domingo, 22 de abril de 2018

Para fijar la indemnización a percibir por el cliente por los daños causados por el incumplimiento de la entidad bancaria debe tenerse en cuenta los rendimientos e intereses que le fueron abonados para que no reciba mayor cantidad a la invertida.



A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 2018, nº 165/2018, rec. 2392/2015, declara que para fijar la indemnización a percibir por el cliente por los daños causados por el incumplimiento de la entidad bancaria debe tenerse en cuenta los rendimientos que le fueron abonados con las obligaciones subordinadas para que no reciba mayor cantidad a la invertida.

B) ANTECEDENTES DE HECHO: El 4 de noviembre de 2003, Millán y Camino, a instancia de Remedios, empleada de Caixa Catalunya, suscribieron 18 obligaciones subordinadas de la 6ª emisión de Caixa Catalunya, por un importe de 27.000 euros. Se les explicó que se trataba de una forma de depósito, en que el capital y el depósito estaban garantizados, y que se podía liquidar con un aviso previo de entre 24 y 72 horas.

El 27 de enero de 2005, también como consecuencia de un ofrecimiento de Remedios, Millán y Camino suscribieron 20 títulos de obligaciones subordinadas de Caixa Catalunya, correspondientes a la 7ª edición, por un importe total de 30.000 euros. A lo largo de 2005, Millán y Camino volvieron a suscribir más obligaciones subordinadas de Caixa Catalunya, hasta sumar un total de 150.000 euros.

Después de la transformación de Catalunya Caixa (sucesora de Caixa Catalunya, después de su fusión con otras cajas de ahorros) en Catalunya Banc, S.A., esta entidad fue intervenida por el FROB, quien el 7 de junio de 2013 acordó que la entidad recomprara la deuda subordinada y que con el capital se suscribieran acciones de Catalunya Banc, con una pérdida del 10% del valor de los títulos. También ofreció la adquisición de las acciones con un descuento del 13,8%. Millán y Camino se acogieron a esta oferta y recuperaron 116.368,50 euros.

Los rendimientos que Millán y Camino recibieron por las obligaciones subordinadas suman un total de 45.509,33 euros.

C) Para que surja la obligación de indemnizar daños y perjuicios al amparo del art. 1101 Código Civil, por incumplimiento de una obligación contractual, es necesario que haya existido daño. En nuestro caso, el daño respecto del que se pidió la condena a indemnizar fue la pérdida parcial del capital invertido: se invirtieron 150.000 euros; y, tras la conversión de las subordinadas en acciones y su posterior recompra por la entidad financiera, a los clientes demandantes se les restituyó sólo 116.368,50 euros. De tal forma que la pérdida, a juicio de los demandantes era de 33.635,50 euros.

A la vista de la jurisprudencia de esta Sala I del TS, este planteamiento no es correcto, pues no tiene en cuenta que durante la vigencia de las subordinadas los clientes percibieron unos rendimientos que sumaban 45.509,33 euros, los cuales tenían que ser tomados en consideración para la determinación de la existencia del daño.

Así lo recordaba recientemente la sentencia 81/2018, de 14 de febrero, que se remite a la anterior sentencia 613/2017, de 16 de noviembre, y reitera la doctrina contenida en la sentencia 301/2008, de 5 de mayo, según la cual en la liquidación de los daños indemnizables debía computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor:

«En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste».

Esta regla fue aplicada también por la sentencia 714/2014, de 30 de diciembre, en un caso en que se apreció el incumplimiento contractual en la labor de asesoramiento que provocó la adquisición de participaciones preferentes, cuando concluyó que «el daño causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes». En ese caso la referencia los intereses debía entenderse equivalente a retribución o rendimiento económico generado por el producto financiero durante su vigencia.

Bajo esta jurisprudencia, en nuestro caso no cabía hablar de daño susceptible de indemnización, pues la retribución compensaba la minoración del capital invertido.
Tampoco cabía, como parece que hizo la Audiencia, aplicar los intereses legales a la cantidad invertida desde la fecha de la inversión, como si se tratara del efecto propio de la nulidad del negocio. Si se hubiera declarado la nulidad de la adquisición de las subordinadas, sí tendría sentido, conforme al art 1303 del Código Civil, ordenar la restitución de las cosas objeto del contrato con sus frutos (en este caso la subordinada y los rendimientos percibidos) y el precio con sus intereses (el capital invertido y los intereses devengados desde entonces. Pero, insistimos, la acción ejercitada no era de nulidad, sino de indemnización de daños y perjuicios.

En su caso la condena al pago de los intereses operaría conforme al art. 1108 CC, para compensar el perjuicio sufrido por la mora en el cumplimiento de una obligación dineraria, presupuesto que no se cumple por cuanto la acción no se basaba en el perjuicio por mora en el cumplimiento de una obligación.

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El paciente tiene derecho a una indemnización, al haber perdido un testículo, por infracción de la lex artis, por el error en el diagnóstico de una torsión testicular, al no haber utilizado la administración la prueba ecografía-doppler.



A) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 27 de abril de 2017, nº 221/2017, rec. 290/2016, establece que el paciente tiene derecho a una indemnización, al haber perdido un testículo, por infracción de la lex artis, por el error en el diagnóstico  de una torsión testicular, al no haber utilizado la administración sanitaria los medios de prueba disponibles, en concreto la prueba ecografía-doppler.

La administración es responsable por infracción de la lex artis, al haber omitido los medios disponibles, esto es, una ecografía-doppler para realizar el diagnóstico diferencial entre epidimitis y torsión testicular .

