domingo, 23 de abril de 2017

El periodo de incapacidad temporal debe de coincidir con el de la sanidad o curación efectiva, para poder reclamar indemnización por accidentes de trafico


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 1ª, de 30 de mayo de 2016, nº 217/2016, rec. 780/2014, establece que para la determinación de la indemnización sufrida en accidentes de tráfico por incapacidad temporal (IT), se requiere que el período de incapacidad temporal indemnizable debe de coincidir con el de la sanidad o curación efectiva.

B) Por lo que se refiere a la consideración de lo que se entiende por "incapacidad temporal" en relación con la "incapacidad permanente" a que se refiere el Baremo de Indemnización de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 22/10/13 (Secc.3 ª), lo siguiente: "Como concepto previo al análisis de la extensión del periodo de incapacidad temporal y su interrelación con la incapacidad permanente (secuelas), hay que referirse a la estabilización de las lesiones, considerando como tal el periodo en que éstas se encuentran en proceso de curación, terminándose dicho periodo cuando las lesiones ya no evolucionan en dicho proceso, y partiendo de la base de que la estabilización de las lesiones nunca supone volver al estado físico previo al siniestro, sino que se determina por el fin del periodo de evolución de la lesión (en este sentido, Auto de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de julio de 2005). La indemnización por lesiones en sentido estricto (que el baremo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor denomina indemnización «por incapacidad temporal» y en contraposición a la indemnización por secuelas («lesiones permanentes»), se determina por los días que tarda en sanar la lesión, es decir, se configura por la duración de la curación, de manera que se tiene en consideración no la total recuperación de la salud ni del estado del perjudicado anterior a la producción de las lesiones, sino el tiempo en que las lesiones tardan en estabilizarse, de manera que médicamente se establece que no puede producirse una mejoría respecto al estado actual, por lo que tal lesión deviene permanente (sea o no incapacitante), conceptuándose como secuela e indemnizándose como tal. Es decir, procede la indemnización por lesiones mientras éstas no se encuentren estabilizadas y a partir de su estabilización se convierten en lesiones permanentes o secuelas (Sentencia de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias de 15 de noviembre de 2010)...".

Es decir, la estabilización lesional se produce cuando no existe ya mejoría a pesar de los tratamientos realizados. Una lesión se estabiliza cuando sus resultados son ya constantes, firmes y permanentes, no existiendo a partir de entonces la posibilidad de mejora, motivo por el cual, si el proceso de curación sigue en curso, no cabe hablar de que la estabilización se haya producido, y, por el contrario, si sigue el tratamiento, pero éste lo que consigue es paliar dolores y molestias, y no es curativo, no podrá hablarse de período de estabilización lesional porque los resultados ya no varían. Es en ese momento, cuando la curación ya no es posible, cuando debe considerarse que finaliza el período de estabilización de las lesiones, con independencia de que pueda seguirse tratamiento paliativo de dolores y/o molestias, y con independencia también de las altas y bajas que puedan concederse, con arreglo a otros criterios, desde el punto de vista laboral. Como dice la sentencia de la Asturias 4/10/08 (Secc.6 ª) "Así en relación a la duración de la sanidad ha de tenerse en cuenta que según el Baremo éste coincide con aquel periodo que dura desde la producción de las lesiones hasta el día de su completa curación o, si ésta no es posible, hasta aquel en que la ciencia médica agota sus posibilidades terapéuticas, valorándose como secuelas el estado patológico o quebranto de salud residual consolidado, tras la finalización del tratamiento, de ahí que ni puede equiparase a tal periodo el de baja laboral ni tampoco la realización de sucesivas sesiones de tratamiento rehabilitador o de toma de analgésicos para paliar el dolor en relación a una patología que ya está consolidada cuando como aquí acontece ésta lo ha sido con secuelas cuya sintomatología propia es la aparición de esos episodios de dolor, para los que tales tratamientos son pautados..".

C) Para que proceda indemnización por lesiones temporales ha de haber una lesión, un período de estabilización de la lesión (tiempo que ésta tarda en curar) y una curación de la lesión en un determinado momento, a partir del cual, y aun cuando el paciente pueda seguir administrándose medicación y recibir tratamiento rehabilitador, la lesión ya no progresa, no experimenta mejoría, convirtiéndose en permanente. En ese momento, la lesión se convierte en secuela y puede ser indemnizada como tal. El recibir tratamiento rehabilitador, por tanto, no significa, necesariamente, que la lesión está curándose, pues dicho tratamiento puede servir para curar o sólo para paliar dolores o molestias.

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sábado, 22 de abril de 2017

Para recurrir las sentencias que condenan a una indemnización debido a lesiones causadas por un accidente de tráfico debe consignarse el principal más los intereses moratorios


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, sec. 1ª, de 23 de enero de 2017, nº 34/2017, rec. 243/2016, confirma que para recurrir las sentencias que condenan a una indemnización debido a lesiones causadas por un accidente de tráfico debe consignarse el principal más los intereses moratorios, conforme al artículo 449.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que textualmente dice: "En los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, si, al interponerlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto". 

A) EL DEPOSITO PREVIO PARA RECURRIR ES UN REQUISITO SUSTANTIVO O ESENCIAL: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha encargado de interpretar la exigencia del depósito del principal e intereses para recurrir en los casos de condenas por accidentes de circulación en el sentido de que se trata de un requisito esencial para poder admitir a trámite el recurso, cuya falta no puede ser subsanada a posteriori, no tratándose de una mera formalidad, pues es doctrina del Tribunal Constitucional (elaborada en relación con otros precedentes de consignación para impugnar establecidos en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la LEC 2000), que dicha consignación no constituye un mero requisito formal sino una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses de quien ha obtenido una sentencia favorable, debiendo interpretarse tal presupuesto para recurrir, sin embargo, de una manera finalista o teleológica, atendiendo tanto a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador, que no es otra que asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio (SSTC 46/89 y 31/92), como al principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva y a la regla general del artículo 11.3 LOPJ (SSTC 12/92, 115/92, 214 / y 26/96, entre otras), de modo que la misma doctrina constitucional ha venido a distinguir entre el hecho del pago o consignación, en el momento procesal oportuno, y el de su prueba o acreditación, permitiendo la subsanación de la falta de esta última cuando no se hubiese facilitado justificación de ese extremo, por ser este un requisito formal susceptible de tal cosa, que solo puede fundar una resolución de no-admisión del recurso previa la concesión de un plazo para la subsanación sin que se hubiera cumplido con el mencionado requisito (SSTC 344/93, 346/93 y 100/95, entre otras), lo que no cabe decir del hecho del pago o consignación en sí mismo, que constituye un requisito esencial para acceder a los recursos que no cabe reputar desproporcionado, atendidos los fines a los que está ordenado (SSTC 104/84, 90/86, 87/92 y 26/96, entre otras).

