A) La sentencia de la Audiencia
Provincial de Alicante, sec. 9ª, de 9 de mayo de 2019, nº 269/2019, rec.
1005/2018, considerando la disparidad de criterios existentes para fijar la
indemnización correspondiente en el caso de coches siniestrados: valor venal,
valor de reparación, teoría intermedia, determina que la finalidad del
resarcimiento del daño causado es conseguir que el perjudicado quede en lo
posible en la situación que tenía antes del evento dañoso, y conforme al
principio de la "restitutio in integrum" informador de nuestro
sistema de responsabilidad, se logra con el valor de la efectiva reparación del
objeto dañado, dando efectiva satisfacción al perjudicado, por tanto, la indemnización debida ha de responder al coste de la reparación del vehículo siniestrado, debidamente acreditada, y que no suponga un abuso de derecho.
La indemnización por los daños
materiales ha de ser el importe de la reparación del vehículo cuando se haya
acreditado la misma o exista un compromiso formal de hacerlo, siempre que tal
actitud aparezca fundada en razones serias y respetables y no implique un
verdadero abuso de derecho.
Porque no hay razón para que se le abone al titular del vehículo siniestrado tan sólo una cantidad que no reintegre los daños sufridos y le obligue al perjudicado a pagar a su costa parte de la reparación, o en su caso a tener que adquirir otro vehículo a su costa y por un importe que el mercado ni puede ni tiene porqué respetar, y cuando a todo esto, en el evento dañoso ninguna culpa tuvo.
B) En la resolución apelada la Juez de
Instancia, haciendo caso omiso del importe de la reparación del vehículo le
otorga una cantidad inferior. Frente a ello se alza la recurrente y solicita
que se le indemnice con el importe total del coste de la reparación.
C) CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE
FIJACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DEL COSTE DE LA REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO
SINIESTRADO: Pues bien, esta Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante en su
sentencia de 29 de noviembre de 2010 , sobre esta cuestión, ya dijo que
"como ya señaló la SAP de Alicante de 5 de mayo de 1999, hay que decir
que, pese a que en apariencia sea un tema simple, sin embargo, la realidad
demuestra que dentro de la doctrina y la jurisprudencia existen criterios
dispares al respecto, pues de una parte nos encontramos con sentencias que
atienden al criterio del valor de la reparación partiendo del principio de la
restitución (STS 3 de marzo de 1978, SAP Gerona de 17 de febrero y 8 de
Abril de 1981, SAP Albacete de 9 de junio de 1981, SAP Granada de 17 de febrero
de 1995), frente a ellas otras que optan por el valor venal del vehículo
cuando la reparación es manifiestamente desproporcionada en relación con aquel
(SAP Burgos de 14 de Octubre de 1982,SAP Cádiz de 28 de mayo de 1991, SAP León
de 18 de junio de 1993), incluso otras que, aun existiendo desproporción
entre el valor venal y el de reparación, si existe propósito de reparar se debe
otorgar éste último valor (SAP Palencia de 14 de Octubre de 1991, SAP Ciudad
Real de 3 de Febrero de 1993, SAP Badajoz de 18 de Febrero de 1993) y, por
último, resoluciones que atienden al valor venal incrementado con el de
afección cuando concurre aquella desproporción (STS 15 de Octubre de 1986,SAP
Zaragoza de 26 de Junio de 1981,SAP La Coruña de 19 de Noviembre de 1993,SAP
Alicante de 24 de enero de 1994, SAP Almería de 9 de Diciembre de 1993, SAP
León de 13 de diciembre de 1994, SAP Pontevedra de 17 de febrero de 1995 y SAP
Albacete de 5 de mayo de 1995.
Por su parte, nos dice la STS de 24
abril de 1996 que: "la negativa de la entidad recurrente a sufragar la reparación del
vehículo se hallaba plenamente justificada y amparada por la llamada teoría
intermedia, según la cual en los supuestos en que el valor de reparación de un
vehículo sea muy superior al venal, será éste el que sirva para fijar la
correspondiente indemnización, incrementándolo en cantidad necesaria para
cubrir los gastos de adquisición de otro vehículo de similares características
y el posible valor de afección si lo hubiere, y de lo dicho se desprende que la
inactividad cuya indemnización se reclama no es achacable a la aseguradora
recurrente, sino al actor que insistió en una pretensión de reparación
improcedente".
