domingo, 19 de enero de 2020

La indemnización en caso de coches siniestrados ha de incluir el coste de la reparación debidamente acreditada, que no suponga un abuso del derecho.


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sec. 9ª, de 9 de mayo de 2019, nº 269/2019, rec. 1005/2018, establece que la indemnización en caso de coches siniestrados ha de incluir el coste de la reparación, debidamente acreditada, que no suponga un abuso del derecho.

La AP, considerando la disparidad de criterios existentes para fijar la indemnización correspondiente en el caso de coches siniestrados: valor venal, valor de reparación, teoría intermedia, determina que la finalidad del resarcimiento del daño causado es conseguir que el perjudicado quede en lo posible en la situación que tenía antes del evento dañoso, y conforme al principio de la "restitutio in integrum" informador de nuestro sistema de responsabilidad, se logra con el valor de la efectiva reparación del objeto dañado, dando efectiva satisfacción al perjudicado, por tanto, la indemnización debida ha de responder al coste de la reparación, debidamente acreditada, y no suponga un abuso de derecho.

Se ha de tener en cuenta que el sentido de la obligación impuesta por la ley al causante del daño es el de restablecer el patrimonio del perjudicado a su estado anterior, por lo que parece palmario que, en principio, la obligación debe consistir en sufragar el coste de los trabajos y materiales que se requieran para restaurar el objeto dañado, de modo que, una vez se acredite cuál es el importe necesario para reponerlo a su anterior estado, esa habrá de ser la cantidad que se deba abonar.

B) HECHOS: En la sentencia apelada la Juez de Instancia, haciendo caso omiso del importe de la reparación del vehículo le otorga una cantidad inferior, de indemnización al demandante. Frente a ello se alza la recurrente y solicita que se le indemnice con el importe total del coste de la reparación.

C) CRITERIOS DOCTRINALES: Pues bien, esta Sección Novena de la AP de Alicante, en su sentencia de 29 de noviembre de 2010, sobre esta cuestión, ya dijo que "como ya señaló la SAP de Alicante de 5 de mayo de 1999, hay que decir que, pese a que en apariencia sea un tema simple, sin embargo, la realidad demuestra que dentro de la doctrina y la jurisprudencia existen criterios dispares al respecto, pues de una parte nos encontramos con sentencias que atienden al criterio del valor de la reparación partiendo del principio de la restitución (STS 3 de marzo de 1978,SAP Gerona de 17 de febreroy8 de Abril de 1981,SAP Albacete de 9 de junio de 1981,SAP Granada de 17 de febrero de 1995), frente a ellas otras que optan por el valor venal del vehículo cuando la reparación es manifiestamente desproporcionada en relación con aquel (SAP Burgos de 14 de Octubre de 1982,SAP Cádiz de 28 de mayo de 1991,SAP León de 18 de junio de 1993), incluso otras que, aún existiendo desproporción entre el valor venal y el de reparación, si existe propósito de reparar se debe otorgar éste último valor (SAP Palencia de 14 de Octubre de 1991,SAP Ciudad Real de 3 de Febrero de 1993,SAP Badajoz de 18 de Febrero de 1993) y, por último, resoluciones que atienden al valor venal incrementado con el de afección cuando concurre aquella desproporción (STS 15 de Octubre de 1986,SAP Zaragoza de 26 de Junio de 1981, SAP de La Coruña de 19 de Noviembre de 1993, SAP Alicante de 24 de enero de 1994, SAP Almería de 9 de Diciembre de 1993, SAP León de 13 de diciembre de 1994, SAP Pontevedra de 17 de febrero de 1995 y SAP Albacete de 5 de mayo de 1995.

Por su parte, nos dice la Sentencia del TS de 24 abril de 1996 que: "la negativa de la entidad recurrente a sufragar la reparación del vehículo se hallaba plenamente justificada y amparada por la llamada teoría intermedia, según la cual en los supuestos en que el valor de reparación de un vehículo sea muy superior al venal, será éste el que sirva para fijar la correspondiente indemnización, incrementándolo en cantidad necesaria para cubrir los gastos de adquisición de otro vehículo de similares características y el posible valor de afección si lo hubiere, y de lo dicho se desprende que la inactividad cuya indemnización se reclama no es achacable a la aseguradora recurrente, sino al actor que insistió en una pretensión de reparación improcedente".

La STS de 3 de marzo de 1978 que: "aun cuando la cuantía de la reparación del vehículo siniestrado pudiera ser superior al valor en venta que éste alcanzase en el momento de sobrevenir el accidente, ello no podría obligar al perjudicado a admitir que se le sustituya por otro de idénticas o similares características y estado de conservación, no sólo por la dificultad de encontrar en el mercado otro vehículo de ocasión de semejantes condiciones, por un precio justo y equitativo, y con la urgencia requerida para que no se resienta o entorpezca el desenvolvimiento de la industria a que aquél se dedicaba, sino también por los vicios o defectos ocultos que pudiera tener el adquirido y la falta de seguridad en cuanto a su ulterior funcionamiento, a parte de la imposibilidad de calcular de antemano si el importe del arreglo superaría o no al de aquella adquisición, sobre todo cuando como ocurre en este caso, ambos valores se aproximan".

