sábado, 16 de febrero de 2019

La determinación del "dies a quo" para el inicio del plazo de prescripción de la acción depende del tipo de daño sufrido, que el perjudicado conoce al producirse el alta médica en la medida que es la fecha en que se fija el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización



A) La sentencia de la AP Girona, sec. 2ª, de 17 de abril de 2018, nº 162/2018, rec. 235/2018, considera que la determinación del "dies a quo" para el inicio del plazo de prescripción de la acción depende del tipo de daño sufrido, que el perjudicado conoce al producirse el alta médica en la medida que es la fecha en que se fija el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización. Ese "dies a quo" es el mismo para el comienzo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños corporales derivados de culpa extracontractual, y para la acción directa contra la compañía aseguradora.

B) HECHOS: La sentencia de primera instancia acoge la excepción de prescripción de la acción respecto a la compañía aseguradora, por vía de aplicar el plazo de un año que el art. 7.1 de la LRCSCVM, que establece en el régimen de prescripción de la acción directa contra el asegurador obligatorio, desde la fecha del siniestro.

Mientras que al aplicar el plazo de prescripción trienal a la acción de responsabilidad extracontractual ejercitada contra el conductor del vehículo, de acuerdo con el art. 121-21.d) del CCCat., se considera que la acción del art. 1902 C.C. ejercitada frente a él no está prescrita, además de no haberse alegado dicha prescripción por esta parte a quien pudiera favorecer, de manera que se estima plenamente la demanda respecto de dicho codemandado, sin entrar a valorar el alcance de las lesiones, ya que al no comparecer, no fue cuestionado por él.

Muestra su disconformidad con lo resuelto en primera instancia la parte demandante, impugnando únicamente la prescripción respecto de la aseguradora ATLANTIS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., porque entiende que, a diferencia de lo que hace la sentencia apelada, de situar el "dies a quo" para el cómputo del plazo de prescripción de la acción en la fecha de producción del siniestro, el inicio de la prescripción de la acción comienza, tal y como se desprende del art. 1968.2º del CC, coincidente en su espíritu con el art. 121-23.1 del CCCat. desde el día que lo supo el agraviado (y pudo por ello ejercitarla), o lo que es lo mismo, desde que la persona que ejercita la pretensión conoció o pudo conocer las circunstancias que la fundamentan y la persona contra la que se puede ejercitar.

C) Como viene a entender la doctrina, para que se inicie el plazo de prescripción, el perjudicado tiene que conocer el alcance y la extensión de los daños y dependerá, según se trate de daños inmediatos o sobrevenidos y de la forma en que se manifiesten, en toda su extensión al producirse, o durante un periodo de tiempo. La determinación del "dies a quo" para el inicio del plazo de prescripción de la acción dependerá por ello del tipo de daño.

1º) Cuando se trata de daños corporales, el inicio del plazo de prescripción se producirá cuando los daños estén consolidados, es decir, cuando las lesiones se estabilizan y se concretan las secuelas, ya que en ese momento ya puede determinarse con precisión el alcance del perjuicio derivado de las lesiones y su valoración económica.

Así se pronuncia el TS en Sentencias de 18/07/2011, 26/05/2010, 20/05/2009, 14/07/2008 /, 13/07/2003, entre otras, diciendo:

"Esta Sala tiene declarado que la prescripción de la acción para reclamar por secuelas se inicia con la determinación de su alcance o de los defectos permanentes originados, pues hasta que no se determina ese alcance no puede reclamarse por ellas (SSTS de 20 de mayo de 2009 , 14 de julio de 2008 , 13 de julio de 2003 y 26 de mayo de 2010, RC n.º 764/2006). El conocimiento del daño sufrido que ha de determinar el comienzo del plazo de prescripción lo tiene el perjudicado al producirse el alta, en la medida que en esta fecha se declaran estabilizadas las lesiones y se concretan las secuelas o, lo que es igual, se determina en toda su dimensión el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización (SSTS, de Pleno, de 17 de abril de 2007, RC n.º 2908/2001 y de 17 de abril de 2007, RC n.º 2598/2002 , así como SSTS de 7 de mayo de 2009, RC n.º 220/2005; 9 de julio de 2008, RC n.º 1927/2002, 10 de julio 2008, RC n.º 1634/2002, 10 de julio de 2008, RC n.º 2541/2003, 23 de julio de 2008, RC n.º 1793/2004, 18 de septiembre de 2008, RC n.º 838/2004 y 30 de octubre de 2008, RC n.º 296/2004, las cuales, al referirse a la distinción entre sistema legal aplicable para la determinación del daño y cuantificación económica del mismo refrendan el criterio de que el daño queda concretado, como regla general, con el alta médica, y que esto obliga a valorarlo con arreglo a las cuantías actualizadas vigentes para todo el año en que ésta se produjo)."

