajo (Art. 115.3 LGSS).

C) Accidente “in itinere”: Es aquel que sufre el trabajador/a al ir al trabajo o al volver de éste. No existe una limitación horaria (Art. 115.2d LGSS). Hay 3 elementos que se requieren en un accidente in itinere:Que ocurra en el camino de ida o vuelta.Que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente.Que se emplee el itinerario habitual.

D) Accidentes en misión: Son aquellos sufridos por el trabajador/a en el trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento de la misión, así como el acaecido en el desempeño de la misma dentro de su jornada laboral.

E) Accidentes de cargos electivos de carácter sindical: Son los sufridos con ocasión o por consecuencia del desempeño de cargo electivo de carácter sindical o de gobierno de las entidades gestoras de la Seguridad Social, así como los accidentes ocurridos al ir o volver del lugar en que se ejercen las funciones que les son propias (Art. 115.2b LGSS).

F) Actos de salvamento: Son los accidentes acaecidos en actos de salvamento o de naturaleza análoga cuando tengan conexión con el trabajo. Se incluye el caso de orden directa del empresario o acto espontáneo del trabajador/a (Art. 115.2d LGSS).

G) Enfermedades o defectos anteriores: Son aquellas enfermedades o defectos padecidos con anterioridad, que se manifiestan o agravan como consecuencia de un accidente de trabajo (Art. 115.2.f LGSS).

H) Enfermedades intercurrentes: Se entiende por tales las que constituyen complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente de trabajo mismo. Para calificar una enfermedad como intercurrente es imprescindible que exista una relación de causalidad inmediata entre el accidente de trabajo inicial y la enfermedad derivada del proceso patológico (Art. 115.2.g LGSS).

Y) Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador/a con motivo de la realización de su trabajo, no incluidas en la lista de enfermedades profesionales. Se debe acreditar fehacientemente la relación causa - efecto entre la realización de un trabajo y la aparición posterior de la enfermedad(Art. 115.2e LGSS).

J) Los debidos a imprudencias profesionales (Art. 115.5 a LGSS): se califica así a los accidentes derivados del ejercicio habitual de un trabajo o profesión y de la confianza que éstos inspiran al accidentado.

- ¿Que accidentes NO tienen la consideración de Accidente de Trabajo?:

A) Los accidentes debidos a imprudencia temeraria del trabajador/a (Art. 115.4 b, LGSS): Se considera Imprudencia temeraria cuando el accidentado ha actuado de manera contraria a las normas, instrucciones u órdenes dadas por el empresario de forma reiterada y notoria en materia de Seguridad e Higiene. Si coinciden riesgo manifiesto, innecesario y grave, la jurisprudencia viene entendiendo que existe imprudencia temeraria, si no será una imprudencia profesional.

B) Los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo: es decir, cuando esta fuerza mayor, sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se realiza en el momento de sobrevenir el accidente.

No constituyen supuestos de fuerza mayor extraña fenómenos como la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza (sí el trabajo habitual del trabajador/a es a la intemperie sí es A.T.).

En el caso de atentado terrorista que afecta al trabajador/a en el lugar de trabajo no estamos ante un caso de fuerza mayor sino ante una actuación de un tercero. Art. 115.4 a LGSS.

C) Accidentes debidos a dolo del trabajador/a accidentado: Se considera que existe dolo cuando el trabajador/a consciente, voluntaria y maliciosamente provoca un accidente para obtener prestaciones que se derivan de la contingencia. Art. 115.4 b LGSS.

D) Accidentes derivados de la actuación de otra persona: Los accidentes que son consecuencia de culpa civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo o de un tercero constituyen auténticos accidentes de trabajo siempre y cuando guarden alguna relación con el trabajo.

E) Supuestos diversos: No es "in intere" el accidente sufrido por un militar cuando se dirigia a un curso de capacitacion a la promoción a cabo (SAN de 15 de octubre de 2008).

Elemento determinante es la relación causa - efecto ( Art. 115.5.b LGSS): Así las bromas o juegos que pueden originar un accidente ocurridos durante el trabajo o los sufridos al separar una riña serán A.T.

