domingo, 12 de marzo de 2017

Los Tribunales tienen la facultad de moderar las indemnizaciones por accidentes de trabajo causados por negligencia de la empresa, que es discrecional y ha de hacerse según las circunstancias del caso, pudiéndose efectuar incluso sin petición previa de parte, en base al artículo 1.103 del Código Civil, sin que sea preciso que exista concurrencia de culpas



A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 10 de marzo de 2003, nº 327/2003, rec. 235/2003, manifiesta que en el supuesto litigioso el juzgador ha utilizado correctamente la facultad de moderar la indemnización, que es discrecional y ha de hacerse según las circunstancias del caso, pudiéndose efectuar incluso sin petición previa de parte, de ahí que sea poco factible obtener una revisión o modificación de dicha facultad judicial, cuando, como sucede en el supuesto enjuiciado, resulta de las pruebas obrantes en las actuaciones que se ha llevado a cabo una moderación legal y justas, en la proporción del 50%, por lo que ni la supresión de ese porcentaje ni la reducción al 10 o al 15 % puede tener éxito en el recurso.

El artículo 1.103 del Código Civil establece que: “La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos”.

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 10 de marzo de 2003,  declara que el Juzgador "a quo" ha utilizado correctamente la facultad de moderar la indemnización concedida por el art. 1103 Código Civil, que no puede olvidarse es discrecional y ha de hacerse según las circunstancias del caso, pudiéndose efectuar incluso sin petición previa de parte. De ahí que sea poco factible obtener una revisión o modificación de dicha facultad judicial, cuando, como sucede en el supuesto aquí enjuiciado, resulta de las pruebas obrantes en las actuaciones que se ha llevado a cabo una moderación legal y justas, en la proporción del 50%, por lo que ni la supresión de ese porcentaje ni la reducción al 10 o al 15 % puede tener éxito en el presente recurso. La obligación de probar los hechos que dan lugar a la aplicación del Derecho, corre por cuenta de la parte que los alega, bastando a la opositora con negarlos, según el criterio general de la carga de la prueba.

B) NO ES NECESARIA LA CONCURRENCIA DE CULPAS PARA APLICAR LA FACULTAD DE MODERACIÓN: La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Social, de 22 de enero de 2001, nº 95/2001, rec. 746/2000, declara que para llevar a cabo la facultad moderadora no es preciso que exista concurrencia de culpas, ya que el citado precepto del Código civil no precisa de tal exigencia, sino que esa facultad se podrá utilizar por los Tribunales, según los casos, siempre que se trate de un supuesto de responsabilidad por culpa o negligencia.

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sábado, 25 de febrero de 2017

Las cláusulas limitativas son aquellas que restringen o modifican los derechos de los asegurados a la indemnización, una vez que se ha producido el siniestro, siempre que el tomador las acepte por escrito


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, sec. 1ª, de 16 de enero de 2017, nº 11/2017, rec. 264/2016, define las cláusulas limitativas como aquellas que restringen o modifican los derechos de los asegurados a la indemnización, una vez que se ha producido el siniestro. Para que sean válidas, el tomador debe aceptarlas por escrito.

B) ANTECEDENTES DE HECHO: La sentencia del Juzgado de Primera Instancia entendió que la reclamación efectuada resultaba improcedente, por considerar que en el contrato de seguro existía una clausula delimitadora que excluía la cobertura, como es la de que el vehículo en el momento del siniestro fuera conducido por su hijo menor de 25 años.

Frente a esta resolución se alza el actor con base a dos argumentos: 1) Que la cláusula de que tratamos no es delimitadora, sino limitativa de los derechos del asegurado y no ha sido aceptada expresamente por el asegurado, con los requisitos del artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y 2) que en todo caso, esa disposición no ha sido aceptada por el demandante, haciendo referencia a la Sentencia de esta Sala de 17-12-2015, incluyendo finalmente, una alegación relativa a las circunstancias personales del conductor.

La apelada impugnó el recurso de apelación alegando en primer lugar el conocimiento de la cláusula o condición por parte del demandante, para seguidamente mantener la correcta calificación de la misma como delimitadora del riesgo y su aplicabilidad a los seguros de daños propios y la no incidencia de la determinación en la póliza de la persona del propietario, para, finalmente esgrimir la intrascendencia de la alegación relativa a la falta de incremento del riesgo en razón a la edad del conductor.

C) CLAUSULAS LIMITATIVAS O RESTRICTIVAS DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADO Y CLAUSULAS DELIMITADORAS DEL RIESGO:

1º) El artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece:

“Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.
Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración pública en los términos previstos por la ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas”.

2º) La cuestión relativa a la diferenciación entre cláusulas limitativas de los derechos del asegurado y cláusulas delimitadoras del riesgo, es una cuestión estrictamente jurídica de enorme trascendencia, por cuanto las exigencias para su eficacia son diferentes ya que las primeras están sujetas a los requisitos de forma y aceptación establecidos en el artículo 3 de la Ley de contrato de seguro.

