sábado, 10 de junio de 2017

La consignación de la indemnización por despido improcedente en la cuenta del Juzgado no equivale a un ejercicio correcto del derecho de opción empresarial de indemnización



A) La consignación de la indemnización de despido improcedente en la cuenta del Juzgado que dictó sentencia en tal sentido, no equivale a un ejercicio correcto de la opción empresarial entre la indemnización y la readmisión. La ausencia de escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado, en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia, supone que la opción no fue realizada y procede la readmisión del trabajador.

En el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia que declara un despido improcedente ha de ejercitarse la opción entre readmisión e indemnización mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de los social, sin que haya que esperar a la firmeza del pronunciamiento, si hubiera sido dictada en la instancia (LRJS art. 110.3 y ET art.56.3).

B) El empresario no ejecuta correctamente una sentencia de despido, ni ejercita su opción entre readmisión e indemnización, mediante:

1) La consignación en el juzgado de la indemnización por despido, pues no equivale a ejercicio de la opción (Sentencia del TSJ Castilla y La Mancha de 11 de diciembre de 2015).

2) La relación directa con el trabajador despedido, pues la norma exige escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social que dictó sentencia. Es ante este último, ante el que ha de quedar constancia de la opción, pudiendo pronunciarse sobre su eficacia y validez y dando traslado al trabajador interesado (Sentencia del TSJ Valladolid de 19 de marzo de 2014).

Ante la ausencia de opción en plazo ha de entenderse que procede la readmisión.

C) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura Sala de lo Social, sec. 1ª, de 30 de noviembre de 2016, nº 568/2016, rec. 503/2016, declara:

Pues bien, como señala por ejemplo, la Sentencia del TSJ de Castilla la Mancha de 11 de diciembre de 2015 : "El artículo 56.3 del Estatuto de los Trabajadores señala con toda claridad que en los supuestos en los que la sentencia declare la improcedencia del despido, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de la correspondiente indemnización. Por su parte, el número 3 del mismo artículo dispone que en el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, ha de entenderse que procede la primera. Además, el artículo 110.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, especifica la forma concreta en que ha de ejercitarse la opción: mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia.

Así pues, si la empresa no ejercita la opción por el pago de la indemnización en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia ha de entenderse que opta por la readmisión del trabajador. Para el ejercicio de la opción no existe una libertad formal, sino que, si no la ha anticipado expresa y previamente en el juicio (artículo 110.1.a LRJS), debe ejercitarla por escrito o comparecencia en el Juzgado de lo Social en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia.

La doctrina de suplicación aplica con carácter general esta jurisprudencia, y así tiene declarado que "con la consignación efectuada por la empresa no está ejecutada la sentencia de esta Sala que declaró improcedente su despido porque esa consignación no puede equivaler al ejercicio de la opción en la forma que establece el artículo 110.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues otra cosa no cabe deducir de los claros términos empleados en el precepto y, ante la falta de ejercicio de la opción empresarial la consecuencia no puede ser otra que la prevista en el artículo 56.3 del Estatuto de los Trabajadores" (Sentencia del TSJ Extremadura de 22 junio 2006). Y es que "la opción del empresario por la indemnización no puede hacerla éste mediante una relación directa con el trabajador, sino que debe efectuarla ante un tercero -la oficina del Juzgado- que cumple así una triple función: constancia de la declaración, calificación de su válida y eficaz emisión o no, y traslado a la otra parte interesada" (Sentencia del TSJ Castilla y León de 19 marzo 2014), "pues en otro caso se estaría concediendo al empresario, una posibilidad de extender, más allá de la previsión legal, los efectos de incertidumbre respecto de los derechos del trabajador, de modo que esta obligación de hacer empresarial está sometida a un doble condicionamiento, formal de comunicación escrita o por comparecencia ante la Secretaría del Juzgado y un plazo improrrogable." (Sentencia del TSJ Galicia de 18 marzo 2010); incluso en casos, como el que nos ocupa en el que la empresa ingresa la cuantía de la indemnización en la cuenta de consignaciones del Juzgado, sin optar expresamente por la extinción, debiendo entenderse que dicha actuación no equivale al ejercicio del derecho de opción entre la readmisión o la extinción del contrato que debe hacerse por escrito y de forma expresa (Sentencia del TSJ Cataluña de 12 febrero 2014); o aunque se hubiera hecho el pago de la indemnización fijada en la sentencia dentro del plazo de cinco días directamente a la trabajadora, (STSJ Extremadura de 22 de junio de 2006)".

Esta doctrina es aplicable al caso. Al no ejercitarse la opción en la manera que la Ley establece, no puede entenderse como subsanada por el ingreso en una cuenta sin más.

www.indemnizacionglobal.com





miércoles, 24 de mayo de 2017

El tribunal Supremo fija los criterios para cuantificar la indemnización por estar en un registro de morosos sin serlo por vulneracion del derecho al honor, no admitiendo indemnizaciones meramente simbólicas


A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 26 de abril de 2017, nº 261/2017, rec. 2359/2016, declara que los daños morales ocasionados por la intromisión ilegítima provocada por la inclusión en un fichero de morosos, debe indemnizarse teniendo en cuenta la difusión, el número de empresas que lo hayan consultado y la permanencia en el tiempo de la inclusión de los datos en el registro.

Para el TS es indemnizable la afectación a la dignidad, en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo relativo a la consideración de los demás. Igualmente el quebranto o la angustia provocados por las gestiones más o menos complicadas para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados.

Para el TS no se admiten indemnizaciones meramente simbólicas, dado el relieve de los valores o intereses en juego. Y por ello revoca la indemnización por daño moral de 2.000 euros y la eleva a la suma de 7.000 euros.

B) LA EXISTENCIA DEL PERJUICIO SE PRESUMIRÁ SIEMPRE QUE SE ACREDITE LA INTROMISION ILEGITIMA: El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010 y que es la aplicable dada la fecha de los hechos, dispone que «La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma». Esta Sala ha declarado en STS de 5 de junio de 2014, rec. núm. 3303/2012, que dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, «a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso ( sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero)». Se trata, por tanto, «de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución, ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio».