B) ANTECEDENTES DE HECHO: El Juzgado de lo Contencioso nº SEIS dictó Sentencia en el procedimiento abreviado número 567/2011 en cuyo fallo dispuso quot; SE ESTIMA PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del paciente contra el acto administrativo identificado en el Antecedente de Hecho primero de esta Sentencia, que se anula por no ser conforme a derecho, reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado por el Servicio Canario de Salud en la cantidad de 50.177,42 euros, más los intereses legales fijados conforme al fundamento jurídico sexto in fine, sin expresa imposición de costas.

La Sentencia apelada estimando el recurso afirma que existe responsabilidad patrimonial al no haberse pautado la prueba diagnóstica que hubiera permitido alcanzar el diagnóstico correcto; lo que determina la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad de afrontar adecuadamente la situación del paciente y permite afirmar que la actuación sanitaria no se ha ajustado a la lex artis;. A continuación la Sentencia apelada transcribe tres sentencias del Tribunal Supremo para explicar que existe infracción de la "lex artis" cuando los indicios de un paciente son evidentes de las sospecha de una patología que es necesario descartar. Añadiendo que en la actividad de diagnóstico existiría responsabilidad si no se ha servido de los medios que suelen utilizar en la práctica profesional, y sería a la administración a quien incumbiría probar en estos casos que el daño era inevitable, con independencia del tratamiento seguido. Finalmente condena a la administración a abonar la cantidad de 50.177,42 euros.

C) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) Sala de lo Contencioso-Administrativo,  de 27 de abril de 2017,  señala que si existía un médico de atención primaria que sospecha de un diagnóstico concreto es necesario algo más que una especulación para descartar la citada sospecha. En este sentido el urólogo afirmó que diagnósticó orquitis por la presencia de fiebre, y que en la torsión no hay fiebre casi nunca. Pues bien resulta curioso que el propio Consejo Consultivo de Canarias señala que existió torsión testicular aunque pudiera existir una orquitis previa y ello en base a otros informes emitidos por el propio servicio de urología en casos similares. En este sentido el informe señala que: “En esta línea, no cabe argumentar la inexistencia de torsión, apareciendo orquiepidimitis simplemente, en la ecografía practicada en orden a sostener la corrección de los diagnósticos”. No sólo vistos los dos informes, suficientemente claros, antes indicados, sino porque, según especialistas del propio SCS, al informar en otro caso que conoce este Organismo concerniente a una dolencia idéntica a la aquí presente, el dolor abdominal y testicular del paciente puede empezar como orquiepidimitis, siendo entonces patológica la orina, pero ésta puede acabar al complicarse, en torsión testicular en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Consecuentemente, de acuerdo con los informes de especialistas reseñados, sin contradicción con otros datos aportados o disponibles en el expediente y sin cuestión sobre los hechos, resulta que el paciente tenía torsión testicular cuando fue asistido en Centros públicos, al menos en las dos últimas ocasiones.

Con ello, es necesario puntualizar que la torsión testicular es una emergencia médica, y que inicialmente para el paciente empezó con una atención correcta en el Centro de Salud de Valleseco pero por el contrario la atención recibida en el Hospital Doctor Negrín al que fue derivado el mismo día avocó a la pérdida del testículo al diagnosticarse una infección en el tracto urinario no complicada el mismo día 23 de octubre de 2012.

D) La Sala de los de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias también analizó un caso similar en Sentencia de 19 de enero de 2015, (Rec. 206/2012), y destacó la necesidad de la citada prueba ecografica-doppler que es la que hubiese permitido realizar el diagnóstico correcta señalando que si bien es correcta la matización que hace la juzgadora al final de la Sentencia lo reparable en materia de pérdida de oportunidades son las probabilidad o posibilidad de haber alcanzado un resultado mejor para el paciente; y no ante una responsabilidad patrimonial que indemnice en función del daño producido. Lo cierto es que en el caso de las propias afirmaciones que hace la Sentencia al valorar la prueba se objetiva una infracción a la "lex artis", al omitir pruebas necesarias o, cuando menos, no poderse acreditar la realización de las pruebas necesarias, para descartar la patología aparente.

E) Respecto a la cuantía indemnizatoria esta Sala en la Sentencia anteriormente citada de 19 de enero de 2015, fijó una indemnización de 40.000 euros, señalando que si bien, en el caso de la torsión testicular , es un caso complejo en el que el diagnóstico ha de ser inmediato, a los efectos de obtener un resultado satisfactorio, y ello es aún más necesario en el caso de que el paciente sea un menor, es por ello que las Sentencias estimatorias dictadas por otros tribunales, al igual que sucede con la sentencia apelada, valoran como mínimo la pérdida de oportunidad y, en su caso, también, la responsabilidad por el daño, así el Tribunal Superior de Justicia de Aragon, en sentencia 16 de septiembre de 2013, rec. 100/10 - D, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, rec. 433/12, y, por último,3 de octubre de 2014, rec. la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, re.1125/2011, han fijado indemnizaciones que oscilan entre los 18 mil y 50 mil euros.

Es por ello, que todos los médicos intervinientes coinciden en que se podían haber evitado las secuelas si el menor hubiese pasado directamente el 11 de marzo de 2009, del Centro médico de Maspalomas al Hospital, si bien para ello hubiese sido necesario que se diagnosticase el "escroto agudo", esto es, un cuadro clínico caracterizado por la aparición de dolor agudo acompañado de tumefacción y signos inflamatorios (calor, rubor) a nivel escrotal.

Al no constar resultado alguno respecto a la exploración genital caso de haberse realizado, no se pudo diagnosticar o descartar la existencia del mismo, y por ello, no se derivó a los especialistas en cirugía pediátrica. Es por ello que ha de indemnizarse en función del daño sufrido lo que prudencialmente fijamos, atendidas la edad del menor al momento, y el resultado producido, en la cantidad de 40.000 euros.