La calificación de una cláusula de una u otra forma, debe llevarse a cabo en relación a la finalidad de la cláusula estudiada, como pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11-9-2006 , en la que se establece que las clausulas delimitadoras del riesgo son aquellas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando los riesgos, que en caso de producirse hacen surgir el derecho del asegurado a percibir la prestación pactada. En definitiva, las claúsulas delimitativas son aquellas que se refieren al riesgo que se cubre, la cuantía, el plazo y el ámbito espacial, mientras que las limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización, una vez que el riesgo se ha producido, como se señala, entre otras, en la STS de 16 de octubre de 2000.

D) CALIFICACIÓN DE LA CLAÚSULA EXAMINADA COMO CLAÚSULA LIMITATIVA: Partiendo de las anteriores consideraciones, esta Sala entiende que nos encontramos ante una condición limitativa y no delimitadora en atención a que el riesgo del seguro de que tratamos es el que da lugar a la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor y esa responsabilidad civil se producirá en todo caso y con independencia de quien sea el conductor, de forma que los efectos de la cláusula se producen una vez que el riesgo se ha ocasionado.

Esta posición es mantenida también por la mayor parte de las Sentencias de Audiencias Provinciales que se han pronunciado, por ejemplo la de Ciudad Real de 25 de mayo de 2016 , en la que era demandada la misma aseguradora que en este caso, la de la Sección 9 de Madrid de 22 de enero de 2015 , que cita la de la Sección 12 de 15 de mayo de 2009 y la de la sección 14 de 11 de noviembre de 2008 ; SAP de Murcia secc. 5 de 14 de noviembre de 2008 o la de SAP, de la sección 8 de la audiencia Provincial de Valencia del 13 de enero de 2014.

La consecuencia jurídica de esta calificación es la de la ineficacia de la misma, en tanto en cuanto no se ha acreditado que se hayan cumplido los requisitos exigidos por el artículo 3 de la Ley de contrato de seguro, como tiene declarado el TS en Sentencia de 24 de noviembre de 2014.

En todo caso y como recogíamos en la Sentencia de esta sala que citamos anteriormente, nos encontramos ante un supuesto en el que no se ha acreditado por parte de la compañía aseguradora la aceptación, siquiera, de las condiciones generales, por lo que no puede aplicarse tampoco. Como puede verse, con la demanda se presenta una copia, sin la firma del demandante, de las condiciones generales, pero se hace constar en la demanda que la misma le fue entregada por la correduría AENUS con posterioridad a recibir la comunicación de la entidad aseguradora rechazando la reclamación del actor. Por su parte la demandada no ha aportado la póliza debidamente suscrita por el asegurado y, además consta en los autos el informe de AENUS, en el que consta que efectivamente se le entregó al demandante, a petición del mismo, una copia de la póliza con posterioridad a recibir la carda de Allianz rechazando la solicitud de indemnización.

De esta forma, no puede tenerse por probado el hecho de la aceptación que se mantiene por la aseguradora demandada, siendo dicha parte la que ante la afirmación de un hecho negativo por la actora, podría acreditar el conocimiento y aceptación de las condiciones, aportando la póliza debidamente firmada por el asegurado; lo cual no ha hecho.

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domingo, 12 de febrero de 2017

El Tribunal Supremo declara que la pérdida de aprovechamiento para la construcción de unos solares por el hallazgo en ellos de restos arqueológicos da lugar a una indemnización


A) La sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 28 de octubre de 2016, nº 2324/2016, rec. 2592/2015, declara que la pérdida de aprovechamiento para la construcción de unos solares por el hallazgo en ellos de restos arqueológicos da lugar a una indemnización. Sólo son indemnizables los gastos de proyectos, licencias y publicidad de las promociones inmobiliarias sin que pueda indemnizarse ningún gasto más derivado de la construcción por no haberse iniciado la misma.

B) OBJETO DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:  La cuestión no estriba en analizar la legalidad de la resolución de 28 de junio de 2010  causa de la reclamación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la pérdida de aprovechamiento urbanístico de los solares, para los que la recurrente disponía de licencia de obras que la autorizaban a la construcción de sendos edificios de 32 y 26 viviendas (con garaje y trastero), sino en determinar si las limitaciones al aprovechamiento del suelo impuestas, en aplicación de la Ley 8/95, de Patrimonio Cultural de Galicia (en beneficio de ese patrimonio histórico, y, por ende, de toda la colectividad), como consecuencia de los hallazgos arqueológicos, tiene la propietaria, como afirma la sentencia, el deber jurídico de soportarlo.

Debemos recordar, al efecto, que el contenido del derecho de propiedad, como derecho de configuración legal (delimitado, ex art. 33 de la Constitución, por su "función social"), viene determinado por la ley. Tratándose, como aquí acaece, de la propiedad del suelo, y, en concreto, del derecho a edificar éste se materializa con la licencia urbanística, patrimonializándose en ese momento, con las consecuencias indemnizatorias que ello comporta.

Antes del otorgamiento de licencia existe una mera expectativa, un simple derecho a solicitarla, pero cualquier cambio normativo o de otra naturaleza que impida su otorgamiento, y, por consiguiente, la materialización del aprovechamiento que hasta ese momento pueda ostentar el suelo, no da derecho a ningún tipo de indemnización.

La licencia, sin embargo, incorpora al patrimonio de su titular el derecho a edificarlo en los términos en ella autorizado, dentro del plazo de caducidad con el que, en su caso, se otorga.