C) EL TRIBUNAL SUPREMO AFIRMA QUE NO SON ADMISIBLES LAS INDEMNIZACIONES DE CARÁCTER SIMBÓLICO: Como declara la sentencia de esta Sala de lo Civil del TS, núm. 386/2011, de 12 de diciembre, «según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril de 2003) no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la CE como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se convierte la garantía jurisdiccional en un acto meramente ritual o simbólico incompatible con el contenido de los artículos 9.1, 1.1. y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego (STC 186/2001, FJ 8)» ( STS 4 de diciembre 2014, rec. núm. 810/2013).

D) CRITERIOS PARA FIJAR LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN: Descendiendo al supuesto enjuiciado sobre la inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD, sería indemnizable en primer lugar la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas.

Para valorar este segundo aspecto afirma la sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero, que ha de tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que sólo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos.

También sería indemnizable el quebranto y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados. Ambos extremos se consideran probados por la sentencia recurrida, asumiendo al efecto la de primera instancia.

E) La cuestión es saber, porqué la sentencia de 17 de junio de 2016 de la Audiencia Provincial de Asturias, modera la cuantía fijada por la sentencia de primera instancia.

1º) Sobre este particular, debe recordarse que el ámbito de la revisión que es posible en casación es más amplio en este tipo de litigios que en otros que versan sobre cuestiones sin trascendencia constitucional. Cuando la resolución del recurso de casación afecta a derechos fundamentales, este tribunal no puede partir de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias obtenidas por las sentencias de instancia sino que debe realizar, asumiendo una tarea de calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales alegados (sentencias núm. 311/2013 de 8 de mayo, y núm. 312/2014 de 5 de junio, entre las más recientes).

2º) Al abordar la citada revisión, con independencia de razonar la sentencia recurrida que la indemnización que fija no es simbólica, no existe más dato para llevarla a cabo que la comparación que hace esta con otra sentencia dictada por el mismo tribunal.

Consecuencia de lo anterior es que el TS ha de indagar sobre razones que no afloran en la sentencia. En esa labor de indagación, no puede aceptarse (sentencia núm. 81/2015 de 18 de febrero) el argumento de que la inclusión de datos sobre una deuda de pequeña entidad en un registro de morosos no supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de una trascendencia considerable (y por tanto no puede dar lugar más que a una pequeña indemnización) porque claramente muestra que no responde a un problema de solvencia sino a una actuación incorrecta del acreedor. La inclusión en registros de morosos por deudas de pequeña cuantía es correcta y congruente con la finalidad de informar sobre la insolvencia del deudor y el incumplimiento de sus obligaciones dinerarias. Y cuando tal inclusión se ha realizado, quienes consultan el registro pueden suponer legítimamente que el acreedor ha cumplido con las exigencias del principio de calidad de los datos, y no lo contrario, que es lo que hace la Audiencia, y que por tanto es cierto que el afectado ha dejado de cumplir sus obligaciones dinerarias.

Por tanto, la escasa cuantía de la deuda no disminuye la importancia del daño moral que le causó a la demandante la inclusión en los registros de morosos. Tampoco cabe tener en cuenta que no conste que la citada inclusión le haya impedido a la recurrente acceder a créditos o servicios.

Precisamente la información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias que se incluye en estos registros va destinada justamente a las empresas asociadas a dichos ficheros, que no solo les comunican los datos de sus clientes morosos, sino que también los consultan cuando alguien solicita sus servicios para evitar contratar y conceder crédito a quienes no cumplen sus obligaciones dinerarias.

Las empresas que consultaron son empresas que facilitan crédito o servicios y suministros, bien porque se trate de entidades financieras, bien porque se trate de entidades que realizan prestaciones periódicas o de duración continuada y que facturan periódicamente sus servicios al cliente (con frecuencia, se facturan los servicios ya prestados, como es el caso de las empresas de telefonía y servicios de internet), por lo que para ellas es importante que se trate de un cliente solvente y cumplidor de sus obligaciones dinerarias. Por ello, estos registros de morosos son consultados por las empresas asociadas para denegar financiación, o para denegar la facilitación de suministros u otras prestaciones periódicas o continuadas, a quien no merezca confianza por haber incumplido sus obligaciones dinerarias. Es más, en ciertos casos, estas empresas no deben facilitar crédito si consta que el solicitante está incluido en uno de estos registros de morosos (es el caso de lo que se ha llamado "crédito responsable", destinado a evitar el sobreendeudamiento de los particulares, a que hacen referencia la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, el art. 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y el art. 18 de la Orden EHA/2899/2Q11, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios).

3º) Por todo ello, el daño indemnizable sufrido por la demandante se compadece más con el que cuantifica la sentencia de primera instancia que con el que fija la sentencia recurrida puesto que la inclusión de sus datos en los registros de morosos era apta para afectar negativamente al prestigio e imagen de solvencia de la demandante y para impedirle la obtención de financiación o la contratación de prestaciones periódicas o continuadas.

4º) A lo anterior se han de añadir las gestiones que tuvo que realizar la demandante para conseguir la cancelación de sus datos en los registros de morosos, sin que el resultado fuera enteramente satisfactorio, pues sólo obtuvo la cancelación en uno.

5º)  En consecuencia, la indemnización fijada en la sentencia recurrida no se ajusta a los criterios establecidos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, ni se compadece con lo mantenido por esta sala en supuestos similares de escasa deuda, tiempo incluido en los registros de morosos y divulgación que los mismos han tenido. 

Una reducción tan notoria como la llevada a cabo por la sentencia recurrida, en circunstancias como las descritas, ha de calificarse de indemnización simbólica, disuasoria para impetrar la tutela de derechos que son fundamentales para la persona.

www.indemnizacionglobal.com



domingo, 30 de abril de 2017

El Tribunal Supremo declara que quien aplica el baremo con carácter orientativo, lo debe hacer en su integridad y no solo en aquellas partes que le resultan beneficiosas.


A) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 15 de julio de 2016, nº 495/2016, rec. 1886/2014, determina que cuando el reclamante se ampara en una norma para la valoración de la indemnización a percibir, su aplicación debe ser integra y no en los aspectos que las partes consideren más favorables a sus intereses.

Como dijimos en el FDD octavo, la parte demandante-recurrente se basó en la Ley 10/1995, incluso lo hace en el motivo del recurso, y en base a ello en la sentencia recurrida se concede por asistencia a la víctima (gran inválido) la suma máxima de 40.000.000 de pesetas, por lo que la renta vitalicia, no puede superar la capitalización de dicha suma de referencia, en base a lo cual debe rechazarse la petición de una renta vitalicia anual de 153.450,63 euros (Sentencia de 27 de mayo de 2015, rec. 1459/2013).

Es el propio recurrente quien en su demanda se sujeta a lo dispuesto en las reglas 8.ª y 9.ª de RDL 8/2004 de 29 de octubre por lo que asumiendo las cuantías baremadas, ahora no puede abstraerse de las mismas.

B) Quien aplica el baremo con carácter orientativo, lo debe hacer en su integridad y no solo en aquellas partes que le resultan beneficiosas. 

Dice la sentencia del Tribunal Supremo de  27 de mayo de 2015, rec. 1459/2013:  Ahora bien, su aplicación debe ser íntegra y no solo en los aspectos que las partes consideren más favorables a sus intereses, señalando la sentencia de 18 de junio de 2013, para un caso en el que se había reclamado una pensión vitalicia, que "lo que no es posible es tenerlo en cuenta cuando le interesa y apartarse del mismo si le resulta perjudicial para, como en este caso, conseguir una renta vitalicia incompatible con la indemnización que se determina».

www.indemnizacionglobal.com



domingo, 23 de abril de 2017

El periodo de incapacidad temporal debe de coincidir con el de la sanidad o curación efectiva, para poder reclamar indemnización por accidentes de trafico


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 1ª, de 30 de mayo de 2016, nº 217/2016, rec. 780/2014, establece que para la determinación de la indemnización sufrida en accidentes de tráfico por incapacidad temporal (IT), se requiere que el período de incapacidad temporal indemnizable debe de coincidir con el de la sanidad o curación efectiva.

B) Por lo que se refiere a la consideración de lo que se entiende por "incapacidad temporal" en relación con la "incapacidad permanente" a que se refiere el Baremo de Indemnización de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 22/10/13 (Secc.3 ª), lo siguiente: "Como concepto previo al análisis de la extensión del periodo de incapacidad temporal y su interrelación con la incapacidad permanente (secuelas), hay que referirse a la estabilización de las lesiones, considerando como tal el periodo en que éstas se encuentran en proceso de curación, terminándose dicho periodo cuando las lesiones ya no evolucionan en dicho proceso, y partiendo de la base de que la estabilización de las lesiones nunca supone volver al estado físico previo al siniestro, sino que se determina por el fin del periodo de evolución de la lesión (en este sentido, Auto de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de julio de 2005). La indemnización por lesiones en sentido estricto (que el baremo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor denomina indemnización «por incapacidad temporal» y en contraposición a la indemnización por secuelas («lesiones permanentes»), se determina por los días que tarda en sanar la lesión, es decir, se configura por la duración de la curación, de manera que se tiene en consideración no la total recuperación de la salud ni del estado del perjudicado anterior a la producción de las lesiones, sino el tiempo en que las lesiones tardan en estabilizarse, de manera que médicamente se establece que no puede producirse una mejoría respecto al estado actual, por lo que tal lesión deviene permanente (sea o no incapacitante), conceptuándose como secuela e indemnizándose como tal. Es decir, procede la indemnización por lesiones mientras éstas no se encuentren estabilizadas y a partir de su estabilización se convierten en lesiones permanentes o secuelas (Sentencia de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias de 15 de noviembre de 2010)...".

Es decir, la estabilización lesional se produce cuando no existe ya mejoría a pesar de los tratamientos realizados. Una lesión se estabiliza cuando sus resultados son ya constantes, firmes y permanentes, no existiendo a partir de entonces la posibilidad de mejora, motivo por el cual, si el proceso de curación sigue en curso, no cabe hablar de que la estabilización se haya producido, y, por el contrario, si sigue el tratamiento, pero éste lo que consigue es paliar dolores y molestias, y no es curativo, no podrá hablarse de período de estabilización lesional porque los resultados ya no varían. Es en ese momento, cuando la curación ya no es posible, cuando debe considerarse que finaliza el período de estabilización de las lesiones, con independencia de que pueda seguirse tratamiento paliativo de dolores y/o molestias, y con independencia también de las altas y bajas que puedan concederse, con arreglo a otros criterios, desde el punto de vista laboral. Como dice la sentencia de la Asturias 4/10/08 (Secc.6 ª) "Así en relación a la duración de la sanidad ha de tenerse en cuenta que según el Baremo éste coincide con aquel periodo que dura desde la producción de las lesiones hasta el día de su completa curación o, si ésta no es posible, hasta aquel en que la ciencia médica agota sus posibilidades terapéuticas, valorándose como secuelas el estado patológico o quebranto de salud residual consolidado, tras la finalización del tratamiento, de ahí que ni puede equiparase a tal periodo el de baja laboral ni tampoco la realización de sucesivas sesiones de tratamiento rehabilitador o de toma de analgésicos para paliar el dolor en relación a una patología que ya está consolidada cuando como aquí acontece ésta lo ha sido con secuelas cuya sintomatología propia es la aparición de esos episodios de dolor, para los que tales tratamientos son pautados..".

