A) La sentencia de la Sala de
lo Civil del Tribunal Supremo, de 12 de mayo de 2016, nº 311/2016, rec. 85/2014, declara que, en un contrato de cuenta corriente
entre un particular y una entidad bancaria, la comprobación de la veracidad de
la firma constituye un presupuesto de la diligencia profesional, exigible a la
entidad bancaria, con relación a sus obligaciones de gestión y custodia de los
fondos depositados por el titular de la cuenta, cuyo incumplimiento da lugar a
la indemnización de daños y perjuicios.
B) ANTECEDENTES DE HECHO: El presente caso plantea, como cuestión de fondo,
el incumplimiento contractual, por parte de la entidad bancaria, del contenido
obligacional de un contrato de cuenta corriente bancaria, particularmente de
sus obligaciones de gestión y custodia en el cumplimiento de las órdenes de
pago efectuadas por el titular de la cuenta.
1º) En síntesis, el
procedimiento trae causa de la acción promovida por un particular contra la
entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., en reclamación de cantidad por importe de
117.249,25 euros, que la demandada detrae de la cuenta corriente de su cliente
tras recibir un fax ordenando una transferencia por parte de alguien que habría
falsificado o imitado su firma, sin realizar las correspondientes
comprobaciones, y sin que el contenido del contrato de cuenta corriente
suscrito entre los litigantes contemplase la posibilidad de realizar
transferencias o disposiciones mediante órdenes recibida por ese medio.
Del contenido del contrato de cuenta corriente suscrito por las partes,
con fecha 2 de abril de 2004, predispuesto por la entidad bancaria y
comercializado bajo la fórmula «contrato de apertura de cuenta, Libretón BBVA
consumidor», debe destacarse el principio de la cláusula segunda y el apartado
primero de la cláusula tercera, redactados con el siguiente tenor:
« (...) Segunda: (utilización de la cuenta).
La cuenta sólo será disponible a través de los medios que las partes
convengan.
»(...) Tercera: (Cumplimentación de órdenes).
Las partes pactan que las órdenes y/o comunicaciones emitidas a
distancia por el/los titulares o, en su caso, remitidas por el Banco a
aquél/aquéllos, por medios tales como telegrama, teléfono, telefax, redes
generales o particulares de comunicación y cualesquiera otros medios
telemáticos, serán cumplimentadas únicamente cuando vengan acompañadas de las
claves, requisitos técnicos o indicaciones previamente establecidas. Asimismo,
el Banco queda autorizado a grabar las conversaciones telefónicas que mantenga
con el/los Titular/es».
2º) Relación de hechos
relevantes acreditados en la instancia. El 26 de diciembre de 2005, la sucursal del BBVA
sita en Gran Vía, 61, de Madrid, recibió un fax aparentemente suscrito por el cliente,
ordenando una transferencia a favor de la sociedad Servicios Inmobiliarios
Rocha Soto, S.L, por el importe objeto de reclamación en esta litis, que
efectivamente se realizó, detrayendo la cantidad de la cuenta corriente del
actor.
Dicho fax, sin membrete alguno, no aporta datos de identificación del
ordenante (número de pasaporte o de documento nacional de identidad),
conteniendo irregularidades o inexactitudes en el nombre del beneficiario y de
su número de cuenta; que fueron corregidos por la propia entidad al ser, a su vez,
un cliente suyo.
El titular de la cuenta, antes del referido fax, no había ordenado
disposición u orden de pago alguna, tampoco recibió ninguna llamada de
comprobación de la operación presuntamente solicitada.
El director de la sucursal, en las diligencias previas del procedimiento
abreviado, seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 9 de Madrid, declaró:
«la realización de órdenes de transferencia mediante fax, no estaba prevista
contractualmente, pero es una práctica no infrecuente en caso de clientes que
viven en el extranjero». La empleada de la entidad, que compareció como testigo
en el acto del juicio declaró: «que las transferencias por importes superiores
a 100.000 euros, las hacía el interventor, que cree que pueden ser de ella los
números de cuenta que aparecen puestos a mano en el fax, que se los daría el
interventor, manifestando que siempre se comprueba la firma, alegando no
acordándose de los demás hechos».
3º) La sentencia de primera
instancia estimó la demanda. Entre otros extremos, fundamento de derecho sexto,
declaró: «(...) La realización de la transferencia sin
examinar adecuadamente la veracidad de la orden constituye un supuesto de
negligencia, ya que la entidad bancaria debe desplegar toda la diligencia
exigible al buen comerciante en el sector del tráfico, y máxime cuando la orden
de transferencia por fax no estaba recogida en el contrato de cuenta corriente,
siendo además la cuantía de la transferencia de un importe elevado, habiéndose
negado por otro lado, la parte demandada en la Audiencia Previa a la práctica
de la prueba pericial caligráfica solicitada por la parte actora. En
consecuencia, y de conformidad con el contenido del artículo 217 de la LEC,
procede estimar íntegramente la presente demanda».