La Sentencia del TS de 3 de marzo de
1978 declara que: "aun cuando la
cuantía de la reparación del vehículo siniestrado pudiera ser superior al valor
en venta que éste alcanzase en el momento de sobrevenir el accidente, ello no
podría obligar al perjudicado a admitir que se le sustituya por otro de
idénticas o similares características y estado de conservación, no sólo por la
dificultad de encontrar en el mercado otro vehículo de ocasión de semejantes
condiciones, por un precio justo y equitativo, y con la urgencia requerida para
que no se resienta o entorpezca el desenvolvimiento de la industria a que aquél
se dedicaba, sino también por los vicios o defectos ocultos que pudiera tener
el adquirido y la falta de seguridad en cuanto a su ulterior funcionamiento, a
parte de la imposibilidad de calcular de antemano si el importe del arreglo
superaría o no al de aquella adquisición, sobre todo cuando como ocurre en este
caso, ambos valores se aproximan".
También en nuestra precedente sentencia de
la AP de Alicante de 15 de julio de 2009, se insistió en que "...ya dijo esta
Sala, en su Sentencia número 239/07, de 4 de junio de 2007, (rec. nº 18/07),
que, "Como dicen las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante,
Sección Octava, de 11 de mayo de 2005, 21 de marzo de 2006yde 9 de mayo de
2006, "el valor venal presupone siempre una desproporción entre el
valor de reparación y el valor del vehículo en el mercado, encontrando su
fundamento en la interdicción del enriquecimiento injusto. Y en este
sentido, hemos afirmado que, si el valor de reparación es superior al del
vehículo nuevo, no puede en efecto pretenderse que se pague un arreglo en
cantidad superior al que valdría un vehículo nuevo y, consecuentemente, tampoco
puede pretenderse sólo abonar el valor del mercado cuando la reparación
resultara de inferior valor, es decir, cuando resultara, por razones económicas
aprovechable el vehículo mediante su reparación". Además de lo indicado
en las calendadas sentencias, debemos indicar que la finalidad del
resarcimiento del daño causado que al perjudicado concede el artículo 1902 del
Código Civil, al decir que, "El que por acción u omisión causa daño a
otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño
causado", no es otra que la que el perjudicado quede resarcido,
restaurando en lo posible el estado de cosas a la situación que tenía con
anterioridad al evento dañoso, pues como ya señalaron las Sentencias del
Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1912, 9 de marzo de 1913, 26 de junio de
1913, 15 de diciembre de 1981, es el único designio de la norma; y ello también
como consustancial al inveterado y tradicional principio, pero no por ello
menos actual y vigente, del "alterum non laedere". Y puesto que por
daño hemos de entender que éste viene referido al perjuicio o menoscabo que a
consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en
sus bienes vitales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio, hemos de convenir
en el presente supuesto, que reparado el vehículo siniestrado, y abonado el
importe de la reparación, no siendo obviamente dicho importe superior al de un
vehículo nuevo, el que debamos concluir que no hay razón para que se le abone
tan sólo una cantidad que no reintegre los daños sufridos y le obligue al
perjudicado a pagar a su costa parte de la reparación, o en su caso a tener que
adquirir otro vehículo a su costa y por un importe que el mercado ni puede ni
tiene porqué respetar, y cuando a todo esto, en el evento dañoso ninguna culpa
tuvo, apareciendo la solución del Magistrado de instancia, como una especie de compensación
de culpas en todo caso improcedente".
Las Sentencia de la AP de Alicante de 8
de septiembre 2016: "no puede estarse de acuerdo con la conclusión judicial sobre la
indemnización del importe de la reparación efectivamente realizada por ser
contraria al reiterado criterio de esta Audiencia (como más reciente puede
citarse la sentencia de 11 de junio de 2014), siguiendo el de otras muchas, que
ha establecido que la restitución completa que exige la jurisprudencia al
aplicar el artículo 1.902 del Código Civil sólo se consigue compensando a los
perjudicados en el daño efectivamente sufrido y no en el del valor venal
peritado del vehículo siniestrado, aun incrementado con el valor de afección
[AP Alicante, (4ª), Ss 23.11y25.11.1992, que prescinde incluso de si los daños
han sido o no reparados, aunque en el supuesto que nos ocupa sí lo han sido, y
10.04.2003; (5ª) Ss 1.12.2004y28.06.2007]. En definitiva, el vehículo
siniestrado ha quedado en condiciones de seguir prestando utilidad a sus
propietarios y esto es precisamente en lo que consiste el resarcimiento al que
se refiere el precepto citado, por lo que este motivo debe ser estimado.".
Y más recientemente en la Sentencia de
la AP de Alicante número 420/2018, de esta Sección Novena, de 24 de septiembre: "En nuestro
supuesto, ni siquiera cuestiona la demandada que el vehículo haya sido
reparado, ni que se haya abonado el coste. Ciertamente el importe de la
reparación es superior al valor venal, sin embargo, en supuestos como el
presente, en el que el perjudicado ha hecho el preciso desembolso para reparar
su vehículo, es evidente que la solución llamada intermedia está muy lejos de
la restitutio in integrum, paradigma del resarcimiento al que el perjudicado
tiene derecho o que constituye como dice la doctrina del TS "el quicio del
derecho de daños".