2º) Esta doctrina es aplicable al comienzo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños corporales derivados de culpa extracontractual o aquiliana del art. 1902 C.C., pero también en cuanto se refiere al "dies a quo", al régimen de prescripción de la acción directa contra la compañía que cubre el seguro obligatorio, art. 7.1 LRCSCVM, pues si en este concreto extremo, el penúltimo inciso de este precepto guarda silencio en cuanto al inicio del cómputo del plazo, debe seguirse la regla de los preceptos mencionados, art. 1968.2º C.C. y 121-23.1 CCCat.

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La acción para reclamar comisiones o indemnizaciones por clientela o falta de preaviso derivadas del contrato de agencia prescribe al año desde la extinción del contrato, pudiendo ser interrumpido dicho plazo de prescripción.



A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 13ª, de 17 de septiembre de 2018, nº 525/2018, rec. 1100/2016, establece que, en caso de resolución unilateral de contrato de agencia, deben abonarse las comisiones devengadas y pendientes de pago pero descontando aquellas que fueron pagadas por adelantado aún no liquidadas. La acción para reclamar comisiones o indemnizaciones por clientela o falta de preaviso derivadas del contrato de agencia prescribe al año desde la extinción del contrato, pudiendo ser interrumpido dicho plazo de prescripción.

B) PRESCRIPCION: El art. 31 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia (LCA) establece que "La acción para reclamar la indemnización por clientela o la indemnización de daños y perjuicios prescribirá al año a contar desde la extinción del contrato".

Así pues, el dies a quopara el cómputo del plazo de prescripción de esta acción es el día de "extinción del contrato".

En el caso de autos, la empresa Pajalsta comunicó a través de burofax "la decisión de esta empresa de rescindir el contrato de agencia con efectos inmediatos" (documento nº 10 de la demanda y nº 23 de la contestación).

Precisamente con la contestación a la demanda, la empresa Pajalsta aporta, además del texto de la misiva y de una comunicación anterior que se une como anexo, los documentos que acreditan la fecha de envío y de recepción de la misma; de ellos resulta que, si bien la carta resolutoria está fechada el día 6.7.2012, el burofax fue presentado para su remisión en el Servicio de Correos el día 9.7.2012, siendo entregado a su destinatario el día 11 del mismo mes y año.

Consta en autos que la demanda fue presentada ante el Decanato el día 5.7.2013.

Teniendo, pues, en cuenta la fecha de presentación de la demanda, es llano que, cualquiera que sea la fecha de entre las anteriores que se tome como inicial para el cómputo del plazo de prescripción , no había transcurrido el plazo de un año (que se cuenta de fecha a fecha) previsto en el citado art. 31 LCA , por lo que la acción en modo alguno puede considerarse prescrita, sin que el tribunal considere que existan motivos de congruencia que impidan esta conclusión.