C) Para que proceda indemnización por lesiones temporales ha de haber una lesión, un período de estabilización de la lesión (tiempo que ésta tarda en curar) y una curación de la lesión en un determinado momento, a partir del cual, y aun cuando el paciente pueda seguir administrándose medicación y recibir tratamiento rehabilitador, la lesión ya no progresa, no experimenta mejoría, convirtiéndose en permanente. En ese momento, la lesión se convierte en secuela y puede ser indemnizada como tal. El recibir tratamiento rehabilitador, por tanto, no significa, necesariamente, que la lesión está curándose, pues dicho tratamiento puede servir para curar o sólo para paliar dolores o molestias.

www.indemnizacionglobal.com



sábado, 22 de abril de 2017

Para recurrir las sentencias que condenan a una indemnización debido a lesiones causadas por un accidente de tráfico debe consignarse el principal más los intereses moratorios


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, sec. 1ª, de 23 de enero de 2017, nº 34/2017, rec. 243/2016, confirma que para recurrir las sentencias que condenan a una indemnización debido a lesiones causadas por un accidente de tráfico debe consignarse el principal más los intereses moratorios, conforme al artículo 449.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que textualmente dice: "En los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, si, al interponerlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto". 

A) EL DEPOSITO PREVIO PARA RECURRIR ES UN REQUISITO SUSTANTIVO O ESENCIAL: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha encargado de interpretar la exigencia del depósito del principal e intereses para recurrir en los casos de condenas por accidentes de circulación en el sentido de que se trata de un requisito esencial para poder admitir a trámite el recurso, cuya falta no puede ser subsanada a posteriori, no tratándose de una mera formalidad, pues es doctrina del Tribunal Constitucional (elaborada en relación con otros precedentes de consignación para impugnar establecidos en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la LEC 2000), que dicha consignación no constituye un mero requisito formal sino una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses de quien ha obtenido una sentencia favorable, debiendo interpretarse tal presupuesto para recurrir, sin embargo, de una manera finalista o teleológica, atendiendo tanto a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador, que no es otra que asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio (SSTC 46/89 y 31/92), como al principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva y a la regla general del artículo 11.3 LOPJ (SSTC 12/92, 115/92, 214 / y 26/96, entre otras), de modo que la misma doctrina constitucional ha venido a distinguir entre el hecho del pago o consignación, en el momento procesal oportuno, y el de su prueba o acreditación, permitiendo la subsanación de la falta de esta última cuando no se hubiese facilitado justificación de ese extremo, por ser este un requisito formal susceptible de tal cosa, que solo puede fundar una resolución de no-admisión del recurso previa la concesión de un plazo para la subsanación sin que se hubiera cumplido con el mencionado requisito (SSTC 344/93, 346/93 y 100/95, entre otras), lo que no cabe decir del hecho del pago o consignación en sí mismo, que constituye un requisito esencial para acceder a los recursos que no cabe reputar desproporcionado, atendidos los fines a los que está ordenado (SSTC 104/84, 90/86, 87/92 y 26/96, entre otras).

C) Sin embargo la peculiaridad se produce porque en el supuesto que nos ocupa acontece que la parte aquí demandada y apelante está compuesta al mismo tiempo por la aseguradora AMA y por el conductor del vehículo asegurado en esta, a quien no incumbe la obligación impuesta en la condena de la instancia de abonar el importe de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro. En los autos consta solo aportado resguardo acreditativo de haberse hecho, bien que a nombre de AMA, consignación de la cantidad objeto de la condena como principal (16.477,69 €) y de otros 384,15 € en concepto de intereses, sin que se haya acreditado haberse hecho la consignación por aquélla del resto (intereses moratorios del artículo 20 de la ley del Contrato de Seguro) al tiempo de interponer el recurso. 

Por lo tanto, al no constar en este caso haberse realizado por parte de AMA el depósito necesario para recurrir en el sentido requerido por el precepto arriba trascrito, es por lo que el recurso de dicha entidad no debió ser admitido a trámite, convirtiéndose la causa de inadmisión de su recurso en causa de desestimación del mismo.

www.indemnizacionglobal.com



domingo, 2 de abril de 2017

En un accidente de trafico la aseguradora no puede negar su legitimación pasiva ante una reclamación de indemnización si el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) certifica que es aseguradora del vehículo causante del siniestro


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 19ª,  de 11 de enero de 2017, nº 6/2017, rec. 863/2016,  declara que en caso de un accidente de trafico, la aseguradora no puede negar su legitimación pasiva ante una reclamación de indemnización si el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) certifica que es aseguradora del vehículo causante del siniestro.

B) La parte reclamante está legitimada para el ejercicio de la acción entablada al amparo del artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro; la apelante realiza una valoración parcial de la prueba obrante en autos, pretendiendo exclusivamente con base en la Sentencia dictada por el Reino de Marruecos (documento nº 3 de la demanda), privar a la entidad GES SEGUROS Y REASEGUROS de su legitimación para reclamar, cuando si bien es cierto que la responsabilidad civil que en la citada Sentencia, o mejor dicho traducción de la misma, se atribuye a "Viajes Seguros y Reaseguros", no lo es menos que tal atribución lo es en base a ser la misma, la compañía de seguros extranjera del vehículo causante del siniestro el matrícula R-....-FC y no cabe duda que la aseguradora de éste, según la certificación del FIVA que se acompaña con la demanda con el nº 2 de los documentos es la demandante, quien además consta ha sido la entidad que ha satisfecho la indemnización , como se pone de manifiesto con el justificante de transferencia aportado con la demanda con el nº 4 de los documentos y ha sido corroborado en el acto del juicio por la testigo y representante legal de la entidad CED SPAIN, S.A.U., entidad encargada de la gestión de siniestros en el extranjero y que representó a la entidad GES SEGUROS Y REASEGUROS en el siniestro objeto de las actuaciones en Marruecos.

La recurrente esgrime, que no se dan los requisitos para que prospere la acción entablada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro; considera que el tomador de ambos seguros debe ser el mismo, y este presupuesto no concurre en este caso. Sin duda, tal alegación parte de un error, cual es atribuir a la certificación negativa que aporta con su escrito de contestación un contenido distinto al que efectivamente tiene. La certificación se limita a señalar "que comprobados nuestros ficheros y salvo error, no figura ninguna póliza que con fecha 15-07-2011, amparase al vehículo matrícula XXX" pero no refiere quien pudiera ser el tomador de la póliza suscrita para ese vehículo durante el periodo que sí estuvo asegurado, por lo que mal se puede poner la citada certificación en relación con la Sentencia del Reino de Marruecos en la que sí consta el tomador de la póliza suscrita con la entidad reclamante.

C) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de enero de 2017, coincide con lo expuesto en la Sentencia de instancia en cuanto a la legitimación pasiva que ostenta la reclamada, ahora apelante, pues en la certificación del FIVA antes citada, aparece como aseguradora del vehículo causante del siniestro en la fecha de éste, conjuntamente con la actora; el hecho de que se añada en la misma que el cese de la vigencia de la póliza suscrita con Mutua Madrileña Automovilista se produjo con efectos desde el 10 de junio de 2011, no puede, sin prueba acreditativa de tal extremo, salvo la certificación negativa y unilateral antes citada, desvirtuar lo primeramente certificado, cuando se dice que tal comunicación de cese se produjo con fecha 24 de agosto de 2011, esto es, con posterioridad a la causación del siniestro, cuando tales comunicaciones según el artículo 24.2 del Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, las entidades aseguradoras tienen la obligación de remitir al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados "diariamente información de altas y bajas de vehículos asegurados, que se identificarán con su matrícula y código identificativo de su marca y modelo, haciendo constar, en el caso de altas, las fechas de inicio de la vigencia y finalización del período de seguro en curso, tipo de contrato y, en caso de bajas, la fecha de cese de la vigencia del seguro", con la finalidad de actualización de tales datos.

www.indemnizacionglobal.com



Cuando existe un pacto de reserva de dominio en virtud de un contrato de financiación para la compra del automóvil sólo está legitimada para reclamar a su aseguradora la indemnización por daños materiales al vehículo la entidad financiera


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, sec. 3ª, de 24 de junio de 2016, nº 159/2016, rec. 203/2016, determina que sólo está legitimado para reclamar la indemnización por daños materiales el asegurado por ser el perjudicado por el siniestro. Pero cuando existe un pacto de reserva de dominio en virtud de un contrato de financiación para la compra del automóvil sólo está legitimada para reclamar a su aseguradora la indemnización la entidad financiera. Y la aseguradora a  quien se haya notificado la existencia de estos derechos no podrá pagar la indemnización debida sin el consentimiento del banco o entidad financiera, titular del derecho real o del privilegio.

B) El artículo 40 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece que:

El derecho de los acreedores hipotecarios, pignoraticios o privilegiados sobre bienes especialmente afectos se extenderá a las indemnizaciones que correspondan al propietario por razón de los bienes hipotecados, pignorados o afectados de privilegio, si el siniestro acaeciere después de la constitución de la garantía real o del nacimiento del privilegio. A este fin el tomador del seguro o el asegurado deberán comunicar al asegurador la constitución de la hipoteca, de la prenda o el privilegio cuando tuviera conocimiento de su existencia.

El asegurador a quien se haya notificado la existencia de estos derechos no podrá pagar la indemnización debida sin el consentimiento del titular del derecho real o del privilegio. En caso de contienda entre los interesados o si la indemnización hubiera de hacerse efectiva antes del vencimiento de la obligación garantizada, se depositará su importe en la forma que convenga a los interesados, y en defecto de convenio en la establecida en los arts. 1176 y ss. CC.

Si el asegurador pagare la indemnización, transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación del siniestro a los acreedores sin que éstos se hubiesen presentado, quedará liberado de su obligación.

C) ANTECEDENTES DE HECHO: Afirman los recurrentes que consistiendo la legitimación activa en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito, que, como dice el artículo 10 de la Lec (EDL 2000/77463), concurre en quien comparece como titular de la relación jurídica u objeto litigioso, bastando un interés legítimo "prima facie" para tener el pronunciamiento judicial interesado, por lo que, en el presente caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la LCS, una vez cumplida con la obligación de comunicar la garantía constituida sobre el vehículo, de la que tenía perfecto conocimiento la parte demandada, el interés y la legitimación de los actores es más que evidente, pues dicho precepto establece que no se podrá pagar la indemnización a que tuviera derecho el asegurado sin el consentimiento del acreedor, pero, en ningún momento, se indica que no pueda existir un pago al asegurado o que éste carezca de legitimación , sino que sí es posible el mismo pero recabando el consentimiento del titular del derecho real, es más, es posible reclamar en nombre del asegurado siempre que se notifique la pendencia del proceso al acreedor, para que éste manifieste lo que a su derecho convenga, y es más, se prevé incluso la posibilidad de litigio entre los interesados, estableciéndose, posteriormente, que se debe depositar, en dicho supuesto, la indemnización, por lo que la legitimación de los actores es indudable, sin perjuicio de que corresponda la entrega de la indemnización al asegurado o a la aseguradora.

D) El artículo 10 de la Lec  manifiesta que "Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular."

Sorprende que se afirme que la legitimación de los actores es más que evidente, pues el artículo 40 de la LCS lo que establece es que no se podrá pagar la indemnización por daños materiales a que tuviera derecho el asegurado sin el consentimiento del acreedor, cuando ni invoca, ni acredita dicho consentimiento, o que la legitimación de los actores es indudable, sin perjuicio de que corresponda la entrega de la indemnización al asegurado o a la aseguradora, alegaciones ciertamente contradictorias.

Ciertamente, conforme al artículo 40 de la LCS trascrito, conociendo Segurcaixa la existencia del pacto de reserva de dominio y comprobada la inscripción en el Registro, no podía indemnizar a los actores sin que éstos acreditasen hallarse en posesión de la autorización del titular de la reserva de dominio, y si realizaran ese pago, sin esa autorización, no quedaría liberada del pago la aseguradora cuando, posteriormente, pudiera reclamarle la financiera como titular del interés asegurado.

En dicho contrato obra una reserva de domino a favor de la financiera, anotada en el Registro de Bienes Muebles y en la Dirección General de Tráfico, por lo que la demandante doña Rita, aun cuando sea titular administrativo del vehículo, no es la propietaria del mismo hasta el completo pago del préstamo.