F) CONCLUSION: La Sentencia apelada si bien se refiere a pérdida de oportunidad en realidad declara la responsabilidad por infracción de la lex artis. Entendemos que la Sentencia apelada se refiere a la pérdida de oportunidad como un mínimo, pero en realidad, y por ello invoca las Sentencias del Tribunal Supremo que cita, lo que aprecia es una infracción de la lex artis. La pérdida de oportunidad, en síntesis, supone la responsabilidad de la administración en aquellos casos en que el tratamiento o la prueba omitida pudiera haber generado una expectativa de un resultado distinto al producido. En el caso que enjuiciamos más que un tratamiento, lo que se ha omitido es una prueba diagnóstica no solo posible sino necesaria para realizar un diagnóstico diferencial. El matiz singular y diferencial que permite declarar la responsabilidad por mala praxis y no por pérdida de oportunidad, es que estamos en la certeza de que la práctica de la citada prueba hubiese permitido la realización del diagnóstico correcto. Sin que los diagnósticos ofrecidos y en particular el de la infección del tracto urinario sin realizar la ecografía fuese correcto, era erróneo. Por tanto, no se pusieron a disposición del enfermo los medios existentes conforme al estado de la ciencia, lo que conlleva una infracción de la lex artis.

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martes, 27 de marzo de 2018

Cuando para la cuantificación de la indemnización adicional derivada de accidente de trabajo se utiliza el baremo de tráfico, no cabe deducir las mejoras voluntarias de las prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social



A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2018, nº 181/2018, rec. 4236/2015, establece que cuando para la cuantificación de la indemnización adicional derivada de accidente de trabajo se utiliza el baremo circulatorio, cabe descontar o no el importe de las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, el TS señala que las indemnizaciones de la Tabla I resarcen el daño moral esencialmente, y que de ellas no pueden deducirse las mejoras voluntarias de las prestaciones de muerte y supervivencia.

B) ANTECEDENTES DE HECHO: El Juzgado de lo Social nº 2 de El Ferrol, en sentencia de 4 de febrero de 2014, estimó parcialmente la pretensión actora, al considerar que el accidente laboral origen del litigio sobrevino como consecuencia del incumplimiento por el empresario de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, condenando a los codemandados, conjunta y solidariamente, a abonar a los demandantes la suma de 85.171,12 €, más el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda. La cantidad reconocida es fruto de las siguientes variables y operaciones: 

1ª) Como punto de partida se acepta la indemnización fijada en el baremo para el supuesto de víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes (Grupo IV), conforme a los valores aplicables en el año 2011, a tenor de los cuales a los progenitores les corresponden 99.775,86 €, y al hermano 18.141,08 €, lo que supone un montante global de 117.917,04 euros.

2ª) A dicha suma se le aplica un incremento del 20 % por la omisión absoluta por la empresa de las medidas de seguridad exigibles, con lo que se alcanza la cifra total de 141.500,29 euros.


3ª) De esta última cantidad se detrae el importe de la mejora voluntaria por muerte establecida en el convenio colectivo para la Industria Siderometalúrgica de A Coruña, cuantificada en 40.000 euros, sin perjuicio de la compensación que, en su caso, proceda efectuar en fase de ejecución, habida cuenta que la empresa únicamente ha satisfecho por ese concepto 8.100 euros.

4ª) Igualmente se deduce la cantidad de 16.287,08 euros, abonada por la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo en concepto de indemnización a tanto alzado.

5ª) Finalmente, se descuenta el auxilio de defunción liquidado por dicha entidad colaboradora de la Seguridad Social por importe de 42,09 euros.

6ª) El resultado de aplicar el citado incremento y detracciones arroja una indemnización global a favor de padres y hermano de 85.171,12 euros.

C) RECURSO DE SUPLICACIÓN: Disconformes los actores con la cuantía de la indemnización, se alzan en suplicación y mantienen la reclamación de 300.000 €, porque consideran de un lado que dado que la indemnización básica establecida en el baremo de tráfico resarce los daños corporales y morales, de la misma no procede deducir las prestaciones de Seguridad Social y las mejoras voluntarias que compensan el lucro cesante, y, de otro, que el órgano de instancia no ha reconocido cantidad alguna en concepto de lucro cesante, que procede fijar teniendo en cuenta las cantidades que hubiera percibido el causante hasta la fecha de su jubilación y descontando la indemnización a tanto alzado , el auxilio de defunción y la mejora voluntaria.

La sentencia de 19 de octubre de 2015 (rollo 3700/2014), dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, desestima el recurso planteado por los demandantes. Fundamenta el pronunciamiento en que la resolución de instancia ha establecido la cuantía de la indemnización dentro de los parámetros del baremo de tráfico, aplicado a título orientativo, que únicamente puede ser revisada cuando se observe una desproporción entre el daño y la indemnización, que en este caso no se aprecia dadas las circunstancias concurrentes y las cantidades que la Sección de la Sala viene otorgando en supuestos de análogas características.

D) Se presenta recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora analizamos, aportando como sentencia de contraste la de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2014 (rec. 1506/2013).

Como base de partida para llevar a cabo el preceptivo juicio de contradicción entre las resoluciones comparadas, conviene remarcar que en la sentencia de contraste únicamente se debatió el tema relacionado con el tipo de daños que compensan la indemnización básica por fallecimiento de la Tabla I del baremo, el factor corrector por perjuicio económico de la Tabla II, y las mejoras voluntarias de las prestaciones de Seguridad Social por muerte y supervivencia, sentando el criterio de que la primera resarce los daños morales y patrimoniales básicos y las restantes el lucro cesante, de lo que la resolución citada para el contraste a extrae una doble consecuencia aplicando criterios de homogeneidad: a) la imposibilidad de detraer el importe de la mejora de la indemnización básica de la Tabla I; b) la procedencia de descontar la mejora del factor corrector por perjuicios económicos.