También en la sentencia de la AP de Alicante de 15 de julio de 2009, se insistió en que: "...ya dijo esta Sala, en su Sentencia número 239/07, de 4 de junio de 2007, (rec. nº 18/07), que, "Como dicen las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Octava, de 11 de mayo de 2005, 21 de marzo de 2006yde 9 de mayo de 2006, "el valor venal presupone siempre una desproporción entre el valor de reparación y el valor del vehículo en el mercado, encontrando su fundamento en la interdicción del enriquecimiento injusto. Y en este sentido, hemos afirmado que, si el valor de reparación es superior al del vehículo nuevo, no puede en efecto pretenderse que se pague un arreglo en cantidad superior al que valdría un vehículo nuevo y, consecuentemente, tampoco puede pretenderse sólo abonar el valor del mercado cuando la reparación resultara de inferior valor, es decir, cuando resultara, por razones económicas aprovechable el vehículo mediante su reparación". Además de lo indicado en las calendadas sentencias, debemos indicar que la finalidad del resarcimiento del daño causado que al perjudicado concede el artículo 1902 del Código Civil, al decir que: "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado", no es otra que la que el perjudicado quede resarcido, restaurando en lo posible el estado de cosas a la situación que tenía con anterioridad al evento dañoso, pues como ya señalaron las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1912, 9 de marzo de 1913, 26 de junio de 1913,15 de diciembre de 1981, es el único designio de la norma; y ello también como consustancial al inveterado y tradicional principio, pero no por ello menos actual y vigente, del "alterum non laedere". Y puesto que por daño hemos de entender que éste viene referido al perjuicio o menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio, hemos de convenir en el presente supuesto, que reparado el vehículo siniestrado, y abonado el importe de la reparación, no siendo obviamente dicho importe superior al de un vehículo nuevo, el que debamos concluir que no hay razón para que se le abone tan sólo una cantidad que no reintegre los daños sufridos y le obligue al perjudicado a pagar a su costa parte de la reparación, o en su caso a tener que adquirir otro vehículo a su costa y por un importe que el mercado ni puede ni tiene porqué respetar, y cuando a todo esto, en el evento dañoso ninguna culpa tuvo, apareciendo la solución del Magistrado de instancia, como una especie de compensación de culpas en todo caso improcedente".

Las SAP de Alicante de 8 de septiembre 2016: "no puede estarse de acuerdo con la conclusión judicial sobre la indemnización del importe de la reparación efectivamente realizada por ser contraria al reiterado criterio de esta Audiencia (como más reciente puede citarse la sentencia de 11 de junio de 2014), siguiendo el de otras muchas, que ha establecido que la restitución completa que exige la jurisprudencia al aplicar el artículo 1.902 del Código Civil sólo se consigue compensando a los perjudicados en el daño efectivamente sufrido y no en el del valor venal peritado del vehículo siniestrado, aun incrementado con el valor de afección [AP Alicante, (4ª), Ss. 23.11 y 25.11.1992, que prescinde incluso de si los daños han sido o no reparados, aunque en el supuesto que nos ocupa sí lo han sido, y 10.04.2003; (5ª) Ss. 1.12.2004 y 28.06.2007]. En definitiva, el vehículo siniestrado ha quedado en condiciones de seguir prestando utilidad a sus propietarios y esto es precisamente en lo que consiste el resarcimiento al que se refiere el precepto citado, por lo que este motivo debe ser estimado".

Y más recientemente en la S de la AP de Alicante número 420/2018, de esta Sección Novena, de 24 de septiembre: "En nuestro supuesto, ni siquiera cuestiona la demandada que el vehículo haya sido reparado, ni que se haya abonado el coste. Ciertamente el importe de la reparación es superior al valor venal, sin embargo, en supuestos como el presente, en el que el perjudicado ha hecho el preciso desembolso para reparar su vehículo, es evidente que la solución llamada intermedia está muy lejos de la restitutio in integrum, paradigma del resarcimiento al que el perjudicado tiene derecho o que constituye como dice la doctrina del TS "el quicio del derecho de daños".

Como resume la SAP Madrid de 25/1/2018: "la sentencia es ajustada al principio de la "restitutio in integrum" informador del sistema de responsabilidad contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, que aboga por conceder el valor de la efectiva reparación. Se entiende que sólo así se consigue dar efectiva satisfacción al perjudicado, que no puede verse obligado a la venta forzosa de su vehículo ni exponerse a los vicios ocultos que pueden afectar al que tendría que admitir de otra forma en el mercado de ocasión. No se produce enriquecimiento injusto alguno pues se limita al perjudicado a permanecer en el uso del mismo vehículo que antes poseía. Como establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 5ª de 10-5-2001, número 456/2001, para concretar el alcance que debe tener esa reparación, se ha de tener en cuenta que el sentido de la obligación impuesta por la ley al causante del daño es el de restablecer el patrimonio del perjudicado a su estado anterior, por lo que parece palmario que, en principio, la obligación debe consistir en sufragar el coste de los trabajos y materiales que se requieran para restaurar el objeto dañado, de modo que, una vez se acredite cuál es el importe necesario para reponerlo a su anterior estado, esa habrá de ser la cantidad que se deba abonar. En el caso concreto de los vehículos a motor, el detrimento resarcible comprenderá, por tanto, la extensión integra de la lesión que se les haya ocasionado tanto en su mecanismo automotriz como en su aspecto y forma exteriores o en sus elementos auxiliares, a consecuencia de la acción o de la omisión culposa de otro. Y en definitiva, que la forma natural de reparar un daño es la de eliminar sus efectos, lo que se consigue a través de la restauración de la cosa dañada (STS 15 diciembre 1981), que tal como tiene establecido la doctrina jurisprudencial (STS de 3 de marzo de 1978), la forma de hacer frente a la responsabilidad derivada de culpa no puede quedar al arbitrio del agente productor del daño y que la reparación del daño mediante la fórmula de sustituir la restauración del vehículo por el pago de una cantidad equivalente a su valor en el mercado forzaría al perjudicado a la disyuntiva entre emprender a su costa la reparación, con una compensación insuficiente por parte del dañador, o sustituir su vehículo por otro, sobre cuyo funcionamiento carece de garantías, soluciones ambas claramente apartadas de su propia reparación del daño. En el mismo sentido las SAP de Murcia, de 23 de abril de 2007 (Sección 1ª) y de 11 de octubre de 2006 (Sección 4ª) en las que se razona que la indemnización por los daños materiales ha de ser el importe de la reparación del vehículo cuando se haya acreditado la misma o exista un compromiso formal de hacerlo, siempre que tal actitud aparezca fundada en razones serias y respetables y no implique un verdadero abuso de derecho, doctrina de cuya aplicación se sigue la desestimación del motivo del recurso".

