A) La sentencia de Audiencia Nacional Sala de
lo Contencioso-Administrativo, sec. 5ª, de 27 de marzo de -2019, rec. 828/2017, reconoce
una indemnización de 10.000 euros a una manifestante por las lesiones causadas
en una carga policial.
La AN declara que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas. Cuando la conducta policial resulta desproporcionada a la protesta de un grupo de manifestantes, concurre el requisito da la antijuridicidad a efectos de declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración.
La AN declara que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas. Cuando la conducta policial resulta desproporcionada a la protesta de un grupo de manifestantes, concurre el requisito da la antijuridicidad a efectos de declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración.
La
demandante resultó herida en 2014 durante la intervención policial para
disolver una concentración de protesta contra la política económica del
gobierno a las puertas de un restaurante de Valladolid en el que comían varios
de sus dirigentes. Para la AN fue desproporcionada la respuesta policial a una
protesta de un grupo de manifestantes y desproporcionada la fuerza empleada
contra una de sus participantes, a la que se causaron lesiones en su mano
izquierda y en la boca.
B) Los
requisitos legales exigidos para que surja la responsabilidad patrimonial por
el funcionamiento de los servicios públicos, no difieren de los que se han
venido configurando por la jurisprudencia como presupuestos de la misma: 1. La
efectiva realidad de un daño cierto, evaluable económicamente e individualizado
en relación a una persona o grupo de personas. 2. relación de causalidad
directa e inmediata y exclusiva, sin intervención de elementos extraños que
pudieran influir, alterando, el nexo causal, entre el daño o lesión patrimonial
y el funcionamiento - normal o anormal- de los servicios públicos, 3. que no
concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad. 4.
antijuricidad o que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el
daño.
La
resolución recurrida considera acreditada por la recurrente la realidad y
certeza del hecho causante del daño, el funcionamiento del servicio policial, y
la lesión o daño producido. Lo que niega la Administración es la
antijuridicidad que, como requisito del daño indemnizable, no viene referida al
aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración, sino al
objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de que el interesado
tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que, en tal caso, desaparecería la
antijuridicidad de la lesión al existir causas de justificación en el productor
del daño.
C) En
los casos de actuación de las fuerzas de seguridad, deben tomarse en
consideración los principios de "proporcionalidad de la intervención,
racionalidad de la actuación y justificación de los medios concretamente
empleados para llevarla a cabo", sobre los que la jurisprudencia viene
llamando constantemente la atención en relación con la actuación de aquéllas,
especialmente cuando se producen o son previsibles enfrentamientos con
personas, con el consiguiente riesgo para la vida e integridad física, teniendo
su fundamento en el respeto a los derechos fundamentales de la persona (STS,
Sección Sexta, de 9 de junio de 1998, (casación 1397/1994 ), que cita la de 2
de marzo de 1995 ).
En este
sentido, la Ley Orgánica 2/1986, de 14 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, proclama en su artículo quinto, 2 ., como principio básico de actuación
de sus miembros en las relaciones con la comunidad, entre otros y
singularmente, el de que: "c) En el ejercicio de sus funciones
deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa
evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de
los medios a su alcance", añadiéndose que "d) Solamente deberán
utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente
grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad
ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado
anterior".
Estos
principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
completan con los principios rectores de la acción de los poderes públicos en
relación con la seguridad ciudadana, regulados en la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. En el artículo 23 se
disponen las medidas de intervención para el mantenimiento o el
restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones, que
"serán graduales y proporcionadas a las circunstancias", constituyendo
la disolución el último recurso.
D) Los
criterios que se acaban de exponer sirven de base para determinar la existencia
de responsabilidad patrimonial de la Administración, siendo esencial a este
respecto precisar los títulos de imputación, es decir, la actuación o las
actuaciones generadoras del daño cuyo resarcimiento se pretende.
En la demanda, el
título de imputación es la desproporción de la intervención policial para
disolver la concentración, que la recurrente califica de "festiva", a
la puerta de un restaurante en cuyo interior se encontraban políticos del
partido por el que el grupo al que la recurrente se había unido protestaba,
actuación de las fuerzas de seguridad que le causó las lesiones por las que
reclama.
Para determinar si se
cumplieron en este caso los principios básicos de actuación, o, si por el
contrario, se excedieron y conculcaron, careciendo la intervención en
consecuencia de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización
de los medios a su alcance, dado que la reclamación se anuda procesalmente con
las actuaciones penales seguidas a consecuencia de la denuncia de la propia
recurrente, es importante tener en cuenta todas las pruebas que constan en las
actuaciones, tanto en el expediente, como las aportadas por la demandante.