Esta afirmación bastaría para estimar el recurso y revocar en este pronunciamiento la sentencia de primera instancia sin necesidad de otras consideraciones, pero es que, además, la conclusión alcanzada por el juzgador a quo no puede mantenerse por cuanto: 1º) El dies a quo queda establecido por la fecha de extinción del contrato (no por la de comunicación de éste) y en el presente caso ésta tiene lugar "con efectos inmediatos" a la comunicación remitida en 9.7.2012, y si bien con anterioridad entre las partes hubo comunicaciones -véase el bloque documental 9 de la contestación- de las que se desprende el deterioro de la relación contractual y la inminencia de su probable resolución, en ninguna de ellas declara su decisión de dar por extinguido el contrato; 2º) No deja de resultar sorprendente que el juzgador a quo acoja como fecha de resolución la del 15.5.2012 porque el actor lo reconoce en una carta de 11.6.2012 (doc 7 de la demanda) firmada por el letrado Sr. Juan María , y en cambio niegue a la misma carta efectos interruptivos al considerar que éste carece de representación; 3º) Mediante comunicación remitida por fax en 14.5.2012 por la demandada (primera de las comunicaciones incluida en el bloque documental 9 de la contestación) ésta se limita a solicitar la devolución de diversas colecciones completas de la temporada otoño-invierno 2012.

Y, en cualquier caso, para agotar el debate, aun aceptando que el contrato se hubiera resuelto con fecha 15.5.2012, la acción no se encontraría prescrita, al haber sido interrumpida la prescripción.

C) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: Todo ello, atendiendo al fundamento subjetivo del instituto de la prescripción, basado en la conducta estática del interesado:

1º) La interrupción debe corresponder a un comportamiento positivo del mismo que exteriorice la voluntad de ejercer o conservar su derecho, siendo esencial la valoración del propósito del sujeto, de manera que siempre que aparezca suficientemente manifestado su claro deseo conservativo.

2º) La prescripción , de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado art. 1973 CC (y en la misma medida el art. 121-11 CCCat ), se interrumpe, entre otras causas por la reclamación extrajudicial, que puede hacerse por apoderado o mandatario, aunque sea verbal (SSTS 27 junio 1969 , 10 octubre 1972 y 22 septiembre 1984), ya que, como señala también la STS 21 enero 1986 , si bien dicho precepto exige que la reclamación al deudor tiene que partir del acreedor, ello no se opone a que tal reclamación la efectúe un tercero que ostente la debida representación de aquél, incluso mediante mandato tácito.

3º) En cuanto a la forma de la reclamación extrajudicial no se exige una especial, siendo en consecuencia válida cualquiera que permita su debida acreditación, por lo que se ha considerado plenamente eficaz la efectuada mediante carta o telegrama; aunque, en principio, la declaración de voluntad en que consiste la reclamación extrajudicial, a la que el art. 1973 CC, reconoce la virtud de interrumpir la prescripción extintiva , tiene naturaleza receptiva, por lo que debe ir dirigida al deudor y ser recibida por éste, aunque sus efectos se produzcan desde la fecha de la emisión y no de la recepción, no es necesario que el sujeto a quien va dirigida llegue efectivamente a conocer la reclamación, siendo bastante con carácter general a los indicados efectos su recepción (STS 24 diciembre 1994 ), e incluso la ausencia de la misma cuando sea debida al propio deudor, y, por tanto, ajena al acreedor.

Esta asentada doctrina jurisprudencial del tribunal Supremo es mantenida en la actualidad. Así, al aplicar el art. 1973 CC a la STS 20.11.2007 razona: "La interrupción de la prescripción extintiva por vía de la reclamación extrajudicial, a que se refiere la norma, "supone una singularidad en nuestro derecho en relación al derecho comparado. Es más, nuestro Código Civil, en el mencionado artículo 1973, no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción por lo que cualquiera de ellos, puede servir para tal fin" (STS 2 de Noviembre de 2005), si bien se exige para ello que aparezca clara la "voluntad conservativa del derecho suficientemente manifestada, por la que expresamente reclame -exija- de su deudor el cumplimiento de una obligación al mismo atribuida, quedando vedado a los Tribunales interrumpir la prescripción cuando en autos se carece de datos fácticos que así lo revelen" (SSTS 6 de diciembre de 1969;22 de febrero de 1991), siendo así mismo doctrina jurisprudencial constante e invariable que la apreciación de la prueba suministrada por los litigantes, respecto a la interrupción o no del plazo prescriptivo , es de la exclusiva soberanía del Tribunal de Instancia (por todas las sentencia del TS de 1 de febrero 2006 )".