En modo alguno, es contradictoria la juzgadora de instancia, como refiere el recurrente, cuando refiere que la aseguradora reconoce su deber de indemnización respecto de la propietaria, e incluso en el fallo se dice " Constando la existencia de un procedimiento de ejecución de título judicial nº 233/2014, ante este mismo Juzgado, instado por Finanmadrid contra Dª Rita, la suma de 10.300 ¤ consignadas por Segurcaixa deberá ser puesta a disposición de la ejecutante del citado procedimiento tan pronto devenga firme esta sentencia o si así lo piden expresamente los actores renunciando a esta cantidad a favor de la financiera.", no compartiéndose la alegación del recurso de que únicamente, quién tiene legitimación activa puede pedir que las cantidades se entreguen en el procedimiento de ejecución y sólo quien tiene derecho a una indemnización puede renunciar a la misma; la aseguradora reconoce su obligación de indemnizar, pero no a los actores, por mor de lo establecido en el artículo 40 de la LCS (EDL 1980/4219), y si se dice en la sentencia " deberá ser puesta a disposición de la ejecutante del citado procedimiento tan pronto devenga firme esta sentencia o si así lo piden expresamente los actores renunciando a esta cantidad a favor de la financiera.", es porque no se puede realizar esa transferencia de la cantidad consignada en este procedimiento a aquel hasta la firmeza de la sentencia dictada en éste, salvo que los actores otra cosa manifiesten, como así ocurrió, por lo que, en este caso, ante la renuncia de esa pretensión de la demanda principal a que le abonen a ellos directamente la indemnización , y ante su solicitud realizada en el acto de la audiencia previa de esa transferencia para evitar que continuaran los embargos a la actora en el procedimiento de ejecución, sin que ello suponga reconocimiento alguno de derecho, ni de legitimación.

E) La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, sec. 3ª, de 24 de junio de 2016, nº 159/2016, rec. 203/2016, manifiesta que sobre la cuestión objeto de este recurso, ya se ha pronunciado esta Sección, en la sentencia de fecha 23 de junio de 2015, recurso núm. 168/15, citada por la juzgadora de instancia, y decíamos "Como único motivo del recurso, la defensa de ÁRIDOS ÁLVAREZ, SA, discute el pronunciamiento del titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almendralejo en cuanto estimó en su sentencia que la actora y ahora recurrente carecía de legitimación activa por cuanto no era titular del interés asegurado. Pues bien, la recurrente se alza frente a dicho pronunciamiento alegando en esencia que en las dos pólizas de leasing o arrendamiento financiero estaba obligada a concertar a su costa una póliza de seguros que cubra todos los riesgos de los bienes arrendados. Y defiende que dado que en el seguro de daños no existe la figura del beneficiario no puede significar otra cosa que la arrendadora financiera faculta a la arrendataria para suscribir un seguro que cubra todos los riesgos de los bienes, siendo la arrendadora la que ha de percibir la indemnización, si bien ello afecta a la relación "inter partes", existiendo en resumen un pacto fiduciario.

Aunque la figura del beneficiario no esté contemplada en todos los seguros de daños, si el titular del interés asegurado es un tercero, lo habitual es que se recoja como tal en la póliza y sea el perceptor de la indemnización. Lo que trata de garantizar el arrendador financiero, titular de los dos camiones cuyo siniestro son objeto de reclamación en este proceso, es que en caso de pérdida total, no de meros accidentes susceptibles de reparación, la compañía se seguros indemnice por el valor pactado a la propia arrendadora, en este caso VOLVO FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC, SA, quien es la titular en la actualidad de los dos vehículos como consta en el oficio remitido en su día a los autos de fecha 13 de enero de 2014 (folio 154 de las actuaciones). Lo que hizo ÁRIDOS ÁLVAREZ SL fue contratar dos pólizas de seguro con la demandada ALLIANZ ocultando que los camiones no eran de su propiedad, de modo que en caso de percibir la indemnización , la actora se enriquecería de forma injusta al percibir el valor total o venal de los dos vehículos sustraídos en su condición de asegurada, cuando ese valor corresponde a la arrendadora en tanto no se ejercite la opción de compra.

Esto es lo que pone de manifiesto el Juez de Instancia en su sentencia. Citando la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 21 de marzo de 2012 (núm. 119/2012) el hecho de que la actora y arrendataria no hubiera ejercido la opción de compra, la propiedad del vehículo sigue correspondiendo a la empresa de leasing, de modo que la pérdida total a esta afecta y no al arrendatario. Lo que pierde el actor arrendatario son los costes de financiación y la opción de compra, pero no en vehículo en su integridad como se reclama en este proceso. Consecuencia de todo lo anterior, no existe interés asegurado y el contrato es nulo conforme al artículo 25 de la Ley de Contrato de Seguro  respecto a la cobertura de "daños propios", que es la que da origen a este proceso al reclamar por el robo de los dos camiones. En un seguro voluntario de daños propios, no así en el seguro obligatorio de responsabilidad civil, el interés asegurado es el vínculo entre el asegurado y la cosa objeto de aseguramiento para el caso de pérdida de esta, no para el caso de la obligación de responder frente a terceros, que es lo que cubren las pólizas de seguros obligatorio de responsabilidad civil. Como nos dice la sentencia citada y esta Sala suscribe, el tomador del seguro declaró que el vehículo pertenecía al asegurado, era de su propiedad, cuando realmente no era así. De haber conocido ALLIANZ quien era el real propietario, podía haber determinado quien era el perceptor de todo o parte de la indemnización. No se trata de impedir que la arrendataria contrate un seguro, al que por otro lado le obligaba el contrato de leasing firmado, sino de dejar bien claro que ella no es el titular del interés asegurado en caso de pérdida del vehículo, no existiendo el más mínimo atisbo de que existiera ese pacto fiduciario que por primera vez se invoca en esta alzada, pues de ser así, bastaba con haber pedido la declaración del representante legal de la propietaria, lo que no se hizo.

