lunes, 14 de octubre de 2019

En un accidente de tráfico un golpe de baja o pequeña intensidad se pueden producir lesiones que se deben de indemnizar, y ello viene dado porque a pesar de la baja intensidad del golpe, éste puede producir un movimiento brusco que ocasione lesiones en zonas cervicales o lumbares.

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 10ª, de 18 de julio de 2019, nº 388/2019, rec. 464/2019, declara que un golpe de baja o pequeña intensidad puede producir lesiones que se deben de indemnizar, y ello viene dado porque a pesar de la baja intensidad del golpe, éste puede producir un movimiento brusco que ocasiones lesiones en zonas cervicales o lumbares. Es necesario que los perjudicados acudan en un periodo breve de tiempo (72 horas) a un centro médico a fin de que se les practique el diagnóstico.

B) Indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral.

1º) Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes:

a) De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología.

b) Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las setenta y dos horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo.

c) Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario.

d) De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia".

1º) En cuanto a la entidad de los daños, una de las primeras variantes que ha de tener el juez en cuenta para determinar si las lesiones que reclama el perjudicado provienen de un siniestro de baja entidad o intensidad, es analizar el golpe sufrido. Como expresa la propia parte, un golpe de baja o pequeña intensidad puede producir lesiones, y ello viene dado porque a pesar de la baja intensidad del golpe, éste puede producir un movimiento brusco que ocasiones lesiones en zonas cervicales o lumbares.

Así hemos de reconocer ante un siniestro de escasa entidad, que hubo movimiento brusco que produjo lesiones derivadas del movimiento corporal repentino que determinaría la flexión o extensión excesiva de la columna y que puede compadecerse con las lesiones que se reclaman.

En efecto, los partes médicos de asistencia así lo reflejan el mismo día del siniestro, sin que podamos considerar que "la clínica" que presentaban los pacientes, tenga que ser "inventada" a fortiori, y los médicos supeditados a la mera manifestación subjetiva de los pacientes, máxime cuando son ajenos al proceso. Ya hemos visto que en las colisiones por alcance de baja intensidad, los daños corporales que habitualmente se producen se concretan en lo que se denomina "latigazo cervical/lumbar", es decir, un movimiento brusco de aceleración o parada del tronco, que da lugar a una inclinación de la cabeza en sentido contrario, con la correspondiente flexión de la columna cervical, tensionando los músculos y los ligamentos del cuello más allá de su rango normal de movimiento, a los que se asocian diversos síndromes, como serían el cervical, el cérvico-braquial, el cérvico-medular o el cérvico-cefálico, o lumbar. Por tanto, la poca intensidad del choque es un indicio que lleva a concluir que las lesiones no pueden ser de extrema gravedad o continuadas en el tiempo, pero no que las lesiones sin más no existan, habrá que acudir a otros indicios para responder a esto, que en nuestro caso fundamos en la atención prestada a los pacientes tanto en la Seguridad Social, como en la clínica privada a la que acudieron dos de ellos, y el tratamiento pautado a los mismos.

2º) Criterio cronológico: asistencia médica. Es otro elemento para determinar si ha habido lesiones tras un siniestro de pequeña entidad, si bien no para determinar su alcance concreto, es que el perjudicado haya acudido en un periodo de tiempo "breve" en relación con la producción del siniestro, a un centro médico o urgencias hospitalarias, y se le hayan diagnosticado dichas lesiones.

El hecho de existir un parte médico inmediato o muy próximo en el tiempo a un siniestro de escasa entidad, es una prueba objetiva que el siniestro ha podido producir lesiones en el perjudicado. Actualmente, el art. 135 TRLRCSCVM, lo sitúa en las 72 horas siguientes al siniestro; no obstante, creo que no se debe ser excesivamente riguroso en estos casos, pues dicho periodo puede sobrepasarse levemente, en casos excepcionales.

3º) Existencia de patología previa, criterios de exclusión y topográfico. Este elemento que ha de valorado el juez a quo para poder determinar si una lesión es consecuencia de un accidente de baja entidad o intensidad, es la existencia o no de patologías previas en el perjudicado. Conforme a ello consideró la juez a quo acreditada la relación de causalidad. En efecto, es importante descartar que no consta que ni D. Diego ni D. Donato tuvieran patologías previas que o bien fueran la causa del dolor, o que presentaban o que agravaran dicho dolor.

El tipo de colisión por impacto trasero, estando el vehículo en el que viajaban los lesionados parado, es compatible con el resultado que además se acreditó médicamente, de la que fueron asistidos a partir del día del siniestro.


Autor: Pedro Torres Romero
928 29 76 09
667 227 741





domingo, 22 de septiembre de 2019

Derecho a obtener una indemnización de 500 euros por daño moral, por incumplimiento del contrato de compraventa, por las molestias causadas al comprador como consecuencia de la instalación en un vehículo, objeto del contrato, de un dispositivo falseador de mediciones, que no es conforme a la buena fe ni una prestación propia del vehículo.


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, sec. 3ª, de 19 de junio de 2019, nº 239/2019, rec. 199/2019, declara el derecho a obtener una indemnización por daño moral, por incumplimiento del contrato de compraventa, por las molestias causadas al comprador como consecuencia de la instalación en un vehículo, objeto del contrato, de un dispositivo falseador de mediciones, que no es conforme a la buena fe ni una prestación propia del vehículo.

El escándalo del Dieselgate saltó cuando se demostró que el grupo Volkswagen había engañado a sus clientes durante años al venderles vehículos que emitían Óxidos de Nitrógeno (NOx) en cantidades muy superiores a lo que prometían. En los vehículos se encontraba instalado un software para evitar los límites de emisiones contaminantes que detecta el momento en el que pasa un control.

