domingo, 27 de diciembre de 2015

LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS PRESCRIBE AL AÑO DEL ABONO DE LA INDEMNIZACION



EL PLAZO DE UN AÑO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS ES EL DÍA INICIAL EN QUE EFECTIVAMENTE EL CONSORCIO ABONÓ LA INDEMNIZACIÓN.

1º) El artículo 10  del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, establece que:

“El asegurador, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá repetir:

a) Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuera debido a la conducta dolosa de cualquiera de ellos o a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
b) Contra el tercero responsable de los daños.
c) Contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción del vehículo por quien carezca del permiso de conducir.
d) En cualquier otro supuesto en que también pudiera proceder tal repetición con arreglo a las leyes.

La acción de repetición del asegurador prescribe por el transcurso del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que hizo el pago al perjudicado”.

2º) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 28 de octubre de 2015, nº 580/2015, rec. 2685/2013, establece que la acción de repetición de la indemnización, prescribe al año  día inicial de la fecha en la que efectivamente el Consorcio abonó la indemnización , pues sólo desde ese momento nació la posibilidad de ejercitar la acción de repetición, con independencia de que tal pago se haga directamente a los perjudicados o al deudor solidario (la compañía aseguradora) que adelantó la totalidad de la indemnización.

No se entiende infringido en este caso el artículo 1145 del Código Civil. Dicha norma dispone que «el pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo». La extinción de la obligación se produce respecto de los perjudicados pero no afecta a las obligaciones de terceros sujetos a una acción de repetición, siendo evidente que la norma del artículo 1145 está contemplando una relación obligatoria distinta y sienta únicamente la realidad de que una vez satisfecho el acreedor, aunque sea por la actuación de uno solo de los deudores solidarios, la relación obligatoria entre los deudores solidarios y el acreedor queda extinguida, permaneciendo las relaciones obligacionales entre los distintos deudores solidarios; siendo así que, a efectos de las acciones que cada uno de tales deudores pudiera tener frente a terceros, el pago ha de entenderse realizado cuando reintegra -al deudor solidario que pagó- la parte que le corresponde en la obligación.

Por ello no puede entenderse vulnerada en el caso la doctrina sentada por las sentencias de la Sala 1ª del TS de 4 enero 1999 y 29 octubre 2012, en que se sustenta el motivo, pues el hecho de la extinción inicial de la obligación respecto de los perjudicados no se discute, pero a los efectos de repetición respecto de terceros no resulta indiferente cuál de los deudores solidarios la extinguió por completo y la fecha en que se produjo el reintegro por parte del titular de tal acción frente a terceros.

3º) La sentencia recurrida de la AP afirma «que el día inicial del cómputo debía ser el de la fecha en que efectivamente el Consorcio abonó la indemnización , pues sólo desde ese momento nació la posibilidad de ejercitar la acción de repetición (...) pues siendo un principio axiomático de la prescripción de acciones que el inicio del plazo que tengan establecido sólo puede comenzar desde "el día en que pudieron ejercitarse" (art. 1969 C. C), es evidente que, en el caso presente, el inicio del plazo de prescripción de un año que marca mencionado art. 10 sólo podrá ejercitarse desde que el Consorcio pagó la indemnización que ahora reclama, pues precisamente ese arto 10 liga el ejercicio del derecho de repetición "al pago de la indemnización "...».

Para el Tribunal Supremo, es la fecha del pago realizado por quien ejerce su derecho de repetición la que marca el inicio del plazo de prescripción de la acción correspondiente pues es precisamente ese el momento de nacimiento de la acción con independencia de que tal pago se haga directamente a los perjudicados o a quien, como deudor solidario, adelantó a aquellos la totalidad de la indemnización.

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domingo, 13 de diciembre de 2015

SOLO PROCEDE INDEMNIZACIÓN POR PRISIÓN PREVENTIVA CUANDO HAY INEXISTENCIA DE LOS HECHOS IMPUTADOS O NO SON CONSTITUTIVOS DE DELITO


A) La sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, de 1 de octubre de 2015, nº 768/2015, rec. 1255/2014, declara que solo procede la indemnización por padecer prisión preventiva por inexistencia de los hechos imputados, y no cuando el reclamante fue absuelto de varios delitos por falta de pruebas.

B) El artículo 294 de la LO 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que:

1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.
2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.
3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior.

C) La interpretación que merece el precepto a la luz de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha sido expuesta por la Sala en la sentencia de 15 de enero de 2013, entre otras, de acuerdo con los siguientes razonamientos: "Por lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial por prisión indebida en los supuestos del artículo 294 de la LOPJ, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sentado la siguiente doctrina:

1) El artículo 294 de la LOPJ concede derecho a indemnización a quien, después de haber sufrido prisión preventiva, sea absuelto por inexistencia del hecho imputado o por esa misma causa se haya dictado auto de sobreseimiento libre, no siendo necesario, en estos supuestos, el ejercicio de una acción judicial tendente a la declaración del error, ya que en la sentencia absolutoria o en el auto de sobreseimiento libre, al declarar la inexistencia objetiva del hecho imputado, se reconoce aquél (SSTS de 27 de enero, 22 de marzo, 2 y 30 de junio de 1989, 24 de enero, 30 de abril y 4 de diciembre de 1990, 26 de octubre de 1993, 16 de octubre de 1995, 12 de junio de 1996, y 21 de enero, 20 de febrero y 29 de marzo de 1999). Se trata, por lo tanto, de un supuesto específico de error judicial, que no está sujeto a la previa declaración judicial del mismo, al entender que el pronunciamiento de absolución o sobreseimiento libre "por inexistencia del hecho imputado" pone de manifiesto un error de alcance suficiente para justificar la indemnización solicitada (SSTS de 23 de noviembre de 2010, y 14 y 20 de junio de 2011).