D) CONCLUSION: En este caso, nos encontramos con un vehículo cuya reparación ha ascendido a la cantidad de 7.212,13 euros, con un valor venal de 4.270 euros, según el perito de la demandada que lo reduce a 3.843 euros por tratarse de un vehículo de empresa, con un coste de reparación según el mismo de 5.264,64 euros. Un vehículo nuevo costaría sobre los 21.000 euros y uno de segunda mano de características similares entre 7.000 y 8.000 euros.

Pues bien, en este caso que nos ocupa la teoría intermedia no puede resarcir suficientemente el perjuicio sufrido, ya que indemnizar con el valor venal más el valor de afección (4.995 euros concedidos en la instancia) limitaría de modo relevante la adquisición de un vehículo que sustituyese al anterior con el que la recurrente venía satisfaciendo perfectamente sus necesidades, pudiendo suponer, además, de encontrarse uno así en el mercado, adquirir un vehículo con el grave riesgo de adolecer vicios ocultos, que no consta que padeciese el siniestrado.

En cualquier caso, la aplicación de la teoría intermedia, tal como la describe la sentencia del Tribunal Supremo, supondría abonar el valor venal, más el valor de afección y el incremento por la adquisición de un vehículo similar, y ello, de hecho, en casos como el que nos ocupa, vendría a suponer una cantidad similar a la de reparación.

Se estima el recurso y se condena a la aseguradora al pago del valor de la reparación, más los intereses de demora especiales desde la fecha del siniestro.



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domingo, 12 de enero de 2020

Los hijos y herederos de la esposa de un trabajador tienen acción para reclamar la indemnización de daños y perjuicios a favor de aquélla por la muerte del causante por enfermedad profesional declarada con posterioridad al fallecimiento de la viuda.


A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Social), sec. 1ª, de 6 de marzo de 2019, nº 172/2019, rec. 1062/2017, declara que los herederos de la esposa de un trabajador tienen acción para reclamar la indemnización de daños y perjuicios a favor de aquélla y por la muerte del causante por enfermedad profesional declarada con posterioridad al fallecimiento de la viuda.

El Tribunal Supremo declara que los derechos que los herederos están reclamando son los derivados del perjuicio que a la fallecida, su madre, se le ha ocasionado respecto de su derecho de cónyuge viudo cuando, antes de fallecer ésta ya se habían presentado acciones para identificar que el fallecimiento de su esposo lo fue por contingencia laboral (enfermedad profesional), con la repercusión que ello pudiera tener, no solo respecto de las prestaciones que la muerte pudiera generar sino de otras responsabilidad como la de daños y perjuicios que los herederos de la viuda han formulado.

Declara la Sala de lo Social que el derecho a reparar los daños y perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual no es un derecho personalísimo, sino que es trasmisible a los herederos y no libera a los deudores de seguridad y salud en el trabajo de su obligación de reparar los perjuicios ocasionados; consecuentemente, los daños sufridos por la viuda del trabajador fallecido por enfermedad profesional, aparte de no ser sólo morales porque también sufre un perjuicio económico, forman parte del caudal relicto de la misma a su muerte.

Concluye que se trata del derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por culpa de otro quien viene obligado a repararlos en función de su cuantía con independencia de quien sea la persona perjudicada, cuyo patrimonio se ha visto afectado por ese daño reparable que influye también en la cuantía del caudal hereditario que deje a su muerte, caudal del que forman parte los derechos nacidos y no ejercitados por ella al morir.

B) OBJETO DE LA LITIS: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si los herederos de la esposa del trabajador tienen acción para reclamar la indemnización de daños y perjuicios a favor de aquella y por la muerte del causante por enfermedad profesional declarada con posterioridad al fallecimiento de la viuda.

La demanda de la que trae causa el presente recurso fue presentada por los hijos de la viuda y trabajador fallecido, en reclamación de indemnización de daños y perjuicios, derivados del fallecimiento del causante por enfermedad profesional.