La AP declara que todo incumplimiento contractual puede suponer un perjuicio o daño, daño moral referenciado a estados anímicos, como zozobra, ansiedad o incertidumbre. Todo incumplimiento contractual puede suponer "per se" un perjuicio o daño, una frustración en la economía de la parte, en su interés material o moral, pues lo contrario equivaldría a sostener que las vicisitudes del contrato, en concreto, las contravenciones de las partes no habrán de tener ninguna repercusión, contradiciendo así la realidad normativa de la fuerza vinculante del contrato y de sus consecuencias.

La buena fe contractual "incluye la obligación de que el automóvil vendido no tuviese dispositivos que distorsionaran el control de emisiones falseando su resultado".

La sentencia condena tanto al concesionario oficial, como a la matriz española del Grupo Volkswagen, al pago de 500 euros de indemnización, más los intereses legales.

B) HECHOS: La sentencia de instancia estima en parte la demanda en que se ejercitaba, entre otras, acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual, condenando a la demanda al abono de 500 euros en lo que incluye los daños morales. Se fundamentaba la acción en haber adquirido el actor D. Olegario a través del concesionario AWAUTO el vehículo marca Volkswagen, modelo Golf Advance, por importe de 17.699,50 euros. En el vehículo se encontraba instalado un software para evitar los límites de emisiones contaminantes que detecta el momento en el que pasa un control.

C) Incumplimiento contractual. Cumplimiento defectuoso.

1º) La previa sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 21 de diciembre de 2017 señala que:

"... el incumplimiento contractual materialmente consiste en cualquier falta de realización, realización irregular, defectuosa o incompleta de las prestaciones asumidas contractualmente, en cualquier desviación del programa establecido por las partes en el contrato. Esta noción del incumplimiento material como desajuste de acciones, conductas o estados de la realidad respecto de la previsión contractual, se encuentra en la actualidad reforzada por el principio de conformidad con el contrato que recoge el artículo 1 de la Ley 23/2003 de 10 de julio, de Garantía de Bienes de Consumo, concepto transpuesto de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DOCE núm. L 171, de 7.7.1999; en adelante, Directiva 99/44).

Como es sabido, el contrato obliga a las partes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado sino también a "todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe" y esa buena fe, tal como ha dicho esta misma Sala de la AP de Baleares, en su sentencia de 7 de septiembre de 2017: "incluye la obligación de que el automóvil vendido no tuviese dispositivos que distorsionaran el control de emisiones falseando su resultado".

2º) El artículo 61 de la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios dispone que: "1. La oferta, promoción y publicidad de los bienes o servicios se ajustarán a su naturaleza, características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas o económicas de la contratación. 2. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato.

Pues bien, el incumplimiento, en sentido material, del contrato de compraventa objeto del presente proceso ha consistido en entregar el vehículo con un dispositivo que falsea la medición de emisiones de gases y que ha generado molestias en la compradora, que ahora se ve obligada a someter el coche a una "medida de servicio", es decir, a una corrección del referido "software" con la incertidumbre que ello comporta en cuanto a las prestaciones del automóvil. Entregar el coche con un mecanismo falseador de mediciones de gases no parece conforme a la buena fe (artículo 1258 del Código Civil), ni parece tampoco que sea una "prestación propia" del vehículo (artículo 61 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

3º) En definitiva, y como ya dijera la Audiencia Provincial de Baleares en su sentencia de 7 de septiembre de 2017: "Para que se entienda producido el incumplimiento contractual no es necesaria la declaración previa de que el dispositivo está prohibido, basta con que su instalación en el vehículo de la actora sea considerada como una deficiencia en el cumplimiento de su obligación de entrega, deficiencia que puede ser legal, funcional o meramente generadora de inquietud, preocupación y molestias injustificadas.

[...]

En el caso de autos no pueden obviarse las declaraciones de don Evelio, director ejecutivo del Grupo Volksvagen, en rueda de prensa celebrada el 21 de septiembre de 2015 (aportada con la demanda, bloque II.a.3) cuando manifestó: "Para ser honesto, la manipulación de los vehículos Volkswagen no deben ser permitidas nunca jamás [...] Millones de personas confían en nuestras marcas, nuestros coches y nuestras tecnologías y lamento haber roto esa confianza [...] Me gustaría realizar una petición formal de perdón a nuestros clientes, a las autoridades y al público en general por esta mala conducta [...] Haremos todo lo posible por remediar el daño causado y haremos todo lo necesario para ganar de nuevo su confianza."

Estas declaraciones tienen eficacia acreditativa de las molestias que la instalación del dispositivo ocasionó a los compradores de coches, no por aplicación de la doctrina de los actos propios -que la apelada rechaza por no provenir tal acto de la misma persona demandada-, sino por su propio contenido. Es decir, el fabricante de los coches que la demandada ...comercializaba, reconoce que instalaron en ellos un dispositivo "que ha causado daño", y es esto lo relevante a los efectos civiles.

La llamada a revisión de los coches afectados o "medida de servicio" en terminología de las codemandadas, es igualmente acreditativa de la existencia de una deficiencia dado que, en caso contrario, de no existir esta, carecería de sentido una operación de tanta entidad, tanto por su carácter generalizado como por su indudable coste económico".

4º) Como recogía la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 25 de enero de 2018:

"Como ha dicho este tribunal en su sentencia de 21 de diciembre de 2017, no se entiende qué interés tenía Volkswagen en instalar un software que distorsionaba el resultado de la medición de emisiones de NOx en condiciones de conducción normal, sin estas eran inferiores a las que producen otros vehículos de la misma gama y no alcanzan los límites permitidos por la ley.