2) Según la nueva interpretación que ya se consolida del artículo 294 de la LOPJ llevada a cabo por Tribunal Supremo, puesta reiteradamente de manifiesto a partir de la sentencia del TS de 23 de noviembre de 2010, el artículo 294 de la LOPJ no puede interpretarse extensivamente, y por tanto, no cubre todos los supuestos en los que la prisión preventiva acaba en sentencia absolutoria, sino que sólo y exclusivamente comprende el supuesto de inexistencia objetiva del hecho imputado (inexistencia material de los hechos determinantes de la prisión preventiva), pero ya no la llamada inexistencia subjetiva (prueba de la falta de participación del imputado preso preventivo), ni aquellos casos en que ocurre la absolución por falta de pruebas (la participación en el hecho no ha podido probarse), estimando que estos supuestos son totalmente distintos del primero (inexistencia objetiva del hecho) sí incluidos en el tenor literal del artículo 294.1 y, que por ende, se justifica el distinto trato normativo hasta entonces tributario de indemnización.

Esta interpretación se evidencia a partir de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo la de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c/ España, num. 25720/2005. En cualquier caso, estos dos últimos supuestos no quedan impedidos de una posible indemnización , pero habrá que remitirlos al régimen general previsto en el art. 293.1 de la LOPJ, con una previa declaración jurisdiccional en la que se declare la existencia de error judicial, que no se exige en el supuesto previsto en el artículo 294 (SSTS de 30 de septiembre, y 10 y 14 de octubre de 2011).

(Para profundizar sobre el alcance del referido cambio jurisprudencial, pueden consultarse las SSTS de 23 de noviembre de 2010, y 24 de mayo, 14 de junio y 8 de noviembre de 2011).

3) Evidentemente, dentro de los supuestos de inexistencia del hecho deben incluirse aquellos en los que el hecho determinante de la prisión no constituya infracción penal por no encontrarse tipificado como delito; es decir, no sólo la inexistencia material de los hechos determinantes de la prisión preventiva, sino el supuesto de absolución o auto de sobreseimiento libre "por inexistencia de la acción típica o, lo que es lo mismo, de hecho delictivo alguno", pues en otro caso "sería tanto como excluir de la indemnización los supuestos en que se hubiese decretado prisión provisional a pesar de no ser los hechos determinantes de la misma constitutivos de infracción punible alguna por no estar tipificados como tales, con lo que se incumpliría la finalidad del precepto, que no es otra que la de amparar a quien con manifiesto error judicial haya sufrido prisión preventiva por hechos que no han existido materialmente o que, de haber existido, no fuesen constitutivos de infracción punible, ya que el significado jurídico de la expresión literal utilizada en dicho precepto: "inexistencia del hecho imputado", no puede ser otro que el de inexistencia de hecho delictivo, pues sólo estos tienen relevancia jurídico penal para ser acusado por ellos y justificar la adopción de la medida cautelar de prisión provisional" (SSTS de 29 de marzo de 1999, y 15 de marzo y 13 de noviembre de 2000, 23 de noviembre de 2010, y 14 y 20 de junio de 2011).

4) En todo caso, no quedan amparados por el artículo 294 de la LOPJ todos los supuestos de inexistencia del delito, sino únicamente aquellos en los que no concurre la acción típica, habiendo excluido la jurisprudencia como causa de responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos, los supuestos de absolución por concurrir causas de exención de la responsabilidad criminal, ya sea por exclusión de la antijuridicidad, de la imputabilidad, de la culpabilidad o de la punibilidad, o, en términos más generales, cuando existan causas de justificación o de inimputabilidad (SSTS de 14 y 15 de diciembre de 1989, 23 y 20 de marzo y 30 de mayo de 1990, y 29 de marzo de 1999).

5) En cuanto a la forma en que se ha de determinar si concurre o no inexistencia del hecho en el sentido expuesto, el Tribunal Supremo considera que se ha de atender al auténtico significado de la resolución pronunciada por la jurisdicción penal, sin que para ello resulten decisivas las expresiones, más o menos acertadas, de la sentencia absolutoria o del auto de sobreseimiento libre, pues es necesario deducirlo del relato de hechos probados y de la valoración de las pruebas realizada por el Juez o Tribunal penal, ya que sólo de su examen conjunto es posible obtener la conclusión de si se está ante una absolución o auto de sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado, bien por no haber acaecido o por no ser constitutivo de infracción punible (SSTS de 29 de mayo, 5 de junio y 26 de Junio de 1999, 13 de noviembre de 2000, 4 de octubre de 2001 y 14 de junio de 2011).

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martes, 8 de diciembre de 2015

DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL PASO DE MATERIALES Y LA OCUPACIÓN DE TERRENO AJENO PARA CONSTRUIR O REPARAR UN EDIFICIO




1º) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª,  de 16 de noviembre de 2015, nº 615/2015, rec. 2075/2013, declara que en las relaciones de vecindad, un vecino  tiene la obligación de permitir el paso de materiales y la colocación de andamios sobre el predio propio para obras que se ejecutan en el ajeno, pero  existe la obligación del ocupante de  proceder a indemnizar por la ocupación temporal del terreno ajeno y por el perjuicio causado.

2º) El artículo 569 del Código Civil establece que: “Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue”.

