miércoles, 24 de junio de 2015

DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DEL AIRBAG Y CINTURON DE SEGURIDAD


DERECHO A INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS PERSONALES POR NO FUNCIONAR EN UN TURISMO EL SISTEMA DE SEGURIDAD AIRBAG Y EL CINTURON DE SEGURIDAD, AL CONSIDERARSE PRODUCTOS DEFECTUOSOS POR NO FUNCIONAR.

1º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, sec. 2ª, de 26 de noviembre de 2010, nº 400/2010, rec. 426/2010 estimó la demanda de reclamación  de una indemnización por los daños personales sufridos como consecuencia de que al producirse accidente de tráfico en que el vehículo de la actora resultó afectado con declaración de siniestro total, no se activaron los mecanismos de seguridad, circunstancia que cabía esperar al tener incorporado el turismo el sistema de "airbag”, así como los pretensores del cinturón de seguridad, habiendo fallado ambos mecanismos.

Señala la Sala, entre otros pronunciamientos, que las lesiones de la apelante son atribuibles causalmente a la no activación de aquellos elementos de seguridad cuando debían, que constituye el defecto del producto denunciado en la demanda. Una vez acreditado el mal funcionamiento del vehículo (el sistema de seguridad pasiva, "airbag” y cinturón de seguridad), no puede exigirse al perjudicado que demuestre además la causa concreta del mal funcionamiento.

2º) La activación de los airbags depende de la intensidad del impacto, del ángulo de incidencia del choque y de la colisión en unas determinadas zonas de impacto programadas, existiendo constancia de la fuerza del choque, de su repercusión perpendicular de adelante hacía atrás según la dirección del vehículo y no oblícua y vertical, como sin base física sostiene la parte demandada; y en una zona de impacto que no figura excluida de las previstas para el accionamiento del "airbag", por lo que considera la Sala que concurrían los presupuestos para el accionamiento de los mecanismos de seguridad, cumpliendo por ello con la exigencia del art. 139 del R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, que impone al perjudicado la prueba del defecto, el daño y la relación de causalidad, ya que ha quedado probado el defecto, que lo constituye el hecho de que el "airbag" frontal y el cinturón no funcionaron cuando y como debían hacerlo como sistema de seguridad pasiva, de forma que ante ese mal funcionamiento de una parte del vehículo, queda cumplida la exigencia probatoria que el citado precepto impone a la perjudicada.

3º) Téngase en cuenta que como sostiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 21 de febrero 2003 y 19 de febrero 2007, en orden a la definición de producto defectuoso siguiendo la Directiva Comunitaria 85/374/CEE, es defectuoso cuando no ofrece la seguridad que se puede esperar legítimamente del mismo, refiriendo literalmente, "La existencia del defecto resulta del concepto que del mismo establece la Ley 22/1994 y ha de relacionarse necesariamente con la seguridad que el producto debe ofrecer, y, si esto no sucede, impone considerar el producto como defectuoso".

Lo que aplicado al caso presente supone que una vez acreditado el mal funcionamiento del vehículo (el sistema de seguridad pasiva, "airbag" y cinturón de seguridad), no puede exigirse al perjudicado que demuestre además la causa concreta del mal funcionamiento, ya que si el producto no funciona debidamente al no activarse los sistemas de seguridad en caso de choque frontal, es obvio, conforme al art. 386.1 LEC, que salvo que otra cosa conste, sufrió algún tipo de avería que enervó su correcto funcionamiento, tal y como entiende la A.P. de Madrid, Secc. 12, en Sentencia de 22 de abril 2009; postura que viene a obtener apoyo en la STS de 23 de noviembre 2007, cuando dice que "la demostración de que un producto es defectuoso se puede lograr, en ausencia de prueba directa, mediante un razonamiento lógico", que anudado al hecho de no haberse activado el sistema de seguridad cuando debía, permite en función de las circunstancias y en particular de sus previsiones de presentación y uso razonable en el momento de la puesta en circulación del vehículo, considerar la concurrencia de defecto en el vehículo, en contra de la opinión del órgano "a quo".