En este caso, la recurrente tenía las pertinentes licencias cuando se descubrieron los primeros vestigios arqueológicos con ocasión del movimiento de tierras en el solar contiguo, también de su propiedad, por ello la imposibilidad de ejecutar los proyectos, sin otra solución alternativa (así se dice en el informe emitido por los Arquitectos, obrante en el folio 270 del expediente administrativo, ratificado judicialmente, sin que la Junta de Galicia haya contraprobado ni cuestionado tan esencial extremo), comporta la privación de un derecho (el derecho a edificar los dos edificios autorizados por las licencias) que, aunque esté amparada en las normas de protección del patrimonio en beneficio del interés general, la ablación de ese derecho (precisamente porque redunda en beneficio de la colectividad) no puede ser soportado exclusivamente por su titular, constituyendo una lesión antijurídica, y como tal, indemnizable porque el propietario del suelo no tiene el deber jurídico de soportar el daño que a él en concreto le produce esa protección en interés y beneficio de la colectividad. En este sentido se ha pronunciado el TS, a título de ejemplo cabe recordar, además de las sentencias citadas como soporte de este recurso de casación, la sentencia de 15 de diciembre de 2010 (casación 1336/09).

C) CONCEPTOS INDEMNIZABLES: Hay un dato esencial a tomar en consideración para la determinación de las indemnizaciones y es que en ningún momento se iniciaron las obras de construcción y el reembolso de los gastos del proyecto de excavación a que fue requerida para determinar la posible existencia de restos arqueológicos han sido objeto de otra reclamación.

La recurrente reclama, en primer término, el valor del suelo tasado con arreglo al art. 24 del TRLS 2008, por el método residual estático, con los parámetros urbanísticos aplicados a los proyectos para los que se otorgaron las licencias y que, precisamente, como consecuencia de la necesidad de mantener "in situ" los hallazgos arqueológicos, impuesta por la resolución de 27 de junio de 2010, no solo no pueden ejecutarse, sino que, según los informes técnicos de parte -no contradichos de contrario-, hace inviable cualquier otra alternativa de similares características. Pretensión que, desde luego, ha de rechazarse de plano, pues cuando se impuso tal limitación no se había efectuado ninguna edificación, sin que, por tanto, tuviera consolidado derecho alguno a lo "virtualmente" edificado, único supuesto en el que cabría una indemnización en tal sentido. Además, el hecho de que no puedan construirse los edificios proyectados u otros similares no quiere decir que el solar carezca de todo tipo de aprovechamiento urbanístico, manteniéndose la propiedad del suelo.

1º) La indemnización solo puede compensar la pérdida de aprovechamiento que se ha producido como consecuencia de la obligación de mantener "in situ" los hallazgos arqueológicos, circunstancia esencial que no consta y que ha de quedar deferida al trámite de ejecución de sentencia para que, por arquitecto designado judicialmente, se proceda a su determinación, adoptándose una fórmula similar a la empleada en la precitada sentencia de 15 de diciembre de 2010 donde el montante del daño indemnizable (privación del aprovechamiento urbanístico patrimonializado) será el que resulte de restar al precio de adquisición de ambos solares, el valor que dicho suelo hubiera tenido en el momento de la adquisición de contar con las limitaciones impuestas por la resolución de 28 de junio de 2010, cantidad que habrá de incrementarse con el interés legal desde la fecha en que se presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial.

2º) La segunda partida indemnizatoria que se postula viene referida al lucro cesante o beneficio previsto con la promoción y que cifra en 360.007 euros para el solar denominado "FARO II" y de 935.382,37 euros para el "FARO III".

Lo que pretende que se indemnice es una mera expectativa, un "sueño de ganancia" respecto de unos proyectos urbanísticos que no llegaron a iniciarse, algo que, desde luego, no puede acogerse. 

3º) Cuestión distinta es el reembolso de los gastos de los dos proyectos, de las licencias y de publicidad de las promociones (sin que, al no haberse iniciado ningún tipo de obras, conste otro tipo de gastos en ese sentido)-, únicos que, al devenir inútiles ante la imposibilidad de ejecutar los proyectos como consecuencia de la obligación de mantener "in situ" los hallazgos, son indemnizables y cuyo importe deberá ser determinado en el trámite de ejecución de sentencia conforme a lo que, en este sentido, haya quedado documentado en autos.

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La administración debe indemnizar los daños y perjuicios causados por la falta de adjudicación de la plaza que corresponde a un trabajador tras un proceso selectivo de promoción profesional


La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, sec. 2ª, de 9 de diciembre de 2016, nº 1070/2016, rec. 572/2016, establece que un servicio sanitario debe indemnizar los daños y perjuicios causados por la falta de adjudicación de la plaza que corresponde a un trabajador como consecuencia del proceso selectivo de promoción profesional en el que ha participado.


En el supuesto ahora enjuiciado, puede observarse que la administración demandada no adjudicó a la actora la plaza que le correspondía como consecuencia del proceso selectivo de promoción profesional en que participó, teniendo por ello derecho a las diferencias salariales entre la categoría de Auxiliar Administrativo y la de Oficial Administrativo durante el período comprendido entre el 1-11-2010 (fecha de efectos de la Resolución que procedió a la adjudicación de plazas) y el 31-1-2014 (al habérsele adjudicado a la demandante con efectos del 1-2-2014 la plaza de Oficial Administrativo, en ejecución de la sentencia antecitada), en concepto de indemnización por los daños causados, conforme a la doctrina de referencia.