El artículo 569 del Código Civil anuda la indemnización de perjuicios, si se estimare que existen, al mero hecho del paso o colocación de elementos en finca ajena para la realización de obras en la propia, lo que no exige la formulación de reconvención por la parte demandada, ya que la reconvención comporta una ampliación del objeto del proceso y, sin embargo, en este caso no se produce ampliación alguna de tal objeto pues la propia ley establece que el ejercicio de la pretensión comporta la asunción por parte del solicitante de los perjuicios que se causaren. De ahí que ni siquiera es necesario que el demandante ofrezca tal indemnización en su demanda pues el otorgamiento de la misma procede "ipso iure" por la propia apreciación de los perjuicios.

También resulta irrelevante que la parte demandada no haya hecho referencia expresa a la cuantía de la indemnización procedente, pues puede ocurrir -como en el caso presente- que se oponga a la propia petición de la parte demandante de hacer uso de su terreno a los fines previstos en la ley, lo que no significa que, en caso de que tal oposición no sea acogida y se estime la demanda, quede privada de la indemnización que le corresponda. Por las mismas razones no resulta incongruente la sentencia por no haber recurrido la demandada, y concederse a la misma una indemnización por ocupación, ya que tal indemnización no constituye más que un avance en la cuantificación de los perjuicios totales que se causen, cuyo pago acepta la propia parte hoy recurrente.

3º) El artículo 569 del Código Civil contempla dos supuestos diferenciados: por un lado, el simple paso de materiales por predio ajeno, y por otro lado la colocación en él de andamios u otros objetos para la ejecución de la obra proyectada, siendo así que mientras en el primer caso puede no producirse perjuicio alguno, en el segundo lo normal es que la mera ocupación suponga ya un perjuicio en cuanto priva al dueño de la utilización plena de su fundo; y, por tanto, fuera de los casos excepcionales en que se compruebe que ello no afecta negativamente a tal uso, resulta adecuada la fijación de una indemnización por la simple ocupación como ha hecho la sentencia que se recurre.

No impide tal establecimiento la consideración de la norma como constitutiva de una regulación de las relaciones de vecindad y no de una servidumbre, pues si en aquellas se da una relación recíproca de servicio entre los predios nada impide que (como hace la ley) se fije una indemnización para cada caso en que uno de ellos se sirva del otro.

La acción que se ejercita, en parte, es la instauración de la denominada servidumbre de andamiaje, del artículo 569 del Código Civil. Con carácter previo parece preciso recordar qué es una servidumbre. No se menciona con carácter peyorativo, sino que a veces se está dando por supuesto una calificación jurídica, sin tener en consideración el verdadero significado de esa institución. Reconociendo la dificultad de conceptuar el derecho real de servidumbre en nuestro Código Civil (que comprende variantes muy diversas, y en algunos casos meras limitaciones del dominio), el artículo 530 del Código Civil la define como un "gravamen" impuesto sobre un inmueble, en beneficio del titular del derecho de aprovechamiento de otro fundo o edificación, que ha de pertenecer a distinta persona. En consecuencia, desde el momento en que ejercita una acción de instauración de servidumbre, está reconociendo implícitamente que ese terreno es propiedad exclusiva del titular del terreno ocupado.

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DERECHO A RECLAMAR INDEMNIZACION POR IMPLANTES MAMARIOS DEFECTUOSOS TRAS EL RECAMBIO DE PROTESIS MAMARIA



DERECHO A RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR IMPLANTES MAMARIOS DEFECTUOSOS AL CENTRO SANITARIO QUE COLOCÓ LOS IMPLANTES, TRAS EL RECAMBIO DE PRÓTESIS MAMARIA

1º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 9ª, de 22 de octubre de 2014, nº 422/2014, rec. 130/2014, confirma la condena a un centro sanitario (la mercantil CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA S.A.) al abono de una indemnización 9.657,30 euros por daños y perjuicios (que incluyen los daños morales e intereses legales desde la presentación de la demanda), por el defectuoso implante colocado a la actora, que se rompió en menos de dos años, lo que la obligó a tener que someterse a nueva intervención para la sustitución.

2º) HECHOS JUZGADOS: Esencialmente alegaba el escrito de demanda que en el año 1998 la actora se sometió a cirugía de aumento de pecho, y diagnosticada en el mes de junio de 2009 una fisura en el implante del pecho izquierdo, acudió a la clínica Corporación Dermoestética, S.A., proponiéndole el demandado D. Francisco un cambio de prótesis. El día 20 de octubre de 2009 la actora firmó un contrato relativo a la operación estética con dicha clínica y el día 1 de diciembre de 2009 el Sr. Francisco sometió a la actora a una primera intervención, ante la cual, la Sra. Piedad firmó un documento de consentimiento informado para realizar una mamoplastia de aumento, siendo que la intervención a que se iba a someter era de recambio de prótesis mamaria, por lo que la información suministrada no fue objetiva, ni veraz, ni completa. Asimismo, según el relato de la demanda, la actora expresó su deseo de ser operada por las aureolas para evitar nuevas cicatrices, solución rechazada por el Dr. Francisco, quien decidió operar por los surcos inferiores del pecho, obviando así la forma habitual de realizar las incisiones, aconsejadas por la propia clínica, sin justificación alguna. La actora sufrió veinte días después de la operación una infección motivada por la bacteria enterococus faecalis. 

