A) La sentencia de la Audiencia
Provincial de Las Palmas, sec. 5ª, de 20 de junio de 2018, nº 332/2018, rec.
92/2017, declara la negligencia de una veterinaria, y condena a la veterinaria y a
su compañía aseguradora a abonar una indemnización por el fallecimiento del
perro por su negligencia. No se ha acreditado con suficiencia que se informase
a la propiedad del animal acerca de la significación clínica del nuevo
diagnóstico, con la alta posibilidad de fallecimiento, y el alcance económico
de la nueva intervención sin garantías de éxito, lo cual constituye un
incumplimiento contractual.
B) RELACIÓN CONTRACTUAL: Como dice la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Cuarta, el
13 de febrero de 2015: "En el caso de la medicina en general, y de la
veterinaria en particular, se trata de una relación contractual que nace de los
pactos a que llegan los profesionales sanitarios con sus clientes. Se trata
del tipo de relación jurídica que se constituye en el ámbito de la medicina
veterinaria privada, de modo tal que cuando el titular de un animal visita en
su clínica particular o consulta a un veterinario u otro profesional
veterinario , establece con él un vínculo obligacional del que nacen
obligaciones para ambos, a saber, para el cliente dueño del animal,
principalmente, la de pagar y seguir las instrucciones de tratamiento que se le
indiquen y estén a su alcance y para el profesional, la de ejecutar aquello a lo
que se ha comprometido que, al igual que ocurre con la medicina humana, alcanza
desde el resultado hasta la aportación de medios, diferencia relevante porque
de ella depende la propia responsabilidad del veterinario. Y es que si a lo
que se compromete el veterinario es a la curación, asumiría responsabilidad
sino la logra. Y si a lo que se compromete es a poner los medios para lograr la
curación, su responsabilidad se ceñirá solo a la ejecución de los medios
adecuados, pero no a su resultado. En el primer caso no encontramos ante el
denominado contrato de obra y en el segundo ante un contrato de arrendamiento
de servicios que es el título aplicable en el caso pues es precisamente a esto
último a lo que, con carácter general, se obliga, se puede obligar en realidad,
el veterinario. Y es que la medicina, como viene señalando reiteradamente la
Jurisprudencia, es una actividad de medios, de diligencia adecuada que no
garantiza el acto terapéutico -la sanidad del enfermo en general-. Es
decir, y como se señala en relación a la medicina humana, que responde a
idénticos parámetros que la veterinaria, el médico no se compromete a curar,
sino a intentar curar, integrándose la obligación de medios por la utilización
de cuantos elementos conozca la ciencia médico-veterinaria de acuerdo con las
circunstancias crónicas y tópicas en relación a un animal concreto, dando la
información necesaria a su dueño o encargado del diagnóstico, pronóstico,
tratamiento y riesgos, muy especialmente en el supuesto de intervenciones quirúrgicas,
cuyo deber, en las afecciones crónicas, con posibles recidivas, degeneraciones
o evolutivas, se extiende a los medios que comporta el control de la enfermedad
y, finalmente, sobre la continuidad del tratamiento".
C) Si aplicamos la anterior doctrina al
supuesto de autos hemos de concluir que la relación que mediaba entre las
partes era de arrendamiento de servicios y que, por tanto, obligaba a la
veterinaria a poner todos los medios y conocimientos a su alcance para la
curación del animal y no a su curación efectiva. Este es el
significado que hemos de dotar al único documento suscrito por el cliente
apelante, la "autorización para anestesia y/o cirugía" (folio 58), en
el que no se contiene la obligación de alcanzar un resultado y en el que se
hace constar que se ha informado al cliente del diagnóstico y de eventuales
complicaciones. El mismo documento nos ha de servir, como ampliaremos en el
fundamento jurídico segundo de esta resolución, para concluir que la
autorización lo fue sólo para el diagnóstico y tratamiento inicialmente
identificados.
