domingo, 22 de diciembre de 2013

NO CABE INDEMNIZACION POR LA MUERTE DE UNA MENOR EN UN CENTRO ESCOLAR AL SER GOLPEADA POR UNA PELOTA EN EL RECREO



A) La sentencia del TSJ de Navarra Sala de lo Civil, de 4-12-1995, nº 23/1995, rec. 12/1995, rechazó la acción indemnizatoria de daños y perjuicios ejercitada por el fallecimiento de una niña, con ocasión de un ataque epiléptico tras ser golpeada en el transcurso del recreo por un balón de gimnasia rítmica lanzado por un compañero, pues ha declarado expresamente el TS que el deber de vigilancia implica el deber efectivo de atender los juegos y prohibir los juegos peligrosos de los alumnos mientras permanecen en el patio del colegio, como el clavar en la tierra una vara con punta que lesionó el ojo de un alumno; o el deber de retirar un armazón metálico inútil en el patio en el que se columpiaban los alumnos y se produjo la muerte de uno de ellos; sin embargo, ha declarado expresamente que el juego de balón en circunstancias ordinarias no es una actividad ilícita ni peligrosa.
B) Ha declarado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación de la responsabilidad de profesores y centros de enseñanza por los daños causados por sus alumnos o acaecidos a los mismos durante el periodo de dependencia escolar, que dicha responsabilidad no puede de ningún modo objetivarse y desligarse de la imputación y prueba efectiva de una conducta culpable, pues no se trata de asumir socialmente un daño consecuencia de una actividad de riesgo, como sucede en los daños acaecidos en el ámbito de la circulación de vehículos de motor, o en aquellos otros correspondientes a actividades empresariales industriales, sino de extremar los deberes de vigilancia y cuidado consustanciales a la misma actividad educativa, y acentuados por la especial dependencia y vulnerabilidad de los niños y menores encomendados a los centros educativos (SSTS. 21 de noviembre de 1990 y 20 de Mayo de 1993). Por lo que deben rechazarse los argumentos incidentales del escrito de recurso sobre responsabilidad objetiva.
Ha declarado expresamente el Tribunal Supremo que el deber de vigilancia implica el deber efectivo de atender los juegos y prohibir los juegos peligrosos de los alumnos mientras permanecen en el patio del colegio, como el clavar en la tierra una vara con punta que lesionó el ojo de un alumno (STS. 10 de noviembre de 1990); o el deber de retirar un armazón metálico inútil en el patio en el que se columpiaban los alumnos y que produjo la muerte de uno de ellos (STS. de 10 de octubre de 1995).
Sin embargo ha declarado expresamente el Tribunal Supremo que el juego de balón en circunstancias ordinarias no es una actividad ilícita ni peligrosa, y por ello la pérdida del ojo por un niño aunque el balón estuviere pinchado ha de considerarse un hecho fortuito (STS. 20 de mayo de 1993).
Igualmente aunque la jurisprudencia ordena extremar el deber de vigilancia, considerando culpable la ausencia indebida del menor del colegio durante el periodo escolar e imponiendo la responsabilidad por su muerte aunque la misma sucediese fuera de las dependencias colegiales y por grave imprudencia del mismo (STS. 15 de diciembre de 1994); es lo cierto que si se demuestra que se cumplieron las condiciones normales de vigilancia y cuidado y que estaba presente en el comedor una profesora encargada, ha de considerarse fortuita la agresión con un tenedor que ocasionó la pérdida de un ojo a un compañero, siendo factor determinante en la imputación de falta de diligencia la previsibilidad del daño acaecido (STS. 21 de noviembre de 1990).
C) En el caso presente la imputación de culpa al centro privado de enseñanza demandado se pretende en base a tres razones diversas: el carácter arriesgado del juego con un balón de gimnasia rítmica, la falta de vigilancia debida de una alumna enferma, y la desatención de la menor una vez acaecido el ataque epiléptico. Pero frente a dichas alegaciones parece evidente que los juegos desarrollados en el patio y el balón utilizado han de considerarse una actividad normal, y que transcurría bajo la vigilancia de una profesora (la hermana "C."); y el golpe del balón, que no fue intenso y no dejó huella traumática alguna, fue un mero desencadenante circunstancial de un suceso epiléptico entre numerosas crisis anteriores todas ellas superadas sin dificultad; y finalmente no puede calificarse desatención la conducta de la hermana "C.", muy próxima al lugar de los hechos, que si no dio importancia en un primer momento a la crisis epiléptica se acredita la pronta presencia de su profesor tutor y posteriormente el inmediato aviso de un doctor.
Es una muerte que ha de calificarse de súbita e imprevisible, y en cuyo origen o desarrollo no se encuentran causas directamente imputables a persona alguna o a deficiencias organizativas del colegio.
 