Según los hechos probados, el Sr. Lorenzo prestó servicios para la empresa Rocalia SA, siendo diagnosticado el 9 de abril de 1971 de carcinoma escamoso de pulmón, falleciendo el 11 de diciembre de 1971 por carcinoma pulmonar. El 22 de julio de 2009 fue presentada demanda por la viuda del causante para que se declarase que la contingencia de las prestaciones de muerte y supervivencia lo eran por enfermedad profesional. Dicho proceso concluyó con sentencia de 28 de febrero de 2013, confirmada en suplicación por la Sala de lo Social del TSJ el 20 de febrero de 2014, que declaró que la contingencia de las prestaciones de muerte y supervivencia eran derivadas de enfermedad profesional.

Antes de dictarse estas sentencias, falleció la viuda del causante, lo que tuvo lugar el 1 de julio de 2012, aceptando la herencia sus hijos Sabina y Donato, con fecha de 14 de diciembre de 2012.

1º) La sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Barcelona, de 3 de junio de 2016, estimó en parte la demanda, condenando a la empresa Uralita SA al pago de 19172,52 euros, en concepto de indemnización de daños y perjuicios derivados de la muerte del padre de los demandantes y desestimando, por falta de acción, la reclamación que se hacía a favor de la viuda y actuando como herederos de esta.

2º) La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, de 22 de diciembre de 2016, dictada en el recurso 6097/2016, ha desestimado el recurso.

Según la sentencia del TSJ de Cataluña, el derecho reclamado no se había integrado en el patrimonio de la causante al no haber quedado definida la contingencia de las prestaciones de muerte y supervivencia hasta después de su fallecimiento de forma que, a los efectos de reclamar una responsabilidad empresarial adicional que si bien se integró en el patrimonio de los hijos del causante, como herederos de éste, no lo estaba cuando falleció la esposa del causante que murió antes de que se obtuviera la declaración de contingencia.

C) JURISPRUDENCIA: La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2013 (R. 4181/2013) declara la existencia de acción de los herederos demandantes.

Se contempla en esa sentencia el caso del fallecimiento, el 2 de agosto de 2010, de una trabajadora que cinco días antes había sido declarada en situación de incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional (mesotelioma pleural), causando las prestaciones por IPA y viudedad. El 2 de junio de 2011, el viudo y los cuatro hijos de la causante presentaron demanda reclamando las oportunas indemnizaciones por daños y perjuicios contra Uralita, pretensión que fue estimada en la instancia por sentencia que se confirmó en suplicación. En esa sentencia se reconoció una indemnización global para viudo e hijos por los daños derivados de la incapacidad permanente reconocida a su causante y una indemnización individualizada a cada uno de ellos por la muerte de la esposa y madre, respectivamente. En suplicación se suscitó la cuestión relativa a la falta de acción de los herederos para reclamar la indemnización derivada de la declaración de incapacidad permanente, excepción que fue desestimada por tratarse de una cuestión nueva no alegada en la instancia y porque, conforme al art. 661 del Código Civil, los herederos suceden en todos los bienes y derechos, salvo los personalísimos.

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 18 de julio de 2018, rec. núm. 1064/2017, manifiesta:

“El derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por el causante se transmite a sus herederos cuando fallece antes de pedir o de obtener la reparación de los mismos, ya que se trata de un derecho ya nacido que forma parte de su patrimonio, aunque se trate de daños morales, pues conforme a los artículos 1.101 y siguientes del Código Civil y a la jurisprudencia de esta sala, quien causa un daño debe repararlo en su integridad hasta conseguir la completa indemnidad, lo que supone la obligación de reparar todos los daños patrimoniales causados, así como también los daños morales. Consecuentemente, los daños sufridos por la viuda del trabajador fallecido por enfermedad profesional, aparte de no ser solo morales porque también sufre un perjuicio económico, forman parte del caudal relicto de la misma a su muerte.

No puede entenderse, por tanto, que el derecho a ser indemnizado sea personalísimo e intransmisible, porque no es consustancial a la persona humana, ni innato a ella, como el derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad, al honor, etc., ni se trata de un derecho reconocido a ella intuitu personae, esto es, en función de la persona que tiene el derecho cuya subsistencia depende de la identidad y demás factores personales de quien ostenta el derecho. Por contra, aquí se trata del derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por culpa de otro, quien viene obligado a repararlos en función de su cuantía con independencia de quien sea la persona perjudicada, cuyo patrimonio se ha visto afectado por ese daño reparable que influye también en la cuantía del caudal hereditario que deje a su muerte, caudal del que forman parte los derechos nacidos y no ejercitados por ella al morir”-

D)  CONCLUSION: La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Social), sec. 1ª, de 6 de marzo de 2019, manifiesta que el tema ya ha sido resuelto por esta Sala, en la sentencia de 18 de julio de 2018, rcud 1064/2017, en la que se invoca, además, la misma sentencia de contraste.

Conforme a lo que ha se ha resuelto con anterioridad, es la sentencia de contraste la que contiene la doctrina correcta, tal y como resulta de lo dispuesto en los preceptos que se invocan. Como recuerda la jurisprudencia civil "el derecho de sucesiones ha de tener en cuenta que la sociedad, fundada en el crédito, no podría subsistir si las deudas se extinguieran, al fallecer el deudor. De esa forma, el artículo 659 del Código Civil señala que la herencia de una persona comprende todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extingan por su muerte. Como supuestos exceptuados de transmisión por causa de muerte están, en principio y con ciertas salvedades, los derechos de carácter público; los personalísimos o de tal suerte ligados a determinada persona por sus cualidades, parentesco, confianza, etc. (STS de 7 de mayo de 2014, R. 545/2012).