C) Sin embargo la peculiaridad se produce porque en el supuesto que nos ocupa acontece que la parte aquí demandada y apelante está compuesta al mismo tiempo por la aseguradora AMA y por el conductor del vehículo asegurado en esta, a quien no incumbe la obligación impuesta en la condena de la instancia de abonar el importe de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro. En los autos consta solo aportado resguardo acreditativo de haberse hecho, bien que a nombre de AMA, consignación de la cantidad objeto de la condena como principal (16.477,69 €) y de otros 384,15 € en concepto de intereses, sin que se haya acreditado haberse hecho la consignación por aquélla del resto (intereses moratorios del artículo 20 de la ley del Contrato de Seguro) al tiempo de interponer el recurso. 

Por lo tanto, al no constar en este caso haberse realizado por parte de AMA el depósito necesario para recurrir en el sentido requerido por el precepto arriba trascrito, es por lo que el recurso de dicha entidad no debió ser admitido a trámite, convirtiéndose la causa de inadmisión de su recurso en causa de desestimación del mismo.

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domingo, 2 de abril de 2017

En un accidente de trafico la aseguradora no puede negar su legitimación pasiva ante una reclamación de indemnización si el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) certifica que es aseguradora del vehículo causante del siniestro


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 19ª,  de 11 de enero de 2017, nº 6/2017, rec. 863/2016,  declara que en caso de un accidente de trafico, la aseguradora no puede negar su legitimación pasiva ante una reclamación de indemnización si el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) certifica que es aseguradora del vehículo causante del siniestro.

B) La parte reclamante está legitimada para el ejercicio de la acción entablada al amparo del artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro; la apelante realiza una valoración parcial de la prueba obrante en autos, pretendiendo exclusivamente con base en la Sentencia dictada por el Reino de Marruecos (documento nº 3 de la demanda), privar a la entidad GES SEGUROS Y REASEGUROS de su legitimación para reclamar, cuando si bien es cierto que la responsabilidad civil que en la citada Sentencia, o mejor dicho traducción de la misma, se atribuye a "Viajes Seguros y Reaseguros", no lo es menos que tal atribución lo es en base a ser la misma, la compañía de seguros extranjera del vehículo causante del siniestro el matrícula R-....-FC y no cabe duda que la aseguradora de éste, según la certificación del FIVA que se acompaña con la demanda con el nº 2 de los documentos es la demandante, quien además consta ha sido la entidad que ha satisfecho la indemnización , como se pone de manifiesto con el justificante de transferencia aportado con la demanda con el nº 4 de los documentos y ha sido corroborado en el acto del juicio por la testigo y representante legal de la entidad CED SPAIN, S.A.U., entidad encargada de la gestión de siniestros en el extranjero y que representó a la entidad GES SEGUROS Y REASEGUROS en el siniestro objeto de las actuaciones en Marruecos.

La recurrente esgrime, que no se dan los requisitos para que prospere la acción entablada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro; considera que el tomador de ambos seguros debe ser el mismo, y este presupuesto no concurre en este caso. Sin duda, tal alegación parte de un error, cual es atribuir a la certificación negativa que aporta con su escrito de contestación un contenido distinto al que efectivamente tiene. La certificación se limita a señalar "que comprobados nuestros ficheros y salvo error, no figura ninguna póliza que con fecha 15-07-2011, amparase al vehículo matrícula XXX" pero no refiere quien pudiera ser el tomador de la póliza suscrita para ese vehículo durante el periodo que sí estuvo asegurado, por lo que mal se puede poner la citada certificación en relación con la Sentencia del Reino de Marruecos en la que sí consta el tomador de la póliza suscrita con la entidad reclamante.

C) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de enero de 2017, coincide con lo expuesto en la Sentencia de instancia en cuanto a la legitimación pasiva que ostenta la reclamada, ahora apelante, pues en la certificación del FIVA antes citada, aparece como aseguradora del vehículo causante del siniestro en la fecha de éste, conjuntamente con la actora; el hecho de que se añada en la misma que el cese de la vigencia de la póliza suscrita con Mutua Madrileña Automovilista se produjo con efectos desde el 10 de junio de 2011, no puede, sin prueba acreditativa de tal extremo, salvo la certificación negativa y unilateral antes citada, desvirtuar lo primeramente certificado, cuando se dice que tal comunicación de cese se produjo con fecha 24 de agosto de 2011, esto es, con posterioridad a la causación del siniestro, cuando tales comunicaciones según el artículo 24.2 del Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, las entidades aseguradoras tienen la obligación de remitir al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados "diariamente información de altas y bajas de vehículos asegurados, que se identificarán con su matrícula y código identificativo de su marca y modelo, haciendo constar, en el caso de altas, las fechas de inicio de la vigencia y finalización del período de seguro en curso, tipo de contrato y, en caso de bajas, la fecha de cese de la vigencia del seguro", con la finalidad de actualización de tales datos.

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Cuando existe un pacto de reserva de dominio en virtud de un contrato de financiación para la compra del automóvil sólo está legitimada para reclamar a su aseguradora la indemnización por daños materiales al vehículo la entidad financiera


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, sec. 3ª, de 24 de junio de 2016, nº 159/2016, rec. 203/2016, determina que sólo está legitimado para reclamar la indemnización por daños materiales el asegurado por ser el perjudicado por el siniestro. Pero cuando existe un pacto de reserva de dominio en virtud de un contrato de financiación para la compra del automóvil sólo está legitimada para reclamar a su aseguradora la indemnización la entidad financiera. Y la aseguradora a  quien se haya notificado la existencia de estos derechos no podrá pagar la indemnización debida sin el consentimiento del banco o entidad financiera, titular del derecho real o del privilegio.