Procede hacer en este extremo las precisiones que ya hacíamos en la indicada sentencia:

"... El incumplimiento contractual no radica en las emisiones producidas en la circulación del vehículo sino en las que se generan en situación de estar siendo el coche testado y en la falta de correspondencia entre unas y otras. .... la apelante continúa alegando que pese a lo que en este sentido se indica en la sentencia de primera instancia, la supresión del software fraudulento en modo alguno implicaría que el vehículo ... no pudiera superar las pruebas técnicas de homologación.

Pues bien, aunque, siguiendo la tesis del apelante, este extremo no se haya acreditado, ello no excluye que no se haya instalado en el vehículo de la actora un dispositivo distorsionador de la medición de emisiones, y es esto lo que, tal como se viene diciendo, constituye el incumplimiento contractual.

... aduce el recurrente que el vehículo ...puede circular con toda normalidad.

Ello es totalmente cierto, así se recoge en la sentencia de primera instancia, y es este hecho el que determina que no nos hallemos en el caso de autos ante un supuesto de incumplimiento esencial del contrato que pudiera dar lugar a la acción resolutoria que también se ejercitaba en el presente litigio".

5º) También ha resuelto esta misma Audiencia Provincial de Baleares la alegación de las apelantes de no haber llevado a cabo ninguna actividad antijurídica, resolviendo en Sentencia de 13 de octubre de 2017 que:

“….que los daños concedidos recayeran únicamente dentro de la órbita de la relación contractual de la Sra. Estrella con la empresa vendedora ni, por mucho menos, que la actuación de la fabricante demandada y recurrente fuera lícita por el mero hecho de que la demandante conserve intactos su permiso de circulación y su homologación o, porque SEAT no pudiera conocer la incidencia detectada cuando el vehículo fue adquirido por aquélla, remitiéndonos en este particular a lo que ya expresamos al respecto en la Sentencia dictada por esta Sección de la AP de Baleares, del pasado día 7 de septiembre de 2017, en la que (recogiendo y ahondando en el parecer del Pleno de las Secciones de esta Audiencia Provincial recogido en la Sentencia de fecha 11 de abril de 2015) señalábamos, en relación a la discutida ilicitud de la instalación del aludido software, que se debían realizar las siguientes observaciones:

"a) El carácter lícito de una actividad se deriva de su contraste con una norma y, como es bien sabido, el elemento normativo se halla dentro del ámbito de aplicación del principio "iura novit curia" y, por tanto, no es necesario acreditarlo, es decir, demostrar la existencia de la norma, para que ésta pueda ser tomada como base en la resolución de un determinado litigo. Por ello, aunque no se hayan traído al presente proceso en tiempo y forma ni la publicación oficial emitida por la Comisión de Investigación sobre las Emisiones en el Sector del Automóvil del Parlamento Europeo, de fecha 16 de diciembre, ni la nota de prensa del Parlamento Europeo de 8 de diciembre de 2016, documentos en los que se declara que la instalación del dispositivo de desactivación en toda la Unión está prohibida, el tribunal podría llegar a idéntica conclusión aplicando la normativa pertinente al software de autos.

b) En contra de lo que afirma el apelante, este tribunal sí es competente para pronunciarse sobre el carácter lícito o no del dispositivo de desactivación, pese a tratase de una cuestión de naturaleza administrativa, pues el artículo 42.1 de la Ley de Enjuiciamiento así lo autoriza, a los solos efectos perjudiciales, de resolución del presente litigio civil y el artículo 5.2 del Reglamento (CE ) núm. 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre homologación de tipos de los vehículos de motor en lo referente a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, prohíbe expresamente el uso de dispositivos de desactivación que reduzcan la eficacia de los sistemas de control de las emisiones.

c) Para que se entienda producido el incumplimiento contractual no es necesaria la declaración previa de que el dispositivo está prohibido, basta con que su instalación en el vehículo de la actora sea considerada como una deficiencia en el cumplimiento de su obligación de entrega, deficiencia que puede ser legal, funcional o meramente generadora de inquietud, preocupación y molestias injustificadas. El artículo 1258 del Código Civil obliga a las partes de un contrato a cumplir no sólo lo expresamente pactado, sino "también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe", y esa "buena fe" incluye la obligación de que en un automóvil vendido no hubiese dispositivos que distorsionen el control de emisiones, falseando sus datos.

d) En el caso de autos, no pueden obviarse las declaraciones de D. Ignacio, director ejecutivo del Grupo Volkswagen (fabricante del motor instalado por SEAT) en rueda de prensa celebrada el 21 de septiembre de 2015 cuando manifestó: "Para ser honesto, la manipulación de los vehículos Volkswagen no deben ser permitas nunca jamás [...] Millones de personas confían en nuestras marcas, nuestros coches y nuestras tecnologías y lamento haber roto esa confianza [...] me gustaría realizar una petición formal de perdón a nuestros clientes, a las autoridades y al público en general por esta mala conducta [...] Haremos todo lo posible por remediar el daño causado y haremos todo lo necesario para ganar de nuevo su confianza".

Estas declaraciones tienen eficacia acreditativa de las molestias que la instalación del dispositivo ocasionó a los compradores de coches, no por aplicación de la doctrina de los actos propios ..., sino por su propio contenido. Es decir, el fabricante de los coches que la demandada "Talleres Menorca, S.a." comercializaba, reconoce que instalaran en ellos un dispositivo "que ha causado un daño", y esto es lo relevante a efectos civiles.

e) La llamada a revisión de los coches afectados o "medida de servicio" en terminología de las codemandadas, es igualmente acreditativa de la existencia de una deficiencia, dado que, en caso contrario, de no existir ésta, carecería de sentido una operación de tanta entidad, tanto por su carácter generalizado como por su indudable coste económico”.

