A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias,
sec. 4ª, de 7 de noviembre de 2018, nº 394/2018, rec. 373/2018,
determina las obligaciones que una aseguradora tiene, una vez conocido el
siniestro, para determinar su alcance y consecuencias, debiendo presentar al
perjudicado una oferta de indemnización o darle una respuesta motivada, es
decir, adoptar una conducta diligente en la cuantificación del daño y la
liquidación de la indemnización desde que tenga conocimiento del siniestro por
cualquier medio.
B) LA OFERTA MOTIVADA: La
oferta motivada es una nueva vía introducida en el artículo 7 de la Ley de
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, tras las
modificaciones efectuadas con la Ley 35/2015 del 22 de septiembre, y que entró
en vigor en enero de 2016.
1. El
asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al
seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el
importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los
gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa
aplicable. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el
hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artículo
1 de la presente Ley.
El perjudicado o
sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción
de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año.
No obstante, con carácter previo a la interposición
de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo
la indemnización que corresponda. Esta
reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de
quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho,
la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la
producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica
asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita
la cuantificación del daño.
Esta reclamación
interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se
presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos
al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente
al perjudicado de la oferta o respuesta motivada definitiva.
La información
de interés contenida en los atestados e informes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico que recojan las
circunstancias del accidente podrá ser facilitada por éstas a petición de las
partes afectadas, perjudicados o entidades aseguradoras, salvo en el caso en
que las diligencias se hayan entregado a la autoridad judicial competente para
conocer los hechos, en cuyo caso deberán solicitar dicha información a ésta.
2. En el plazo de tres meses desde la recepción de
la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en
los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización
si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla
los requisitos del apartado 3 de este artículo. En caso contrario, o si la
reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los
requisitos del apartado 4 de este artículo.
A estos efectos,
el asegurador, a su costa, podrá solicitar previamente los informes periciales
privados que considere pertinentes, que deberá efectuar por servicios propios o
concertados, si considera que la documentación aportada por el lesionado es
insuficiente para la cuantificación del daño.
El
incumplimiento de esta obligación constituirá infracción administrativa grave o
leve.
Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya
presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o
que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.
Estos mismos intereses de demora se devengarán en el caso de que, habiendo sido
aceptada la oferta por el perjudicado, ésta no sea satisfecha en el plazo de
cinco días, o no se consigne para pago la cantidad ofrecida.
El asegurador
deberá observar desde el momento en que conozca, por cualquier medio, la
existencia del siniestro, una conducta diligente en la cuantificación del daño
y la liquidación de la indemnización.
Lo dispuesto en
el presente apartado será de aplicación para los accidentes que puedan
indemnizarse por el sistema de las oficinas nacionales de seguro de
automóviles, en cuyo caso toda referencia al asegurador se entenderá hecha a la
Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (Ofesauto) y a las entidades
corresponsales autorizadas para representar a entidades aseguradoras
extranjeras.
3. Para que sea válida a los efectos de esta Ley,
la oferta motivada deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Contendrá una
propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que
pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las
personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la
indemnización ofertada para unos y otros.
b) Los daños y
perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes
que se recogen en el Título IV y el Anexo de esta Ley.
c) Contendrá, de
forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra
información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el
informe médico definitivo, e identificará aquéllos en que se ha basado para
cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el
perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación
o rechazo.
d) Se hará
constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia
por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la
indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda
corresponderle.
e) Podrá
consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en
dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional
correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la
cantidad consignada.
4. En el supuesto de que el asegurador no realice
una oferta motivada de indemnización, deberá dar una respuesta motivada
ajustada a los siguientes requisitos:
a) Dará
contestación suficiente a la reclamación formulada, con indicación del motivo
que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque no esté
determinada la responsabilidad, bien porque no se haya podido cuantificar el
daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la
reclamación, que deberá ser especificada.
Cuando dicho
motivo sea la dilatación en el tiempo del proceso de curación del perjudicado y
no fuera posible determinar el alcance total de las secuelas padecidas a causa
del accidente o porque, por cualquier motivo, no se pudiera cuantificar
plenamente el daño, la respuesta motivada deberá incluir:
1.º La
referencia a los pagos a cuenta o pagos parciales anticipados a cuenta de la
indemnización resultante final, atendiendo a la naturaleza y entidad de los
daños.
2.º El
compromiso del asegurador de presentar oferta motivada de indemnización tan
pronto como se hayan cuantificado los daños y, hasta ese momento, de informar
motivadamente de la situación del siniestro cada dos meses desde el envío de la
respuesta.
b) Contendrá, de
forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra
información de que se disponga, incluyendo el informe médico definitivo, que
acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta
motivada.
c) Incluirá una
mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por el perjudicado, ni
afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para
hacer valer sus derechos.
5. En caso de disconformidad del perjudicado con la
oferta motivada, las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, podrán
pedir informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina
Legal siempre que no hubiese intervenido previamente.
Esta misma
solicitud al Instituto de Medicina Legal podrá realizarse por el lesionado
aunque no tenga el acuerdo de la aseguradora, y con cargo a la misma. El
Instituto de Medicina Legal que deba realizar el informe solicitará a la
aseguradora que aporte los medios de prueba de los que disponga, entregando
copia del informe pericial que emita a las partes.