B) El artículo 40 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece que:

El derecho de los acreedores hipotecarios, pignoraticios o privilegiados sobre bienes especialmente afectos se extenderá a las indemnizaciones que correspondan al propietario por razón de los bienes hipotecados, pignorados o afectados de privilegio, si el siniestro acaeciere después de la constitución de la garantía real o del nacimiento del privilegio. A este fin el tomador del seguro o el asegurado deberán comunicar al asegurador la constitución de la hipoteca, de la prenda o el privilegio cuando tuviera conocimiento de su existencia.

El asegurador a quien se haya notificado la existencia de estos derechos no podrá pagar la indemnización debida sin el consentimiento del titular del derecho real o del privilegio. En caso de contienda entre los interesados o si la indemnización hubiera de hacerse efectiva antes del vencimiento de la obligación garantizada, se depositará su importe en la forma que convenga a los interesados, y en defecto de convenio en la establecida en los arts. 1176 y ss. CC.

Si el asegurador pagare la indemnización, transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación del siniestro a los acreedores sin que éstos se hubiesen presentado, quedará liberado de su obligación.

C) ANTECEDENTES DE HECHO: Afirman los recurrentes que consistiendo la legitimación activa en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito, que, como dice el artículo 10 de la Lec (EDL 2000/77463), concurre en quien comparece como titular de la relación jurídica u objeto litigioso, bastando un interés legítimo "prima facie" para tener el pronunciamiento judicial interesado, por lo que, en el presente caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la LCS, una vez cumplida con la obligación de comunicar la garantía constituida sobre el vehículo, de la que tenía perfecto conocimiento la parte demandada, el interés y la legitimación de los actores es más que evidente, pues dicho precepto establece que no se podrá pagar la indemnización a que tuviera derecho el asegurado sin el consentimiento del acreedor, pero, en ningún momento, se indica que no pueda existir un pago al asegurado o que éste carezca de legitimación , sino que sí es posible el mismo pero recabando el consentimiento del titular del derecho real, es más, es posible reclamar en nombre del asegurado siempre que se notifique la pendencia del proceso al acreedor, para que éste manifieste lo que a su derecho convenga, y es más, se prevé incluso la posibilidad de litigio entre los interesados, estableciéndose, posteriormente, que se debe depositar, en dicho supuesto, la indemnización, por lo que la legitimación de los actores es indudable, sin perjuicio de que corresponda la entrega de la indemnización al asegurado o a la aseguradora.

D) El artículo 10 de la Lec  manifiesta que "Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular."

Sorprende que se afirme que la legitimación de los actores es más que evidente, pues el artículo 40 de la LCS lo que establece es que no se podrá pagar la indemnización por daños materiales a que tuviera derecho el asegurado sin el consentimiento del acreedor, cuando ni invoca, ni acredita dicho consentimiento, o que la legitimación de los actores es indudable, sin perjuicio de que corresponda la entrega de la indemnización al asegurado o a la aseguradora, alegaciones ciertamente contradictorias.

Ciertamente, conforme al artículo 40 de la LCS trascrito, conociendo Segurcaixa la existencia del pacto de reserva de dominio y comprobada la inscripción en el Registro, no podía indemnizar a los actores sin que éstos acreditasen hallarse en posesión de la autorización del titular de la reserva de dominio, y si realizaran ese pago, sin esa autorización, no quedaría liberada del pago la aseguradora cuando, posteriormente, pudiera reclamarle la financiera como titular del interés asegurado.

En dicho contrato obra una reserva de domino a favor de la financiera, anotada en el Registro de Bienes Muebles y en la Dirección General de Tráfico, por lo que la demandante doña Rita, aun cuando sea titular administrativo del vehículo, no es la propietaria del mismo hasta el completo pago del préstamo.

En modo alguno, es contradictoria la juzgadora de instancia, como refiere el recurrente, cuando refiere que la aseguradora reconoce su deber de indemnización respecto de la propietaria, e incluso en el fallo se dice " Constando la existencia de un procedimiento de ejecución de título judicial nº 233/2014, ante este mismo Juzgado, instado por Finanmadrid contra Dª Rita, la suma de 10.300 ¤ consignadas por Segurcaixa deberá ser puesta a disposición de la ejecutante del citado procedimiento tan pronto devenga firme esta sentencia o si así lo piden expresamente los actores renunciando a esta cantidad a favor de la financiera.", no compartiéndose la alegación del recurso de que únicamente, quién tiene legitimación activa puede pedir que las cantidades se entreguen en el procedimiento de ejecución y sólo quien tiene derecho a una indemnización puede renunciar a la misma; la aseguradora reconoce su obligación de indemnizar, pero no a los actores, por mor de lo establecido en el artículo 40 de la LCS (EDL 1980/4219), y si se dice en la sentencia " deberá ser puesta a disposición de la ejecutante del citado procedimiento tan pronto devenga firme esta sentencia o si así lo piden expresamente los actores renunciando a esta cantidad a favor de la financiera.", es porque no se puede realizar esa transferencia de la cantidad consignada en este procedimiento a aquel hasta la firmeza de la sentencia dictada en éste, salvo que los actores otra cosa manifiesten, como así ocurrió, por lo que, en este caso, ante la renuncia de esa pretensión de la demanda principal a que le abonen a ellos directamente la indemnización , y ante su solicitud realizada en el acto de la audiencia previa de esa transferencia para evitar que continuaran los embargos a la actora en el procedimiento de ejecución, sin que ello suponga reconocimiento alguno de derecho, ni de legitimación.