D) DOLO O CULPA:  La sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 21 de diciembre de 2017 declara que:

"Alega a la demandada recurrente que aun considerando que se hubiera producido un incumplimiento del contrato de compraventa, este no sería atribuible a dolo o negligencia de la vendedora y, en consecuencia, no sería generador de responsabilidad contractual.

"Sentado que ha existido incumplimiento material, lo que la recurrente cuestiona es que dicho incumplimiento, dicho desajuste entre lo pactado en el contrato y la realidad, sea imputable a la vendedora.

Ahora a bien, el incumplimiento contractual es imputable a quien debió llevar a cabo la conducta pactada salvo caso fortuito o fuera mayor ya que solo estos operan como límite general a esa imputación no basada en dolo ni en culpa (artículo 1105 del Código Civil).

La jurisprudencia en materia de caso fortuito y fuerza mayor como fenómeno exoneratorio de la responsabilidad contractual es extensa, pero de ella puede extraerse que solo merecen ser calificados como tales los eventos extraños y ajenos a la organización y control del contratante incumplidor, en especial cuando se trata de una empresa (SSTS, de 3 de marzo de 1999, 14 de abril de 1999,14 de marzo de 2001, y 11 de abril de 2001).
No es este el supuesto de autos en que la entrega del vehículo en las condiciones establecidas en el contrato y que la compradora podía justificadamente esperar se hallaba plenamente en el ámbito de actuación de la demandada".

E) CUANTÍA DE LA INDEMNIZACION: La sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 21 de diciembre de 2017 que:

"....el daño moral se deriva del mismo incumplimiento en cuanto que, como viene reiterando el Tribunal Supremo, lo contrario significaría aceptar que el contrato opera en el vacío. Todo incumplimiento contractual puede suponer "per se" un perjuicio o daño, una frustración en la economía de la parte, en su interés material o moral, pues lo contrario equivaldría a sostener que las vicisitudes del contrato, en concreto, las contravenciones de las partes, no habrán de tener ninguna repercusión, contradiciendo así la realidad normativa de la fuerza vinculante del contrato y de sus consecuencias (sentencias del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1989, 22 de octubre de 1993, 31 de diciembre de 1998,16 de marzo de 1999 y 18 de junio de 2004).

Cuando el Tribunal Supremo ha de calibrar el daño moral a los efectos a menudo hace referencia a estados anímicos tales como impotencia, zozobra, angustia, ansiedad (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2008), pesadumbre o riesgo de incertidumbre (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2011).

Asiste razón al demandante cuando sostiene que la instalación en su vehículo de un dispositivo ilegal sí constituye un daño moral, en cuanto generador de zozobra derivada de la aparición de un defecto oculto en su coche, de incertidumbre respecto al alcance del fraude, y de inseguridad sobre el curso y resultado de la reclamación a interponer o sobre la viabilidad o efectos de la solución ofrecida por Volkswagen en el funcionamiento y potencia del motor.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considera este tribunal que ha de fijarse en 500 euros, la indemnización por el daño moral ".



Autor: Pedro Torres Romero
928 29 76 09
667 227 741



En los accidentes de circulación por colisión entre motocicleta y turismo en que ha existido concurrencia de culpas de los dos conductores, no puede predicarse la concurrencia respecto de un pasajero ni minorarse su indemnización por tal causa


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 4ª, de3 17 de abril de 2019, nº 158/2019, rec. 91/2019 establece que en un accidente de circulación por colisión entre motocicleta y turismo en que ha existido concurrencia de culpas de los dos conductores, no puede predicarse la concurrencia respecto de un pasajero ni minorarse su indemnización por tal causa.

Se aplica el factor de corrección por lesiones permanentes que constituyan incapacidad para la ocupación o actividad habitual dentro del margen establecido legalmente y pudiendo referirse a limitaciones para tareas de la vida diaria incluyendo la práctica de deportes y actividades de ocio.

B) El artículo 1.1, párrafo 4º, del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor contempla el supuesto de que en la causación del accidente concurran la negligencia del conductor y la del perjudicado, y establece que en tales casos se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes.

En concreto el párrafo 4º del art. 1 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, establece que:

        “Si concurrieran la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes”

Tiene dicho la jurisprudencia que en el caso de que el accidente de circulación se produzca entre dos vehículos debe interpretarse que el principio de responsabilidad objetiva por riesgo comporta el reconocimiento de la responsabilidad por el daño a cargo del conductor del vehículo que respectivamente lo ha causado, pues resulta evidente que en este supuesto no puede hablarse con propiedad de compensación de culpas, sino que únicamente puede examinarse la concurrencia de causas en la producción del siniestro por parte de los conductores de los vehículos intervinientes (Sentencia del TS de 16-12-2008 ).

De ese modo, La existencia de una conducta negligente por parte del perjudicado da lugar a una moderación de la responsabilidad del conductor, limitación que se justifica porque, fundándose la responsabilidad del conductor por daños a las personas en el riesgo objetivo creado por la circulación, el legislador considera que la negligencia del perjudicado constituye una circunstancia susceptible de ser apreciada objetivamente, la cual, según su grado de relevancia, determina que no sea imputable al conductor en todo o en parte el resultado dañoso producido, de lo que se sigue que la moderación de la responsabilidad del conductor se integra en la apreciación del nexo de causalidad en su aspecto jurídico determinando su alcance. En suma, que la limitación de la responsabilidad del conductor por negligencia de la víctima obedece a una ausencia total o parcial de relación causal entre su conducta y el resultado producido, y, en consecuencia, afecta al alcance de la responsabilidad civil dimanante de aquélla, cualquiera que sea el tipo de indemnización procedente y la persona que deba percibirla (Sentencia del TS de 25-3-2010).