No desconocemos que la sentencia de contraste cita y transcribe parcialmente anteriores resoluciones de esta Sala en las que se hace referencia a la improcedencia de detraer ciertas prestaciones de Seguridad Social de determinadas indemnizaciones calculadas conforme al baremo vial, pero tales remisiones carecen de influencia en el fallo, por lo que el intento de apoyar la contradicción al respecto únicamente en ese reenvío no pasa de constituir por parte de la recurrente la pretensión de llevar a cabo una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, que no basta para considerar acreditado el presupuesto de la contradicción.

A mayor abundamiento, en las sentencias reseñadas en la referencial no se hace mención a las indemnizaciones de la Tabla I ni a la prestación percibida por los padres del causante, regulada en el art. 177 LGSS vigente a la sazón, consistente en una indemnización a tanto alzado en cuantía equivalente a doce mensualidades de la base reguladora. Si los demandantes discrepaban de la solución dada por la sentencia impugnada en este punto debieron suscitarlo de manera específica y diferenciada en el presente recurso, aportando una sentencia de contraste que, en un supuesto sustancialmente igual, hubiera rechazado descontar la citada prestación de la indemnización básica de la Tabla I, lo que no han hecho, omisión que dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación unificadora, no puede ser salvada de oficio por este Tribunal acudiendo a otras sentencias en las que además no se analizan esa concreta indemnización y prestación, lo que determina la imposibilidad de abordar el análisis de fondo de ese tema, al igual que el de los referidos al descuento del auxilio de defunción y a la compensación del lucro cesante.

Delimitada así la cuestión a resolver en este recurso, respecto de ella no cabe duda que, como señala el Ministerio Fiscal, la sentencia impugnada entra en clara contradicción con la sentencia de contraste, pues en ambos casos se trata de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de sendos accidentes de trabajo con resultado de muerte, y para determinar su cuantía las dos sentencias aplican el baremo del automóvil con carácter orientativo, y mientras que la recurrida considera que de la indemnización calculada de acuerdo a la Tabla I se debe deducir la mejora voluntaria de las prestaciones por muerte y supervivencia percibida por los perjudicados a tenor de lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación, la referencial no admite el descuento.

E) Sobre la cuestión relativa a si cuando para el cuantificación de la indemnización adicional derivada de accidente de trabajo se utiliza el baremo circulatorio, de las indemnizaciones básicas por muerte previstas en la Tabla I cabe descontar o no el importe de las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en la sentencia invocada como término de comparación de 13 de marzo de 2014. En ella se concluye, con la precisión que en lo que respecta al concreto tipo de daños que se resarce a través de la Tabla I, introduce la sentencia de 20 de noviembre de 2014 (rec. 2059/2013) a la luz de la doctrina sentada por la sentencia, de Pleno, de 23 de junio de 2014 (rec. 1257/203), que las indemnizaciones de la Tabla I resarcen el daño moral esencialmente, y que de ellas no pueden deducirse las mejoras voluntarias de las prestaciones de muerte y supervivencia, por no guardar la necesaria homogeneidad conceptual, pues estas mejoras tienen como finalidad indemnizar a los familiares del causante por la pérdida definitiva de los ingresos que allegaba a la familia, esto es, compensar el llamado lucro cesante.

Cabe añadir que la sentencia referencial sigue el criterio general marcado por la Sala 4ª del TS en su sentencia, de Pleno, de 17 de julio de 2007 (rec. 4367/2005), recogido en pronunciamientos posteriores, en el sentido de que teniendo el daño distintos aspectos, a todos los cuales debe abarcar la indemnización en forma que se garantice al perjudicado la total indemnidad por el hecho lesivo, la compensación de las indemnizaciones resultantes de las distintas vías debe operar entre conceptos homogéneos para una justa y equitativa reparación del daño real, de forma que el descuento por lo ya percibido opere, solamente, sobre los conceptos a los que se imputaron los pagos previos.

Procede, por cuanto se deja razonado y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, declarar que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida en la sentencia referencial, y, por ende, estimar en parte el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por los actores, en los términos que se indican en la parte dispositiva, pues es claro que si las mejoras voluntarias de las prestaciones por muerte y supervivencia de la Seguridad Social resarcen el lucro cesante producido, no pueden ser compensadas con las indemnizaciones reconocidas con arreglo a la Tabla I del baremo circulatorio para compensar unos daños diferentes (los daños morales), como ha hecho la sentencia impugnada.

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sábado, 24 de febrero de 2018

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de enero de 2018, nº 3/2018, rec. 3994/2015, establece que la indemnización por exclusión de la bolsa de trabajo prescribe al año desde la decisión empresarial



A) Declara el TS que en el supuesto de la sentencia recurrida únicamente existe un solo proceso judicial en el que se plantea en primer lugar una acción meramente declarativa, dentro del año siguiente a la actuación empresarial en litigio, y posteriormente se ejercita una segunda acción de reclamación de indemnización de daños y perjuicios, cuando ya han transcurrido tres años desde que tiene lugar esa misma actuación empresarial que sirve de causa a esta segunda petición, por lo que sí cabe hablar de prescripción.

Es decir, que si un trabajador es excluido de una bolsa de trabajo y no ejercita la acción de reclamación de indemnización a la vez que la interposición de la acción declarativa que solicita la declaración de ilicitud, no puede ampliarse la demanda una vez trascurrido el plazo de un año desde la decisión empresarial, ya que la acción estaría prescrita.