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LA CULPA EXCLUSIVA DEL PEATON EN EL ATROPELLO EXCLUYE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR DE LA ASEGURADORA


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A) La sentencia de la AP Salamanca, sec. 1ª, de 7-11-2013, nº 365/2013, rec. 343/2013, establece que para  excluir la responsabilidad en el ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos a motor, no basta que se acredite que el conductor del vehículo actuó con la diligencia debida, sino que es necesario acreditar, y a la aseguradora ejecutada incumbe la carga de tal prueba, que el lesionado incurrió en una conducta negligente de tal modo que ésta sea la causa única y determinante de la producción del siniestro, en definitiva, debe acreditarse que el evento lesivo ocurrió por culpa exclusiva y excluyente de la víctima (FJ 3y 4).
B) Como han señalado, entre otras muchas resoluciones, los autos de la AP. de Barcelona de 20 de abril de 2.012 (Sección 13 ª) y de 16 de julio de 2.012 (Sección 19 ª), "el art. 1.º del TR de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobada por RDL 8/2004, de 29 de octubre (como ya lo hacían el texto refundido de la Ley de uso y circulación de vehículos de motor aprobado por Decreto de 21 de marzo de 1968 -cuya denominación fue modificada por la Ley 30/95-, así como el art. 1.º del Real Decreto Legislativo de 28 de junio de 1986 con la reforma operada, a su vez, para su adaptación a la tercera Directiva 90/232/CEE del Consejo de la Unión Europea y la L. 30/95 de OSSP) aplica en su regulación el principio de responsabilidad por riesgo, prescindiendo de la culpa de las personas que los manejan, por estimarse que el uso del automóvil implica de por sí un riesgo suficiente de suyo para hacer surgir esa responsabilidad, a salvo el caso de que la propia víctima se interfiere en la cadena causal.
El artículo 1.1 de la "Ley 8/2004 sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor ", establece que "El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.", con lo que el riesgo se califica como criterio de imputación (el hecho desencadenante de la lesión originada se cifra en la conducción, y en consecuencia, el agente que la dinamiza ha de responder), y en dicho precepto se establecen, pfo. 2º, como causas de exoneración: "En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad solamente quedará exonerado (el conductor) cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente (de forma total y exclusiva, y por ello, sobre la base de una conducta intachable, técnica y reglamentariamente, del agente conductor) a la conducta o negligencia del perjudicado (por tanto, con significación causal única en la génesis del accidente) o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo"...
Así pues, para excluir la responsabilidad en el ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos a motor, no basta que se acredite que el conductor del vehículo actuó con la diligencia debida, sino que es necesario acreditar, y a la aseguradora ejecutada incumbe la carga de tal prueba (de acuerdo con lo establecido en el art. 7 del RDLeg 8/2004), que el lesionado incurrió en una conducta negligente de tal modo que ésta sea la causa única y determinante de la producción del siniestro, en definitiva, debe acreditarse que el evento lesivo ocurrió por culpa exclusiva y excluyente de la víctima.
En tal sentido conviene poner de manifiesto que "la culpa exclusiva de la víctima" es una excepción de fondo, cuya concurrencia requiere:
1º) Culpa de la víctima, plena absoluta, de forma que el accidente haya sido originado de forma total por su actuación negligente.
2º) Exclusiva y excluyente de la misma, sin que por parte del agente implicado exista la más mínima culpabilidad, actuando como elemento pasivo de la relación causal (no intervino, con su conducta, de forma alguna en el hecho). 3º) Agotamiento por parte de éste de su diligencia, incluso la adopción de la maniobra oportuna para evitar o aminorar el resultado, siempre que:
a) Sea posible (temporaneidad de la maniobra evasiva) posibilidad humana y dentro de la pericia "exigibles" a un conductor, de hacerlo, ante un peligro inminente y grave.
b) Lo posibiliten las circunstancias del lugar.
c) Que las mismas no la impidan o hagan que, de adoptarla, se seguiría un mal más grave. Al demandado que la alega le corresponde la carga de la prueba (plena, rigurosa que lo evidencia) de dichos elementos."