C) HECHOS: En el presente caso, el atestado instruido por la Policía Local de Avilés deja claro que el accidente se produce porque al realizar una maniobra para girar a su izquierda el conductor del turismo no se percata de la presencia de la motocicleta que circulaba en dirección contraria, por lo que al invadir su carril e interponerse en su trayectoria se produjo la colisión, pero también refleja -como nota en el croquis- que, dada la deformidad producida en ambos vehículos a consecuencia del impacto, la huella de frenada dejada por la motocicleta y la considerable distancia a la que quedaron tanto el cuerpo del conductor de la misma como el de su pasajero respecto del punto de colisión, todo ello indicaba que la velocidad a la que circulada era excesiva teniendo en cuenta la limitación genérica de la vía a 50 km/h.

En efecto. La brutalidad del impacto frontolateral producido que ocasionó importantes daños materiales, especialmente apreciables en el caso del turismo (folio 36), tras dejar la motocicleta una huella de frenada sobre la calzada de 7,45 m, y el desplazamiento de sus ocupantes al salir despedidos hasta quedar, en el caso del conductor, a 22,50 m del punto de colisión, y en el del pasajero a 43,40 m, teniendo en cuenta además que el turismo circulaba a una velocidad reducida como corresponde a la maniobra de cambio de dirección a su izquierda que se encontraba realizando, por lo que la mayor energía cinética transmitida fue la procedente de la motocicleta, permite concluir sin ningún género de dudas que la velocidad a la que ésta circulaba era superior a la máxima autorizada de 50 km/h y que ese exceso de velocidad influyó de forma relevante en el resultado producido, pues, de haberse observado el límite establecido, aún en el caso de que no se pudiera haber evitado la colisión porque la imprevista irrupción del turismo en su carril limitó la capacidad de reacción del motorista, los efectos lesivos no habrían alcanzado la importancia que realmente tuvieron.

No obstante, a la hora de valorar la entidad de las culpas concurrentes, ésta no puede conllevar un reparto equitativo al 50% como pretende la apelante, pues si una cosa es segura es que, por excesiva que fuese la velocidad a la que circulaba la motocicleta, el accidente no se habría producido si el turismo no se hubiese interpuesto en su trayectoria invadiendo el carril por el que aquélla circulaba, siendo sobre su conductor sobre quien pesaba la obligación de cerciorarse de que, por la velocidad y la distancia a la que se encontraba, gozando para ello de buena visibilidad, aunque fuera de noche, por tratarse de un tramo recto con iluminación artificial, además de la que llevaba la propia motocicleta, podía efectuar la maniobra sin peligro, absteniéndose en otro caso de realizarla y respetando en cualquier caso su preferencia (artículo 30, apartados 1 y 2 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ), por lo que, si a ello se añade el hecho de que el turismo circulaba sin llevar encendidas las luces de cruce, pues de otro modo no se entiende que los conductores que lo seguían no vieran que llevase encendido el alumbrado trasero, comprobando los agentes que sí funcionaba, de manera que si llevaba apagadas las luces traseras también debían estarlo las delanteras al ser todas ellas controladas mediante un único mecanismo, de ello se deduce la mayor dificultad para advertir su presencia por parte del conductor de la motocicleta, cuya atención se veía entonces desplazada hacia los otros vehículos que circulaban detrás, éstos sí con las luces encendidas, contribuyendo de ese modo a limitar su capacidad de respuesta ante una maniobra inesperada por más que hubiese sido señalizada con el intermitente, habrá de concluirse estableciendo una contribución causal al resultado producido del 70% en el caso del conductor del turismo y del 30% en el de la motocicleta.

D) NO CABE APLICAR LA CONCURRENCIA DE CULPAS A LOS PASAJEROS: Naturalmente, tal concurrencia de culpas no puede predicarse respecto del perjudicado pasajero de la motocicleta, pues ninguna intervención tuvo éste en el accidente litigioso al ser un mero ocupante de la misma, por lo que en su caso no procede minoración alguna del quantum indemnizatorio que le corresponde, y tanto los conductores responsables como sus respectivas Compañías aseguradoras responden frente a él de forma solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que procedan en virtud del pago efectuado.

E) La sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 5ª, de 22 de febrero de 2008, sentencia que, ante la alegación de la aseguradora de que "podía existir una concurrencia de culpas de la víctima al asumir cierta responsabilidad por subirse a un vehículo cuyo conductor sobrepasaba la tasa de alcoholemia", se rechaza tal argumentación afirmando que "no cabe moderar ni rebajar la suma antes establecida atendiendo a una supuesta concurrencia de culpas, como pretende la aseguradora demandada, dado que, como se deriva del atestado de la policía local la causa del accidente fue consecuencia de la velocidad inadecuada a la vía por la que circulaba el vehículo siniestrado, causa que es imputable únicamente al conductor y no al acompañante; significando que, si bien es cierto que el resultado de las muestras de sangre recogidas a ambos fallecidos dan un resultado positivo en alcoholemia, en modo alguno se deriva que tal circunstancia, en lo que se refiere al ocupante o pasajero, haya tenido incidencia directa ni indirecta en la dinámica comisiva del evento dañoso que nos ocupa ni tampoco en la agravamiento de sus consecuencias".



Autor: Pedro Torres Romero
928 29 76 09
667 227 741



miércoles, 4 de septiembre de 2019

Los deportistas de élite tienen derecho a una indemnización por extinción de su contrato de 12 días de salario por año de servicio, por elevado que sea su salario.


A) La sentencia del Pleno de la Sala de  lo Social del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019, nº 367/2019, rec. 3957/2016, reconoce a los deportistas “de élite” el derecho a indemnización por finalizar su contrato. La Sala añade que se aplica siempre que ha habido una contratación temporal que llega a su término con independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio colectivo.