Con referencia a lo
anterior, la resolución recurrida, como pone de manifiesto el Consejo de
Estado, se apoya en lo resuelto por el Juzgado de Instrucción de Valladolid, y
por la Audiencia Provincial sobre estos hechos y en el informe de la Jefatura
Superior de Policía de Castilla y León, VII Unidad de Intervención Policial
(Valladolid).
La recurrente, entre
otros, presentó denuncia el 22 de febrero de 2014 por estos hechos, incoándose
diligencias previas 369/2014 por el Juzgado de Instrucción número 4 de
Valladolid. Por Auto de 23 de mayo de 2016 se acordó el sobreseimiento de la
causa respecto a 8 policías nacionales, ampliándose el sobreseimiento a otros 2
mediante nuevo auto de 31 de mayo de 2016. Recurrido en reforma, se dictó nuevo
Auto de 22 de julio de 2016 confirmando el sobreseimiento, y la Audiencia
Provincial de Valladolid mediante Auto de 16 de octubre de 2016, confirmó el
referido sobreseimiento.
En este último Auto
se afirma: " [...]lo que hay que analizar es si en la función ejercida por
los Policías hubo extralimitación por no ser proporcional la respuesta policial
a la actuación de los manifestantes, o realmente su actuación se encuadra
dentro del ejercicio legítimo de su cargo.
Es cierto e
incuestionable que algunos manifestantes resultaron con lesiones objetivadas en
los partes forenses, una de ellas tributaría de tratamiento médico, el resto de
primera asistencia. Pero también lo es que, en este caso, la carga policial se
dirigió únicamente a disolver a los manifestantes, y todo ello atendiendo a
órdenes de sus superiores, debieron emplear las defensas porque como decimos,
estaban recibiendo empujones y patadas, y porque los manifestantes porfiaron en
su actitud de no disolverse y no identificarse.
La fuerza actuante
obró revestida de su autoridad para utilizar las defensas en caso necesario, en
el ejercicio de sus funciones, y utilizándolas de un modo proporcional, es
decir, ajustado a la actuación que trataban de repeler. [...]
Por tanto, lo que se
aprecia es que todo se debe a una respuesta policial a una situación de
violencia y desorden generada por las personas que se negaron a acatar las
órdenes policiales de disolución y retirada de la pancarta y a identificarse
adecuadamente, con patadas, forcejeos, insultos, empujones, debiendo los
agentes repeler dicha actitud, y, en el enfrentamiento, resultaron lesionados
en ambas partes. Lo que diferencia una actuación de otra, obviamente, es que la
policía actuó revestida de legitimidad, en el ejercicio de sus funciones,
mientras que los manifestantes lo que hacen es oponerse a actuación policial de
forma activa y violenta."
En el informe de la
Dirección General de la Policía, VII Unidad, que intervino en los hechos se
indica que no se interrumpió la concentración de unas 70-80 personas cuando
caminaban por la vía pública, y que el Subgrupo policial se limitó a formar una
línea con la única limitación del acceso al restaurante; fueron los
"componentes de ese grupo hostil los que emplearon la violencia contra los
agentes allí desplegados al entender que les frustraba su intención de acceso
al establecimiento. Los agentes únicamente emplearon lo fuerza indispensable y
proporcional o lo virulencia que recibían para controlar la situación,
recibiendo agresiones directas como patadas y empujones, pretendiendo incluso
arrebatar el arma reglamentaria de su funda o un policía."
Añade: "De ser
cierto que la lesión que manifiesta que sufrió la recurrente fuera en dicha
intervención habría sido producto de la violencia que ella misma supuestamente
pudo utilizar contra los agentes, ya que éstos únicamente intervinieron para
mantener el control, identificar y detener a los agresores."
Frente a dichas
opiniones, la recurrente ha presentado como prueba fotografías y vídeos,
pruebas que fueron admitidas sin oposición del Abogado del Estado.
Las mismas reflejan el grupo de manifestantes, la pancarta que portaban, su
actitud y la descarga policial realizada, sirviendo dichas imágenes para
cuestionar las afirmaciones de que se tratase de "una manifestación
violenta", de que fuera un "grupo hostil" o agresivo frente a la
fuerza pública o de que intentaran por la fuerza entrar en el establecimiento
frente al cual coreaban sus consignas políticas, o que la recurrente utilizara
la fuerza contra los agentes. La realidad que desprenden las imágenes
visionadas, repetidamente, por los magistrados firmantes de la sentencia es
justo la contraria, esto es, que la intervención policial no fue para
identificar y detener a los "agresores", sino directamente para
disolver la concentración utilizando para ello las defensas y la fuerza. Se
ve que en el momento en que la recurrente se retiraba hacia la acera, sujetando
aún la pancarta ya no desplegada, uno de los policías golpea ésta, justo en los
segundos finales de la carga policial , actuación que difícilmente puede
considerarse, en ese momento "proporcionada a las circunstancias",
pues no va dirigida a impedir, evitar, controlar una actitud de alteración de
orden público, sino que claramente va dirigida a golpear con la porra la
pancarta -el agente implicado, en su declaración en las diligencias penales
antes indicadas, reconoce que los golpes con la defensa fueron para retirarles
la pancarta y evitar esa protección-.