E) La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, sec. 3ª, de 24 de junio de 2016, nº 159/2016, rec. 203/2016, manifiesta que sobre la cuestión objeto de este recurso, ya se ha pronunciado esta Sección, en la sentencia de fecha 23 de junio de 2015, recurso núm. 168/15, citada por la juzgadora de instancia, y decíamos "Como único motivo del recurso, la defensa de ÁRIDOS ÁLVAREZ, SA, discute el pronunciamiento del titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almendralejo en cuanto estimó en su sentencia que la actora y ahora recurrente carecía de legitimación activa por cuanto no era titular del interés asegurado. Pues bien, la recurrente se alza frente a dicho pronunciamiento alegando en esencia que en las dos pólizas de leasing o arrendamiento financiero estaba obligada a concertar a su costa una póliza de seguros que cubra todos los riesgos de los bienes arrendados. Y defiende que dado que en el seguro de daños no existe la figura del beneficiario no puede significar otra cosa que la arrendadora financiera faculta a la arrendataria para suscribir un seguro que cubra todos los riesgos de los bienes, siendo la arrendadora la que ha de percibir la indemnización, si bien ello afecta a la relación "inter partes", existiendo en resumen un pacto fiduciario.

Aunque la figura del beneficiario no esté contemplada en todos los seguros de daños, si el titular del interés asegurado es un tercero, lo habitual es que se recoja como tal en la póliza y sea el perceptor de la indemnización. Lo que trata de garantizar el arrendador financiero, titular de los dos camiones cuyo siniestro son objeto de reclamación en este proceso, es que en caso de pérdida total, no de meros accidentes susceptibles de reparación, la compañía se seguros indemnice por el valor pactado a la propia arrendadora, en este caso VOLVO FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC, SA, quien es la titular en la actualidad de los dos vehículos como consta en el oficio remitido en su día a los autos de fecha 13 de enero de 2014 (folio 154 de las actuaciones). Lo que hizo ÁRIDOS ÁLVAREZ SL fue contratar dos pólizas de seguro con la demandada ALLIANZ ocultando que los camiones no eran de su propiedad, de modo que en caso de percibir la indemnización , la actora se enriquecería de forma injusta al percibir el valor total o venal de los dos vehículos sustraídos en su condición de asegurada, cuando ese valor corresponde a la arrendadora en tanto no se ejercite la opción de compra.

Esto es lo que pone de manifiesto el Juez de Instancia en su sentencia. Citando la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 21 de marzo de 2012 (núm. 119/2012) el hecho de que la actora y arrendataria no hubiera ejercido la opción de compra, la propiedad del vehículo sigue correspondiendo a la empresa de leasing, de modo que la pérdida total a esta afecta y no al arrendatario. Lo que pierde el actor arrendatario son los costes de financiación y la opción de compra, pero no en vehículo en su integridad como se reclama en este proceso. Consecuencia de todo lo anterior, no existe interés asegurado y el contrato es nulo conforme al artículo 25 de la Ley de Contrato de Seguro  respecto a la cobertura de "daños propios", que es la que da origen a este proceso al reclamar por el robo de los dos camiones. En un seguro voluntario de daños propios, no así en el seguro obligatorio de responsabilidad civil, el interés asegurado es el vínculo entre el asegurado y la cosa objeto de aseguramiento para el caso de pérdida de esta, no para el caso de la obligación de responder frente a terceros, que es lo que cubren las pólizas de seguros obligatorio de responsabilidad civil. Como nos dice la sentencia citada y esta Sala suscribe, el tomador del seguro declaró que el vehículo pertenecía al asegurado, era de su propiedad, cuando realmente no era así. De haber conocido ALLIANZ quien era el real propietario, podía haber determinado quien era el perceptor de todo o parte de la indemnización. No se trata de impedir que la arrendataria contrate un seguro, al que por otro lado le obligaba el contrato de leasing firmado, sino de dejar bien claro que ella no es el titular del interés asegurado en caso de pérdida del vehículo, no existiendo el más mínimo atisbo de que existiera ese pacto fiduciario que por primera vez se invoca en esta alzada, pues de ser así, bastaba con haber pedido la declaración del representante legal de la propietaria, lo que no se hizo.

En este punto, el Juez de Instancia señala el fraude que supondría que la asegurada percibiera el importe del valor de los dos camiones sustraídos arrogándose la titularidad que no le corresponde, cuando incluso la arrendadora ha ejecutado las dos pólizas por impago y "curiosamente" un mes antes de denunciar la desaparición de los dos camiones ante la Guardia Civil (el 22 de marzo de 2012) ya se había procedido a su embargo (el 22 de febrero de 2012)."

En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección 4ª, de 19 de octubre de 2012, Recurso núm. 167/2012, donde se afirma "Insiste la parte recurrente en la concurrencia de falta de legitimación activa "ad causam"...... en la alegación de existencia de contrato de financiación del vehículo, concertado con Hispamer Consumer, habiéndose pactado una reserva de dominio a favor de ésta, anotada en tráfico, de donde deriva que el titular del interés asegurado no era la parte actora sino la financiadora.

F) El artículo 10 de la LEC señala que serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. En el ámbito del contrato de seguro el Art. 7 de la LCS (EDL 1980/4219) establece que si el tomador del seguro y el asegurado son personas distintas, las obligaciones y los deberes que derivan del contrato corresponden al tomador del seguro, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado. Los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o "en su caso, al beneficiario", salvo los especiales derechos del tomador en los seguros de vida.

En relación al contrato de seguro, el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 14 de julio de 1987 de la Sala 1ª afirma que "en la nueva técnica del seguro lo esencial para la determinación legitimadora no es otro factor que el del interés en la obtención en la indemnización del daño". En consecuencia, está excluido de la legitimación para instar la reparación del daño todo aquél que no tenga un interés jurídicamente demostrado. El último párrafo del art.7 de la Ley de Contrato de Seguros establece, que los derechos que derivan del contrato corresponden al asegurado o, en su caso, al beneficiarlo, previendo el anterior que en caso de que el tomador y el asegurado sean personas distintas las obligaciones y los deberes que deriven del contrato corresponden al tomador del seguro, que queda excluido de los derechos, en el tercer párrafo del mencionado artículo.

Todo ello es coherente con la definición conceptual de dichas figuras, siendo el tomador la persona que suscribe junto con el asegurador el contrato y al que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, mientras que el asegurado es el titular del interés objeto del seguro.