En fecha 18 de marzo de 2010 la actora se sometió a nueva operación, sin cargo, firmando consentimiento informado para realizar una mastopexia con prótesis, a pesar de que en realidad la intervención se realizó para la retirada de prótesis y limpieza de la cavidad periprotésica, lo de nuevo dio lugar a una falta absoluta de concreción y especificidad del consentimiento informado. Como resultado de esta segunda operación se observó una asimetría en los pechos y la cicatriz no era un corte recto que llega hasta el costado. Finalmente se programó una nueva intervención para corregir esta asimetría, que fue llevada a cabo, sin coste alguno para la actora, por el también codemandado Dr. Ignacio en fecha 29 de junio de 2010, firmando de nuevo la Sra. Piedad en fecha 23 de junio de 2010 un consentimiento informado para la realización de una mastopexia, cuando en realidad dicha intervención tenía por objeto corregir la asimetría. Por último, el día 24 de junio de 2011 se informó a la actora de la rotura de su prótesis izquierda colocada por Corporación Dermoestética escasos 18 meses, que requiere una nueva operación.

3º) DERECHO A LA INDEMNIZACION DE LOS DAÑOS MORALES: Los daños morales se identifican con las consecuencias no patrimoniales representadas por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en algunas personas pueden producir ciertas conductas, actividades e incluso resultados y es consecuencia de la valoración de la prueba (en este sentido Sentencia del TS de 10 de julio de 2014), cuyo sufrimiento psíquico en el presente caso, resulta de la necesidad de la actora apelada de someterse a una cuarta intervención quirúrgica, con los posibles riesgos que ello entraña.

Esta valoración no es absurda, irracional ni ilógica y se atiene por el contrario a lo establecido en el art. 128.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) y otras leyes complementarias, así como a la doctrina jurisprudencial sentada entre otras, en las SSTS de 12 de junio de 2007 y de 22 de junio de 2006, citadas por la STS de 8 de abril de 2014, al declarar que la realidad del daño puede estimarse existente cuando resulte evidente, o cuando resulte evidenciada como consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado.

4º) DERECHO A LOS INTERESES LEGALES DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA AUNQUE SE DESCONOZCA O HAYA POCA CERTEZA DE LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN: El pago de los intereses sanciona el impago de la correspondiente indemnización que proporciona la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado, y como resulta de la STS de 14 de julio de 2013, con cita de las Sentencia del TS núm. 628/2010, de 13 octubre, núm. 32/2010, de 22 de febrero, 25 de marzo y 16 de octubre de 2009, para su aplicación se ha de atender, fundamentalmente, a la certeza de la deuda u obligación aunque se desconociera su cuantía ya que en caso contrario el deudor se vería favorecido por el hecho de mantener en su patrimonio la cantidad adeudada, obteniendo de ella los correspondientes frutos o intereses, en perjuicio del acreedor que se vería perjudicado por la tardía satisfacción de su crédito.

Por su parte, como se expresa en las Sentencia del TS núm. 718/2013, de 26 de noviembre, también citada en la mencionada STS de 14 de julio de 2013, para decidir sobre el pago de intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda se ha de atender a la certeza de la deuda u obligación aunque se desconociera su cuantía.

En igual sentido, la Sentencia del TS núm. 437/2013, de 12 de junio, se refiere a la superación del viejo aforismo "in illiquidis non fit mora " y a la consideración de la indemnización como una deuda que existe pese a que aún no se haya cuantificado.

Y en el presente caso aunque la indemnización solicitada no haya sido íntegramente acogida, resultaba a todas luces procedente, siendo que además la ahora apelante fue requerida en acto de conciliación y tuvo la oportunidad de solventar la deuda desatendiéndola, ni tampoco procedió en ningún momento a consignar siquiera una mínima cantidad razonable, resultando así por tanto procedente no sólo el pago de los intereses, legales, sino también la fijación como dies a quo la fecha de la presentación de la demanda.

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domingo, 29 de noviembre de 2015

NO CABE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MORALES CUANDO EL CONTRATO INCUMPLIDO ES PATRIMONIAL Y NO AFECTA A BIENES DE LA PERSONALIDAD



1º) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 2013, nº 572/2013, rec. 1344/2011, respecto de la  reclamación de la indemnización  a un abogado/asesor fiscal por mala praxis profesional, declara que no procede indemnizar por daños morales cuando el contrato incumplido es de contenido puramente económico y no afecta a bienes de la personalidad, como la integridad, la dignidad o la libertad personal.

2º) La determinación del importe de la indemnización por perjuicios causados por negligencia del abogado y su control en casación ha sido objeto de tratamiento por la Sala  de lo Civil del Tribunal Supremo, pues, prácticamente con exhaustividad, la Sentencia nº 373/2013 de 5 de junio de 013 declara que: " …esta Sala viene reiterando que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales -en el caso examinado, por responsabilidad por daños y perjuicios imputable a un abogado respecto de su cliente por negligente cumplimiento de sus obligaciones contractuales- no tiene acceso a la casación, pues corresponde a la función soberana de los tribunales de instancia sobre apreciación de la prueba ( SSTS de 19 de octubre de 1990, 1 de diciembre de 2008, RC núm. 4120/2001), solo susceptible de revisión por error notorio o arbitrariedad, cuando existe una notoria desproporción (SSTS de 30 de abril de 2010, RC núm. 1165/2005 y 16 de diciembre de 2010, RC núm. 179/2008) o se comete una infracción del ordenamiento en la determinación de las bases tomadas para la determinación del "quantum" (cuantía) (SSTS de 1 de diciembre de 2008).