Leídas las alegaciones de las partes en
ambas instancias y examinada la prueba documental y personal practicada en la
vista oral, la Sala alcanza la misma conclusión a la que arribó el juez de
primer grado en la resolución recurrida, esto es que no se ha detectado
negligencia alguna en la actuación estrictamente sanitaria de la veterinaria
apelada. Partimos, como hace dicha resolución y como parece traslucirse del
texto del recurso, de que la enfermedad que padecía la perra tenía una amplia
probabilidad de abocar en su fallecimiento (entre un 46 y un 60% según las
distintas opiniones vertidas en el proceso). A lo que hemos de añadir el hecho
de que la gravedad de la dolencia requirió de una urgente adopción de decisiones.
Y de lo actuado no podemos reputar, como se hace expresamente en la demanda y
más contenidamente en el recurso, que el diagnóstico inicial, el de piómetra,
fuera errado ya que, como indicó el perito en el plenario, en la operación
final le fue extirpado parte de su aparato reproductor (ovariohisterctomía),
extirpación que no puede tener, al menos en este caso, otra explicación que la
de que padecía una endometriosis o piómetra.
Tampoco podemos extraer con contundencia
el que la información inicial, una vez practicada la primera intervención
(limitada a abrir, explorar y cerrar al animal), fuera sólo la relativa a la
piómetra puesto que el hijo del apelante reconoció en el plenario que la
veterinaria apelada también le mencionó la apreciación de un "bazo
retorcido", evidencia más compatible con la dilatación torsión gástrica
que finalmente provocó su muerte que con una endometriosis.
En cualquier caso, y aun cuando sólo se
hubiese diagnosticado inicialmente la piómetra y este hubiese sido un diagnóstico
fallido o errado, de lo actuado no observamos comportamiento negligente alguno
en la actuación de la veterinaria apelada. Como dijimos, no era exigible a la
misma un acierto de la enfermedad o afección, ni siquiera de su tratamiento,
salvo que se trate de un error manifiesto o desproporcionado que en el supuesto
presente no se detecta. De hecho, y como dijimos, el que finalmente se
extirpase parte del aparato reproductor parece apuntar a que el diagnóstico era
parcial y primariamente acertado.
Mucho menos negligente (salvo en el
aspecto de la información al cliente que se analizará en el siguiente
fundamento jurídico) nos parece su actuación posterior al apercibimiento de que
la afección podía ser más grave y de tratamiento más complejo ya que esa misma
tarde, festiva por excelencia en esta capital, trasladó a la perra al hospital
veterinario de referencia en la isla, el de la facultad, y en él la perra fue
reintervenida por otro profesional esa misma noche. Tampoco se ha
acreditado que las condiciones del traslado hubiesen facilitado o provocado el
funesto fin del animal. Y tampoco una segunda intervención quirúrgica en tan
poco lapso de tiempo. Al contrario, entendemos que la labor conjunta de la
apelada y del veterinario de la Facultad, Sr. Aquilino, fue la más apropiada
para intentar salvar la vida del animal.
A lo expuesto hemos de añadir que no se
ha acreditado con la solvencia que es de exigir el que la veterinaria apelada,
como se sostiene en el escrito de recurso, no estuviese capacitada para llevar
a cabo la segunda intervención (otra cosa es que necesitase ayuda de otro
profesional, habida cuenta de una mayor complejidad de la dolencia finalmente
detectada).
Como bien dice la resolución recurrida,
los términos de la necropsia son contundentes al determinar la causa de la
muerte en la enfermedad del animal y no en la actuación de ninguno de los
veterinarios que intervinieron en la toma de decisiones y su puesta en práctica
con la finalidad de salvar su vida. Por tanto, este motivo, con la
consiguiente desestimación de las pretensiones de indemnización del valor de la
perra, de daños morales y de otros gastos, salvo lo que se dirá a continuación,
no puede ser atendido.
D) De la falta de información relativa a
la segunda intervención quirúrgica:
1º) Este motivo ya se incluyó en la primera
de las alegaciones del recurso de apelación y se reproduce como argumento
principal en la segunda enunciándose como infracción por inaplicación del
artículo 10 y siguientes de la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986. Y
en su desarrollo redunda en su tesis relativa a las consecuencias de falta de
obtención de un consentimiento informado, en este caso, obviamente, de la
propiedad del animal. Para con dicha información poder, como exige la por la
parte considerada normativa veterinaria, prestar su asentimiento o conformidad
o desistir de la operación, pudiendo optar por la eutanasia activa del animal
dada sus circunstancias concretas.