G) En el supuesto de autos, del examen de las actuaciones se evidencia, aparece documentalmente acreditado, que al suscribirse la póliza de financiación se pactó una reserva de dominio inscrita en el Registro de Tráfico, a favor de la financiera, que en el momento del accidente era acreedora de 30.458'18 euros  de capital pendiente de amortizar.

Además de cuanto se contiene en las condiciones generales del contrato de financiación, la realidad es que estamos ante un seguro de daños y aunque el tomador del mismo sea el actor, en razón al pacto de reserva de domino (STS de 20-6-2000 ) en estos momento la titular del riesgo asegurado y asegurada es la financiera, por lo que el actor carece de acción para reclamar para sí la indemnización en la forma que lo hace,......

H) La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, en sentencia de 20 de febrero de 2013, Recurso núm. 350/2012, dice: "Don Victor Manuel presentó demanda contra la compañía de seguros y reaseguros CATALANA OCCIDENTE S.A. en reclamación de la suma de 110.265,37 euros que es la indemnización que a su criterio le corresponde, en función de la póliza Millenium VIP de seguro Multiriesgo del Automóvil, suscrita con la demandada a consecuencia del robo del vehículo Masserati modelo quattroporte, con matrícula.... NNN, ocurrido el día 30 de julio de 2010, mientras estaba estacionado en la calle Potosí nº 9 de Madrid, reclamación que fue parcialmente admitida por la juzgadora de instancia quien, tras rechazar las excepciones presentadas por la parte demandada que ahora expondremos al examinar el recurso de apelación, redujo la indemnización a la suma de 76.000 euros en función de la prueba pericial aportada por la demandada con su contestación a la demanda aunque mantuvo la condena al pago de los intereses fijados por el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

La Compañía de Seguros demandada consideró que debía revocarse la sentencia en función de los siguientes motivos que desarrolló en su recurso.

Falta de legitimación activa del demandante ya que el mismo solo es el tomador del seguro, siendo la dueña del vehículo y por tanto la asegurada la sociedad de responsabilidad limitada MADALJO que es la única persona legitimada para exigir el pago de la indemnización ......

El artículo 10 de la LEC indica que serán "consideradas partes legítimas quienes comparezcan y actúen como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso", es decir examina la legitimación desde un aspecto puramente formal puesto que al inicio del proceso la misma opera como una simple afirmación de titularidad que, para que pueda tener éxito, deberá ser contrastada al final del proceso comprobando que esa afirmación se corresponde con la real titularidad del derecho. La esencia de la legitimación activadescansa, por tanto, en la relación sustantiva del demandante con el derecho ejercitado, con la disponibilidad que se concede por la ley a una persona sobre el objeto del proceso al ser titular del mismo o estar habilitado para su ejercicio, o como indican las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2011 y 28 de febrero de 2002 en la "cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar, la adecuación entre la titularidad jurídicamente afirmada y el objeto jurídico pretendido".

Por todo ello la legitimación es una condición necesaria e imprescindible para poder exigir del tribunal que se pronuncie sobre la pretensión deducida en el mismo, por lo que se indica que una materia que esta directamente relacionada con el fondo del asunto aunque es preliminar al mismo.

Si analizamos el artículo 7 de la Ley de Contrato de Seguro veremos que el tomador es la persona que contrata el seguro mientras que es el asegurado es el titular del interés asegurado y quien está expuesto al riesgo en el sentido que va a sufrir los efectos del evento dañoso. En consecuencia el último párrafo del citado artículo dispone que "los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o, en su caso, al beneficiario, salvo los especiales derechos del tomador en el seguro de vida". Evidentemente bajo esta perspectiva en este procedimiento solamente podremos considerar legitimado activamente al asegurado, que es a quien se le concede la disponibilidad sobre la indemnización derivada de un siniestro cubierto por la póliza de seguro al ser la perjudicada por el mismo.

Estos principios se han ido analizando correctamente en la sentencia de instancia, como puede comprobarse con la lectura de los primeros párrafos del fundamento de derecho primero, aunque al final del mismo ha incurrido en el error de considerar que, como en la póliza no se había identificado al asegurado, debía presumirse que tal condición la ostentaba el tomador don Victor Manuel que estaba perfectamente legitimado a exigir la indemnización derivada del robo amparado en la póliza de seguro, sobre todo, cuando la compañía aseguradora en la fase preprocesal había reconocido al demandante como sujeto legítimo para reclamar la indemnización derivada del seguro, en definitiva como parte en el mismo en su condición de asegurado.

Es cierto que específicamente en la póliza no se designa a nadie como asegurado, pero en las condiciones generales se indica claramente que el asegurado es la persona que es titular del interés objeto del seguro y en las condiciones particulares se señala que la propietaria del vehículo Masserati Quattroporte es la socied ad MEDALJO S.L., por lo que no cabe duda que es en ella en quien concurre la condición de asegurada y por tanto única legitimada , sin que pueda olvidarse esta incuestionable realidad por el hecho de que la compañía de seguros se dirigiere al tomador para comunicarle que se había rechazado el siniestro y que se iba a proceder al cierre del expediente (ver documento 4 de la demanda), pues Don Victor Manuel, como tomador del seguro, es el titular del contrato y quien dio parte del siniestro por lo que no debe extrañarnos que se le informasen de las incidencias relativas al mismo, sobre todo cuando también el mismo resulta ser el representante legal de sociedad propietaria del vehículo, hecho que era perfectamente conocido por la compañía aseguradora.

En definitiva la única titular del derecho lesionado que es objeto de este procedimiento y quien tiene derecho a exigir un pronunciamiento, favorable o no, sobre el fondo del asunto es la sociedad de responsabilidad limitada MEDALJO DISTRIBUCIONES,......."

I) Y por último, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 1ª, de 24 de enero de 2013, Recurso núm. 382/2012 (EDJ 2013/44695) dice "Tal como explica correctamente el apartado primero de la sentencia apelada, la reclamación deducida tiene su fundamento en un contrato de seguro del vehículo que cubría el riesgo de robo.