Cuando el daño consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de las ocasiones  (y, desde luego, en el caso enjuiciado)  tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico. No puede, en este supuesto, confundirse la valoración discrecional de la compensación (que corresponde al daño moral) con el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción (que corresponde al daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades, que puede ser el originado por la frustración de acciones procesales: SSTS de 20 de mayo de 1996, 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003, 30 de mayo de 2006, 28 de febrero de 2008, 3 de julio de 2008, 23 de octubre de 2008 y 12 de mayo de 2009).

Mientras todo daño moral efectivo, siempre que deba imputarse jurídicamente a su causante, debe ser objeto de compensación, aunque sea en una cuantía mínima, la valoración de la pérdida de oportunidades de carácter pecuniario abre un abanico que abarca desde la fijación de una indemnización equivalente al importe económico del bien o derecho reclamado, en el caso de que hubiera sido razonablemente segura la estimación de la acción, hasta la negación de toda indemnización en el caso de que un juicio razonable incline a pensar que la acción era manifiestamente infundada o presentaba obstáculos imposibles de superar y, en consecuencia, nunca hubiera podido prosperar en condiciones de normal previsibilidad, pues en este caso el daño patrimonial debe considerarse inexistente. (...).

3º) La sentencia de apelación como hizo la sentencia dictada por el Juzgado, limita la indemnización por la negligencia profesional del abogado al daño patrimonial y precisa la sentencia de la AP en su FJ 2 que se trata de indemnizar daños materiales, no daños morales, teniendo en cuenta que el abogado demandado según el FJ 1.º de la sentencia recurrida no negó su falta de diligencia”.

En el presente caso, en la demanda, sólo se postuló los daños patrimoniales, como así resulta explícitamente de la detallada relación que por este concepto se describen en el hecho quinto de la demanda. Por otra parte, no procede  indemnizar por daños morales cuando el contrato incumplido es de contenido puramente económico y no afecta a bienes de la personalidad, como la integridad, la dignidad o la libertad personal. Por lo demás, es totalmente insuficiente la mera invocación del precepto, como se alega, sin una previa descripción del hecho, seguido de la prueba correspondiente y del petitum por tal concepto. A todo ello se añade que, la sentencia recurrida ha valorado la prácticamente nula prosperabilidad del recurso, por lo que no es posible su revisión en casación.

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PARA CUANTIFICAR LA INDEMNIZACIÓN DE UN ACCIDENTE LABORAL EL BAREMO DE TRAFICO ES ORIENTATIVO Y NO VINCULANTE


1º) Como manifestó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, sec. 1ª, de 14 de julio de 2015, nº 4071/2015, rec. 1865/2014, la utilización del Baremo de accidentes de tráfico,  para cuantificar la indemnización de un accidente laboral no es vinculante sino meramente orientativa, pero como dice el Tribunal Supremo, el juez puede utilizarlo o no, si bien, si elige utilizarlo, "si el juzgador decide apartarse de él en algún punto, deberá razonarlo".

2º) Como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones ( STS de 17 de julio de 2007), la función de fijar la indemnización de los daños y perjuicios derivados de accidente laboral y enfermedad profesional es propia de los órganos judiciales de lo social de la instancia" (con serias limitaciones para poder ser revisada en suplicación) y que, para ello, el juez puede hacer uso del Baremo contenido en el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor), si bien a continuación precisa el Tribunal Supremo (TS) que, dado que la utilización del Baremo no es vinculante sino meramente orientativa, el juez puede utilizarlo o no, si bien, si elige utilizarlo, "si el juzgador decide apartarse de él en algún punto, deberá razonarlo". Y, a continuación observa lo siguiente: "Las diferencias dañosas de un supuesto a otro se darán, principalmente, al valorar la influencia de las secuelas en la capacidad laboral, pero, al valorar esa circunstancia y demás que afecten al lucro cesante, será cuando razonadamente el juzgador pueda apartarse del sistema y reconocer una indemnización mayor a la derivada de los factores correctores por perjuicios económicos que establecen las Tablas IV y V del Baremo, ya que, como no es preceptiva la aplicación del Baremo, puede valorarse y reconocerse una indemnización por lucro cesante mayor que la que pudiera derivarse de la estricta aplicación de aquél, siempre que se haya probado su realidad, sin necesidad de hacer uso de la doctrina constitucional sobre la necesidad de que concurra culpa relevante, lo que no quiere decir que no sea preciso un obrar culpable del patrono para que la indemnización se pueda reconocer".

La Juez a quo ha decido fijar la indemnización total por todos los conceptos indemnizables (daño emergente, -daño corporal, daño moral- y lucro cesante) acudiendo al baremo de tráfico, y ello es así porque admite la cuantificación realizada por el actor en su demanda en donde se incluye, como concepto indemnizable , el factor de corrección por perjuicios económicos del 11% que tiene como fin indemnizar el lucro cesante tal como se desprende de los puntos 1 y 7, así como la explicación de la Tabla II del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, contenido en el Anexo del RD 8/2004 de 29 de octubre, de los que se desprenden que el sistema se aplicará para la valoración de "todos" los daños y "perjuicios"... y que para asegurar la total indemnidad de los daños y "perjuicios "causados se tienen en cuenta...las circunstancias económicas incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo y "pérdida de ingresos de la víctima".

Por lo tanto, si la Juez ha decidido proceder a cuantificar tales perjuicios conforme al baremo, y no apartarse del mismo, la Sala no tiene argumentos para señalar que tal opción no es correcta. Por otro lado el hecho de acudir a dichos criterios indemnizatorios supone que la sentencia tiene una motivación sustentada en derecho, por lo que no procede su nulidad (que además no ha sido correctamente solicitada con amparo en el apartado a) del art. 193 LRJ) ni se aprecia la infracción denunciada respecto a lo art. 24 y 103 CE en relación con los art. 218 LEC y 97.2 LRJS.