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domingo, 15 de enero de 2017

El seguro obligatorio de viajeros cubre todos los daños o secuelas físicas sufridas en un autobús, incluidos los momentos de subir y bajar al mismo


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, sec. 3ª, de 23 de junio de 2016, nº 244/2016, rec. 193/2016, declara que la entidad asegurado debe indemnizar por los daños sufridos a consecuencia de una caída en el interior de un autobús. La AP señala que la entidad asegurado debe indemnizar ya que responde objetivamente de todos los daños sufridos en el interior del mismo salvo los que se produzcan por dolo exclusivo del perjudicado o por la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas.

B) Si el autobús en el que se produce la caída, se dedica al transporte de viajeros, está amparado por la póliza del Seguro Obligatorio de Viajeros. Conforme al art. 1 del RD 1575/1989, de 22 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, dicho seguro tiene por finalidad "indemnizar a los viajeros o a sus derecho habientes, cuando sufran daños corporales en accidente que tenga lugar con ocasión del desplazamiento en un medio de transporte público colectivo de personas, siempre que concurran las circunstancias establecidas en este Reglamento.

Conforme al art. 8.1: "Como norma general serán protegibles los accidentes acaecidos durante el viaje y los ocurridos, tanto antes de comenzar éste, una vez que el vehículo hubiera sido puesto a disposición de los viajeros para utilizarlo, como inmediatamente sobrevenidos después de terminar, siempre que al producirse, el asegurado se encontrara en dicho vehículo.

2. Gozarán, no obstante, de protección:

a) Los accidentes ocurridos al entrar el asegurado en el vehículo o salir de él por el lugar debido, teniendo contacto directo con aquél, aun cuando lo tuviera también con el suelo...".
Visto lo anterior no hay duda que los daños corporales sufridos por la actora, al caer del autobús están comprendidos y amparados por el Seguro Obligatorio de Viajeros, sin que por la involuntariedad de la caída , que como hemos señalado, sólo cabe imputar a la actora, sea de aplicación el supuesto de exclusión que previene el art. 9.

Por lo que respecta al contenido, el art. 3 establece que: "La cobertura garantizada por el Seguro Obligatorio de Viajeros comprende, exclusivamente, las indemnizaciones pecuniarias y la asistencia sanitaria establecidas en esta disposición, cuando, como consecuencia de un accidente producido en las circunstancias previstas en el artículo 1, se produzca... incapacidad temporal del viajero".

Reitera dicha cobertura el art. 15 del Reglamento, que precisa que: "Las indemnizaciones se abonarán conforme al baremo que, como anexo se une a este Reglamento".

C) En el caso de autos la parte actora, hoy apelante, sostiene que sufrió lesiones cuando se dirigía a tomar asiento en un autobús, al sufrir una caída a consecuencia del arranque súbito y brusco del vehículo por parte de su conductor, que no esperó a que los viajeros tomaran asiento y arrancó de manera brusca e imprevista el vehículo autobús, sin embargo no existe prueba alguna que acredite tal versión, y que desvirtúe lo que en su día se hizo constar en el parte a saber que la actora al dirigirse a su asiento pierde el equilibrio y cae, en tal sentido no existe testimonio alguno a salvo lo antedicho, no recordando el conductor los hechos, siendo así es evidente que en este caso ante la ausencia de prueba no se puede mantener que estemos ante un hecho causa de la circulación del autobús, pero si este hecho en cambio si está cubierto por el seguro obligatorio de viajeros regulado en el RD. 1575/1989 de 22 de diciembre, relativo al seguro obligatorio de viajeros, ya que el seguro de viajeros cubre todos los daños o secuelas físicas sufridas en un autobús, incluidos los momentos de subir y bajar al mismo a salvo de las causadas por dolo exclusivo del perjudicado, o debido a la ingesta de bebidas alcohólicas, o sustancias estupefacientes o similares, articulo 9 del citado Reglamento, que  manifiesta: La protección del Seguro no alcanzará a los asegurados que provoquen los accidentes en estado de embriaguez, o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o estimulantes, o mediante la comisión de actos dolosos”.

D) Por todo lo argumentado; procede desestimar las reclamaciones efectuadas por la actora frente a las entidades demandadas amparadas en responsabilidades civiles derivadas de un hecho de la circulación; y condenar a la entidad aseguradora al amparo del seguro obligatorio de viajeros que establece una responsabilidad objetiva de las aseguradoras que cubran este tipo de responsabilidades, en aplicación de los artículos 1 y 2 del citado Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros. 

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El concepto de suicidio a efectos de la normativa de seguros queda restringido a los supuestos de muerte causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado, en los que no cabe indemnización.


La sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, sec. 5ª, de 7 de mayo de 2015, nº 159/2015, rec. 256/2014, establece la  obligación de la aseguradora de  indemnizar a la demandante en virtud de la póliza de seguro de vida suscrito por el asegurado, al no apreciarse que el fallecimiento de su marido pueda calificarse como suicidio según la interpretación de dicho concepto para la normativa de seguros.