En definitiva, el derecho a reparar los daños y perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual no es un derecho personalísimo, sino que es trasmisible a los herederos y no libera a los deudores de seguridad y salud en el trabajo de su obligación de reparar los perjuicios ocasionados, como se ha dicho por esta Sala, al señalar que: “Consecuentemente, los daños sufridos por la viuda del trabajador fallecido por enfermedad profesional, aparte de no ser sólo morales porque también sufre un perjuicio económico, forman parte del caudal relicto de la misma a su muerte. No puede entenderse, cual sostiene la sentencia recurrida, que el derecho a ser indemnizado sea personalísimo e intransmisible porque no es consustancial a la persona humana, ni innato a ella, como el derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad, al honor etc., ni se trata de un derecho reconocido a ella "intuitu personae", esto es en función de la persona que tiene el derecho cuya subsistencia depende de la identidad y demás factores personales de quien ostenta el derecho. Por contra, aquí se trata del derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por culpa de otro quien viene obligado a repararlos en función de su cuantía con independencia de quien sea la persona perjudicada, cuyo patrimonio se ha visto afectado por ese daño reparable que influye también en la cuantía del caudal hereditario que deje a su muerte, caudal del que forman parte los derechos nacidos y no ejercitados por ella al morir" (STS de 18/07/2018, ya citada).

Tal conclusión es aplicable al caso de la sentencia recurrida porque los derechos que los herederos están reclamando son los derivados del perjuicio que a la fallecida, su madre, se le ha ocasionado respecto de su derecho de cónyuge viudo cuando, antes de fallecer ésta ya se habían presentado acciones para identificar que el fallecimiento de su esposo lo fue por contingencia laboral (enfermedad profesional), con la repercusión que ello pudiera tener, no solo respecto de las prestaciones que la muerte pudiera generar sino de otras responsabilidad como la de daños y perjuicios que los herederos de la viuda han formulado.

La aplicación de la anterior doctrina conlleva la casación de la sentencia recurrida. Esto significa que, al resolver el debate planteado en suplicación, se debe revocar parcialmente la sentencia de instancia en el único extremo relativo a la falta de acción que ha apreciado, y con remisión de las actuaciones al Juzgado de lo Social, dicte una sentencia en la que resuelve la reclamación de daños y perjuicios antes indicada.


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jueves, 2 de enero de 2020

La cláusula que exonera a la aseguradora de la obligación de pago de la indemnización en caso de que el siniestro se produzca bajo los efectos de las bebidas alcohólicas en el caso del seguro voluntario del automóvil es limitativa de derechos, exigiendo para su validez que haya sido destacada y expresamente aceptada por el tomador.


A) La sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, de 15 de julio de 2019, nº 418/2019, rec. 448/2017, establece que la cláusula que exonera a la aseguradora de la obligación de pago de la indemnización en caso de que el siniestro se produzca bajo los efectos de las bebidas alcohólicas en el caso del seguro voluntario del automóvil debe ser calificativa como limitativa de derechos, exigiendo para su validez que haya sido destacada y expresamente aceptada por el tomador.

B) El artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece que:

"Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración pública en los términos previstos por la ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas".

C) OBJETO DE LA LITIS: El motivo primero denuncia la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina de esta sala al interpretar el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro , que se considera infringido. La parte recurrente sostiene que la cláusula según la cual la aseguradora no presta cobertura en los casos en que el conductor se encuentre bajo la influencia de bebidas alcohólicas es limitativa de derechos del asegurado y por ello se halla sujeta a los requisitos y exigencias derivados del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, de modo que debe cumplir para su plena validez con la doble exigencia que establece el artículo 3 LCS. En consecuencia ha de destacarse la cláusula de modo especial y aparecer específicamente aceptada por escrito, siendo así que en este caso constituye hecho no controvertido que las condiciones particulares y generales de la póliza ni siquiera fueron firmadas por el tomador por lo que no pudieron ser aceptadas.

D) La sentencia  del Pleno del  Tribunal Supremo nº  402/2015, de 14 de julio, contiene doctrina que ha sido reiterada por otras posteriores, como la núm. 234/2018, de 23 de abril , y afirma lo que sigue:

"A partir de la STS de 7 de julio de 2006, RC 4218/1999, se viene considerando que la cláusula que excluye en la póliza litigiosa los accidentes producidos en situación de embriaguez manifiesta "debe considerarse como limitativa por cuanto la situación de embriaguez, aunque sea manifiesta, no constituye ni demuestra por sí misma la concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente" (SSTS de 13 de noviembre de 2008, RC 950/2004, 22 de diciembre de 2008, RC 1555/2003 y, 16 de febrero de 2011, RC 1299/2006). La cláusula de exclusión de cobertura por embriaguez, que aparece en la póliza examinada, se justifica porque el accidente de circulación lo sufrió el propio asegurado que es el que conducía "en un estado de alcoholemia superior al establecido para la circulación de vehículos a motor". En tal supuesto, el asegurador queda liberado de su obligación de indemnizar, si cumple con la doble exigencia del art. 3 LCS , propia de las cláusulas limitativas, que examinamos a continuación. La exigencia de que las cláusulas limitativas de derechos figuren "destacadas de modo especial", tiene la finalidad de que el asegurado tenga un conocimiento exacto del riesgo cubierto. La jurisprudencia de esta Sala exige que deben aparecer en las condiciones particulares y no en las condiciones generales, por más que, en estas últimas declare conocer aquéllas, como advierte la STS de 1 de octubre de 2010, RC 2273/2006, entre otras".