No obstante, debe precisarse que, en la audiencia previa, el juzgado no
admitió la prueba pericial caligráfica solicitada por la actora por
extemporánea y por entender, además, que era de imposible realización al recaer
en un documento consistente en un fax recibido por la demandada y respecto del
que la actora poseía tan sólo una copia. Contra dicha inadmisión, el demandante
interpuso recurso de reposición que no llegó a resolverse, porque las partes
coincidieron en la inviabilidad fáctica de la prueba.
4º) Interpuesto recurso de
apelación por la demandada, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección 22ª, de
4 de noviembre de 2013, nº 857/2013, rec. 1444/2012, con estimación del mismo, revocó la sentencia de primera instancia. Entre otros extremos, en el fundamento de derecho
cuarto, declaró: «(...)Pues bien, si la literalidad de las cláusula segunda y
tercera del contrato de cuenta corriente no impiden la posibilidad de ordenar
transferencias mediante fax, - al contrario, la transferencia ordenada por fax
era un medio expresamente previsto por las partes que no consta que estuviera
especialmente sujeto a clave o consigna alguna concretamente pactada-; si la
transferencia ordenada contenía los datos del ordenante y había sido precedida
de una llamada telefónica; si según resultó de la testifical practicada
(empleados del Banco), aun no siendo la transferencia ordenada por fax un medio
habitual, tampoco era extraño en clientes que residen en el extranjero; si la
cuenta corriente a la que iba destinada estaba abierta en la misma entidad
bancaria y era cliente conocido y solvente y si, además, la orden venía
suscrita por firma cuya apariencia coincidía, tras su comprobación, con la que
constaba en la correlativa ficha, lógico es concluir con que la única
posibilidad de acreditar, como se alegaba en la demanda, que tal firma no había
sido puesta por el titular de la cuenta y que, por tanto, la demandada había
incumplido el contrato y con ello la obligación esencial del Banco de conservar
y devolver los fondos depositados, era haber practicado una prueba pericial que
así lo acreditara. Faltando ésta por culpa de quién, conforme al art. 217.2 de
la LEC, en relación con el arte 326 del mismo texto legal, tenía tal carga, la
demanda debió ser desestimada, sin, como dice el recurrente, hacer recaer en la
demandada una inversión de la carga de la prueba que no se justifica, ni, mucho
menos, hacerle asumir las consecuencias de un supuesto incumplimiento del
contrato que tampoco se ha acreditado».
C) CONTRATO DE CUENTA
CORRIENTE: De acuerdo con lo alegado en el recurso de
casación, procede entrar a examinar si la interpretación realizada del contrato
de cuenta corriente es correcta con relación a las dos cuestiones objeto de
controversia; es decir, para valorar los posibles condicionantes requeridos
contractualmente para llevar a cabo la referida orden de transferencia, así
como para el examen de la diligencia exigible en el cumplimiento de la
obligación de custodia por parte de la entidad bancaria, en relación a la
verificación de la realidad de la firma
del ordenante.
1º) REQUISITOS CONTRACTUALES
DE LA ORDEN DE TRANSFERENCIA: En relación a la primera cuestión, con carácter
general, esta Sala de lo Civil del TS, con relación a las directrices y
criterios que rigen la interpretación de los contratos, en su STS de 29 de enero de 2015 (núm. 27/2015)
declaró lo siguiente:
1º.a) En primer lugar, debe destacarse que en el
proceso interpretativo de los contratos la averiguación o búsqueda de la
voluntad real o efectivamente querida por las partes se erige como principio
rector de la labor interpretativa, de forma que las demás reglas confluyen
a su alrededor bien complementándola, bien supliéndola, pero nunca limitándola
o alterándola.
La aplicación de este principio rector comporta una delimitación del
proceso interpretativo que también interesa puntualizar. En efecto, en primer
término, debe señalarse que la búsqueda o averiguación de la intención común de
las partes se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato
celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de
cláusulas; de modo que el análisis o la interpretación sistemática constituye
un presupuesto lógico-jurídico de todo proceso interpretativo (también
denominada canon hermenéutico de la totalidad, artículo 1286 del Código Civil).
1º.b) En segundo término, y en estrecha relación con la
anterior, debe señalarse el carácter instrumental que presenta la
interpretación literal del contrato que se infiere del criterio gramatical del
mismo ( párrafo primero del
artículo 1281 del Código Civil); de forma que no puede ser valorada como un fin
en sí misma considerada, o como un dogma del proceso interpretativo, pues la
atribución del sentido objeto de la interpretación, y de ahí la unidad lógica
del artículo citado, conforme a su segundo párrafo, sigue estando en la
voluntad realmente querida por partes contratantes.