El concepto de suicidio a efectos de la normativa de seguros queda restringido a los supuestos de muerte causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado, por lo que no existe suicidio cuando la muerte se produce por causa inconsciente o involuntaria, o como consecuencia de la situación mental que le despoje de todo dominio sobre sus actos.

El art. 93 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS) establece que: “Salvo pacto en contrario, el riesgo de suicidio del asegurado quedará cubierto a partir del transcurso de un año del momento de la conclusión del contrato. A estos efectos se entiende por suicidio la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado”.


En relación con dicho precepto tenemos que puntualizar, que el concepto general que se tiene de suicidio como equivalente a quitarse voluntariamente la vida no es coincidente con el concepto de suicidio que contiene el art. 93 de la LCS, puesto que éste restringe el concepto a la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado, y así el Tribunal Supremo en sentencias de 10 de febrero de 1988 y 20 de noviembre de 1991, al aludir a la cláusula de exclusión del suicidio, ha admitido que el suicidio puede seguir siendo un riesgo asegurado cuando se prueba que tal suicidio haya sido debido a causa inconsciente o involuntaria del propio asegurado.

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domingo, 11 de diciembre de 2016

La pérdida de aprovechamiento urbanístico en unos solares por el hallazgo de restos arqueológicos da lugar a una indemnización, si cuentan con licencia de construcción



A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sec. 5ª,  de 28 de octubre de 2016, nº 2324/2016, rec. 2592/2015, declara que la pérdida de aprovechamiento urbanístico en unos solares para la construcción de un inmueble, por el hallazgo de restos arqueológicos da lugar a una indemnización. Pero sólo son indemnizables los gastos de proyectos, licencias y publicidad de las promociones inmobiliarias sin que pueda indemnizarse ningún gasto más derivado de la construcción por no haberse iniciado la misma.

B) OBJETO DE ANALISIS: La cuestión estriba en determinar si las limitaciones al aprovechamiento del suelo impuestas, en aplicación de la Ley 8/95, de Patrimonio Cultural de Galicia (en beneficio de ese patrimonio histórico, y, por ende, de toda la colectividad), como consecuencia de los hallazgos arqueológicos, tiene la propietaria, como afirma la sentencia, el deber jurídico de soportarlo.

Debemos recordar, al efecto, que el contenido del derecho de propiedad, como derecho de configuración legal (delimitado, ex art. 33 CE, por su "función social"), viene determinado por la ley. Tratándose, como aquí acaece, de la propiedad del suelo, y, en concreto, del derecho a edificar éste se materializa con la licencia urbanística, patrimonializándose en ese momento, con las consecuencias indemnizatorias que ello comporta.

Antes del otorgamiento de licencia existe una mera expectativa, un simple derecho a solicitarla, pero cualquier cambio normativo o de otra naturaleza que impida su otorgamiento, y, por consiguiente, la materialización del aprovechamiento que hasta ese momento pueda ostentar el suelo, no da derecho a ningún tipo de indemnización.

La licencia, sin embargo, incorpora al patrimonio de su titular el derecho a edificarlo en los términos en ella autorizado, dentro del plazo de caducidad con el que, en su caso, se otorga.

En este caso, la recurrente tenía las pertinentes licencias cuando se descubrieron los primeros vestigios arqueológicos con ocasión del movimiento de tierras en el solar contiguo, también de su propiedad, por ello la imposibilidad de ejecutar los proyectos, sin otra solución alternativa (así se dice en el informe emitido por los Arquitectos Sres. Jorge y Segismundo, obrante en el folio 270 del expediente administrativo, ratificado judicialmente, sin que la Junta de Galicia haya contraprobado ni cuestionado tan esencial extremo), comporta la privación de un derecho (el derecho a edificar los dos edificios autorizados por las licencias) que, aunque esté amparada en las normas de protección del patrimonio en beneficio del interés general, la ablación de ese derecho (precisamente porque redunda en beneficio de la colectividad) no puede ser soportado exclusivamente por su titular, constituyendo una lesión antijurídica, y como tal, indemnizable porque el propietario del suelo no tiene el deber jurídico de soportar el daño que a él en concreto le produce esa protección en interés y beneficio de la colectividad. En este sentido se ha pronunciado  previamente el Tribunal Supremo, en la  sentencia de 15 de diciembre de 2010 (casación 1336/09).

C) CUANTIA DE LA INDEMNIZACION: Hay un dato esencial a tomar en consideración para la determinación de las indemnizaciones y es que en ningún momento se iniciaron las obras de construcción y el reembolso de los gastos del proyecto de excavación a que fue requerida para determinar la posible existencia de restos arqueológicos han sido objeto de otra reclamación.