Ni el número de efectivos
policiales en relación al grupo de concentrados, ni la superior fortaleza
física de los primeros en relación a los manifestantes,
amén de la edad media, digamos madura, de estos últimos, ni las consignas
vitoreadas contra los dirigentes políticos que al parecer se encontraban en el
interior del restaurante:"¡vuestros sobres son nuestros recortes¡",
ni el lema de la pancarta: "paremos la criminalización de la protesta
social", reflejan la apreciación subjetiva y tendenciosa del citado
informe de la VII Unidad de Intervención Policial "del empleo de la fuerza
indispensable y proporcional" para el control de la situación. Se tarda
menos de un minuto en disolver la manifestación desde que llega la segunda
dotación policial a línea del cordón policial.
E) REGULACION: El
artículo 23 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, señala al efecto: "2. Las medidas de intervención
para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en
reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las
circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el
último recurso. 3. Antes de adoptar las medidas a las que se refiere el
apartado anterior, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas, pudiendo hacerlo de
manera verbal si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible. En caso
de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas,
artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo
peligrosos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la reunión o
manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo
aviso."
Por mucho que la
recurrente participara de forma activa en la concentración, vitoreando,
portando la pancarta en primera fila, discutiera con los policías, gritara o
insultara, no se aprecia violencia física por su parte que hubiera que reprimir
con el uso de las defensas. La propia concentración, a la
vista del material probatorio, no puede considerarse como "manifestación
de carácter violento" que suponga una situación objetiva con riesgo para
las personas que se encontraban en el interior del restaurante, ni se desprende
alteración del orden público que implicase un peligro para personas o bienes.
Aunque la intervención policial obedeciera a una orden superior, y el golpe
recibido en la boca y en la mano fuera resultado indirecto de la fuerza
desplegada por uno de los agentes para retirar la pancarta -recordamos que
cuando ya estaban en retirada las personas que la portaban-, resulta excesivo
considerar que la demandante tuviera el deber jurídico de soportar las lesiones
por la mera asunción de su participación en la protesta.
Encontramos
pronunciamientos jurisprudenciales afirmando el deber jurídico de soportar el
daño cuando el lesionado se ha arriesgado a participar en una manifestación
ilegal y violenta, entre otras, STS de 22 de abril de 1994 (recurso de
apelación 3.197/91, fundamento jurídico quinto), 1 de julio de 1995 (recurso de
casación 2029/92, fundamento jurídico sexto), 27 de noviembre del año 2000
(recurso 6589/1.996) y 31 de enero de 2003 (casación 9060/98). Pero también ha
declarado la jurisprudencia que el daño causado es antijurídico cuando la
respuesta o reacción de las Fuerzas de Orden Público resulta desproporcionada
en medios y modos, atendidas las circunstancias, Sentencia del TS, Sección Sexta de 7 de
octubre de 1995 (recurso casación 878/1993).
La actividad
probatoria desplegada por la demandante se completa con la declaración de dos
testigos, y con la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid,
dictada en el procedimiento abreviado número 355/2016, por delito de atentado
contra varios detenidos en los mismos hechos.
Los testigos
corroboran que el grupo concentrado a la puerta del restaurante se desgaja de
la manifestación autorizada cuando llega a la Plaza Mayor, que pasaron por
delante de un furgón policial, que no oyeron que la policía les dijera que se
fueran y que pasó menos de un minuto desde que empezaron a empujar a los
concentrados para disolver la misma.