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lunes, 2 de noviembre de 2015

EL DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL POR EL NACIMIENTO DE UN NIÑO CON DEFECTOS CONGÉNITOS AFECTA A LOS PADRES


La sentencia del TribunalSupremo, Sala 1ª, de 15 de septiembre de 2015, nº 479/2015, rec. 2675/2013, declara el derecho a una indemnización por daño moral a los padres, por el nacimiento de un niño con graves defectos congénitos por falta de información a la gestante.

A) La sentencia del TS concede a los padres de un menor nacido con graves defectos congénitos el derecho a una indemnización por daño moral cuando se hayan visto privados de la necesaria información para poder tomar de forma adecuada sus decisiones. Incluye el sufrimiento y padecimiento psíquico ocasionado así como los perjuicios económicos que derivan del nacimiento de un hijo con limitaciones y malformaciones.

B) DAÑO A REPARAR: El daño a reparar con la indemnización no es para el menor por el padecimiento que le supone la vida, ya que en nuestro ordenamiento jurídico no es posible imputar al médico los daños sufridos por malformaciones no diagnosticadas, siendo titular de la facultad de acudir al aborto eugenésico la gestante, que  es la única legitimada  para reclamar el daño moral  causado por la falta de información.

El TS  manifiesta en la sentencia que aunque no se cite en el recurso, que la sentencia de esta Sala 1ª del TS, de 23 de diciembre de 2007 descarta la viabilidad de la acción conocida como wrongful life señalando: 1º) que el daño moral ocasionado por esta falta de información afecta en exclusiva a los padres demandantes, a los que se ha ocasionado un daño moral al verse privados de la información necesaria para poder tomar de forma adecuada sus decisiones, y 2º) que debe descartarse que se haya producido un daño a la menor, ya que esta Sala ha venido considerando, desde la sentencia de 5 junio 1998, que no puede admitirse que este tipo de nacimientos sea un mal en sí mismo (así mismo STS de 19 junio 2007). Ahora bien, en la demanda no ha sido ejercitada esta acción y la sentencia estima la acción entablada exclusivamente por los padres y a ellos solos indemniza como consecuencia del daño ocasionado, en la que incluye el dolor que sufren como propio por el estado de su hijo, sin que la sentencia haya sido tachada formalmente de incongruente con las peticiones de las partes.

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domingo, 25 de octubre de 2015

DERECHO A RECLAMAR UNA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR EL LADRIDO CONSTANTE DE LOS PERROS DE UNA FINCA COLINDANTE


SE TIENE DERECHO A RECLAMAR EN LA VIA CIVIL UNA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR EL LADRIDO CONSTANTE DE LOS PERROS DE UNA FINCA COLINDANTE.

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 21ª, de 30 de junio de 2015, nº 247/2015, rec. 498/2014, estima una acción de cesación del ruido, e indemnización por los daños y perjuicios causados por el ladrido constante de perros en una finca colindante. La AP desestima el recurso de apelación de los propietarios demandados y confirma que deben adoptar las medidas necesarias para impedir las inmisiones acústicas. Precisa la Sala que la ausencia de sanción en vía administrativa, no impide la estimación de la acción de cesación en vía civil ya que, aunque referidos a los mismos hechos, se trata de distintos ámbitos de actuación.

Los actores promueven una demanda de juicio ordinario contra los demandados, en la que alegan que, los continuos y constantes ladridos de los perros tanto de día como de noche, les causan molestias, produciéndoles insomnio, cansancio y ansiedad de la que están a tratamiento mediante fármacos, ante lo que solicitan que se condene a los demandados a cesar en el ruido perjudicial y antijurídico que soportan los actores y/o realizar las obras o insonorizaciones precisas para evitar la transmisión del ruido a la vivienda de los demandantes.

B) LA ACCION DE CESACIÓN: Dentro del ordenamiento jurídico privado la acción de cesación, y, en su caso, indemnización por las inmisiones acústicas o por ruido no aparece, de una manera expresa, clara y categórica reconocida.

Pero tiene cabida dentro del Código Civil, en la regulación de las obligaciones que nacen de culpa o negligencia, tanto en el artículo 1.902 ("El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado") como en el número 2º del artículo 1.908 ("Igualmente responderán los propietarios de los daños causados por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades"; sustituyendo los humos por los ruidos), en la regulación de las servidumbres, en el artículo 590 ("Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con sujeción en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban" -párrafo primero-; "A falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias, previo dictamen pericial, a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios vecinos" -párrafo segundo y último-) y en la regulación de la eficacia general de las normas jurídicas, en el artículo 7 ("Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe" -apartado 1-; "La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo; Todo acto un omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso" - apartado 2 y último-).

Y fuera del Código Civil tiene cabida en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de 1982 que establece la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, considerándose una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, concretada, la intromisión ilegítima, en los ruidos provenientes del exterior, y referida, la intimidad, al domicilio habitual, no como mero habitáculo sino como lugar de descanso y relax.

Así lo ha venido entendiendo una constante y reiterada doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 431/2003, de 29 de abril de 2003- nº recurso 2527/1997 -; 589/2007, de 31 de mayo de 2007- nº recurso 2300/2000 -; 80/2012, de 5 de marzo de 2012- nº recurso 2196/2008 - y 133/2013, de 19 de marzo de 2013, nº recurso 1974/2010.