Asimismo, el
perjudicado también podrá solicitar informes periciales complementarios, sin
necesidad de acuerdo del asegurador, siendo los mismos, en este caso, a su
costa.
Esta solicitud
de intervención pericial complementaria obligará al asegurador a efectuar una
nueva oferta motivada en el plazo de un mes desde la entrega del informe
pericial complementario, continuando interrumpido el plazo de prescripción para
el ejercicio de las acciones judiciales. En todo caso, se reanudará desde que
el perjudicado conociese el rechazo de solicitud por parte del asegurador de
recabar nuevos informes.
6. Reglamentariamente podrá precisarse el contenido
de la oferta motivada y de la respuesta motivada,
así como las cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo
y remisión de entrega del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal
correspondiente. Igualmente, dicha normativa garantizará la especialización de
los Médicos Forenses en la valoración del daño corporal a través de las
actividades formativas pertinentes.
7. En todo caso, el asegurador deberá afianzar las
responsabilidades civiles y abonar las pensiones que por la autoridad judicial
fueren exigidas a los presuntos responsables asegurados,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 764 y 765 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Las pensiones
provisionales se calcularán de conformidad con los límites establecidos en el
Anexo de esta Ley.
8. Una vez presentada la oferta o la respuesta
motivada, en caso de disconformidad y a salvo del derecho previsto en el
apartado 5 de este precepto, o transcurrido el plazo para su emisión, el
perjudicado podrá bien acudir al procedimiento de mediación
previsto en el artículo 14 para intentar solucionar la controversia, o bien
acudir a la vía jurisdiccional oportuna para la reclamación de los daños y
perjuicios correspondientes.
No se admitirán a trámite, de conformidad con el
artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se
acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al
asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el
asegurador.
C) La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias,
sec. 4ª, de 7 de noviembre de 2018, nº 394/2018, rec. 373/2018, declara que
no puede dejar de censurarse la absoluta pasividad y dejación en el
cumplimiento de sus obligaciones de que ha venido haciendo gala la Compañía
ALLIANZ, que, sabedora del siniestro, su alcance y consecuencias, pues no en
vano llegó a un acuerdo con la conductora del vehículo para indemnizarle por
los daños personales sufridos, y una vez frustradas las gestiones para reparar
los daños materiales que había asumido la Compañía del perjudicado en virtud
del convenio entre aseguradoras, cuando éste se dirigió a ella exponiéndole que
no se había podido llegar a un acuerdo y reclamándole una cantidad que
representaba el valor medio de otros vehículos similares, ALLIANZ se limitó a
remitir nuevamente a la negociación con LINEA DIRECTA ASEGURADORA por ser la
que, en virtud de convenio, debía hacer frente al pago de los daños, con lo
cual, no sólo estaba infringiendo el deber de presentar al perjudicado una
oferta de indemnización o darle una respuesta motivada en los términos,
condiciones y plazos que resultan de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del
artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro
en la Circulación de Vehículos a Motor, sino que se estaba incumpliendo de
forma palmaria la obligación que se impone al asegurador en ese mismo apartado
2 del artículo 7, como trasunto de la disposición general que establece el
artículo 18 de la Ley del Contrato de Seguro, de adoptar una conducta diligente
en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización desde que
tenga conocimiento del siniestro por cualquier medio, de modo que, si el
cumplimiento de esa obligación incluye la obtención de todos aquellos
documentos, informes y cualquier otra información de que se disponga para la
valoración de los daños, no se puede reprochar al perjudicado que no los
aportara cuando se trataba de algo que debería haber recabado por sus propios
medios el asegurador a fin de cumplir con su obligación resarcitoria, siendo
incluso que en caso de disconformidad con la oferta motivada el apartado 5 del
mismo artículo 7 permite a las partes, de común acuerdo y a costa del
asegurador, pedir informes periciales complementarios. Todo menos limitarse a
una postura de total pasividad remitiendo al perjudicado a la tramitación del
siniestro a través de un convenio que no le vincula.
Y lo que es más
grave aún es que esa misma pasividad se haga valer para oponerse a la justa
reclamación del perjudicado ya en sede judicial, reprochándole que no aporte
una valoración pericial de daños o un presupuesto de reparación de su vehículo
cuando es la propia Compañía responsable de indemnizar los daños la que debe
procurar la obtención de tales informes y documentos para así dar cumplimiento
a su obligación, contando además para ello con mayores y mejores medios de los
que pudiera llegar a disponer el reclamante.
No es admisible
que el perjudicado vea rechazada su pretensión por falta de aportación de unos
medios de prueba que la Compañía obligada a indemnizarle debía haber obtenido y
haberle facilitado en la fase previa de reclamación extrajudicial,
pues no se olvide que ésta constituye ahora requisito necesario para la admisión
a trámite de la demanda (artículo 7, apartado 8, párrafo 2º), y en el caso de
que no lo hubiera hecho, entablado ya el litigio, resulta inexcusable su
aportación para justificar, en su caso, la valoración discrepante que se haga
de la cuantía indemnizatoria.
Lo que no es
recibo es limitarse, como en este caso, a oponer frente a la reclamación del
perjudicado que éste no acredita el carácter antieconómico de la reparación de
su vehículo.
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