Esta consideración, ha sido especialmente destacada por la doctrina
jurisprudencial de la Sala de lo Civil del TS, entre otras, STS de 18 de junio
de 2012 (número 294/2012), precisándose el hecho del necesario proceso interpretativo,
aunque los términos resulten claros, pues dicha claridad no determina, por ella
sola, que dichos términos resulten literalmente unívocos en el contexto
interpretativo del contrato celebrado. En este sentido, profundiza la citada
sentencia declarando, entre otros extremos, que: «...el sentido literal, como criterio
hermenéutico destaca por ser el presupuesto inicial del fenómeno
interpretativo, esto es, el punto de partida desde el que se atribuye sentido a
las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los
contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocia/ proyectado en el
contrato. Desde esta perspectiva general, su aplicación o contraste puede
llevar a dos alternativas. En la primera, cuando los términos son claros y no
dejan duda alguna sobre la intención querida por los contratantes, la
interpretación literal es el punto de partida y también el punto de llegada del
fenómeno interpretativo; de forma que se impide, so pretexto de la labor
interpretativa, que se pues la modificar una declaración que realmente resulta
clara y precisa. En la segunda, la interpretación literal colabora
decisivamente en orden a establecer la cuestión interpretativa, esto es, que el
contrato por su falta de claridad, contradicciones, vacíos, o la propia
conducta de los contratantes, contenga disposiciones interpretables, de suerte
que el fenómeno interpretativo deba seguir su curso, valiéndose para ello de
los diferentes medios interpretativos a su alcance, para poder dotarlo de un
sentido acorde con la intención realmente querida por las partes y de
conformidad con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual».
1º.c) En este contexto, y, en tercer término, debe
señalarse que esta valoración subjetiva del contrato celebrado es la que se
sigue con la denominada interpretación integradora del mismo (artículos 1282 y
1283 del Código Civil).
En el presente caso, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta,
esta Sala no puede compartir la interpretación del contrato de cuenta bancaria
que realiza la sentencia recurrida.
Atendidas tanto la necesaria interpretación sistemática de las cláusulas
segunda y tercera en el conjunto del contrato celebrado, como la interpretación
literal que se infiere del criterio gramatical de las mismas, la interpretación
de la declaración de voluntad predispuesta por la propia entidad bancaria
resulta clara y precisa en la cuestión planteada. En efecto, en este sentido
si bien ambas cláusulas no prohíben que entre los medios de pago pueda
incluirse la orden de transferencia enviada por fax, pese a que no resulte un
medio habitual en la práctica bancaria; no obstante, dicha posibilidad queda condicionada a la concurrencia de dos
presupuestos, a saber, al previo convenio de las partes acerca de los medios de
pagos admitidos para realizar la disposición dineraria (cláusula segunda) y, a
su vez, al previo establecimiento por las partes de las claves y requisitos de
seguridad que deben acompañar dichas órdenes de disposición (cláusula tercera).
Ninguno de estos dos presupuestos o condiciones fue cumplido por la entidad
bancaria que, sin embargo, efectuó la transferencia ordenada por este medio.
Con este proceder, la entidad bancaria incumplió el contenido contractual que
ella misma había predispuesto respecto cumplimiento de las órdenes de pago del
titular de la cuenta bancaria.
2º) DILIGENCIA EXIGIBLE EN LA
CUSTODIA DE LOS FONDOS POR LA ENTIDAD BANCARIA: En relación a la segunda cuestión objeto de examen
también, con carácter general debe señalarse que, conforme a la naturaleza y
función del contrato de cuenta corriente bancaria, el cercioramiento o comprobación de la veracidad de la firma del
ordenante constituye un presupuesto de la diligencia profesional exigible a la
entidad bancaria con relación a sus obligaciones esenciales de gestión y
custodia de los fondos depositados por el titular de la cuenta, cuyo
incumplimiento da lugar a la indemnización de daños y perjuicios, conforme a lo
dispuesto en los artículos 1101 y 1106 del Código Civil.
En el presente caso, la
necesidad de comprobación de la veracidad de la firma del ordenante resulta más evidenciada, si cabe, no sólo por lo
dispuesto en el artículo 255 del Código de Comercio, que impone al comisionista
el deber de consultar al comitente «en lo no previsto y prescrito
expresamente», caso de este medio de pago que no fue previamente acordado por
las partes, sino también por las circunstancias que concurren. En efecto, debe resaltarse que el titular
de la cuenta, con anterioridad a la citada orden de transferencia, sólo
efectuaba ingresos en la cuenta, sin haber retirado fondo alguno. Asimismo,
la orden de transferencia se realizó por un medio no habitual (fax) y
presentaba claras irregularidades en el nombre del beneficiario y en su número
de cuenta, sin aportar los datos de identificación del ordenante (número de
pasaporte o número de documento nacional de identidad). Todas estas
circunstancias, junto con la cuantía de la transferencia ordenada, por importe
de 116.898 euros, nos lleva a ponderar que la entidad bancaria, de acuerdo al
criterio de diligencia profesional que resulta exigible en estos casos, no
cumplió con su obligación de cerciorarse o comprobar la veracidad de la firma,
pues a tal efecto no realizó ninguna comprobación directa con el titular de la
cuenta.
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