1º) La recurrente reclama, en primer término, el valor del suelo tasado con arreglo al art. 24 del TRLS 2008, por el método residual estático, con los parámetros urbanísticos aplicados a los proyectos para los que se otorgaron las licencias y que, precisamente, como consecuencia de la necesidad de mantener "in situ" los hallazgos arqueológicos, impuesta por la resolución de 27 de junio de 2010, no solo no pueden ejecutarse, sino que, según los informes técnicos de parte -no contradichos de contrario-, hace inviable cualquier otra alternativa de similares características. Pretensión que, desde luego, ha de rechazarse de plano, pues cuando se impuso tal limitación no se había efectuado ninguna edificación, sin que, por tanto, tuviera consolidado derecho alguno a lo "virtualmente" edificado, único supuesto en el que cabría una indemnización en tal sentido. Además, el hecho de que no puedan construirse los edificios proyectados u otros similares no quiere decir que el solar carezca de todo tipo de aprovechamiento urbanístico, manteniéndose la propiedad del suelo.

La indemnización solo puede compensar la pérdida de aprovechamiento que se ha producido como consecuencia de la obligación de mantener "in situ" los hallazgos arqueológicos, circunstancia esencial que no consta y que ha de quedar deferida al trámite de ejecución de sentencia para que, por arquitecto designado judicialmente, se proceda a su determinación, adoptándose una fórmula similar a la empleada en la precitada sentencia del TS de 15 de diciembre de 2010 donde el montante del daño indemnizable (privación del aprovechamiento urbanístico patrimonializado) será el que resulte de restar al precio de adquisición de ambos solares, el valor que dicho suelo hubiera tenido en el momento de la adquisición de contar con las limitaciones impuestas por la resolución de 28 de junio de 2010, cantidad que habrá de incrementarse con el interés legal desde la fecha en que se presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial.

2º) La segunda partida indemnizatoria que se postula viene referida al lucro cesante o beneficio previsto con la promoción. Lo que pretende que se indemnice es una mera expectativa, un "sueño de ganancia" respecto de unos proyectos urbanísticos que no llegaron a iniciarse, algo que, desde luego, no puede acogerse.

Cuestión distinta es el reembolso de los gastos de los dos proyectos, de las licencias y de publicidad de las promociones (sin que, al no haberse iniciado ningún tipo de obras, conste otro tipo de gastos en ese sentido), únicos que, al devenir inútiles ante la imposibilidad de ejecutar los proyectos como consecuencia de la obligación de mantener "in situ" los hallazgos, son indemnizables y cuyo importe deberá ser determinado en el trámite de ejecución de sentencia conforme a lo que, en este sentido, haya quedado documentado en autos.

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sábado, 10 de diciembre de 2016

Las personas jurídicas de Derecho Público, como son los ayuntamientos, no tienen derecho a reclamar una indemnización por vulneración del derecho al honor



B) La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 15 de junio de 2016, nº 408/2016, rec. 1894/2014, estableciendo doctrina, señala que las personas jurídicas de Derecho Público, como son los ayuntamientos, no tienen derecho al honor. Excepcionalmente pueden ser titulares de otros derechos fundamentales. Podrán reclamar indemnizaciones por daños a su prestigio siempre que lo hagan tomando como base el Código Civil, pero no dicho derecho constitucional al honor del artículo 18.1 de la Constitución.

B) El artículo 18.1 de la Constitución española establece que:Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

Hay que  manifestar que aunque la jurisprudencia haya admitido que el derecho al honor puede corresponder también a las personas jurídicas, desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988 ha quedado establecido que ese derecho no corresponde a las instituciones públicas, de las que sólo son predicables «dignidad, prestigio y autoridad moral».

C) La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 15 de junio de 2016, nº 408/2016, rec. 1894/2014, estableciendo doctrina, declara que las personas jurídicas de Derecho Público (como el Ayuntamiento ahora recurrente) no son titulares del derecho fundamental al honor.

Desde que el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 139/1995, de 26 de septiembre, no puede ponerse en cuestión que las personas jurídicas de Derecho privado son titulares del derecho al honor reconocido por el artículo 18.1 CE. Pronto lo confirmó la Sentencia del mismo Tribunal 183/1995, de 11 de diciembre. Y desde entonces, y en debida consecuencia (art. 5.1 LOPJ), la constante doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del TS al respecto ha sido la que se contiene, entre las más recientes, en las Sentencias 344/2015, de 16 de junio (Rec. 46/2013) y 594/2015, de 11 de noviembre (Rec. 981/2014):

«No es obstáculo a que se reconozca que está en juego el derecho fundamental al honor el hecho de que quien pretende su protección sea una persona jurídica, concretamente una compañía mercantil. Debe recordarse que, según la jurisprudencia constitucional, el reconocimiento de derechos fundamentales de titularidad de las personas jurídicas necesita ser delimitado y concretado a la vista de cada derecho fundamental en atención a los fines de la persona jurídica, a la naturaleza del derecho considerado y a su ejercicio por aquélla (SSTC 223/1992 y 76/1995). Aunque el honor es un valor que debe referirse a las personas físicas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas ( STC 214/1991, de 11 de noviembre).

A través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines, como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. La persona jurídica puede así ver lesionado su derecho al honor mediante la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena. En este caso, la persona jurídica afectada, aunque se trate de una entidad mercantil, no viene obligada a probar la existencia de daño patrimonial en sus intereses, sino que basta constatar que existe una intromisión en el honor de la entidad y que ésta no sea legítima (STC 193/1995, de 16 de septiembre)».