E) CONCLUSION: La aseguradora no ha podido justificar dichos extremos desde el momento en que no sólo falta el requisito de aparecer la cláusula limitativa especialmente destacada en el contrato, sino que además no ha podido aportar un ejemplar del mismo firmado por el tomador, porque tal firma no se produjo y, por tanto, no hubo aceptación. Se ha pretendido soslayar dicha deficiencia alegando que se trata de una cláusula de delimitación del riesgo, lo que no se corresponde con la jurisprudencia de esta sala, además de que no resulta lógico pretender que una cláusula de delimitación del riesgo o de cobertura comporte menos requisitos de conocimiento y aceptación por el tomador del seguro que una cláusula limitativa de derechos.


Autor: Pedro Torres Romero
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miércoles, 25 de diciembre de 2019

La oferta motivada de indemnización por un accidente no puede impedir el devengo de los intereses moratorios del art. 20 LCS, cuando la oferta no sea seguida del pago o consignación de la cantidad


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sec. 5ª, de 18 de junio de -2019, nº 304/2019, rec. 449/2018, señala que la oferta motivada de indemnización por un accidente no puede impedir el devengo de los intereses moratorios del art. 20 LCS, cuando la oferta no sea seguida del pago o consignación de la cantidad, habiendo sido consignada una vez se interpuso la demanda del procedimiento objeto del presente recurso con ocasión del allanamiento parcial manifestado a la reclamación en dicha cantidad.

Cuando no se discute en un proceso judicial ni la realidad del siniestro ni su cobertura y la duda se plantea respecto a la cuantía de la indemnización no se considera que concurra causa justificada para eximir del pago de los intereses de demora del 20%.

B) ANTECEDENTES: En lo que atañe a los intereses del artículo 20 LCS resulta que la parte actora procedió a la reclamación de daños personales, y la aseguradora demandada MAPFRE formuló oferta motivada de indemnización dentro de los tres meses siguientes a la reclamación del actor.

El Juzgado de Primera Instancia afirma en la sentencia que procedía su imposición conforme a los presupuestos y requisitos de los art. 7 y 9 "Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor ", al no constar que "Mapfre", haya consignado las cantidades reclamadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha del siniestro, siendo la ofrecida notablemente inferior a la objeto de condena por las lesiones sufridas, y que debían imponérsele los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, desde dicho momento, de acuerdo, con lo previsto en la disposición adicional de la Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en redacción dada por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995 de 8 de Noviembre sobre Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en relación al citado artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, según las modificaciones introducidas por la misma disposición legal.

C) El art. 9 Ley de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor prevé que: "Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daños y perjuicios causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, con las siguientes singularidades:

a) No se impondrán intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de esta Ley, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3 de esta Ley.

La falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada.

En definitiva observase que por parte de la aseguradora MAPFRE no se consignó, ni depositó cantidad alguna ofrecida (24/04/2017) hasta el primero de septiembre de 2017, con posterioridad al 26 de julio de 2017, momento en que le fue comunicada la interposición de la demanda, y en la que se formuló allanamiento parcial solamente respecto de los días (menos el día del alta que propugnara, exitosamente, su exclusión) de perjuicio personal, pero en su catalogación de básico y por un montante de 1.642,32 euros (documento nº 02 de la contestación, folio 31).

D) LEGISLACION APLICABLE A LOS INTERESES DEL ART. 20 LCS: Respecto a la procedencia de la aplicación de los intereses del art. 20 LCS resulta que el art. 7 del Real Decreto-Legislativo 8/2004 , en la redacción ofrecida por la ley 21/2007, de 11 de julio, dispone que en el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entiende acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, o si rechaza la reclamación deberá ofrece respuesta motivada. Una vez transcurrido dicho plazo sin haber presentado oferta motivada de indemnización se devengarán intereses de demora. Por su parte el art. 9, también en la redacción ofrecida por la ley 21/2007 , establece que si el asegurador incurre en mora la indemnización de daños y perjuicios debidos se regirá por lo dispuesto en el art. 20 LCS con la particularidad de que no se impondrán intereses por mora si el asegurador acredita haber presentado al perjudicado oferta motivada de la indemnización conforme al art. 7 de la ley, pero la falta de devengo de dicho interés se limitará a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada, pero no respecto a la cantidad que no ha sido ofertada o no satisfecha o consignada.

En relación con los supuestos en que cabe acordar la no imposición de los intereses del art. 20 LCS, el apartado 8 de dicho precepto dispone que "no habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable".

La interpretación jurisprudencial sobre la exención del abono de los intereses del art. 20 LCS fundamentada en causa justificada es de un claro carácter restrictivo y así el Tribunal Supremo en la sentencia de 5 de abril de 2016 recuerda que: "Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8ºLCS ,la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora , en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados [...].

En atención a esa jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica para integrar los presupuestos de la norma aplicada.

Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar [...]. En aplicación de esta doctrina, la Sala ha valorado como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura [...].