La finalidad perseguida por la indemnización por término de contrato es compatible con la especialidad del contrato deportivo, puesto que respecto del mismo mejora su estabilidad o minora las consecuencias desfavorables de la precariedad.

En consecuencia, cuando finaliza el contrato temporal de un futbolista por expirar el tiempo convenido, por elevado que sea su salario, se hace acreedor de la indemnización prevista en el artículo 49.1.c ET, de doce días de salario por año de servicio. 

B) En esencia, se discute si resulta aplicable a los "deportistas profesionales" la indemnización por expiración del tiempo convenido para los contratos de duración determinada que contempla el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores (ET ).

Conforme al art. 2.1.d) ET se considera relación laboral de carácter especial la de los deportistas profesionales. El apartado 2 añade que "en todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas relaciones laborales respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución".

Por su parte el art. 49.1.c) ET preceptúa que el contrato de trabajo se extinguirá por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. Y añade que "a la finalización del contrato el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación".

C) El Real Decreto 1006/1985, de 2 de junio, regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales y contiene varios preceptos que afectan directamente al tema debatido:

Sobre la duración del contrato, dispone el art. 6 que "La relación laboral especial de los deportistas profesionales será siempre de duración determinada, pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para la realización de un número de actuaciones deportivas ...Podrán producirse prórrogas del contrato, igualmente para una duración determinada, mediante sucesivos acuerdos al vencimiento del término originalmente pactado...".

Acerca de su extinción, el art. 13.b) prescribe que la relación laboral se extinguirá por expiración del tiempo convenido. El art. 14.Uno añade que "Para el caso de que tras la extinción del contrato por expiración del tiempo convenido el deportista estipulase un nuevo contrato con otro club o entidad deportiva, mediante convenio colectivo se podrá pactar la existencia de una compensación por preparación o formación, correspondiendo al nuevo club su abono al de procedencia".

Sobre el Derecho supletorio aplicable, preceptúa el art. 21 que "en lo no regulado por el presente Real Decreto serán de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza especial de la relación laboral de los deportistas profesionales".

D) Convenio Colectivo. En el BOE de 9 octubre 2014 aparece publicado el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional, vigente desde 1 de julio de 2014, cuyo artículo 14 ("Duración del contrato") prevé que "el contrato suscrito entre el Club/SAD y el Futbolista Profesional tendrá siempre una duración determinada, bien porque exprese la fecha de finalización, bien porque se refiera a una determinada competición o número de partidos. En el primer supuesto, se entenderá finalizado, sin necesidad de previo aviso, el día señalado. En el segundo supuesto, se entenderá finalizado el día en que se celebre el último partido de competición de que se trate, siempre que el Club/SAD participe en el mismo".

Su artículo 18 desarrolla la compensación contemplada en el artículo 14 del RD 1006/1985, pero excluye de la misma los casos de futbolistas que hayan cumplido los 23 años al acabar la temporada anterior a la nueva contratación.

E) Interpretación de acuerdo con la Constitución: Puesto que de entre los posibles sentidos de la norma debe elegirse aquel que sea más ajustado a las normas constitucionales ( art. 5.1 LOPJ), nuestra STS advierte que la aplicación del régimen general de indemnizaciones contribuye a eliminar desigualdades:

La solución ha de ser "aplicar la previsión indemnizatoria del art. 49.1.c) ET también a los deportistas profesionales, en tanto que con ella se elimina una desigualdad de tratamiento que se nos presenta contraria al indudable proceso de laboralización de las relaciones especiales de trabajo".

F) Reforzamiento argumental a la vista de la Directiva 1999/70: También la STS tiene a la vista la ya citada Directiva 1999/70/CE del Consejo [28/Junio], relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y de la que es trasposición la Ley 12/2001, que no contempla como posibles excepciones a su ámbito de aplicación supuestos como el de los deportistas. En tal sentido expone que:

Esta aplicación general la reconoció también la STJCE 13/09/2007 [Asunto del Cerro Alonso ], al afirmar "salvo que esté justificado un trato diferenciado por razones objetivas, debe reconocérseles un alcance general, dado que constituyen normas de Derecho social comunitario de especial importancia de las que debe disfrutar todo trabajador, al ser disposiciones protectoras mínimas" [apartado 27].

G) Reafirmación de la supletoriedad del artículo 49.1.c ET: Consideramos del todo válidas las numerosas razones acogidas por la sentencia del TS de 2014 para concluir que el artículo 49.1.c ET juega de forma supletoria en los casos de terminación del contrato de los deportistas profesionales. Además, el tiempo transcurrido desde entonces ha venido a aportar argumentos adicionales desde la perspectiva del trato igual a quienes tienen un contrato de trabajo especial. Mencionaremos tres ejemplos.

1º) La STS 1069/2016 de 20 diciembre (rec. 535/2015). La STS 1069/2016 de 20 diciembre (rec. 535/2015) aborda el problema de si un futbolista profesional que ha cumplido ya los treinta años puede ser declarado afecto de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de accidente de trabajo, sin que se discuta la contingencia ni las lesiones invalidantes.

La sentencia recurrida se había centrado en la actividad del trabajador, considerando que en el fútbol de competición el cumplimiento de los treinta años comporta una edad a la que es lógico ir abandonando la profesión; por lo tanto, rechazaba que sus lesiones invalidantes pudieran ser constitutivas de una incapacidad permanente total, como en el resto de las profesiones.

Por cuanto ahora interesa, nuestra sentencia 1069/2016 de 20 diciembre (rec. 535/2015 ) aplica la regulación común y acepta la argumentación según la cual no existe norma alguna que impida el acceso a la incapacidad en cualquiera de sus grados a los deportistas profesionales a partir de una determinada edad. Y es que "el RD 1006/1985 de 26 de junio, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales no establece especialidad alguna en relación con la edad de estos profesionales", además de que "no existe norma alguna que impida a un futbolista el ejercicio de su profesión a la edad en el caso cuestionada -de 30 años-".