B) ANTECEDENTES: Los elementos relevantes de la sentencia recurrida a estos efectos, son como siguen: 1º) el actor ha estado inscrito desde el año 2005 en las bolsas de empleo de Correos, y venía prestando servicios en calidad de personal eventual para Correos y Telégrafos S.A, en la localidad de Boiro; 2º) en fecha 13 de octubre de 2009 recibe comunicación escrita en la que se le informa que se ha producido el decaimiento de su derecho a seguir incluido en tales listas para el periodo 2009 a 2012, conforme a las bases de la convocatoria de 7 de febrero de 2008; 3º) el 18 de octubre de 2010 interpone demanda frente a esa decisión, en la que solicita " que se reconozca que el decaimiento sufrido por el actor en la Bolsa de Boiro de reparto motorizado (B150074) es total y absolutamente injustificado y se condene a la mercantil citada a reconocer al trabajador en la situación inmediatamente anterior al decaimiento de la misma y con todas las consecuencias legales inherentes a tal declaración "; 4º) admitida la demanda a trámite se fijó como fecha para la celebración el acto de juicio el día 30 de septiembre de 2013, que fue suspendido, presentando el actor escrito de ampliación de demanda el 4 de octubre de 2013 en el que reclama el pago de una indemnización de daños y perjuicios de 13.105,19 euros por los salarios dejados de percibir.

C) Estamos ante un único proceso judicial en el que se plantea en primer lugar una acción meramente declarativa, dentro del año siguiente a la actuación empresarial en litigio, y posteriormente se ejercita una segunda acción de reclamación de indemnización de daños y perjuicios, cuando ya han transcurrido tres años desde que tiene lugar esa misma actuación empresarial que sirve de causa a esta segunda petición.

La sentencia recurrida considera prescrita la acción de reclamación de tal indemnización, por cuanto en la demanda se ejercitó una pretensión eminentemente declarativa que no contenía petición indemnizatoria alguna, que por vez primera se ejercita el 4 de octubre de 2013, cuando ya ha transcurrido sobradamente el plazo de un año desde que se le notificó la exclusión de la bolsa de trabajo de aquella convocatoria el 13 de octubre de 2009.

Es por ello que se entiende prescrita la acción de reclamación de la indemnización en cuanto el trabajador ha dejado transcurrir en exceso el plazo de un año para reclamar el pago de la reparación económica derivada de la actuación en litigio, sin haber incluido esa acción en la demanda inicial origen de las actuaciones.

Otra cosa sería si, como en el caso de la sentencia de contraste con la que no se aprecia contradicción, existiesen dos procesos judiciales diferentes, uno, primeramente, ejercitando en plazo la acción declarativa para conseguir el reingreso en la bolsa de empleo, y una vez obtenida sentencia firme favorable, un segundo que suscitase en el año siguiente la solicitud del pago de la indemnización.

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miércoles, 21 de febrero de 2018

Baremo de indemnizaciones por accidentes de trafico en 2018



Por Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece, en su artículo 49.1, que las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, fijadas en ella, quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero de cada año, en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Debido a que la Ley de Presupuestos no ha sido aprobada antes del primer día del presente ejercicio económico, el Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018, establece, en su artículo único, una revalorización de las pensiones del 0,25 por ciento.

Tomando en consideración la disposición anterior y en aplicación del artículo 49.3 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda hacer públicas en su sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/, las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2018 revalorizadas en el 0,25 por ciento.

Por lo tanto, las indemnizaciones este año 2018 has subido un 0,25 % con respecto al año 2017, y un 0,50% con respecto al año 2016:
Las lesiones temporales quedan de la siguiente manera:



Año 2016
Año 2017
Año 2018
Día de perjuicio Básico

30 €
30,075 €
 30,15 €
Días de perjuicio particular:
Moderado
52 €
52,13 €
 52,26 €

Grave
75 €
75,18 €
75,37 €

Muy Grave
100 €
100,25
100,50 €

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martes, 6 de febrero de 2018

La administración responde de todo tipo de daño material y personal que sufran los funcionarios de prisiones en acto o con ocasión del servicio, cuando no exista dolo, negligencia o impericia del funcionario, si penalmente han sido declarados insolventes los culpables, en base al principio de indemnidad.



A) La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº UNO  de Madrid, de 22 de noviembre de 2017, nº 124/2017, rec. 75/2017,  declara el derecho a ser indemnizado por la administración un funcionario de prisiones, en base al principio de indemnidad,  tras ser agredido en acto de servicio, en base  al principio de reparación integral, por responsabilidad patrimonial de la administración, Ministerio del Interior, sin perjuicio, en su caso, del derecho de subrogación de la administración que procediera en caso de que el condenado viniera a mejor fortuna.

B) ANTECEDENTES DE HECHO: Que por sentencia nº 40/2016 de fecha 26-01-2016 dictada por el Juzgado de lo Penal nº uno de Palencia, en relación al procedimiento abreviado nº 299/2015 se declaró como hechos probados lo siguiente:

"Por conformidad se declara probado que sobre las 21,30 horas del día 20 de junio de 2014, el acusado Basilio, con ocasión de encontrarse como interno, en el Módulo x del Centro Penitenciario de la Moraleja, sito en la localidad de Dueñas, como quiera que al realizarse por funcionarios del Centro el preceptivo recuento y observar estos que el acusado había causado desperfectos intencionados en la ventana de la celda y esgrimía un trozo de cristal contra ellos, fue requerido por éstos para que depusiese su actitud violenta, refiriendo el acusado "ábreme que te voy a matar y voy a poner precio a tu cabeza, al primero que entre me lo llevo por delante, os vais a arrepentir, estáis creando un monstruo en la cárcel por no verme los médicos, los médicos son los culpables, allí tiene que morir alguien, que está hasta los cojones de hijos de puta".