De esta forma, la existencia de un proceso en el que deba dilucidarse la procedencia de la condena de la aseguradora no es óbice a la aplicación de los intereses del art. 20 LCS. Todo ello sin que la consignación o el pago efectuado por la aseguradora conlleve que se impida a la misma oponerse a la reclamación formulada frente a ella, puesto que en el supuesto de que su oposición sea estimada tendrá derecho a recuperar la cantidad que abonó o consignó.

También resulta admitido que cuando no se discute ni la realidad del siniestro ni su cobertura y la duda se plantea respecto a la cuantía de la indemnización no se considera que concurra causa justificada para eximir del pago de los intereses de demora.

El artículo 16 del Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor, establece literalmente: "...A efectos de lo establecido en el art. 9.a) del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, no se producirá devengo de intereses por mora, en cuanto a la cantidad ofrecida, en los siguientes casos:

a) Cuando se haya presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los arts. 7.2 y 22.1 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor dentro del plazo previsto en los citados artículos y con el contenido dispuesto en su art. 7.3, y aquel no se pronuncie sobre su aceptación o rechazo.

b) Cuando el perjudicado no acepte la oferta motivada de indemnización y la entidad aseguradora consigne en el plazo de cinco días las cuantías indemnizatorias reconocidas en la oferta motivada....".

E) DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: Dice la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2011 que: "La mera diferencia entre lo pedido en la demanda y lo acordado en la sentencia hace ya tiempo que dejó de considerarse por la jurisprudencia de esta Sala, salvo casos excepcionales de diferencias extraordinarias, como una causa que justifique el impago por la aseguradora y la exima por ello de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro (Sentencia del TS 7-10-03 cuyo criterio ratifican las SSTS 14-3 -06, 24-7-08, 17-3-09, 7-5-09 y 24-11-10 entre otras).

A ello cabe añadir que la razón del mandato legal radica no sólo en evitar el perjuicio para el asegurado o perjudicado que deriva del retraso en el abono de la indemnización, sino también en impedir que se utilice el proceso como instrumento falaz para dificultar o retrasar el cumplimiento de la expresada obligación (SSTS 12 de marzo de 2001, 7 de octubre de 2003). En suma, como señala la sentencia de 12 de febrero de 2009, no basta la mera incertidumbre acerca de la cantidad a pagar por la aseguradora, sino que, en términos generales, es preciso valorar, fundamentalmente, si la resistencia de ésta a abonar lo que, al menos con seguridad, le correspondía, está o no justificada, o el retraso en el pago le es o no imputable, siendo lo decisivo.

Y es el caso que, no solo se conocía la causa de la obligación del pago, sino que se pretendió reducir este de forma unilateral a una suma muy alejada de la reclamada y de la fijada por la sentencia recurrida, sin que tampoco procediera al pago o consignación de la cantidad ofrecida por lo que la negativa de la aseguradora recurrente a cumplir con su deber de satisfacer la prestación frente al perjudicado, pagando o al menos consignando el importe mínimo, no encuentra justificación alguna. 

F) CONCLUSION: En el supuesto enjuiciado, los elementos probatorios aportados al proceso no justifican los presupuestos fácticos establecidos en el transcrito precepto para impedir el devengo de los intereses moratorios prevenidos en los artículos 20 de la Ley de Contrato de Seguro y 9 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

El contenido de los requisitos exigidos por el mencionado artículo 7.3 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor evidencia la necesidad de que la oferta motivada de la compañía aseguradora a que el precepto se refiere sea consignada documentalmente.

La oferta motivada de la aseguradora MAPFRE que se hace mediante comunicación del 24 de abril de 2017 no puede impedir el devengo de los intereses del artículo 20 LCS, pues la oferta no fue seguida del pago o consignación de la cantidad, habiendo sido consignada una vez se interpuso la demanda del procedimiento objeto del presente recurso con ocasión del allanamiento parcial manifestado a la reclamación en dicha cantidad.

Por ello, procede desestimar el recurso de apelación respecto a los intereses del art. 20 LCS, manteniendo la condena al pago de los mismos hasta la consignación de la cantidad de 1.642,32 euros, el primero de septiembre de 2017, y respecto al resto hasta su satisfacción.


Autor: Pedro Torres Romero
928 29 76 09






domingo, 15 de diciembre de 2019

Para reclamar una indemnización por las filtraciones de las actuaciones judiciales el demandante debe de probar no solo a existencia de la filtración de los autos a los medios de prensa o televisión, sino el autor de las mismas, aunque existiera secreto del sumario.


A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 12 de diciembre de -2017, nº 1957/2017, rec. 2437/2016, desestima una demanda de reclamación de una indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración de justicia por las filtraciones de datos del procedimiento disciplinario y de la instrucción, declarada secreta, a los medios de prensa, malintencionadas o bien derivadas de supuestas negligencias, porque la prueba de las filtraciones y de su procedencia corre a cargo de quien las invoca.

No vale únicamente probar la existencia de la filtración de los autos, aunque existiera secreto del sumario, a los medios de prensa.

Pues no cabe presuponer sin más que de las filtraciones a la prensa han sido responsables de ello diferentes órganos y personas por el hecho de hacer intervenido o conocido dichos procedimientos disciplinario y penal, tales como funcionarios de la Administración de Justicia, jueces, fiscales, letrados y órganos o funcionarios del Consejo General del Poder Judicial.