D) Las razones que justifican que  el Tribunal Supremo fije como doctrina que no lo son las personas jurídicas de Derecho público se enuncian a continuación:

1.ª) El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 107/1988, de 5 de julio, traída a colación por la parte ahora recurrida, declaró:

«(E)s preciso tener presente que el honor tiene en nuestra Constitución un significado personalista, en el sentido de que el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado, respecto de las cuales es más correcto, desde el punto de vista constitucional, emplear los términos dignidad, prestigio y autoridad moral, que son valores que merecen la protección penal que les dispense el legislador, pero que no son exactamente identificables con el honor, consagrado en la Constitución como derecho fundamental».

Dicho pronunciamiento fue reiterado en las Sentencias 51/1989, de 22 de febrero y 121/1989, de 3 de julio. Y las antes mencionadas Sentencias del mismo Tribunal 214/1991 y 139/1995, pese a las fundamentales matizaciones que realizaron a la premisa de que en la Constitución «el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas», mantuvieron de manera expresa la doctrina de que, desde el punto de vista constitucional, los valores predicables de las instituciones públicas son, no el honor, sino la dignidad, el prestigio y la autoridad moral; valores, éstos, que merecen la protección penal que les dispense el legislador: hoy, entre otros, en los artículos 496 y 504 CP.

2.ª) El Fundamento Jurídico 5º de la tan repetida Sentencia del Tribunal Constitucional 139/1995 concluye diciendo:

«Resulta evidente, pues, que, a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena ( art. 7.7 LO 1/1982)».

No cabe pensar que esa referencia a cada persona jurídica «privada» sea un lapsus calami del máximo intérprete de nuestra Constitución.

3.ª) Esa misma referencia aparece en la doctrina general, antes citada, que tiene establecida esta Sala en materia de tutela jurídico civil del derecho al honor de las personas jurídicas.

Es cierto que la Sentencia 1/2008, de 17 de enero (Rec. 501/2001) no basó su decisión de confirmar la desestimación de la demanda de protección del derecho fundamental al honor de cierta Diputación Provincial en que tal persona jurídica pública no fuera titular de ese derecho. Se lee en ella:

«(E)l concepto de honor, tantas veces repetido en doctrina y jurisprudencia, como trasunto de la dignidad de la persona en su aspecto interno inmanente y su aspecto externo trascendente, no se vislumbra en la Diputación Provincial, ente público al que no se han referido las informaciones y las opiniones de la diputada demandada, sino a las personas del partido político oponente; si bien a la persona jurídica, después de muchas vacilaciones jurisprudenciales, se le reconoció el derecho al honor protegido constitucionalmente (no había duda de que si era afrentada, podía accionar basándose en el artículo 1902 del Código Civil) (EDL 1889/1), no aparece en este caso ataque o menoscabo a la dignidad de un ente público, del que forman parte unas concretas personas, entre las cuales se halla la propia demandada y sus compañeros de partido, del que era portavoz».

Se comprende, pues, que la parte ahora recurrente haya mencionado dicha sentencia para respaldar su posición. Pero es la única de esta Sala que cabe señalar en tal sentido: la Sentencia 1031/2003, de 7 de noviembre (Rec. 23/1998) confirmó la falta de legitimación activa de los demandantes, que eran concejales de cierto Ayuntamiento, para instar que se condenase a una Caja de Ahorros a acatar la decisión del Pleno del Ayuntamiento de reponer a otro concejal como representante del mismo en el Consejo de Administración de la Caja. Y simplemente se rechazó en ella, con pleno acierto, el alegato de los recurrentes de que la Sentencia del Tribunal Constitucional 241/1991, tantas veces mencionada aquí, venía a respaldar su «interés legítimo» en la defensa del derecho fundamental a acceder a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) pretendidamente vulnerado por la Caja demandada.

4.ª) En cualquier caso, la procedencia de que esta Sala de lo Civil del TS  fije ya de modo expreso la doctrina de que las personas jurídicas de Derecho público no son titulares del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 CE (EDL 1978/3879) viene exigida por la bien establecida jurisprudencia constitucional en el sentido de que no cabe, como regla, predicar de esa clase de personas jurídicas la titularidad de otros derechos fundamentales que los procesales que establece el artículo 24 CE, y en los limitados términos que expresa la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 195/2015, de 21 de septiembre. Conviene transcribir el párrafo de su Fundamento Jurídico 3º relevante en esta sede:

«Debemos partir de la doctrina que, con cita de otras Sentencias, se sintetizó en la STC 164/2008, de 15 de diciembre, FJ 3. En la misma recordamos que "los derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo en la medida en que tienden a reconocer y proteger ámbitos de libertades o prestaciones que los poderes públicos deben otorgar o facilitar a aquéllos (STC 64/1988, de 12 de abril, FJ 1). Por este motivo existen importantes dificultades para reconocer la titularidad de derechos fundamentales a las entidades de Derecho público, pues la noción misma de derecho fundamental que está en la base del art. 10 CE resulta poco compatible con entes de naturaleza pública (STC 91/1995, de 19 de junio, FJ 2). En consecuencia, lo que con carácter general es predicable de las posiciones subjetivas de los particulares, no puede serlo, con igual alcance y sin más matización, de las que tengan los poderes públicos, frente a los que, principalmente, se alza la garantía constitucional (STC 129/2001, de 4 de junio, FJ 3)"».