Este vehículo había sido adquirido mediante leasing por el demandante a quien la sentencia niega legitimación activa por no haber concertado el seguro, manteniendo la legitimación de la codemandante por ser quien lo concertó.

La compañía aseguradora impugna el pronunciamiento que le obliga a pagar a la tomadora del seguro la indemnización correspondiente al valor del vehículo robado, alegando que se produce un enriquecimiento injusto para quien no es propietaria, a pesar de figurar así en el contrato de seguro y, además, no se habían pagado las cuotas del arrendamiento financiero por lo que se siguió otro procedimiento de reclamación con sentencia condenatoria al arrendatario, aquí codemandante absuelto.

Ante el planteamiento expuesto sobre las relaciones jurídicas y contratos existentes respecto al vehículo robado (sin que se haya planteado la trascendencia de su posterior recuperación en otro país) la cuestión que se suscita es determinar si le corresponde a la codemandante la indemnización del valor del vehículo como tomadora del seguro cuando resulta que no es la propietaria, como manifestó, ni siquiera la titular del arrendamiento financiero.

Al respecto es preciso indicar que el contrato de leasing está previsto en la Disposición Adicional séptima de la Ley 26/88 de 29 Julio sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que define estas operaciones mercantiles como "aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas". Es decir, la financiera adquiere un bien, que elige el usuario, y mantiene su propiedad pero le cede inmediatamente el uso a cambio de una contraprestación periódica durante un plazo concreto, a cuya terminación el usuario podrá optar entre devolverlo o adquirirlo por un precio fijado como valor residual. La propietaria del vehículo es la arrendadora financiera que lo adquirió, tal como ha tenido ocasión de señalar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia de 23 enero 2004 (Rc 392/98) y sentencia de 1 marzo 2011 (Rc 1911/2007).

Conforme a la configuración de este contrato, en caso de robo la arrendadora es quien pierde el vehículo; el perjuicio del arrendatario se ciñe a los costes de financiación abonados y la opción de compra, en cuanto las cuotas del arrendamiento iban destinadas a la amortización del precio y progresiva adquisición del vehículo por el valor residual.

En el seguro de daños, como es el de robo ( art. 50 L.C.S.), el interés asegurado viene determinado por el vínculo entre el tomador o asegurado y el bien objeto de cobertura contra el robo, que debe ser manifestado en la póliza para valorar el daño o perjuicio. Se reconoce legitimidad al arrendatario para concertar un seguro sobre el vehículo para caso de pérdida, cubriendo su interés en el mismo que no podría comprender la propiedad que no tiene.

En este sentido, existen precedentes judiciales A.P. León (Sec. 1ª) S. nº 119/12 de 21 marzo que niega legitimación activa al arrendatario financiero para reclamar la indemnización por robo del vehículo que concertó como tomador del seguro en su condición de propietario, manifestando que no puede exigir el pago de una indemnización que no se ajusta al interés asegurado que es la propiedad del vehículo porque no la tiene, concluyendo que contratada la cobertura del vehículo como titular, al no serlo decae su legitimación.

Con mayor razón carece de legitimación activa para reclamar la indemnización por pérdida del vehículo quien no tiene ninguna relación jurídica sobre el mismo porque no forma parte del contrato de leasing, de manera que no tiene interés alguno que asegurar para el caso de robo, aunque como tomadora del seguro figure en la póliza como titular, que no lo es.


Quien no tiene ninguna vinculación jurídica con el objeto asegurado contra el robo, está contratando un seguro sobre cosa ajena en el que el asegurado es otra persona, de manera que no le corresponde la indemnización según el art. 7 L.C.S. "Los derechos que derivan del contrato corresponden al asegurado o, en su caso, al beneficiario", no menciona al tomador del seguro.

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domingo, 12 de marzo de 2017

Los Tribunales tienen la facultad de moderar las indemnizaciones por accidentes de trabajo causados por negligencia de la empresa, que es discrecional y ha de hacerse según las circunstancias del caso, pudiéndose efectuar incluso sin petición previa de parte, en base al artículo 1.103 del Código Civil, sin que sea preciso que exista concurrencia de culpas



A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 10 de marzo de 2003, nº 327/2003, rec. 235/2003, manifiesta que en el supuesto litigioso el juzgador ha utilizado correctamente la facultad de moderar la indemnización, que es discrecional y ha de hacerse según las circunstancias del caso, pudiéndose efectuar incluso sin petición previa de parte, de ahí que sea poco factible obtener una revisión o modificación de dicha facultad judicial, cuando, como sucede en el supuesto enjuiciado, resulta de las pruebas obrantes en las actuaciones que se ha llevado a cabo una moderación legal y justas, en la proporción del 50%, por lo que ni la supresión de ese porcentaje ni la reducción al 10 o al 15 % puede tener éxito en el recurso.

El artículo 1.103 del Código Civil establece que: “La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos”.

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 10 de marzo de 2003,  declara que el Juzgador "a quo" ha utilizado correctamente la facultad de moderar la indemnización concedida por el art. 1103 Código Civil, que no puede olvidarse es discrecional y ha de hacerse según las circunstancias del caso, pudiéndose efectuar incluso sin petición previa de parte. De ahí que sea poco factible obtener una revisión o modificación de dicha facultad judicial, cuando, como sucede en el supuesto aquí enjuiciado, resulta de las pruebas obrantes en las actuaciones que se ha llevado a cabo una moderación legal y justas, en la proporción del 50%, por lo que ni la supresión de ese porcentaje ni la reducción al 10 o al 15 % puede tener éxito en el presente recurso. La obligación de probar los hechos que dan lugar a la aplicación del Derecho, corre por cuenta de la parte que los alega, bastando a la opositora con negarlos, según el criterio general de la carga de la prueba.

B) NO ES NECESARIA LA CONCURRENCIA DE CULPAS PARA APLICAR LA FACULTAD DE MODERACIÓN: La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Social, de 22 de enero de 2001, nº 95/2001, rec. 746/2000, declara que para llevar a cabo la facultad moderadora no es preciso que exista concurrencia de culpas, ya que el citado precepto del Código civil no precisa de tal exigencia, sino que esa facultad se podrá utilizar por los Tribunales, según los casos, siempre que se trate de un supuesto de responsabilidad por culpa o negligencia.