C) LA AUSENCIA DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA NO IMPIDE LA ESTIMACION DE LA ACCION DE CESACIÓN EN LA VÍA CIVIL. Es cierto que, las quejas de los demandantes ante el Ayuntamiento por los ladridos de los perros de los vecinos, han dado lugar a unos procedimientos administrativos, en los que no se ha sancionado a los demandados. Pero, esta ausencia de sanción en vía administrativa, no impide la estimación de la acción de cesación en vía civil. Pues, aunque referidos a los mismos hechos, se trata de distintos ámbitos de actuación. En consecuencia, la resolución que se hubiera adoptado en el previo procedimiento administrativo no predetermina en absoluto la posterior resolución del pleito civil.

Por la patrulla Seprona de Alcorcón/Getafe de la Guardia Civil se llevó a cabo, el día 12 de abril de 2012, una sonometría en el domicilio de los actores, que resultó muy perjudicial para los intereses de los demandados.

Como ya se dijo en el fundamento de derecho anterior, el dato de que, esta sonometría incorporada al procedimiento administrativo no hubiera desencadenado la correspondiente sanción, no impide que, en el proceso civil, la sentencia estimatoria de la acción de cesación se base, en parte, en esa sonometría.

D) DAÑO: Habida cuenta que son los actores los que se sienten perjudicados con las inmisiones acústicas o por ruido, es lógico que solo se tengan en cuenta sus informes médicos. No cabe duda que el conflicto ha deteriorado las buenas relaciones de vecindad lo que, en buena lógica, también ha repercutido en los demandados. Y así doña Ariadna se encuentra a tratamiento psicológico desde abril de 2011 por ansiedad y síntomas depresivos (también fueron sometidos a tratamiento psiquiátrico canino los dos perros). Pero, dada la acción que se ejercita y quienes la deducen, lo determinante son los informes médicos de los actores y no los de los demandados.

E) LEGITIMACIÓN PASIVA: La sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sec. 5ª, de 30 de junio de 2014, nº 163/2014, rec. 133/2014, manifestaba que es obvio que “….los perros tienen un instinto natural para ladrar cuando aprecian algún peligro, tienen hambre o están cansados, pero aquí no se juzga a los perros sino a su dueño o los que ejercen la fuente de control sobre los mismos y a su deber de evitar emisiones ruidosas que perturben las relaciones de vecindad, en el sentido de que la responsabilidad que se predica no deriva del simple hecho de la tenencia de perros , sino del hecho de que no se adoptan las medidas adecuadas para tener animales en un lugar y en unas condiciones que causan daños por ruidos e inmisiones a su vecinos, de manera reiteradas, constante y excesivas sobre los niveles permitidos y tolerables.

F) NIVEL DE RUIDO QUE NO DEBE DE SER SOPORTADO: Por lo que se refiere al nivel de ruido que no debe ser soportado, debe estarse a lo que objetivamente se considera como intolerable, anormal, no razonable o de una entidad suficientes para constituir una molestia jurídicamente relevantes, que pueda calificarse como evitable e insoportable, incómodo o molestos y de cierta gravedad, o como señala la Sentencia del TS de 29 de abril de 2003 han de considerarse como tales las agresiones perturbadoras que no exijan el deber específico de soportarlas, en las que se encuentran los ruidos desaforados y persistentes, aunque estos procedan, en principio, del desarrollo de actividades lícitas.

En este sentido como expresan, entre otras, las SSAP Asturias Secc. 5.ª de 4 de abril de 2000 y Badajoz de 25 de octubre de 2004, no importa que la perturbación derive de una actividad plenamente lícita y que cuente con los permisos administrativos de rigor, "ya que a lo que hay que atender es exclusivamente al dato cierto de la molestia o incomodidad"; la cesación y la indemnización de la perturbación acústica causada por un bar a los habitantes del edificio son independientes de la concesión de la licencia de actividad, "pues afectan a las relaciones de índole estrictamente civil entre particulares" (SAP Vizcaya Secc. 5.ª de 24 de junio de 1999; vid. también SAP Cáceres Secc. 2.ª de 21 de noviembre de 1996, SAP Pontevedra Secc. 1.ª de 5 de abril de 1999 EDJ 1999/15981, SAP Navarra Secc. 1.ª de 8 de enero de 2001 EDJ 2001/107479; cual sentaba la SAP Baleares Secc. 4.ª de 27 de noviembre de 2001),"no es misión de esta Sala determinar si la ubicación de una actividad de esta naturaleza es administrativamente correcta", pero sí determinar si ocasiona los ruidos e incomodidades en que se fundaba la demanda interpuesta al amparo de los arts. 7.3 y 19 de la Ley de Propiedad Horizontal. A diferencia de otros europeos (italiano, portugués, suizo, austriaco o alemán), el Código Civil Español se limita a las medidas de precaución para construcciones contiguas del art. 590 y a lo que el 1908 dispone en sus párrafos segundo y cuarto sobre humos y olores; no obstante, estos preceptos admiten una interpretación actualizada (art. 3.1) y analógica (art. 4.1) que lleve a la subsunción en ellos de los casos de ruidos perjudiciales emitidos por cualquier máquina industrial, instrumento o aparato (cfr. SAP Asturias Secc. 1.ª de 14 de septiembre de 1993), por cuanto constituyen "una injerencia o intromisión indirecta sobre el predio vecino" ( STSJ de Cataluña de 26 de marzo de 1994), con repercusión evidente no sólo sobre el derecho de propiedad, sino sobre derechos fundamentales tales como los relativos a la integridad física y moral, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio (SSTC de 3 de diciembre de 1996 y 24 de mayo de 2001, STS de 2 de febrero de 2001, SAP Salamanca de 2 de marzo de 2000), siempre que se trate de una injerencia sonora continua, persistente o reiterada  (STS de 29 de enero de 1971, SAP Segovia de 22 de diciembre de 1999), que no resulte tolerable (SAP Huesca de 28 de mayo de 1993, SAP Cuenca de 10 de mayo de 2000) para la sensibilidad media o la "conciencia social” ( STS de 28 de febrero de 1964, SAP Segovia de 28 de mayo de 1993, SAP Barcelona 15.ª de 12 de abril de 2000), y todo esto con independencia de que se rebasen o no los niveles administrativamente establecidos (SSTS de 17 de marzo de 1981, 16 de enero de 1989 y 24 de mayo de 1993). Por tolerable --concepto singularmente elástico-- habrá de entenderse lo que no exceda ni perturbe el estado de hecho que es usual y corriente en las relaciones sociales (vid. STS de 28 de febrero de 1964, en un caso de molestias por ruido), es decir, lo que es "normalmente consentido por la conciencia social" (SAP Segovia de 28 de mayo de 1993, citada), o mejor, lo que venga a respetar "la sensibilidad media en relación con la injerencia; esto es, la sensibilidad a la molestia de una persona normal".