B) Cuando se habla de secreto del sumario en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se habla de dos cosas muy diferentes y que no siempre se distingue:
Por una parte, en el art. 301 de la LECrm. se establece que todas las actuaciones de la fase de instrucción serán secretas, salvo para los que son parte pudiendo incluso sancionarse a las partes personadas que revelen datos del mismo, y por otra, se encuentra el art. 302 que indica la medida excepcional del secreto sumarial incluso para las partes personadas. En este último caso, ni siquiera las partes, incluyendo al investigado tienen conocimiento del contenido de la instrucción. 

Este secreto de sumario cumple con una doble finalidad, pues por una parte pretende preservar la intimidad del investigado que goza de su presunción de inocencia y por otra, tiende a asegurar la búsqueda de pruebas incriminatorias que puedan servir para el juicio.

C) El artículo 121 de la Constitución contiene una norma específica sobre responsabilidad del Estado cuando el daño resulta del funcionamiento de la Administración de Justicia, frente a la general establecida en el art. 106.2. CE, y limita la posibilidad de reclamar indemnización a la existencia de error judicial o funcionamiento anormal, en los términos que la ley establezca; el desarrollo de esta previsión constitucional se contiene en los arts. 292 a 297 LOPJ que establecen que, en los supuestos de error, éste ha de ser previamente declarado por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo en la forma prevista por el art. 293 de dicha Ley y es distinto del funcionamiento anormal que, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, comprende cualquier defecto en la actuación de los juzgados y tribunales, concebidos como complejo orgánico en el que se integran diversas personas, servicios, medios y actividades. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia, por ejemplo, de 18 de abril de 2.000, según la cual "el error judicial consiste, en los términos que ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 16 de junio de 1995, 6 de mayo de 1996, 26 de junio de 1996 y 13 de julio de 1999, entre otras, y sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1992), en la desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible en una resolución que rompe la armonía del orden jurídico o en la decisión que interpreta equivocadamente el ordenamiento jurídico, si se trata de una interpretación no sostenible por ningún método interpretativo aceptable en la práctica judicial (sentencia de la Sala Segunda de este Tribunal de 2 de julio de 1999). El funcionamiento anormal abarca, por su parte, cualquier defecto en la actuación de los juzgados y tribunales, concebidos como complejo orgánico en el que se integran diversas personas, servicios, medios y actividades. Del funcionamiento anormal se extrae un supuesto específico, el de error judicial, para seguir un tratamiento jurídico separado"; en ambos casos, y como señala el art. 293.2, el derecho a reclamar prescribe al año, contado desde el momento en que la acción pudo ser ejercitada.

D) LAS FILTRACIONES JUDICIALES: En cuanto a la alegación relativa a que las filtraciones de datos del procedimiento disciplinario y del procedimiento penal, malintencionadas o bien derivadas de supuestas negligencias, constituyen un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y le han ocasionado, al igual que a su familia, daños materiales y morales, debe precisarse que ni la administración demandada en este proceso ni este tribunal tienen como función la investigación y averiguación del origen de aquellas denunciadas filtraciones que sin duda fueron perjudiciales para el honor del recurrente, ya que debió de ser éste quien hubo de haber concretado la referida disfunción señalando la forma en que tuvo lugar, no siendo suficiente, a los efectos indemnizatorios aquí pretendidos, hacer referencia general a una actuación malintencionada o negligente -las supuestas filtraciones- y suponer que han sido responsables de ello diferentes órganos y personas por el hecho de hacer intervenido o conocido dichos procedimientos disciplinario y penal, tales como funcionarios de la Administración de Justicia, jueces, fiscales, letrados y órganos o funcionarios del Consejo General del Poder Judicial y también en este extremo, al igual que el relativo a las dilaciones, el motivo debe desestimarse.

Ello es así porque la prueba de las filtraciones y de su procedencia corre a cargo de quien las invoca, no siendo suficiente, como con acierto expresa la sentencia recurrida, la mera alegación de su existencia. Significar que pudo el recurrente en el curso de las actuaciones penales y al tiempo en que se producían las filtraciones, ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial o del propio órgano judicial, o incluso formular denuncia por revelación de secretos, lo que facilitaría, por la inmediatez a los acontecimientos, la averiguación de las circunstancias en que se produjeron las filtraciones y entre esas circunstancias el origen o procedencia de las mismas, pero lo que no puede sostener ahora es la responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la Administración de Justicia con apoyo en que el secreto de las diligencias sumariales no le impone más carga probatoria que la acreditación de las filtraciones, tesis que no podemos compartir en cuanto supondría afirmar que toda filtración de diligencias sumariales es imputable a la Administración de Justicia.

E) Los hechos podían ser constitutivos del delito tipificado en el artículo 466 del Código Penal, que persigue la revelación, por parte del juez, fiscal, secretario, abogado o procurador que intervienen en el asunto, de una actuación declarada secreta por la autoridad judicial. También podía tratarse de la infracción del deber genérico de todo funcionario de no revelar los secretos e informaciones de que conozca por razón de su oficio o cargo (artículo 417 del Código Penal). Y finalmente, hay que tener presente el artículo 197.3 del mismo CP, que castiga la revelación o difusión de datos o hechos descubiertos mediante un apoderamiento no consentido de papeles o una interceptación ilícita de telecomunicaciones.



Autor: Pedro Torres Romero
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