En este punto, el Juez de Instancia señala el fraude que supondría que la asegurada percibiera el importe del valor de los dos camiones sustraídos arrogándose la titularidad que no le corresponde, cuando incluso la arrendadora ha ejecutado las dos pólizas por impago y "curiosamente" un mes antes de denunciar la desaparición de los dos camiones ante la Guardia Civil (el 22 de marzo de 2012) ya se había procedido a su embargo (el 22 de febrero de 2012)."

En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección 4ª, de 19 de octubre de 2012, Recurso núm. 167/2012, donde se afirma "Insiste la parte recurrente en la concurrencia de falta de legitimación activa "ad causam"...... en la alegación de existencia de contrato de financiación del vehículo, concertado con Hispamer Consumer, habiéndose pactado una reserva de dominio a favor de ésta, anotada en tráfico, de donde deriva que el titular del interés asegurado no era la parte actora sino la financiadora.

F) El artículo 10 de la LEC señala que serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. En el ámbito del contrato de seguro el Art. 7 de la LCS (EDL 1980/4219) establece que si el tomador del seguro y el asegurado son personas distintas, las obligaciones y los deberes que derivan del contrato corresponden al tomador del seguro, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado. Los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o "en su caso, al beneficiario", salvo los especiales derechos del tomador en los seguros de vida.

En relación al contrato de seguro, el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 14 de julio de 1987 de la Sala 1ª afirma que "en la nueva técnica del seguro lo esencial para la determinación legitimadora no es otro factor que el del interés en la obtención en la indemnización del daño". En consecuencia, está excluido de la legitimación para instar la reparación del daño todo aquél que no tenga un interés jurídicamente demostrado. El último párrafo del art.7 de la Ley de Contrato de Seguros establece, que los derechos que derivan del contrato corresponden al asegurado o, en su caso, al beneficiarlo, previendo el anterior que en caso de que el tomador y el asegurado sean personas distintas las obligaciones y los deberes que deriven del contrato corresponden al tomador del seguro, que queda excluido de los derechos, en el tercer párrafo del mencionado artículo.

Todo ello es coherente con la definición conceptual de dichas figuras, siendo el tomador la persona que suscribe junto con el asegurador el contrato y al que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, mientras que el asegurado es el titular del interés objeto del seguro.

G) En el supuesto de autos, del examen de las actuaciones se evidencia, aparece documentalmente acreditado, que al suscribirse la póliza de financiación se pactó una reserva de dominio inscrita en el Registro de Tráfico, a favor de la financiera, que en el momento del accidente era acreedora de 30.458'18 euros  de capital pendiente de amortizar.

Además de cuanto se contiene en las condiciones generales del contrato de financiación, la realidad es que estamos ante un seguro de daños y aunque el tomador del mismo sea el actor, en razón al pacto de reserva de domino (STS de 20-6-2000 ) en estos momento la titular del riesgo asegurado y asegurada es la financiera, por lo que el actor carece de acción para reclamar para sí la indemnización en la forma que lo hace,......

H) La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, en sentencia de 20 de febrero de 2013, Recurso núm. 350/2012, dice: "Don Victor Manuel presentó demanda contra la compañía de seguros y reaseguros CATALANA OCCIDENTE S.A. en reclamación de la suma de 110.265,37 euros que es la indemnización que a su criterio le corresponde, en función de la póliza Millenium VIP de seguro Multiriesgo del Automóvil, suscrita con la demandada a consecuencia del robo del vehículo Masserati modelo quattroporte, con matrícula.... NNN, ocurrido el día 30 de julio de 2010, mientras estaba estacionado en la calle Potosí nº 9 de Madrid, reclamación que fue parcialmente admitida por la juzgadora de instancia quien, tras rechazar las excepciones presentadas por la parte demandada que ahora expondremos al examinar el recurso de apelación, redujo la indemnización a la suma de 76.000 euros en función de la prueba pericial aportada por la demandada con su contestación a la demanda aunque mantuvo la condena al pago de los intereses fijados por el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

La Compañía de Seguros demandada consideró que debía revocarse la sentencia en función de los siguientes motivos que desarrolló en su recurso.

Falta de legitimación activa del demandante ya que el mismo solo es el tomador del seguro, siendo la dueña del vehículo y por tanto la asegurada la sociedad de responsabilidad limitada MADALJO que es la única persona legitimada para exigir el pago de la indemnización ......

El artículo 10 de la LEC indica que serán "consideradas partes legítimas quienes comparezcan y actúen como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso", es decir examina la legitimación desde un aspecto puramente formal puesto que al inicio del proceso la misma opera como una simple afirmación de titularidad que, para que pueda tener éxito, deberá ser contrastada al final del proceso comprobando que esa afirmación se corresponde con la real titularidad del derecho. La esencia de la legitimación activadescansa, por tanto, en la relación sustantiva del demandante con el derecho ejercitado, con la disponibilidad que se concede por la ley a una persona sobre el objeto del proceso al ser titular del mismo o estar habilitado para su ejercicio, o como indican las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2011 y 28 de febrero de 2002 en la "cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar, la adecuación entre la titularidad jurídicamente afirmada y el objeto jurídico pretendido".

Por todo ello la legitimación es una condición necesaria e imprescindible para poder exigir del tribunal que se pronuncie sobre la pretensión deducida en el mismo, por lo que se indica que una materia que esta directamente relacionada con el fondo del asunto aunque es preliminar al mismo.

Si analizamos el artículo 7 de la Ley de Contrato de Seguro veremos que el tomador es la persona que contrata el seguro mientras que es el asegurado es el titular del interés asegurado y quien está expuesto al riesgo en el sentido que va a sufrir los efectos del evento dañoso. En consecuencia el último párrafo del citado artículo dispone que "los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o, en su caso, al beneficiario, salvo los especiales derechos del tomador en el seguro de vida". Evidentemente bajo esta perspectiva en este procedimiento solamente podremos considerar legitimado activamente al asegurado, que es a quien se le concede la disponibilidad sobre la indemnización derivada de un siniestro cubierto por la póliza de seguro al ser la perjudicada por el mismo.