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sábado, 25 de febrero de 2017

Las cláusulas limitativas son aquellas que restringen o modifican los derechos de los asegurados a la indemnización, una vez que se ha producido el siniestro, siempre que el tomador las acepte por escrito


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, sec. 1ª, de 16 de enero de 2017, nº 11/2017, rec. 264/2016, define las cláusulas limitativas como aquellas que restringen o modifican los derechos de los asegurados a la indemnización, una vez que se ha producido el siniestro. Para que sean válidas, el tomador debe aceptarlas por escrito.

B) ANTECEDENTES DE HECHO: La sentencia del Juzgado de Primera Instancia entendió que la reclamación efectuada resultaba improcedente, por considerar que en el contrato de seguro existía una clausula delimitadora que excluía la cobertura, como es la de que el vehículo en el momento del siniestro fuera conducido por su hijo menor de 25 años.

Frente a esta resolución se alza el actor con base a dos argumentos: 1) Que la cláusula de que tratamos no es delimitadora, sino limitativa de los derechos del asegurado y no ha sido aceptada expresamente por el asegurado, con los requisitos del artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y 2) que en todo caso, esa disposición no ha sido aceptada por el demandante, haciendo referencia a la Sentencia de esta Sala de 17-12-2015, incluyendo finalmente, una alegación relativa a las circunstancias personales del conductor.

La apelada impugnó el recurso de apelación alegando en primer lugar el conocimiento de la cláusula o condición por parte del demandante, para seguidamente mantener la correcta calificación de la misma como delimitadora del riesgo y su aplicabilidad a los seguros de daños propios y la no incidencia de la determinación en la póliza de la persona del propietario, para, finalmente esgrimir la intrascendencia de la alegación relativa a la falta de incremento del riesgo en razón a la edad del conductor.

C) CLAUSULAS LIMITATIVAS O RESTRICTIVAS DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADO Y CLAUSULAS DELIMITADORAS DEL RIESGO:

1º) El artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece:

“Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.
Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración pública en los términos previstos por la ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas”.

2º) La cuestión relativa a la diferenciación entre cláusulas limitativas de los derechos del asegurado y cláusulas delimitadoras del riesgo, es una cuestión estrictamente jurídica de enorme trascendencia, por cuanto las exigencias para su eficacia son diferentes ya que las primeras están sujetas a los requisitos de forma y aceptación establecidos en el artículo 3 de la Ley de contrato de seguro.

La calificación de una cláusula de una u otra forma, debe llevarse a cabo en relación a la finalidad de la cláusula estudiada, como pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11-9-2006 , en la que se establece que las clausulas delimitadoras del riesgo son aquellas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando los riesgos, que en caso de producirse hacen surgir el derecho del asegurado a percibir la prestación pactada. En definitiva, las claúsulas delimitativas son aquellas que se refieren al riesgo que se cubre, la cuantía, el plazo y el ámbito espacial, mientras que las limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización, una vez que el riesgo se ha producido, como se señala, entre otras, en la STS de 16 de octubre de 2000.

D) CALIFICACIÓN DE LA CLAÚSULA EXAMINADA COMO CLAÚSULA LIMITATIVA: Partiendo de las anteriores consideraciones, esta Sala entiende que nos encontramos ante una condición limitativa y no delimitadora en atención a que el riesgo del seguro de que tratamos es el que da lugar a la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor y esa responsabilidad civil se producirá en todo caso y con independencia de quien sea el conductor, de forma que los efectos de la cláusula se producen una vez que el riesgo se ha ocasionado.

Esta posición es mantenida también por la mayor parte de las Sentencias de Audiencias Provinciales que se han pronunciado, por ejemplo la de Ciudad Real de 25 de mayo de 2016 , en la que era demandada la misma aseguradora que en este caso, la de la Sección 9 de Madrid de 22 de enero de 2015 , que cita la de la Sección 12 de 15 de mayo de 2009 y la de la sección 14 de 11 de noviembre de 2008 ; SAP de Murcia secc. 5 de 14 de noviembre de 2008 o la de SAP, de la sección 8 de la audiencia Provincial de Valencia del 13 de enero de 2014.

La consecuencia jurídica de esta calificación es la de la ineficacia de la misma, en tanto en cuanto no se ha acreditado que se hayan cumplido los requisitos exigidos por el artículo 3 de la Ley de contrato de seguro, como tiene declarado el TS en Sentencia de 24 de noviembre de 2014.

En todo caso y como recogíamos en la Sentencia de esta sala que citamos anteriormente, nos encontramos ante un supuesto en el que no se ha acreditado por parte de la compañía aseguradora la aceptación, siquiera, de las condiciones generales, por lo que no puede aplicarse tampoco. Como puede verse, con la demanda se presenta una copia, sin la firma del demandante, de las condiciones generales, pero se hace constar en la demanda que la misma le fue entregada por la correduría AENUS con posterioridad a recibir la comunicación de la entidad aseguradora rechazando la reclamación del actor. Por su parte la demandada no ha aportado la póliza debidamente suscrita por el asegurado y, además consta en los autos el informe de AENUS, en el que consta que efectivamente se le entregó al demandante, a petición del mismo, una copia de la póliza con posterioridad a recibir la carda de Allianz rechazando la solicitud de indemnización.

De esta forma, no puede tenerse por probado el hecho de la aceptación que se mantiene por la aseguradora demandada, siendo dicha parte la que ante la afirmación de un hecho negativo por la actora, podría acreditar el conocimiento y aceptación de las condiciones, aportando la póliza debidamente firmada por el asegurado; lo cual no ha hecho.

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domingo, 12 de febrero de 2017

El Tribunal Supremo declara que la pérdida de aprovechamiento para la construcción de unos solares por el hallazgo en ellos de restos arqueológicos da lugar a una indemnización


A) La sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 28 de octubre de 2016, nº 2324/2016, rec. 2592/2015, declara que la pérdida de aprovechamiento para la construcción de unos solares por el hallazgo en ellos de restos arqueológicos da lugar a una indemnización. Sólo son indemnizables los gastos de proyectos, licencias y publicidad de las promociones inmobiliarias sin que pueda indemnizarse ningún gasto más derivado de la construcción por no haberse iniciado la misma.