2º) La STJUE de 26 de febrero de 2015 (C-238/14), Comisión contra Luxemburgo.

La STJUE de 26 de febrero de 2015 (C-238/14); Comisión contra Luxemburgo) declara que el Gran Ducado incumple la Directiva 1999/70/CE al excluir de las medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada a los trabajadores temporales en el sector del espectáculo. Recordemos su parte central:

Aun suponiendo que la normativa nacional controvertida persiga el objetivo invocado por el Gran Ducado de Luxemburgo, a saber, procurar una cierta flexibilidad y ventajas sociales a los trabajadores temporales del sector del espectáculo ofreciendo a sus empresarios la posibilidad de contratar a estos trabajadores de manera recurrente sobre la base de contratos de trabajo de duración determinada, tal objetivo no puede hacer que esta normativa sea conforme con la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco, ya que no permite demostrar la existencia de circunstancias específicas y concretas que caractericen la actividad de que se trate y que, por tanto, puedan justificar en ese contexto particular la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada (& 50).

3º) La STJUE de 25 de octubre de 2018 (C-331/17 ), Sciotto. La STJUE de 25 de octubre de 2018 (331/17); Sciotto) aborda el caso de una Bailarina de la Ópera romana, contratada de manera temporal y sucesivamente prorrogada durante cinco años. El problema surge porque los trabajadores del sector de las fundaciones líricas y sinfónicas no tienen derecho, incluso en caso de abuso, a la recalificación de sus contratos de trabajo de duración determinada en relación laboral de duración indefinida y tampoco pueden acogerse a otras formas de protección, como la fijación de un límite a la posibilidad de recurrir a los contratos de duración determinada.

La sentencia alerta sobre la posible existencia de "una discriminación entre los trabajadores de duración determinada del citado sector y los trabajadores de duración determinada de los demás sectores".

El Tribunal concluye que la Directiva 1999/70 se opone a que la actividad (artística) en fundaciones líricas y sinfónicas quede al margen de las normas sobre conversión en fijos de los contratos temporales abusivos si no hay otra medida efectiva que sancione tales abusos.

H) Conclusión. La finalidad perseguida por la indemnización por término de contrato es compatible con la especialidad del contrato deportivo, puesto que respecto del mismo mejora su estabilidad o minora las consecuencias desfavorables de la precariedad.

El artículo 21 del RD 1006/1985 ordena la aplicación supletoria de las normas comunes; esa la regla general. La excepción surge respecto de previsiones normativas que sean "incompatibles con la naturaleza especial de la relación laboral de los deportistas profesionales". No hay obstáculos derivados de las peculiaridades de la actividad deportiva que se opongan al juego del artículo 49.1.c) ET. Y la pertenencia a un sector de actividad (aquí, el deporte) no puede justificar que la contratación temporal quede al margen de las garantías o derechos que poseen la personas con contrataciones de duración determinada en otros ámbitos funcionales.

Además, el juego supletorio del artículo 49.1.c) contribuye a minorar las diferencias entre relaciones especiales y comunes, en particular, evitando injustificadas discriminaciones entre trabajadores temporales de tipo común y trabajadores temporales de tipo especial.

En esa línea se mueven los pronunciamientos tanto de la Sala de lo Social del TS cuanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como en la STS de 2014, se afirmaba que la peculiaridad de las actividades deportivas no es, por sí sola, bastante para descartar el juego de las reglas propias del régimen contractual común sobre terminación del contrato de trabajo o sobre temporalidad.

I) Aplicación del artículo 49.1.c ET a todos los contratos regulados por el Real Decreto 1006/1985.  Una vez que hemos reafirmado la aplicación, por vía supletoria, del régimen indemnizatorio contemplado en el artículo 49.1.c ET a los contratos disciplinados por el RD 1006/1985, debemos aquilatar las consecuencias de que quien finaliza su contrato pueda identificarse como deportista "de élite".

1º) Alcance de la afirmación contenida en la STS 26 marzo 2014.

En el apartado 8 del Fundamento Tercero hemos reproducido el pasaje en que basa su posición la sentencia recurrida (remitiéndose a la del Juzgado), confiriendo al concepto de "deportista de élite" una dimensión remuneratoria y una virtualidad excluyente de la expuesta supletoriedad del artículo 49.1.c ET. Sobre este particular, hemos de comenzar poniendo de relieve que el pasaje de referencia no posee tal contundencia y finalidad.

Primero, porque es una de las "dos elementales reflexiones" que acompañan a la conclusión principal y no se formula como exclusión, sino como complemento argumental.

Segundo, porque lo que se hace es restar importancia a un argumento contrario a la tesis acogida. Ésta se mantiene ("no debe verse enturbiada") aunque en el mundo del deporte profesional otros colectivos sean ajenos al problema de la estabilidad y estén más pendientes de recuperar su libertad para renegociar condiciones más favorables.

Tercero, porque lo advertido por la sentencia es que "la cuestión de que tratamos" (un conflicto colectivo promovido por asociación empresarial) es ajena a la que acaece cuando quien finaliza el contrato temporal es una persona en condiciones de imponer sus condiciones laborales al empleador. Dicho en positivo: la discusión "está dirigida a la inmensa mayoría de profesionales que desempeñan su actividad con resultados más humildes" y "cuyos intereses se sitúan entre la deseable estabilidad laboral y la imprescindible libertad contractual".