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lunes, 22 de junio de 2015

DERECHO A INDEMNIZACIÓN DE QUIENES HAYAN SUFRIDO PRISIÖN PREVENTIVA SIENDO INOCENTES


DERECHO A INDEMNIZACIÓN DE QUIENES HAYAN SUFRIDO PRISIÖN PREVENTIVA SIENDO INOCENTES SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO:
1º) El artículo 294 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece que:
1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.
2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.
3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior.
2º) El Tribunal Supremo desde hace años ha venido interpretando el artículo 294.1 de la LOPJ distinguiendo entre una inexistencia objetiva y otra subjetiva. Así, los supuestos de la llamada "inexistencia objetiva" del hecho imputado por el que se decretó la prisión provisional abarcaban los casos en los que no hubiera existido materialmente el hecho delictivo y también aquellos en los que existiendo el hecho éste fuera atípico.
Los casos de de la denominada "inexistencia subjetiva" del hecho imputado concurrirían, según el Tribunal Supremo, en aquellos casos en que resultara probada la falta de participación del inculpado, procesado o acusado en el hecho que se le hubiese atribuido, es decir, hecho delictivo existente con prueba de no haber participado en él.
3º) Pero este criterio jurisprudencial ha sido modificado en las sentencias del TS de 23-11-2010, considerando que en el marco del art. 294 de la LOPJ sólo tiene cabida la "inexistencia objetiva ya que "no puede perderse de vista que la interpretación y aplicación del indicado precepto ha de mantenerse, en todo caso, dentro de los límites y con el alcance previstos por el legislador, que en modo alguno contempla la indemnización de todos los casos de prisión preventiva que no vaya seguida de sentencia condenatoria, como se ha indicado antes, ni siquiera de todos los casos en los que el proceso termina por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre, planteamiento que, por lo demás y según se desprende de las sentencias del TEDH, no supone infracción del art. 6.2 del Convenio, pues, como se indica en las mismas, ni el art. 6.2 ni ninguna otra cláusula del Convenio dan lugar a reparación por una detención provisional en caso de absolución y no exigen a los Estados signatarios contemplar en sus legislaciones el derecho a indemnización por prisión preventiva no seguida de condena". Así lo afirma el TS en dos sentencias de 23-11-2010 [(recursos de casación 4288/2006 y 1908/2006] con cita de las sentencias del TEDH de 25 de abril de 2006 [asunto PUIG PANELLA c. España , nº 1483/02 ] y de 13 de julio de 2010 [ asunto TENDAM c. España , nº 25720/05 ].
El Tribunal Supremo pasa así a dejar fuera del ámbito de responsabilidad patrimonial amparado por el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aquellos supuestos de lo que ha venido denominando "inexistencia subjetiva", que hasta ahora venía reconociendo. Según referidas SSTS ello resulta impuesto por el respeto a la doctrina de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de abril de 2006 [asunto PUIG PANELLA c. España, nº 1483/02 ] y de 13 de julio de 2010 [asunto TENDAM c. España, nº 25720/05].
En las referidas sentencias el Tribunal Supremo fundamenta su decisión denegatoria del reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado reiterando el argumento de una "imposibilidad legal" de indemnizar siempre que hay absolución. Así excluye, entre otros, los casos de prisión preventiva seguidos de sentencia absolutoria por falta de prueba de la participación del afectado (es decir, en aplicación del principio "in dubio pro reo", que constituye una expresión concreta del principio de presunción de inocencia).
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sábado, 20 de junio de 2015

LA INDEMNIZACION A LOS TESTIGOS QUE DECLARAN EN LOS JUICIOS



A) La indemnización al testigo aparece regulada en el artículo 375 de la LEC que establece que:

1º.- Los testigos que atendiendo a la citación realizada comparezcan ante el Tribunal tendrán derecho a obtener de la parte que les propuso una indemnización por los gastos y perjuicios que su comparecencia les haya originado, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas. Si varias partes propusieran a un mismo testigo, el importe de la indemnización se prorrateará entre ellas.
3º.- El importe de la indemnización lo fijará el Secretario judicial mediante decreto, que tendrá en cuenta los datos y circunstancias que se hubiesen aportado. Dicho decreto se dictará una vez finalizado el juicio o la vista.
Si la parte o partes que hayan de indemnizar no lo hiciesen en el plazo de diez días desde la firmeza de la resolución mencionada en el párrafo anterior, el testigo podrá acudir directamente al procedimiento de apremio.

B) La referida indemnización al testigo se configura, pues, como un derecho que tiene el testigo, y surge como lógica contrapartida a su deber de comparecer, el cual le viene impuesto, a su vez, por el art. 292. 1 y 2  de la LE Civil: "1. Los testigos y los peritos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que finalmente se hubiese señalado. La infracción de este deber se sancionará, previa audiencia por cinco días, con multa de 180 a 600 euros. 2. Al tiempo de imponer la multa a que se refiere el apartado anterior, el tribunal requerirá, mediante providencia, al multado para que comparezca cuando se le cite de nuevo, bajo apercibimiento de proceder contra él por desobediencia a la autoridad".

C) Respecto de qué conceptos se incluyen dentro de los "gastos y perjuicios" que la comparecencia puede ocasionar al testigo, entiendo que, sin perjuicio de que, desde el punto de vista procesal, la indemnización se enmarca entre las costas del proceso, puesto que así lo prevé el art. 241.1.4º LEC, al referirse a "los derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso", y el art. 375.1 LEC así lo contempla expresamente, al hacer alusión a "sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas".

D) En cuanto a qué criterios o parámetros deben fijarse para su cuantificación, el art. 375.2 LEC dispone que "el importe de la indemnización lo fijará el tribunal mediante auto, que tendrá en cuenta los datos y circunstancias que se hubiesen aportado. Dicho auto se dictará una vez finalizado el juicio o la vista, y sólo será susceptible de recurso de reposición." Esa referencia legal a la aportación de datos y circunstancias para acreditar los gastos y los perjuicios, entiendo nos da el parámetro para la cuantificación, que es el relativo a la forma en que deben ser acreditados, y vincula, prácticamente, la obtención de la indemnización a la acreditación por vía documental, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto en relación con la posibilidad de indemnizar posibles daños morales, de difícil acreditación por esa vía.


De ahí que, aunque, en la práctica, la indemnización sea solicitada por medio de una comparecencia del interesado, tras haber prestado su declaración, de no ser así, no baste, para obtener una indemnización, con la mera petición oral formulada por el testigo al tribunal, aunque se deje constancia de la misma en el acta de vista (juicio verbal) o de juicio (juicio ordinario).

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