En la misma línea la más reciente Sentencia del TS 24.2.2015 afirma:

La Sala, en su labor unificadora de criterios judiciales, ha precisado, entre otros pronunciamientos sobre la materia, en (STS de 16 de noviembre de 1998, Rc. 1075/1994), que la interrupción de la prescripción extintiva por la vía de la reclamación extrajudicial, supone una singularidad en nuestro derecho en relación al derecho comparado. Es más, nuestro Código Civil, en el mencionado artículo 1.973, no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción, por lo que cualquiera de ellos, puede servir para tal fin; es por lo que siguiendo una importante corriente doctrinal, se puede afirmar que esta cuestión puede plantear un problema de prueba -de la existencia de la reclamación y de su fecha- pero no un problema de forma. Y en este sentido se explicita la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1.968.

En resumen, que dicha forma de interrumpir la prescripción, es un acto unilateral para el que puede estar legitimado, no sólo el titular del derecho, sino también todas aquellas personas a quienes se ha facultado para actuar en este sentido, y podrá hacerse por un representante o apoderado, incluso sin poder especial de representación para ello, y, sin duda, puede hacerlo un mandatario verbal, como es un abogado o un procurador.

Si, partiendo de referida doctrina, la Sala permite que el acreedor puede remitir comunicaciones interruptivas de la prescripción a través de mandatario, ha de colegirse que tales comunicaciones pueden enviarse también a quien sea apoderado del deudor destinatario de aquellas, como lo es la figura de su Procurador en el pleito concreto en que se pretende su efecto interruptivo".

D) CONCLUSION: La aplicación de la doctrina expuesta al caso de autos lleva, aun teniendo en cuenta que el art el artículo 1973 CC en cuanto a la interrupción del plazo de prescripción merece una interpretación restrictiva (SSTS 25.11.201612.12.2017 o 5.2.2018 ), a dotar de efectos interruptivos a la reclamación remitida en 12.7.2012.

Así es, en la carta (doc. 7 de la contestación) el letrado Sr. Juan María (como se ha dicho nada obsta que la reclamación extrajudicial se efectúe por un tercero, mandatario verbal) manifiesta de manera clara y expresa la voluntad del actor de reclamar las indemnizaciones derivadas de la aplicación de la LCA, además de las comisiones pendientes de pago, no siendo óbice, según la doctrina jurisprudencial expuesta, que esta reclamación se dirigiera al letrado Sr. Anibal , quien había actuado en ese momento en representación de Pajalsta, remitiendo diversas comunicaciones (tanto es así que a la carta de resolución firmada por el representante legal de Pajalsta, Sr. Argimiro , se acompaña una misiva anterior de 28.6.2012 suscrita por el Sr. Anibal). Dicha carta, si bien fechada en 11.6.2012, fue remitida por burofax que fue impuesto en el Servicio de Correos el día 12.7.2012 (fol 174), siendo recibido por su destinatario al día siguiente (fol 173); así resulta de los documentos aportados como núm. 7 de la contestación por la propia demandada).

En definitiva, interrumpida la prescripción con la remisión de esta misiva el día 12.7.2012, hemos de concluir que al plantearse la interpelación judicial el día 5.7.2013, no había transcurrido el plazo de un año previsto en el art. 31 LCA.

En definitiva, estimando el recurso de apelación, proceder revocar el pronunciamiento que declara prescrita la acción para reclamar las indemnizaciones por clientela y por falta de preaviso, de manera que, consecuentemente, este tribunal deber entrar a conocer y resolver sobre las mismas.

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domingo, 3 de febrero de 2019

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 17 de enero de 2019, nº 35/2019, rec. 213/2016, declara que no ha lugar a la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción por parte del asegurador está fundada en causa justificada, ante la presencia de dudas razonables sobre la existencia de la obligación



A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 17 de enero de 2019, nº 35/2019, rec. 213/2016, declara que no ha lugar a la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción por parte del asegurador está fundada en causa justificada, ante la presencia de dudas razonables sobre la existencia de la obligación. En tales casos el interés aplicable a la indemnización reconocida será el legal desde la fecha de interposición de la demanda.