Estos principios se han ido analizando correctamente en la sentencia de instancia, como puede comprobarse con la lectura de los primeros párrafos del fundamento de derecho primero, aunque al final del mismo ha incurrido en el error de considerar que, como en la póliza no se había identificado al asegurado, debía presumirse que tal condición la ostentaba el tomador don Victor Manuel que estaba perfectamente legitimado a exigir la indemnización derivada del robo amparado en la póliza de seguro, sobre todo, cuando la compañía aseguradora en la fase preprocesal había reconocido al demandante como sujeto legítimo para reclamar la indemnización derivada del seguro, en definitiva como parte en el mismo en su condición de asegurado.

Es cierto que específicamente en la póliza no se designa a nadie como asegurado, pero en las condiciones generales se indica claramente que el asegurado es la persona que es titular del interés objeto del seguro y en las condiciones particulares se señala que la propietaria del vehículo Masserati Quattroporte es la socied ad MEDALJO S.L., por lo que no cabe duda que es en ella en quien concurre la condición de asegurada y por tanto única legitimada , sin que pueda olvidarse esta incuestionable realidad por el hecho de que la compañía de seguros se dirigiere al tomador para comunicarle que se había rechazado el siniestro y que se iba a proceder al cierre del expediente (ver documento 4 de la demanda), pues Don Victor Manuel, como tomador del seguro, es el titular del contrato y quien dio parte del siniestro por lo que no debe extrañarnos que se le informasen de las incidencias relativas al mismo, sobre todo cuando también el mismo resulta ser el representante legal de sociedad propietaria del vehículo, hecho que era perfectamente conocido por la compañía aseguradora.

En definitiva la única titular del derecho lesionado que es objeto de este procedimiento y quien tiene derecho a exigir un pronunciamiento, favorable o no, sobre el fondo del asunto es la sociedad de responsabilidad limitada MEDALJO DISTRIBUCIONES,......."

I) Y por último, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 1ª, de 24 de enero de 2013, Recurso núm. 382/2012 (EDJ 2013/44695) dice "Tal como explica correctamente el apartado primero de la sentencia apelada, la reclamación deducida tiene su fundamento en un contrato de seguro del vehículo que cubría el riesgo de robo.

Este vehículo había sido adquirido mediante leasing por el demandante a quien la sentencia niega legitimación activa por no haber concertado el seguro, manteniendo la legitimación de la codemandante por ser quien lo concertó.

La compañía aseguradora impugna el pronunciamiento que le obliga a pagar a la tomadora del seguro la indemnización correspondiente al valor del vehículo robado, alegando que se produce un enriquecimiento injusto para quien no es propietaria, a pesar de figurar así en el contrato de seguro y, además, no se habían pagado las cuotas del arrendamiento financiero por lo que se siguió otro procedimiento de reclamación con sentencia condenatoria al arrendatario, aquí codemandante absuelto.

Ante el planteamiento expuesto sobre las relaciones jurídicas y contratos existentes respecto al vehículo robado (sin que se haya planteado la trascendencia de su posterior recuperación en otro país) la cuestión que se suscita es determinar si le corresponde a la codemandante la indemnización del valor del vehículo como tomadora del seguro cuando resulta que no es la propietaria, como manifestó, ni siquiera la titular del arrendamiento financiero.

Al respecto es preciso indicar que el contrato de leasing está previsto en la Disposición Adicional séptima de la Ley 26/88 de 29 Julio sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que define estas operaciones mercantiles como "aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas". Es decir, la financiera adquiere un bien, que elige el usuario, y mantiene su propiedad pero le cede inmediatamente el uso a cambio de una contraprestación periódica durante un plazo concreto, a cuya terminación el usuario podrá optar entre devolverlo o adquirirlo por un precio fijado como valor residual. La propietaria del vehículo es la arrendadora financiera que lo adquirió, tal como ha tenido ocasión de señalar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia de 23 enero 2004 (Rc 392/98) y sentencia de 1 marzo 2011 (Rc 1911/2007).

Conforme a la configuración de este contrato, en caso de robo la arrendadora es quien pierde el vehículo; el perjuicio del arrendatario se ciñe a los costes de financiación abonados y la opción de compra, en cuanto las cuotas del arrendamiento iban destinadas a la amortización del precio y progresiva adquisición del vehículo por el valor residual.

En el seguro de daños, como es el de robo ( art. 50 L.C.S.), el interés asegurado viene determinado por el vínculo entre el tomador o asegurado y el bien objeto de cobertura contra el robo, que debe ser manifestado en la póliza para valorar el daño o perjuicio. Se reconoce legitimidad al arrendatario para concertar un seguro sobre el vehículo para caso de pérdida, cubriendo su interés en el mismo que no podría comprender la propiedad que no tiene.

En este sentido, existen precedentes judiciales A.P. León (Sec. 1ª) S. nº 119/12 de 21 marzo que niega legitimación activa al arrendatario financiero para reclamar la indemnización por robo del vehículo que concertó como tomador del seguro en su condición de propietario, manifestando que no puede exigir el pago de una indemnización que no se ajusta al interés asegurado que es la propiedad del vehículo porque no la tiene, concluyendo que contratada la cobertura del vehículo como titular, al no serlo decae su legitimación.

Con mayor razón carece de legitimación activa para reclamar la indemnización por pérdida del vehículo quien no tiene ninguna relación jurídica sobre el mismo porque no forma parte del contrato de leasing, de manera que no tiene interés alguno que asegurar para el caso de robo, aunque como tomadora del seguro figure en la póliza como titular, que no lo es.


Quien no tiene ninguna vinculación jurídica con el objeto asegurado contra el robo, está contratando un seguro sobre cosa ajena en el que el asegurado es otra persona, de manera que no le corresponde la indemnización según el art. 7 L.C.S. "Los derechos que derivan del contrato corresponden al asegurado o, en su caso, al beneficiario", no menciona al tomador del seguro.

www.indemnizacionglobal.com