5.ª) En esa misma línea se sitúa la doctrina científica de modo prácticamente unánime; que ha señalado que en la lógica profunda de los derechos fundamentales está la convicción de que entre gobernantes y gobernados existe, por definición, una situación de desequilibrio a favor de los primeros, pertrechados de potestades, privilegios o prerrogativas en orden a la prevalente consecución del interés general. Posición, esa, de supremacía de los Poderes Públicos, que ha de compensarse a favor de los gobernados por las sólidas garantías que los derechos fundamentales significan. Son, por su esencia, pretensiones de los particulares frente a los Poderes Públicos, y por ello hay que excluir en principio que éstos representen al mismo tiempo el rol de sujetos y el de destinatarios de los referidos derechos. En suma: el Estado y en general las personas jurídicas de Derecho público no tienen, como regla, derechos fundamentales, sino competencias.

6.ª) Hay que partir, pues, de la regla general que las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares de derechos fundamentales. Dicha regla puede tener excepciones, incluso para derechos diferentes de los procesales que reconoce el artículo 24 CE; pero no ha hallado esta Sala, ni en la doctrina constitucional española ni en la comparada, razones que impongan que entre esas excepciones se encuentre el derecho fundamental al honor.

Para comprender mejor por qué, es oportuno transcribir ahora parte de la argumentación de la Sentencia del Tribunal Constitucional 139/1995: la que vino a reconocer a las personas jurídicas privadas la titularidad del repetido derecho:

«(...) Hemos dicho que existe (en la propia Constitución) un reconocimiento específico de titularidad de determinados derechos fundamentales respecto de ciertas organizaciones. Hemos dicho, también, que debe existir un reconocimiento de la titularidad a las personas jurídicas de derechos fundamentales acordes con los fines para los que la persona natural las ha constituido. En fin, y como corolario de esta construcción jurídica, debe reconocerse otra esfera de protección a las personas morales, asociaciones, entidades o empresas, gracias a los derechos fundamentales que aseguren el cumplimiento de aquellos fines para los que han sido constituidas, garantizando sus condiciones de existencia e identidad.

»Cierto es que, por falta de existencia física, las personas jurídicas no pueden ser titulares del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, ni portadoras de la dignidad humana. Pero si el derecho a asociarse es un derecho constitucional y si los fines de la persona colectiva están protegidos constitucionalmente por el reconocimiento de aquellos derechos acordes con los mismos, resulta lógico que se les reconozca también constitucionalmente la titularidad de aquellos otros derechos que sean necesarios y complementarios para la consecución de esos fines. En ocasiones, ello sólo será posible si se extiende a las personas colectivas la titularidad de derechos fundamentales que protejan -como decíamos- su propia existencia e identidad, a fin de asegurar el libre desarrollo de su actividad, en la medida en que los derechos fundamentales que cumplan esa función sean atribuibles, por su naturaleza, a las personas jurídicas».

Resulta evidente, en primer lugar, que esa conexión sistemática con el derecho fundamental de asociación (art. 22.1 CE), establecida por el Tribunal Constitucional, cae por su base cuando se trata de las personas jurídicas de Derecho público.

La referencia, en fin, que los párrafos transcritos hacen a los derechos fundamentales necesarios y complementarios para la consecución de los fines de tipo de persona jurídica de que se trate puede, sin duda, justificar que se reconozca, por ejemplo, a las universidades públicas la titularidad de libertad de enseñanza ( art. 27.1 CE); o la titularidad de la libertad de información (art. 20.1.d) CE) a los entes públicos de radiodifusión. O que, en países en los que existan iglesias u otras entidades religiosas de naturaleza jurídico-pública, se les garantice constitucionalmente la libertad religiosa y de culto. Pero no cabe sostener sensatamente que la consecución de los fines característicos de las personas jurídicas de Derecho Público requiera reconocerles la titularidad del derecho fundamental al honor, para garantizar así su existencia e identidad.

7.ª) En fin, en cuanto al déficit de protección jurídica al que han aludido tanto la parte ahora recurrente como el Ministerio Fiscal, baste decir -además de recordar la muy amplia libertad de la que goza el legislador ordinario para tipificar las conductas que juzga merecedoras de sanción penal- que, negar a las personas jurídicas de Derecho público la titularidad del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 CE), de ningún modo comporta negar que tales personas jurídicas puedan reclamar, con fundamento en el artículo 1902 CC, indemnización de los perjuicios que les causen los atentados a su prestigio institucional o autoridad moral. Pero deberán probarlos cumplidamente, pues no gozan de la presunción de perjuicio que establece el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982. Tampoco serán aplicables a los correspondientes procesos civiles las normas de los artículos 249.1.2 º y 477.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

E) CONCLUSION: La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 15 de junio de 2016, nº 408/2016, rec. 1894/2014, concluye, por tanto, y fija como doctrina que las personas jurídicas de Derecho público no son titulares del derecho al honor garantizado por el artículo 18.1 Constitución.  Consecuentemente, el Ayuntamiento demandante carecía de legitimación para ejercitar las pretensiones que dedujo la demanda iniciadora del presente proceso.

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