Ello sucede, en los accidentes de circulación, con concurrencia culposa de víctima, en casos en que ha existido grave dificultad para averiguar las circunstancias del siniestro, esa incertidumbre y duda racional en la responsabilidad del accidente justifica la inaplicación de los intereses moratorios del artículo 20.8 de la LCS.

B) HECHOS: El actor, interpuso demanda de juicio ordinario contra Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros, en ejercicio de la acción directa para la reclamación de daños y perjuicios prevista en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, como consecuencia del accidente sufrido cuando el demandante viajaba como ocupante en su propio vehículo. Alegaba que el 16 de marzo de 2008 cuando don Plácido conducía el vehículo Seat Córdoba, matrícula .... VRD, propiedad del demandante, asegurado en la compañía demandada, se produjo un accidente por colisión con otro vehículo siendo causante del mismo el conductor de su propio vehículo don Plácido. Como consecuencia de ello, el demandante (que ocupaba, como pasajero, el asiento delantero derecho del vehículo de su propiedad) sufrió graves lesiones por las cuales reclamó una indemnización a la aseguradora.

Se opuso la entidad demandada alegando que era el propio demandante el que conducía el vehículo de su propiedad en el momento de la ocurrencia del accidente, por lo que carecía de derecho a reclamar al no extenderse al mismo la cobertura del seguro. El Juzgado de Primera Instancia de Caldas de Reis desestimó la demanda por considerar que efectivamente el demandante era el conductor del vehículo y el único responsable deI accidente.

Contra dicha sentencia recurrió en apelación el demandante y la Audiencia Provincial de Pontevedra estimó el recurso y condenó a la aseguradora demandada a indemnizar al Sr. Landelino en la cantidad de 441.278,20 euros, incrementada con los intereses del artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS). 

Considera la Audiencia que, aunque inicialmente se dudó sobre quién era el conductor del vehículo en el momento del accidente, la investigación posterior de la Guardia Civil y los testimonios prestados en el juicio permiten declarar probado que eran dos las personas que viajaban en el Seat Córdoba y salieron despedidas del mismo cuando se produjo el accidente, así como que el demandante no era el conductor del vehículo sino que viajaba en el asiento delantero derecho. Considera la Audiencia que, por aplicación del sistema de valoración, la indemnización procedente sería de 1.103.218 euros, pero reduce esa cantidad a la de 441.278,20 euros al apreciar concurrencia culposa por parte de la víctima, ya que no hacía uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente. No obstante aplica, a cargo de la aseguradora, el interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del accidente.

La demandada Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros ha recurrido en casación, solicitando únicamente que se suprima la condena al pago del interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

C)  MOTIVACION: Sostiene la aseguradora recurrente que la grave dificultad existente para poder averiguar las circunstancias del siniestro, reconocida judicialmente, ha perdurado en el tiempo, lo cual permite afirmar y justifica que la aseguradora no haya consignado o efectuado pago alguno a los efectos prevenidos en el artículo 20-3.° de la Ley de Contrato de Seguro, por causa de esa patente incertidumbre y duda racional a la hora de identificar la existencia misma o no de un tercero perjudicado.

Cita la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, nº 293/2012, de 10 mayo, la cual dice lo siguiente:

"Según el artículo 20.8 de la LCS el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial".

Continúa diciendo la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, nº 293/2012, de 10 mayo, que:

"Aplicada esta doctrina al caso de autos, procede mantener en este aspecto la sentencia recurrida pues la aseguradora se opuso razonablemente al pago dado que en el atestado de la policía se relacionaba como conductor al hoy actor, dadas las alteraciones del tacógrafo, lo que justificadamente le impulsó a negarse al pago de la cantidad reclamada, si bien durante el transcurso del procedimiento se practicaron pruebas que determinaron que era un simple ocupante".

D) DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: Como ha puesto de manifiesto la doctrina, la LCS, en cuanto a la aplicación a cargo de la aseguradora de los intereses de demora, en lugar de hacer una referencia directa a la existencia de culpa por su parte en cuanto al hecho de no hacer frente al pago de la indemnización, viene a emplear unos términos distintos que, no obstante, conducen al mismo resultado, ya que se refiere a la inexistencia de causa justificada o que no fuere imputable a la aseguradora. En efecto, el apartado 8.º del artículo 20 dice que no ha lugar a la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción de la prestación por parte del asegurador no le sea imputable o cuando esté fundada en una causa justificada, ya que la ley impone a la aseguradora la observación de una especial diligencia en orden a hacer las investigaciones y peritaciones necesarias para la determinación de la existencia de la deuda y de su cuantía, al menos inicial, dentro del plazo de tres meses marcados por la norma. La misma doctrina establece que no podrá aplicarse la normativa de la mora de la aseguradora en aquellos casos en que el retraso no puede serle imputado por falta de denuncia del siniestro, no envío de informaciones necesarias por parte del obligado a ello, cuando no están determinadas las causas del siniestro o si surgen sospechas sobre una posible falta de cobertura por la propia intervención del asegurado en la producción del siniestro.

Es cierto que la determinación en el caso concreto de la existencia de tal causa justificada corresponde a los órganos de instancia y su apreciación sólo puede ser revisada, por interés casacional, en los supuestos a que se refiere el artículo 477.3 LEC y, singularmente, como ahora ocurre, cuando la sentencia impugnada se ha apartado de un criterio que el Tribunal Supremo ha fijado como suficiente para estimar la concurrencia de dicha justificación (o incluso cuando no existe jurisprudencia sobre la materia) y que es de plena aplicación en el caso, cual es la presencia de dudas razonables acerca de la propia existencia de la obligación; dudas que en este caso no sólo se apoyan en las investigaciones iniciales, sino también en el sentido de alguno de los informes periciales emitidos, que incluso llevaron a que la sentencia de primera instancia desestimara la demanda por considerar que era el demandante quien conducía el vehículo y, por tanto, el responsable del accidente.



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lunes, 28 de enero de 2019

Las aseguradoras están obligadas una vez conocido el siniestro, a presentar al perjudicado una oferta de indemnización o darle una respuesta motivada, es decir, adoptar una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización desde que tenga conocimiento del siniestro



A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 4ª, de 7 de noviembre de 2018, nº 394/2018, rec. 373/2018, determina las obligaciones que una aseguradora tiene, una vez conocido el siniestro, para determinar su alcance y consecuencias, debiendo presentar al perjudicado una oferta de indemnización o darle una respuesta motivada, es decir, adoptar una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización desde que tenga conocimiento del siniestro por cualquier medio.

B) LA OFERTA MOTIVADA: La oferta motivada es una nueva vía introducida en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, tras las modificaciones efectuadas con la Ley 35/2015 del 22 de septiembre, y que entró en vigor en enero de 2016.

1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artículo 1 de la presente Ley.

El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año.

No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño.

Esta reclamación interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada definitiva.

La información de interés contenida en los atestados e informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico que recojan las circunstancias del accidente podrá ser facilitada por éstas a petición de las partes afectadas, perjudicados o entidades aseguradoras, salvo en el caso en que las diligencias se hayan entregado a la autoridad judicial competente para conocer los hechos, en cuyo caso deberán solicitar dicha información a ésta.

2. En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3 de este artículo. En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de este artículo.

A estos efectos, el asegurador, a su costa, podrá solicitar previamente los informes periciales privados que considere pertinentes, que deberá efectuar por servicios propios o concertados, si considera que la documentación aportada por el lesionado es insuficiente para la cuantificación del daño.

El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción administrativa grave o leve.

Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. Estos mismos intereses de demora se devengarán en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, ésta no sea satisfecha en el plazo de cinco días, o no se consigne para pago la cantidad ofrecida.

El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca, por cualquier medio, la existencia del siniestro, una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización.

Lo dispuesto en el presente apartado será de aplicación para los accidentes que puedan indemnizarse por el sistema de las oficinas nacionales de seguro de automóviles, en cuyo caso toda referencia al asegurador se entenderá hecha a la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (Ofesauto) y a las entidades corresponsales autorizadas para representar a entidades aseguradoras extranjeras.