Como quiera que no depusiese su actitud, los funcionarios proceden a la apertura de la celda a fin de reducirle, momento en que el acusado, lejos de facilitar su función, se opuso violentamente, golpeando a varios funcionarios.
En relación al funcionario demandante, sufrió traumatismo cráneo encefálico con herida inciso contuso de unos dos centímetros en región frontal izquierda y herida inciso contusa infractuosa de unos 3 centímetros en región frontoparietal izquierda, heridas de las que curó a los 45 días con impedimento, restándole como secuelas dos cicatrices residuales, una de 2 centímetros en región frontal izquierda y otra de 3 centímetros en región frontoparietal izquierda (valoradas en 3 puntos)...".

Que en el fallo de la mencionada sentencia penal se condena a Basilio, entre otras penas, a que indemnice al funcionario de prisiones demandante en la cantidad de 2.700 euros por lesiones y en la cantidad de 2.550 euros por secuelas, es decir un total de 5.250,00 euros.

Que tras el pago de únicamente 30 euros por parte del condenado,  el funcionario lesionado no ha recibido nada más del condenado, siendo dicho interno, declarado insolvente por Auto de 18 de agosto de 2016 por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Palencia, que inicialmente no se le notificó a al condenado.

El funcionario de prisiones, reclama la cantidad de 5.220 euros por las lesiones y secuelas sufridas a la Administración demandada.

La administración demandada se opone a la pretensión, ratificando la resolución y oponiendo prescripción por el transcurso del plazo de un año desde el efecto lesivo, sin que el procedimiento penal la interrumpa y sobre el fondo pide la desestimación alegando que la sentencia establece la responsabilidad de una persona, no del Estado.

C) INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN: Se opone que la reclamación estaría incursa en extemporaneidad al promoverse el 4-10-16, más de dos años después de producirse la agresión el 20-6-14, y que según el informe forense la sanidad se produjo el 4-8-14, y el 14 de octubre las secuelas estaban consolidadas, por lo que iniciado el cómputo en tal fecha habría concluido el 14-10-15.

El motivo no puede acogerse pues la prescripción en supuestos como el presente se interrumpe por la iniciación de un proceso penal que verse sobre la posible comisión de hechos delictivos a los que pueda estar ligada la apreciación de responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, afirmando la STS de 1 de Junio de 2011 (rec. 554/2007): "Como expresa la sentencia de esta Sala, Sección Sexta, de 21 de marzo de 2000, recurso de casación 427/1996 y otras posteriores en idéntico sentido que la siguiente: " Esta Sala tiene, en efecto, declarado (sentencia de 4 de julio de 1990, entre otras muchas) que el principio de la "actio nata" impide que pueda iniciarse el cómputo del plazo de prescripción mientras no se tiene cabal conocimiento del daño y, en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo conocimiento es necesario para el ejercicio de la acción. La interrupción del plazo de prescripción de un año hoy establecido por el art. 142.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (RCL 1958, 1258, 1469, 1504 y RCL 1959, 585) se produce no sólo por la iniciación de un proceso penal que verse sobre la posible comisión de hechos delictivos a los que pueda estar ligada la apreciación de responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, sino incluso por la pendencia de una acción civil encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, salvo que sea manifiestamente inadecuada ( sentencia de 26 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4975), que invoca la doctrina de la sentencia de 4 de julio de 1980.

De esta jurisprudencia se deduce que la prescripción se interrumpe en virtud de cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello".

La citada jurisprudencia es perfectamente aplicable al presente supuesto, por cuanto fue la sentencia de 26-1-16 la que estableció las responsabilidad penales y civiles derivados del hecho delictivo e incluso no fue hasta el 18-8-16 en que se dictó el auto de insolvencia, por lo que es evidente que hasta el dictado de tales resoluciones no era posible plantear la presente acción indemnizatoria, que se basa tanto en la declaración judicial de las responsabilidades como en la falta de pago al recurrente de la indemnización reconocida, por lo que la reclamación fue presentada dentro del plazo de un año.

D) NATURALEZA DE LA ACION EJERCITADA: Sobre la naturaleza de la acción ejercitada, en un caso similar si bien referida a un funcionario de policía, la STSJ de Extremadura de 16 septiembre de 2014, rec. 483/2013 tiene declarado:

La controversia jurídica planteada no puede resolverse mediante los preceptos que disciplinan el instituto de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y ello por cuanto, en la línea ya marcada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de junio de 1999, "la responsabilidad extracontractual supone la existencia de una determinada actividad administrativa que incidentalmente, y al margen de cualquier relación jurídica previamente constituida, provoca unos daños a determinada persona que ésta no tiene la obligación jurídica de soportar". Y es que no podemos afirmar que exista ausencia de relación jurídica previamente constituida en la conducta de los funcionarios públicos, que se encuentran ligados a la Administración por una relación de servicios, calificada de estatutaria, esto es, definida legal y reglamentariamente, por lo que la reparación de los daños y perjuicios que surjan en el marco de esa relación de servicios debe producirse primariamente por aplicación del ordenamiento que regula o disciplina esa relación. En consecuencia, sólo podrán ser reparados los daños sufridos por los funcionarios públicos con fundamento en el instituto de la responsabilidad patrimonial cuando no exista una regulación específica, o cuando, existiendo ésta, su aplicación no repare íntegramente los daños causados. Hemos de partir, pues, del indiscutible principio de que las indemnizaciones en el seno de las relaciones específicas -como es la funcionarial- se definen y sustancian dentro de esta relación, y con el régimen propio del contenido de ésta. Así lo ha considerado el Consejo de Estado, que en Dictamen 522/91 emitido en un expediente instruido a instancias de un Policía Local que solicitaba la indemnización de lesiones sufridas en acto de servicio por un atracador a quien intentó detener, afirmó que: "no concurre en el supuesto considerado una imputación, por titulo alguno, a la Administración, pues el daño -consecuencia de una actividad punible- no es trasladable por tal título a la esfera pública. No cabe inferir una imputación genérica a la propia organización administrativa ni es perceptible una situación de anormalidad en el funcionamiento del servicio público o situación de riesgo creada por la Administración, presupuesto primario e ineludible para que opere el instituto de la responsabilidad objetiva, según las previsiones legales, esta es, en el plano constitucional, del art. 106.2 de la CE, y en el de la Ley, del art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado " (hoy, como sabemos, arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992). Y es que consideramos que sin duda la cuestión debe ser resuelta, atendiendo al principio de indemnidad que rige para los funcionarios públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos, y a la consiguiente reparación o restitución "ad integrum" que se deriva de dicho principio. Así lo ha venido señalando con reiteración el propio Consejo de Estado (vid. Dictamen 522/91), que ha puntualizado que quien sufre por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño, sin mediar dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido "por causa que se localiza en la propia concepción y efectos de lo que es el ejercicio de una función pública". Este principio, el de indemnidad, tiene su fundamento en el ámbito que examinamos en los artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa (aprobado por Decreto 2038/1975, de 17 de julio). Pero igualmente debemos considerar que el Consejo de Estado ha considerado como fundamento del principio de indemnidad (v.gr. dictamen número 195/93) el art. 23.4 de la Ley 30/84, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con arreglo al cual "los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio". Precepto que sin duda contiene un principio directamente aplicable sin necesidad de intermediación reglamentaria, que prescribe que el desempeño de sus funciones no puede derivar para el empleado público ningún perjuicio patrimonial, y que hoy se recoge en el artículo 28 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Llegados a este punto, y como ya hemos adelantado en las líneas precedentes, veamos qué es lo que disponen los arts. 179 y 180 del R.O.P.G. Según el primero de ellos, "cuando un funcionario hubiera sufrido daños materiales en acto u ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia, podrá el Director General de Seguridad ordenar la incoación de un expediente de resarcimiento de aquéllos en favor del damnificado, donde se acreditarán sus causas, calidad e importe, y se resolverá sobre la procedencia o no de la indemnización correspondiente". Y según el artículo 180 "cuando en iguales circunstancias resultase lesionado algún funcionario el Director General podrá disponer la instrucción de un expediente para acreditar los hechos originarios, las lesiones sufridas, la capacidad o incapacidad derivada y el importe de los gastos de curación a los efectos del artículo 165 y los demás que procedan". A la vista del tenor literal de ambos preceptos, es llano que el art. 179 se refiere a la reparación de los daños materiales y el art. 180 a la de los daños personales que sufre algún funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en acto o con ocasión de servicio, sin mediar dolo, negligencia o impericia.

El Consejo de Estado, en su dictamen 185/88, ha llegado a afirmar 1 en relación con estos preceptos, que "el Reglamento prevé un régimen indemnizatorio especial para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de cuyo sistema se deduce que lo preside un claro principio de universalidad en la descripción del daño resarcible, siempre que éste haya tenido lugar en acto u ocasión del servicio, así como un principio de indemnidad respecto al alcance de la indemnización que otorga". Y tanto es asi que ni uno ni otro de los preceptos citados limitan su eficacia al daño producido por la propia Administración, sino que también cubre -en una correcta hermenéutica de tales normas- los perjuicios derivados de hecho o acto ajeno, incluido el del propio funcionario si éste no incurrió en dolo, negligencia o impericia por su parte.

E) En esta tesitura, nos encontramos en condiciones de afirmar que los daños cuya reparación prevé el art. 180 del R.O.P.G. son todos los que sufra en su persona el funcionario, lo que incluye, lógicamente, no sólo los gastos de curación, sino también todo daño inherente a sus lesiones y secuelas, incluyendo, como no podía ser de otro modo, los daños morales. No basta, pues, entendemos, que al demandante se le abonaran las retribuciones íntegras correspondientes al desempeño de su puesto de trabajo durante el tiempo en el que las lesiones tardaron en curar, ni que sus gastos de curación fueran sufragados por las correspondientes entidades médicas. Y ello porque si asi fuera no se cumpliría el principio de la reparación integral del daño, que debe imperar en el ámbito de la responsabilidad civil. Dicha responsabilidad, según el art. 110 del Código Penal, comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. Pues bien, de acuerdo con dicho precepto, se cuantificó como importe que debía satisfacer el condenado la suma de 462,62 euros por los días de curación, tratándose de hechos probados recogidos en la sentencia penal que tienen eficacia probatoria en el presente proceso. Dicha cuantía trataba de restablecer al funcionario de manera equitativa de los perjuicios que había sufrido, perjuicios que ya hemos concretado anteriormente y que no son difíciles de imaginar en el supuesto de sufrir una agresión. Así pues, lo que no puede obviarse en el presente supuesto es que al hoy recurrente le unía una relación de servicios con la Administración demandada, y en el desempeño de la misma se causó unas lesiones y unos daños materiales que no tiene el deber jurídico de soportar. No se trata, por consiguiente, de una suerte de responsabilidad subsidiaria del Estado que no ha participado en el procedimiento penal correspondiente. De lo que se trata, por el contrario, es de que el mismo garantice, de acuerdo con los preceptos que resultan de aplicación (arts. 179 y 180 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa), todo tipo de daño material y personal que sufran los policías en acto o con ocasión del servicio, cuando no exista dolo, negligencia o impericia del funcionario. Y dicha garantía sólo se puede cumplir si se respeta el principio de indemnidad antes aludido, lo que implica que en el presente caso el Estado asuma el pago del importe de la indemnización que se estableció a favor de su funcionario por un hecho cometido por un tercero que ha resultado insolvente. No olvidemos que por imperativo legal le corresponde al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos, y que esta protección sólo será correctamente dispensada si la Administración demandada asume la carga de indemnizar al recurrente por las lesiones y secuelas sufridas. Procede en consecuencia la estimación de la demanda en cuanto a la petición principal contenida en el suplico y relativa a que se reconozca el derecho del demandante al abono por parte de la Administración de la indemnización de 420 euros a la que fue condenada la persona que le causó las lesiones cuando prestaba servicio y que fue declarada insolvente. En idéntico sentido, nos hemos pronunciado en la sentencia de fecha 19-4-2007, recurso contencioso- administrativo número 893/2005 y 466/2014 de 20 mayo (rec. 132/2012). La cantidad de 462,62 euros devengará el interés legal del dinero desde la fecha de reclamación en via administrativa de acuerdo con el art. 1100 del C. Civil de aplicación subsidiaria en este orden judicial."