Como resume la Sentencia de la AP Madrid
de 25/1/2018, declara que: "la sentencia es ajustada al principio de la
"restitutio in integrum" informador del sistema de responsabilidad
contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, que aboga por conceder el valor
de la efectiva reparación. Se entiende que sólo así se consigue dar efectiva
satisfacción al perjudicado, que no puede verse obligado a la venta forzosa de
su vehículo ni exponerse a los vicios ocultos que pueden afectar al que tendría
que admitir de otra forma en el mercado de ocasión. No se produce
enriquecimiento injusto alguno pues se limita al perjudicado a permanecer en el
uso del mismo vehículo que antes poseía. Como establece la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 5ª de 10-5-2001, número 456/200, para
concretar el alcance que debe tener esa reparación, se ha de tener en cuenta
que el sentido de la obligación impuesta por la ley al causante del daño es el
de restablecer el patrimonio del perjudicado a su estado anterior, por lo que
parece palmario que, en principio, la obligación debe consistir en sufragar el
coste de los trabajos y materiales que se requieran para restaurar el objeto
dañado, de modo que, una vez se acredite cuál es el importe necesario para
reponerlo a su anterior estado, esa habrá de ser la cantidad que se deba abonar.
En el caso concreto de los vehículos a motor, el detrimento resarcible
comprenderá, por tanto, la extensión integra de la lesión que se les haya
ocasionado tanto en su mecanismo automotriz como en su aspecto y forma
exteriores o en sus elementos auxiliares, a consecuencia de la acción o de la
omisión culposa de otro. Y en definitiva, que la forma natural de reparar un
daño es la de eliminar sus efectos, lo que se consigue a través de la
restauración de la cosa dañada (Sentencia del TS 15 diciembre 1981), que
tal como tiene establecido la doctrina jurisprudencial (STS de 3 de marzo de
1978), la forma de hacer frente a la responsabilidad derivada de culpa no puede
quedar al arbitrio del agente productor del daño y que la reparación del daño
mediante la fórmula de sustituir la restauración del vehículo por el pago de
una cantidad equivalente a su valor en el mercado forzaría al perjudicado a la
disyuntiva entre emprender a su costa la reparación, con una compensación insuficiente
por parte del dañador, o sustituir su vehículo por otro, sobre cuyo
funcionamiento carece de garantías, soluciones ambas claramente apartadas de su
propia reparación del daño. En el mismo sentido las SAP de Murcia, de 23 de
abril de 2007 (Sección 1ª) y de 11 de octubre de 2006 (Sección 4ª) en las que
se razona que la indemnización por los daños materiales ha de ser el
importe de la reparación del vehículo cuando se haya acreditado la misma o
exista un compromiso formal de hacerlo, siempre que tal actitud aparezca
fundada en razones serias y respetables y no implique un verdadero abuso de
derecho, doctrina de cuya aplicación se sigue la desestimación del motivo del
recurso".
D) CONCLUSION: En este caso, nos
encontramos con un vehículo cuya reparación ha ascendido a la cantidad de
7.212,13 euros, con un valor venal de 4.270 euros, según el perito de la
demandada que lo reduce a 3.843 euros por tratarse de un vehículo de empresa,
con un coste de reparación según el mismo de 5.264,64 euros. Un vehículo nuevo
costaría sobre los 21.000 euros y uno de segunda mano de características
similares entre 7.000 y 8.000 euros.
Pues bien, en este caso que nos ocupa la
teoría intermedia no puede resarcir suficientemente el perjuicio sufrido, ya
que indemnizar con el valor venal más el valor de afección (4.995 euros
concedidos en la instancia) limitaría de modo relevante la adquisición de un
vehículo que sustituyese al anterior con el que la recurrente venía
satisfaciendo perfectamente sus necesidades, pudiendo suponer, además, de encontrarse
uno así en el mercado, adquirir un vehículo con el grave riesgo de adolecer
vicios ocultos, que no consta que padeciese el siniestrado.
En cualquier caso, la aplicación de la
teoría intermedia, tal como la describe la sentencia del Tribunal Supremo,
supondría abonar el valor venal, más el valor de afección y el incremento por
la adquisición de un vehículo similar, y ello, de hecho, en casos como el que
nos ocupa, vendría a suponer una cantidad similar a la de reparación.
Se estima el recurso y se condena a la
aseguradora al pago del valor de la reparación, más los intereses de demora
especiales desde la fecha del siniestro.
Autor: Pedro Torres Romero
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