3. Para que sea válida a los efectos de esta Ley, la oferta motivada deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros.

b) Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el Título IV y el Anexo de esta Ley.

c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo, e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.
d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.

e) Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.

4. En el supuesto de que el asegurador no realice una oferta motivada de indemnización, deberá dar una respuesta motivada ajustada a los siguientes requisitos:

a) Dará contestación suficiente a la reclamación formulada, con indicación del motivo que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque no esté determinada la responsabilidad, bien porque no se haya podido cuantificar el daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamación, que deberá ser especificada.

Cuando dicho motivo sea la dilatación en el tiempo del proceso de curación del perjudicado y no fuera posible determinar el alcance total de las secuelas padecidas a causa del accidente o porque, por cualquier motivo, no se pudiera cuantificar plenamente el daño, la respuesta motivada deberá incluir:

1.º La referencia a los pagos a cuenta o pagos parciales anticipados a cuenta de la indemnización resultante final, atendiendo a la naturaleza y entidad de los daños.

2.º El compromiso del asegurador de presentar oferta motivada de indemnización tan pronto como se hayan cuantificado los daños y, hasta ese momento, de informar motivadamente de la situación del siniestro cada dos meses desde el envío de la respuesta.

b) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga, incluyendo el informe médico definitivo, que acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada.

c) Incluirá una mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por el perjudicado, ni afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos.

5. En caso de disconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, podrán pedir informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no hubiese intervenido previamente.

Esta misma solicitud al Instituto de Medicina Legal podrá realizarse por el lesionado aunque no tenga el acuerdo de la aseguradora, y con cargo a la misma. El Instituto de Medicina Legal que deba realizar el informe solicitará a la aseguradora que aporte los medios de prueba de los que disponga, entregando copia del informe pericial que emita a las partes.

Asimismo, el perjudicado también podrá solicitar informes periciales complementarios, sin necesidad de acuerdo del asegurador, siendo los mismos, en este caso, a su costa.

Esta solicitud de intervención pericial complementaria obligará al asegurador a efectuar una nueva oferta motivada en el plazo de un mes desde la entrega del informe pericial complementario, continuando interrumpido el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones judiciales. En todo caso, se reanudará desde que el perjudicado conociese el rechazo de solicitud por parte del asegurador de recabar nuevos informes.

6. Reglamentariamente podrá precisarse el contenido de la oferta motivada y de la respuesta motivada, así como las cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo y remisión de entrega del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal correspondiente. Igualmente, dicha normativa garantizará la especialización de los Médicos Forenses en la valoración del daño corporal a través de las actividades formativas pertinentes.

7. En todo caso, el asegurador deberá afianzar las responsabilidades civiles y abonar las pensiones que por la autoridad judicial fueren exigidas a los presuntos responsables asegurados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 764 y 765 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las pensiones provisionales se calcularán de conformidad con los límites establecidos en el Anexo de esta Ley.

8. Una vez presentada la oferta o la respuesta motivada, en caso de disconformidad y a salvo del derecho previsto en el apartado 5 de este precepto, o transcurrido el plazo para su emisión, el perjudicado podrá bien acudir al procedimiento de mediación previsto en el artículo 14 para intentar solucionar la controversia, o bien acudir a la vía jurisdiccional oportuna para la reclamación de los daños y perjuicios correspondientes.

No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador.