"Con este breve
resumen jurisprudencial se alcanza a comprender cómo, fuera la persona que
fuera la que dio la orden de intervención, responsabilidad que no tiene porqué
imputarse al jefe del operativo, quien, lo más probable es que recibiera
órdenes superiores cuando se produce la carga policial, no
existían razones objetivas, y sí subjetivas, para disolver violentamente la
concentración. La presunta intención de abordar el establecimiento público no
sino una mera especulación policial sin base probatoria alguna conforme
demuestran las imágenes, y ese presunto estado de agresividad no se desencadena
hasta que la policía carga contra la concentración pacífica, donde, y es
verdad, algunos manifestantes reaccionan, y alguno lanza algún golpe contra los
agentes, pero lo que los vídeos demuestran es que no es ninguno de los que han
sido traídos a juicio como acusados, del mismo modo que se insulta
generalizadamente a los agentes tras la carga , cuestión despenalizada y que
habrá seguido, es de suponer, la vía administrativa sancionadora
correspondiente. Ni el cántico de consignas, ni la exhibición de una pancarta,
ni la expresión de frases injuriosas conteniendo insultos del tipo
"fascistas" dirigidas a las personas que comían en el restaurante
justifican el uso indiscriminado de la violencia legítima del Estado como
poseedor de esa fuerza coercitiva para hacer respetar la legalidad. Se vulnera
el derecho de manifestación cuando la única respuesta tras abandonar el
recorrido que se dice autorizado para la manifestación, porque no hay documento
oficial de la subdelegación del gobierno que especifique el recorrido de la
misma, es la de no requerir de manera reiterada ordenada y comprensible a los
manifestantes para que se disuelvan, y sí usar la fuerza cuando en ningún
momento se ha puesto en peligro la integridad física de las personas que se
encontraban dentro del restaurante. Obviamente resultaría absurdo pensar, pero
en ocasiones el desarrollo de los hechos así invita a hacerlo, que el solo
hecho de la presencia de cargos públicos y políticos relevantes del partido del
gobierno dentro del restaurante provocó, o un exceso de celo policial en
previsión de incidentes para los que no existía señal alguna, o un abuso de
poder por parte de la autoridad gubernativa, fuera la que fuera, molesta porque
no podía almorzar con tranquilidad oyendo la protesta ciudadana exterior,
porque lo que las imágenes dejan claro con contundencia es que, en ningún
momento los manifestantes hacen amago, intentan o anuncian su intención de
acceder al restaurante. Que la situación pueda ser tensa entre agentes y
ciudadanos es una cosa y utilizar la represión indiscriminada otra muy
diferente e ilegítima tal y como se estaban desarrollando los acontecimientos
hasta ese momento, en el que la carga se produce de manera descoordinada y
parcial, porque hay agentes que no participan en el momento inicial y sí que
intervienen para dar apoyo a los compañeros más activos una vez que estos
inician, repito, el intento de retirar esa pancarta de plástico; pero como bien
ha insistido el Ministerio Fiscal en sus preguntas, hay un momento de tiempo en
el que agentes y manifestantes se encuentran frente a frente sin que haya
incidente de ningún tipo, ni empujones, ni altercado verbal, y sólo cuando la
policía asume que ha de retirar una pancarta que no contiene ni una sola
alusión injuriosa, malsonante o delictiva, es cuando, como el jefe del
operativo ha declarado, "se arma el lío".
"Y un último
apunte en relación con la carga policial improvisada. Los agentes han insistido
en la "enorme tensión" previa a la carga , la animosidad violenta
contra ellos, el peligro de orden público, y sin embargo, proceden a cargar
contra los manifestantes sin casco, es decir, no debían
presumir demasiada resistencia ni peligro cuando ni ellos mismos consideraron
extremar sus propias medidas de seguridad, y lo que es más grave, teniendo
órdenes de dirigir los golpes de sus defensas reglamentarias de cintura para
abajo, el agente no identificado pero que con mayor saña golpea a diestro y
siniestro muestra una especial predilección por golpear a los manifestantes en
la mitad superior del cuerpo y en la cabeza, incrementando las consecuencias
lesivas de su comportamiento."
De todo lo
anteriormente razonado, a la vista de los documentos obrantes en el expediente
y valorando la prueba documental y testifical aportada por la actora, debe
estimarse que se cumple también el requisito de la antijuricidad de la conducta
policial, al resultar desproporcionada la respuesta policial a la protesta del
grupo de manifestantes, y, en concreto, en relación a la fuerza empleada contra
la recurrente, según lo expuesto.
F) INDEMNIZACION: Teniendo
en cuenta que se trata de una lesión calificada con 7 puntos, con un perjuicio
estético leve, en la mano izquierda, siendo la recurrente diestra, que la
incapacidad laboral permanente incluye una patología psiquiátrica ajena a la
reclamación, y la horquilla establecida en el baremo utilizado por la
recurrente por el daño moral por perjuicio personal particular, por pérdida de
calidad de vida originada por secuelas, (grado leve y moderado) teniendo en
cuenta la edad de la recurrente por la previsible duración del perjuicio y sin
datos sobre el número de actividades que se han visto limitadas o afectadas por
la lesión, utilizando el baremo citado únicamente como criterio orientativo, se
estima una indemnización de 10.000 euros por todos los conceptos, cuantía que
se considera actualizada a la fecha de esta sentencia.
Autor: Pedro Torres Romero
928 244 935
667 227 741