B) OBJETO DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:  La cuestión no estriba en analizar la legalidad de la resolución de 28 de junio de 2010  causa de la reclamación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la pérdida de aprovechamiento urbanístico de los solares, para los que la recurrente disponía de licencia de obras que la autorizaban a la construcción de sendos edificios de 32 y 26 viviendas (con garaje y trastero), sino en determinar si las limitaciones al aprovechamiento del suelo impuestas, en aplicación de la Ley 8/95, de Patrimonio Cultural de Galicia (en beneficio de ese patrimonio histórico, y, por ende, de toda la colectividad), como consecuencia de los hallazgos arqueológicos, tiene la propietaria, como afirma la sentencia, el deber jurídico de soportarlo.

Debemos recordar, al efecto, que el contenido del derecho de propiedad, como derecho de configuración legal (delimitado, ex art. 33 de la Constitución, por su "función social"), viene determinado por la ley. Tratándose, como aquí acaece, de la propiedad del suelo, y, en concreto, del derecho a edificar éste se materializa con la licencia urbanística, patrimonializándose en ese momento, con las consecuencias indemnizatorias que ello comporta.

Antes del otorgamiento de licencia existe una mera expectativa, un simple derecho a solicitarla, pero cualquier cambio normativo o de otra naturaleza que impida su otorgamiento, y, por consiguiente, la materialización del aprovechamiento que hasta ese momento pueda ostentar el suelo, no da derecho a ningún tipo de indemnización.

La licencia, sin embargo, incorpora al patrimonio de su titular el derecho a edificarlo en los términos en ella autorizado, dentro del plazo de caducidad con el que, en su caso, se otorga.

En este caso, la recurrente tenía las pertinentes licencias cuando se descubrieron los primeros vestigios arqueológicos con ocasión del movimiento de tierras en el solar contiguo, también de su propiedad, por ello la imposibilidad de ejecutar los proyectos, sin otra solución alternativa (así se dice en el informe emitido por los Arquitectos, obrante en el folio 270 del expediente administrativo, ratificado judicialmente, sin que la Junta de Galicia haya contraprobado ni cuestionado tan esencial extremo), comporta la privación de un derecho (el derecho a edificar los dos edificios autorizados por las licencias) que, aunque esté amparada en las normas de protección del patrimonio en beneficio del interés general, la ablación de ese derecho (precisamente porque redunda en beneficio de la colectividad) no puede ser soportado exclusivamente por su titular, constituyendo una lesión antijurídica, y como tal, indemnizable porque el propietario del suelo no tiene el deber jurídico de soportar el daño que a él en concreto le produce esa protección en interés y beneficio de la colectividad. En este sentido se ha pronunciado el TS, a título de ejemplo cabe recordar, además de las sentencias citadas como soporte de este recurso de casación, la sentencia de 15 de diciembre de 2010 (casación 1336/09).

C) CONCEPTOS INDEMNIZABLES: Hay un dato esencial a tomar en consideración para la determinación de las indemnizaciones y es que en ningún momento se iniciaron las obras de construcción y el reembolso de los gastos del proyecto de excavación a que fue requerida para determinar la posible existencia de restos arqueológicos han sido objeto de otra reclamación.

La recurrente reclama, en primer término, el valor del suelo tasado con arreglo al art. 24 del TRLS 2008, por el método residual estático, con los parámetros urbanísticos aplicados a los proyectos para los que se otorgaron las licencias y que, precisamente, como consecuencia de la necesidad de mantener "in situ" los hallazgos arqueológicos, impuesta por la resolución de 27 de junio de 2010, no solo no pueden ejecutarse, sino que, según los informes técnicos de parte -no contradichos de contrario-, hace inviable cualquier otra alternativa de similares características. Pretensión que, desde luego, ha de rechazarse de plano, pues cuando se impuso tal limitación no se había efectuado ninguna edificación, sin que, por tanto, tuviera consolidado derecho alguno a lo "virtualmente" edificado, único supuesto en el que cabría una indemnización en tal sentido. Además, el hecho de que no puedan construirse los edificios proyectados u otros similares no quiere decir que el solar carezca de todo tipo de aprovechamiento urbanístico, manteniéndose la propiedad del suelo.

1º) La indemnización solo puede compensar la pérdida de aprovechamiento que se ha producido como consecuencia de la obligación de mantener "in situ" los hallazgos arqueológicos, circunstancia esencial que no consta y que ha de quedar deferida al trámite de ejecución de sentencia para que, por arquitecto designado judicialmente, se proceda a su determinación, adoptándose una fórmula similar a la empleada en la precitada sentencia de 15 de diciembre de 2010 donde el montante del daño indemnizable (privación del aprovechamiento urbanístico patrimonializado) será el que resulte de restar al precio de adquisición de ambos solares, el valor que dicho suelo hubiera tenido en el momento de la adquisición de contar con las limitaciones impuestas por la resolución de 28 de junio de 2010, cantidad que habrá de incrementarse con el interés legal desde la fecha en que se presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial.

2º) La segunda partida indemnizatoria que se postula viene referida al lucro cesante o beneficio previsto con la promoción y que cifra en 360.007 euros para el solar denominado "FARO II" y de 935.382,37 euros para el "FARO III".

Lo que pretende que se indemnice es una mera expectativa, un "sueño de ganancia" respecto de unos proyectos urbanísticos que no llegaron a iniciarse, algo que, desde luego, no puede acogerse. 

3º) Cuestión distinta es el reembolso de los gastos de los dos proyectos, de las licencias y de publicidad de las promociones (sin que, al no haberse iniciado ningún tipo de obras, conste otro tipo de gastos en ese sentido)-, únicos que, al devenir inútiles ante la imposibilidad de ejecutar los proyectos como consecuencia de la obligación de mantener "in situ" los hallazgos, son indemnizables y cuyo importe deberá ser determinado en el trámite de ejecución de sentencia conforme a lo que, en este sentido, haya quedado documentado en autos.

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