Cuarto, porque el recurso al concepto "deportista de élite" no remite a una categoría de alcance normativo (por más que ciertas normas autonómicas la acuñen como referida a quienes reciben ayudas públicas en función de sus méritos) sino que aparece como una locución gráfica para llamar la atención sobre la procedencia de haber interpuesto un conflicto colectivo en que se debatiera la cuestión.

Quinto, porque la sentencia distingue la virtualidad de la segunda hipótesis ("la indemnización únicamente procederá cuando....") y la de la primera ("no debe verse enturbiada...."), siendo errónea la lectura parificadora de los efectos que una y otra posean.

Sexto, porque pese a tratarse de un procedimiento de conflicto colectivo, el contenido de esa reflexión no trasciende al fallo, siendo evidente que así se hubiera hecho si fuese la intención de nuestro pronunciamiento.

Séptimo, porque si se acepta que el deportista profesional tiene derecho a la indemnización del art. 49.1.c ET a la extinción de su contrato, con invocación del art. 14 CE , en tanto que con el otorgamiento de la previsión indemnizatoria se satisfacen las exigencias del principio de igualdad y "se elimina una desigualdad de tratamiento que se nos presenta contraria al indudable proceso de laboralización de las relaciones especiales de trabajo", sería extraño eliminar la consecuencia para un grupo de aquéllos.

En fin, con independencia de que el Ministerio Fiscal pueda tener más o menos razón cuando advierte "la dificultad de fijar con alguna seguridad lo que haya de entenderse como deportista de élite", lo cierto es que la introducción de ese concepto no puede servir para restringir el alcance subjetivo de la indemnización por término del contrato sino, más bien, para significar que buena parte del colectivo no está en condiciones de superioridad a la hora de renegociar la renovación de su contrato y que a una minoría no le preocupaba el eventual devengo de un pequeño premio por fin de su relación laboral.

2º) El nivel de ingresos y el devengo de la indemnización litigiosa. En todo caso, resolviendo las innegables dudas generadas por nuestra reiterada STS de 2014, debemos afirmar con claridad que la aplicación del artículo 49.1.c ET a los contratos temporales de quienes están bajo el ámbito aplicativo del RD 1006/1985 no puede depender de su mayor o menor nivel retributivo. Los argumentos que en ella se recogen para concluir a favor de la aplicación supletoria, así como los expuestos en el Fundamento Cuarto, abogan a favor de ello. Añadamos alguna otra reflexión para reforzar nuestra resolución.

A) Dándose los presupuestos de laboralidad ( art. 1.1 ET), el legislador no establece un tope retributivo a partir del cual las personas que lo superan queden al margen de los derechos laborales, sino que se preocupa de garantizar lo contrario: que nadie quede por debajo de lo suficiente para satisfacer las propias necesidades y las del círculo familiar (art. 35.1 CE ; art. 27 ET ).

Cuando la empresa debe abonar una indemnización como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo no aparece tope alguno que conduzca a minorarla, toparla o, mucho menos, excluirla. La consulta de los artículos 40 (movilidad geográfica), 41 (modificación sustancial de condiciones de trabajo), 50 (extinción causal), 51 (despido colectivo), 53 (extinción por causas objetivas) y 55 (despido disciplinario), así como de la abundante doctrina sobre su alcance así lo confirma.

B) La toma en consideración del elevado nivel de ingresos, en términos comparativos, tiene sentido en nuestro diseño normativo cuando se trata de acceder a prestaciones públicas, como las del Fondo de Garantía Salarial ( art. 33 ET), cuando se afrontan los derechos de quienes poseen una posición acreedora frente al trabajador (art. 27.2 ET (EDL 2015/182832) ) o cuando se gradúa la concurrencia de créditos frente al empleador (art. 32 ET).

Pero cuando se trata de dotar de contenido a los derechos patrimoniales que quien trabaja posee frente a su empleador, la Ley laboral no diferencia a quienes cobran salarios elevados de quienes se encuentran en el otro extremo del abanico retributivo. No lo hace ni respecto de los contratos comunes, ni respecto de las relaciones laborales de carácter especial.

C) Al margen los supuestos formativos o de interinidad, el artículo 49.1.c) ET se aplica siempre que ha habido una contratación temporal que llega a su término, con independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio colectivo.

Si la regla, así de incondicionada, juega supletoriamente respecto de los deportistas contemplados en el RD 1006/1981 y no aparece razón válida alguna para eludirla cuando estemos ante los catalogables como "de élite" la conclusión no puede ser otra que la de estimar la demanda interpuesta por el Sr. Emilio.

3º) Naturaleza de la indemnización.  Carece de sentido la indagación sobre el real perjuicio que el término de su contrato haya supuesto para el futbolista demandante. No estamos ante una compensación de daños y perjuicios, al modo de la responsabilidad civil común, sino ante el devengo automático de una cantidad por terminación del contrato. Al efecto basta con recordar las indicaciones que hay en el punto 4 del Fundamento Tercero.

J) RESOLUCION DEL TRIBUNAL SUPREMO: El contrato temporal que vinculaba al futbolista y a su Club ha finalizado por expiración del tiempo convenido (art. 13.b RD 1006); la regulación laboral común es supletoria de la especial para este contrato (art. 21 RD 1006/1985); el Estatuto de los Trabajadores contempla una indemnización por finalización de contrato temporal ( art. 49.1.c ET); existen poderosas razones para extender al ámbito de los deportistas con contrato temporal las mismas condiciones que las disfrutadas por las personas con contratos de régimen común; el nivel retributivo no aparece en norma alguna como modulador de los derechos frente a la empresa. En consecuencia, cuando finaliza el contrato temporal de un futbolista por expirar el tiempo convenido, por elevado que sea su salario, se hace acreedor de la indemnización prevista en el artículo 49.1.c ET, de doce días de salario  por año de servicio. 



Autor: Pedro Torres Romero

928 244 935

667 227 741