Expresa la resolución recurrida que la sentencia que enjuicio los hechos condenó al autor de los mismos y acordó su responsabilidad civil, por lo que entiende que la Administración ha quedado exonerada, siendo las consecuencias solo imputables a un tercero, no vulnerándose el principio de indemnidad ya que las consecuencias no van más allá de lo que debe soportar un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

Ciertamente la STS de veintinueve de octubre de dos mil diez, dictada en el recurso de casación núm. 4330/2006, expresó que "la jurisprudencia constante de esta Sala, a partir de nuestra sentencia de 1 de febrero de 2003 (Rec. 7061/2001), que declara que en los supuestos de funcionamiento normal, el servidor público ha asumido voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber jurídico de soportar, por lo que el daño no sería antijurídico y la Administración no vendría obligada a indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino con las prestaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicables a su relación estatutaria".

Ahora bien el supuesto presente no se puede incluir en el de funcionamiento normal de la administración, sino que obedece a un hecho de naturaleza extraordinaria ocasionado por persona ingresada en el centro penitenciario y que por tanto estaba bajo la custodia de la Administración, y en tales supuestos lo que se ha de conseguir es la indemnización total de los efectos o consecuencias que derivaron de la agresión sufrida por el recurrente, que no tiene obligación de soportar, por cuanto la agresión se produjo en acto de servicio, es decir en el ejercicio de sus funciones profesionales y por tanto en beneficio del interés general.

La STS de 7 de noviembre de 2011, rec. 2675/2010, declara doctrina reiterada del tribunal la que indica que la reparación del daño es compatible con la pensión extraordinaria que por la condición de afectado pueda corresponder a la víctima, ya que la indemnización persigue la total indemnidad de los perjuicios sufridos y no solo los patrimoniales, sino también los morales...".

En consecuencia la reclamación debe acogerse pues no puede el recurrente quedar sin amparo por el hecho de que el condenado ha ya sido declarado insolvente pues el reclamante no debe soportar las consecuencias de su correcta y obligada actuación, debiéndose garantizar el principio de indemnidad por la Administración, sin perjuicio, en su caso, del derecho de subrogación que procediera en caso de que el condenado viniera a mejor fortuna.

F) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 11 de mayo de 2017, nº 205/2017, rec. 520/2016, declara que la administración responde de todo tipo de daño material y personal que sufran los policías nacionales en acto o con ocasión del servicio, cuando no exista dolo, negligencia o impericia del funcionario, al haber sido declarados insolventes los culpables, en base al principio de indemnidad.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de fecha 30 de noviembre de 2015, nº 858/2015, rec. 288/2015, declara que las lesiones sufridas por un policía como consecuencia del acto de servicio, sin mediar dolo ni negligencia o impericia por parte del policía, deben ser indemnizadas por la Administración al haber sido declarados insolventes los culpables, en base al principio de indemnidad.

Igualmente, como resolvió la sentencia del TSJ de Extremadura Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 10 de marzo de 2015, nº 208/2015, rec. 246/2014, la Administración está obligada a pagar al recurrente una indemnización por las lesiones producidas en acto de servicio. El policía nacional recurrente obtuvo a su favor en sentencia penal, el derecho a recibir una indemnización del condenado por delito de atentado y lesiones, no obstante ante la insolvencia del delincuente, la Administración debe responder de la indemnización, en virtud del principio de indemnidad aplicable a los funcionarios públicos en base al art 28 Ley 7/2007 y 180 del Reglamento de la Policía Gubernamental, que prevé el abono de las indemnizaciones "que procedan".

G) CONCLUSION: La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 11 de mayo de 2017, nº 205/2017, rec. 520/2016, declara que:

Procede en consecuencia la estimación de la demanda en cuanto a la petición principal contenida en el suplico y relativa a que se reconozca el derecho del demandante la abono por parte de la Administración de la indemnización de 620 euros reclamada a la vista de los días de sanidad, como precisó la Sentencia dictada y en la que fue condenada la persona que le causó las lesiones cuando prestaba servicio y que fue declarada insolvente. En idéntico sentido, nos hemos pronunciado en la sentencia de fecha 19-4-2007, recurso contencioso-administrativo número 893/2005, y en sentencia de fecha 22 de noviembre de 2.011 en recurso nº 219/2010. El principal se verá incrementado con el interés legal devengado desde la fecha de la reclamación en vía administrativa del funcionario hasta su efectivo abono.

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