C) Pues bien, en el presente caso es un hecho incuestionable, en cuanto el mismo ha resultado debidamente acreditado por las pruebas practicadas, que el peatón D. Fernando, hijo de la demandante Doña Aurelia, procedió a cruzar la calle María Auxiliadora cuando estaba en rojo el semáforo para los peatones, haciéndolo además de manera súbita e inesperada y cuando el autobús que lo atropelló se encontraba ya muy próximo al referido paso, según los acredita el lugar del mismo con el que se produjo el impacto, que lo fue en la parte frontal derecha; por tanto, es manifiesto su comportamiento imprudente al realizar el cruce de la calle cuando no le estaba permitido por encontrarse en rojo el semáforo para los peatones ( artículo 124. 1, a), del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre), y hacerlo además sin adoptar la más mínima precaución, como era la de cerciorarse si se aproximaba o no algún vehículo en cualquiera de los sentidos en que se permitía la circulación por tal calle, como lo demuestra el hecho de que no advirtiera la presencia del autobús a pesar de encontrarse el mismo ya circulando en la proximidad del paso de peatones.
Por tanto, afirmada la existencia de culpa en el peatón que resultó atropellado, la cuestión fundamental, a efectos de poder acceder a la pretensión de la demandante de estimación de la demanda, bien en forma total o, en su caso, de manera parcial, consiste en determinar si puede imputarse algún tipo de imprudencia o negligencia al conductor del autobús y, en caso afirmativo, si ésta ha de merecer la consideración de causa única del atropello o de causa concurrente con la negligencia de la víctima, que por eliminar la exclusividad de ésta fundamentara la obligación de indemnizar por parte de la aseguradora demandada, aun cuando lo fuera con la pertinente minoración respecto de la cantidad reclamada en función del porcentaje en que se estimara la concurrencia de la culpa de la víctima.
A tal efecto tanto en la demanda como en el escrito de interposición del recurso de apelación se fundamenta por la demandante la imputación de culpa al conductor del autobús causante del atropello en una doble circunstancia, como es, de un lado, que circulaba a velocidad excesiva o cuando menos inadecuada, y, de otro, que a pesar de conocer el lugar y observar la presencia de peatones en la acera no adoptó medida de precaución alguna, ya que las que realizó (consistentes en tocar el claxon, iniciar maniobra de frenado y desviarse a la izquierda) lo fueron con posterioridad al impacto del peatón.
Sin embargo, y no obstante reconocer el esfuerzo alegatorio realizado por la defensa de la demandante en el escrito de interposición del recurso, ha de convenirse con la sentencia impugnada en que en el presente caso no puede imputarse ningún tipo de imprudencia o negligencia al conductor del autobús. Y así, en primer lugar, en manera alguna puede considerarse debidamente acreditado en función del resultado de las pruebas practicadas que circulara en el momento del atropello del peatón a una velocidad superior a la permitida de 50 kilómetros/hora o que pudiera considerarse inadecuada, ya que, aparte de lo afirmado por los diversos testigos (a excepción de uno de ellos) y por los agentes policiales así como por lo concluido en el informe pericial, existe un hecho objetivo incontrovertido que pone de manifiesto que el autobús circulaba a escasa velocidad, como es la distancia recorrida desde el punto de impacto con el peatón hasta el lugar en que quedó finalmente detenido, inferior incluso a la longitud de las bandas señalizadoras del paso de peatones. Y, en segundo término, tampoco puede imputarse con fundamento al conductor del autobús que no realizara maniobra alguna con anterioridad al atropello del peatón, ya que, aun admitiendo que pudiera haberse percatado de la presencia de personas en la acera, no consta que por ninguna de ellas o por el peatón atropellado se hubiera realizado acto que manifestara su intención de cruzar la calle en ese momento (como de hecho ocurrió con la persona que intentó hacerlo en el paso de peatones anterior y por ello el conductor pudo advertirlo de la proximidad del autobús, desistiendo dicha persona de realizar el cruce).
Por otro lado, el carácter súbito e inesperado de la irrupción del peatón en la calzada y cuando el autobús se encontraba ya a muy escasa distancia justifica plenamente que las maniobras de aviso, de frenada o de cambio de dirección, por el escaso margen temporal de reacción y respuesta, o bien se realizaran ya una vez producido el impacto o con escasa anterioridad que no pudieron evitarlo.
Por lo que, no pudiendo imputarse imprudencia o negligencia alguna, ni siquiera de carácter leve, al conductor del autobús, y siendo, por tanto, la única causa del accidente la negligente conducta del peatón que resultó atropellado, deviene inexcusable la inexistencia de obligación alguna de indemnizar por parte de la aseguradora demandada en conformidad con lo establecido en el artículo 1. 1, párrafo segundo, de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
 
 
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FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2014


 
Los empleados y abogados de Indemnización Global les deseamos a todos una Feliz Navidad y un Próspero año 2014.
Merry Christmas and Happy New Year 2014
 
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