2º) Rechazan igualmente las apeladas
esta pretendida falta de información recordando que la autorización firmada, en
una indiscutible situación de urgencia, fue para la realización de cualesquier
intervención quirúrgica que se precisase derivada de la laparotomía. Admiten, no
obstante, que debido a razones de premura no pudo la veterinaria apelada
informar en tiempo sobre la necesidad de trasladar al animal al Hospital a fin
de acudir a los facultativos del centro (folio 13 del escrito de oposición a la
apelación). En el párrafo segundo del folio 14 afirman, en aparente
contradicción con lo anteriormente expuesto, que la veterinaria recabó nueva
autorización debido a la referida urgencia. Para concluir que en cualquier caso
el resultado, con o sin autorización, habría sido el mismo.
3º) Principiamos el análisis de esta
cuestión controvertida advirtiendo que lo que se pretende por la parte apelante
sean normas jurídicas, transcritas en ambos motivos de su apelación, no
revisten dicho carácter puesto que los pretendidos artículos 5 , 18 , 19 , 20 ,
22 , 24 , 30 y 32 que se recogen en dicha alegación no se regulan en la Ley de
Colegios Profesionales , como se dice en el enunciado del primer motivo y se
repite en su texto, ni tampoco en el más específico Real Decreto 126/2013, de
22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la
Organización Colegial Veterinaria Española, sino que forman parte del código
deontológico que recomiendan múltiples colegios profesionales veterinarios en
nuestro país y que, por su propia naturaleza, carecen de fuerza jurídica. Sin
perjuicio de que tales recomendaciones o principios puedan servir como pautas
para el análisis de la concurrencia o no en un determinado comportamiento de
conductas negligentes, dolosas o abusivas de los profesionales veterinarios.
Tampoco consideramos de aplicación al
supuesto la normativa propia de atención sanitaria a personas.
Sin embargo, la Sala comparte con el
apelante la conclusión de que la falta de información acerca de la naturaleza de
la nueva intervención quirúrgica de Reina, su pronóstico, posibilidades de
éxito e importe constituyen un incumplimiento contractual. Entendemos, como se
dijo en el fundamento jurídico anterior, que la autorización firmada por el
hijo del apelante concernía al tratamiento de la piómetra e importaba 300
euros. Y si bien es cierto que posteriormente le comunicó la veterinaria
apelada la existencia de una complicación, identificada con el reconocimiento
por parte de aquél de una información relativa al "bazo retorcido",
lo cierto es que no se ha acreditado con suficiencia que se informase a la
propiedad del animal acerca de la significación clínica del nuevo diagnóstico,
con la consiguiente oscura perspectiva de una alta posibilidad de
fallecimiento, y del alcance económico de la nueva, y sin garantías de éxito,
intervención: 780 euros. Consideramos con el apelante que se debió
proporcionar esta información, aun a pesar de la perentoriedad de las
actuaciones quirúrgicas a adoptar, a fin de que la propiedad pudiese elegir
entre afrontar el referido gasto o resignarse a dejar morir o sacrificar a la
perra. No dudamos en que una llamada telefónica al dueño del perro para que él
o su hijo se personase en las dependencias del hospital veterinario a fin de
ser debidamente informado hubiese sido acogida rauda y favorablemente. Y es por
ello por lo que entendemos que esta suma habrá de ser devuelta a la propiedad
por falta de consentimiento de su prestación, con la consiguiente parcial
estimación del recurso.
4º) En la valoración del daño sólo
incluiremos el precio de la segunda y reputada como no consentida intervención
quirúrgica, puesto que entendemos que el resto de cantidades también reclamadas
(necropsia, cremación) responden a actividades que se habrían llevado a cabo
incluso sin la segunda intervención habida cuenta de que la postura inicial de
la parte apelante alegaba una pretendida negligencia veterinaria, que a la
postre la Sala no ha apreciado, que habría requerido la práctica del estudio
anatomopatológico. El precio de la cremación deriva del fallecimiento del
animal cuya causa, como hemos concluido, no se debió a un incumplimiento
contractual de la veterinaria apelada.