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jueves, 15 de mayo de 2008

CONGRESO DE DERECHO SANITARIO

Los días 8 y 9 de mayo de 2008, el Letrado PEDRO TORRES ROMERO, especialista en derecho sanitario y reclamaciónes por defectuosa asistencia sanitaria o negligencias medicas, del despacho GONZALEZ TORRES ABOGADOS SL ha participado en el Hotel Costa Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, en el Congreso de Derecho Sanitario organizado por La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.
El Congreso, con la intervención de participantes que han tratado desde el ámbito civil, penal, administrativo y laboral, de forma intensa la regulación y responsabilidad del derecho y responsables sanitarios. Comentando ampliamente el art. 139 de la Ley 30/1992, que regula los principios y requisitos que informan la responsabilidad de las administraciones:
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.
4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las concluiones de las jornadas es la disfunciones existentes dada la dispersa normativa existente sobre la materia. Aunque según varios ponentes, la jurisprudencia del TS está pasando de una responsabilidad objetiva o por mero resultado (funcionamiento normal de la adminsitración), a una responsabilidad que exige forzosamente probar un mal funcionamiento de la administración, de sus médicos, farmacéuticos, o restante personal sanitario. Es decir, se exige probar el nexo causal, la relación de causalidad entre el hecho, la mala praxis, y el resultado dañoso para el ciudadano, por lo que la tendencia de la jurisprudencia del TS será la de ir limitando la responsabilidad del personal sanitario, solo a los casos en que se acredite pericialmente la mala praxis, el no cumplimiento de la lex artis, y su relación con el resultado dañoso producido.
Los magistrados y especialistas de lo social, ponentes en el Congreso destacaran la vis atractiva que está ejerciendo la jurisdicción administrativa respecto a la jurisdicción social, y como materias que antes eran competencias exclusiva de la jurisdicción han pasado a los Juzgados y Tribunales de lo contencioso.
Es de destacar, asimismo las varias referencias que se hicieron por los ponentes sobre la absoluta dispersión existente de la normativa de derecho sanitario en la actualidad, que es de aplicación tanto en derecho civil, como en derecho administrativo y laboral; siendo deseable la regulación en conjunto de la misma, tanto en la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, como en los derechos y obligaciones del personal sanitario. Y concluyendo todos que acudir a la via penal paar resolver rclamaciones e indemnizaciones en materia sanitaria, es la ultima ratio, siendo deseable acudir a otros sistemas de solución, incluido el arbitraje, antes de llegar a presentar una denuncia o querella criminal contra el personal sanitario.
Aunque representantes de los colegios profesionales, se han quejado de la pésima regulación actual del delito de intrusismo en el art. 403 del CP, y que las penas por su comisión sean meramente las de multa, al ser el bien jurídico protegido el interés del estado a expedir las titulaciones, cuando lo evidente es el interés jurídico de los ciudadanos de que los profesionales que los atienden (medicos, odontólogos, abogados, etc) sean profesionales colegiados con su titulación y conocimientos al día, motivo por el cual las sanciones tendrian que ser muy superiores. Por lo que el tipo penal debería de cambiar, aumentar su penas, y primar el interés de los ciudadanos y no el de la administración, pues a un intruso actualmente (sea un supuesto médico o odontólogo) le resulta más rentable cometer el delito, y continuar en su actividad delictiva, que cesar en su actividad una vez sea procesado o condenado por dichos hechos.
Asimismo, diferentes ponentes mostraron su disconformidad con la cuantía de las sanciones administrativas -de 30.000 a 90.000 euros para las infracciones graves en su grado mínimo-, para el personal sanitario (médicos, odontólogos, veterinarios y farmacéuticos) cuando las sanciones penales, por hechos muchísimos mas graves son ridículas. Y hubo asimismo unanimidad en las quejas a la Agencia Estatal de Protección de Datos, respecto a la cuantía de sus sanciones, que en muchísimos casos no guardan proporcionalidad con la hipotética gravedad de los hechos sancionados.

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