C) La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 4ª, de 7 de noviembre de 2018, nº 394/2018, rec. 373/2018, declara que no puede dejar de censurarse la absoluta pasividad y dejación en el cumplimiento de sus obligaciones de que ha venido haciendo gala la Compañía ALLIANZ, que, sabedora del siniestro, su alcance y consecuencias, pues no en vano llegó a un acuerdo con la conductora del vehículo para indemnizarle por los daños personales sufridos, y una vez frustradas las gestiones para reparar los daños materiales que había asumido la Compañía del perjudicado en virtud del convenio entre aseguradoras, cuando éste se dirigió a ella exponiéndole que no se había podido llegar a un acuerdo y reclamándole una cantidad que representaba el valor medio de otros vehículos similares, ALLIANZ se limitó a remitir nuevamente a la negociación con LINEA DIRECTA ASEGURADORA por ser la que, en virtud de convenio, debía hacer frente al pago de los daños, con lo cual, no sólo estaba infringiendo el deber de presentar al perjudicado una oferta de indemnización o darle una respuesta motivada en los términos, condiciones y plazos que resultan de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, sino que se estaba incumpliendo de forma palmaria la obligación que se impone al asegurador en ese mismo apartado 2 del artículo 7, como trasunto de la disposición general que establece el artículo 18 de la Ley del Contrato de Seguro, de adoptar una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización desde que tenga conocimiento del siniestro por cualquier medio, de modo que, si el cumplimiento de esa obligación incluye la obtención de todos aquellos documentos, informes y cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, no se puede reprochar al perjudicado que no los aportara cuando se trataba de algo que debería haber recabado por sus propios medios el asegurador a fin de cumplir con su obligación resarcitoria, siendo incluso que en caso de disconformidad con la oferta motivada el apartado 5 del mismo artículo 7 permite a las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, pedir informes periciales complementarios. Todo menos limitarse a una postura de total pasividad remitiendo al perjudicado a la tramitación del siniestro a través de un convenio que no le vincula.

Y lo que es más grave aún es que esa misma pasividad se haga valer para oponerse a la justa reclamación del perjudicado ya en sede judicial, reprochándole que no aporte una valoración pericial de daños o un presupuesto de reparación de su vehículo cuando es la propia Compañía responsable de indemnizar los daños la que debe procurar la obtención de tales informes y documentos para así dar cumplimiento a su obligación, contando además para ello con mayores y mejores medios de los que pudiera llegar a disponer el reclamante.

No es admisible que el perjudicado vea rechazada su pretensión por falta de aportación de unos medios de prueba que la Compañía obligada a indemnizarle debía haber obtenido y haberle facilitado en la fase previa de reclamación extrajudicial, pues no se olvide que ésta constituye ahora requisito necesario para la admisión a trámite de la demanda (artículo 7, apartado 8, párrafo 2º), y en el caso de que no lo hubiera hecho, entablado ya el litigio, resulta inexcusable su aportación para justificar, en su caso, la valoración discrepante que se haga de la cuantía indemnizatoria.

Lo que no es recibo es limitarse, como en este caso, a oponer frente a la reclamación del perjudicado que éste no acredita el carácter antieconómico de la reparación de su vehículo.

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sábado, 26 de enero de 2019

Para que pueda prosperar la indemnización por lucro cesante no puede ampararse sin más y exclusivamente en la dicción del artículo 1106 del CC, sino que es preciso probar que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas que no han de ser dudosas y contingentes.



A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 6ª, de 9 de mayo de 2016, nº 148/2016, rec. 157/2016, determina para que pueda prosperar la indemnización por lucro cesante no puede ampararse sin más y exclusivamente en la dicción del artículo 1106 del Código Civil, sino que es preciso probar que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas que no han de ser dudosas y contingentes. El lucro no puede ser dudoso o incierto.

El artículo 1106 del Código Civil dice: “La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes”.

B)  El lucro cesante no puede ampararse sin más y exclusivamente en la dicción del artículo 1106 del Código Civil, sino que es preciso probar que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas que no han de ser dudosas y contingentes, teniendo indicado la jurisprudencia (STS de 17-12-1990, 30-11-1993, 7-5-1994, 29-9-1994 y 8-6-1996), que es de apreciación restrictiva o ponderada y la necesidad de prueba con rigor ("al menos razonable", dicen las sentencias TS de 30-6-1993 y 21-10-1996) de su realidad o existencia ("aplicando criterios de probabilidad de acuerdo con el curso normal de los acontecimientos" STS de 16- 6-1993 y 15-71998), pues el lucro no puede ser dudoso o incierto; las dudas que ofrece la prueba practicada sobre los rendimientos que habría obtenido del segundo empleador nos llevará a estimar el recurso sobre este particular.

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