G) PRUEBA DEL RUIDO; LOS LADRIDOS DE LOS PERROS: Como refiere la SAP de Madrid de 27 de marzo de 2014, antes relacionada, "no es necesario probar que decibelios soporta el demandante, sino si efectivamente hay ruidos molestos".  

De tal manera que aun cuando diéramos por probado la alegación que efectúan los recurrente en orden a que las pruebas practicadas no ponen de manifiesto que se superen los niveles de ruido administrativamente reglados, lo relevante es que resulta acreditado que los ladridos al unísono de un número elevado de perros, de manera más o menos continúa y tanto de día como de noche, causan molestias a los vecinos de los inmuebles colindantes y en especial al actor que como ponen de manifiesto los informes médicos traídos al proceso (folios 215 y ss.), quien ha venido sufriendo desde hace años dichas molestias, provocándole un cuadro de ansiedad, bajo estado de ánimo, insomnio y una depresión reactiva, en el que la actividad denunciada funciona como desencadenante.

Porque si bien el nivel de afección que esos ruidos puedan tener en las personas, no puede ser contemplada, al menos no solamente, desde la perspectiva subjetiva de cada una, sino que tiene que ser puesta también en relación con factores objetivos aplicables a toda persona, en el caso, la prueba a que antes se hizo mención, pone de manifiesto que no se trata de una apreciación subjetiva del demandante, sin dejar de tener en cuenta que conforme se refleja en el plano donde se ubican los inmuebles, zona de campo, la paz y el silencio que se las supone hace más hiriente el ruido intermitente de los ladridos y más por la noche.

Por último añadir, que las conclusiones expuestos, no resultan contradichas por los otros informes técnicos que han sido traídos al proceso, pues parte de una premisa errónea, cual es que sólo se han de tomar en consideración para la evaluación de inmisión sonora, los valores límites de inmisión o de recepción establecidos por la normativa vigente, sin olvidar que el perito, en su propio informe reconoce que no puede efectuar "una declaración de conformidad certeramente favorable, ya que no podemos recoger toda la casuística posible o escenarios más desfavorables" debido a que las condiciones meteorológicas obligaron a suspender el proceso de evaluación más extenso (folio 639); y el perito Sr. Bernardino, reconoció en el acto del juicio que no comprobó el número de animales ni su tamaño, dado que según su parecer el nivel de ruido no se ve afectado por el número de perros .

H) CRITERIOS PARA CUANTIFICAR LA INDEMNIZACION:  No puede olvidarse la evolución doctrinal reseñada del concepto de daño y su final incardinación en la categoría de afectación a derechos fundamentales, en concordancia con la ampliación de bienes jurídicos protegidos, estos es, desde el perjuicio a bienes o derechos de contenido patrimonial, a la personal, que incluye no sólo la salud e integridad física sino también la intimidad, inviolabilidad del domicilio, dignidad, libertad de residencia y derecho a un medio ambiente adecuado.

En el caso, no es contrario a la lógica considerar que los continuos ladridos, también en horario nocturno, se traduzcan en dificultad para conciliar el sueño o en ansiedad por no conseguir el adecuado descanso o la tranquilidad en las horas más altas del día. Y eso un día tras otro, desde que se formuló la primera queja, lo que comporta de modo notorio una molestia perjudicial para la salud y bienes de la persona que debe ser indemnizada, sin que existan criterios o parámetros que permitan objetivizar con precisión y en términos económicos el sufrimiento sufrido.


Y así la Sentencia del TS de 2 de febrero de 2001, declara que para la cuantificación de los daños irrogados, se han de contemplar circunstancias no sólo estrictamente jurídicas sino presupuestos personales, sociales, económicos, culturales, ambientales. Siendo constante la doctrina jurisprudencial que viene predicando que los perjuicios se han de valorar por el juzgador sin atender a parámetros predeterminados, sino ponderando las distintas circunstancias del caso.

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lunes, 12 de octubre de 2015

LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS ENTAN OBLIGADAS A PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR TERCEROS AUNQUE LA PÓLIZA EXCLUYA EL DOLO DEL ASEGURADO




1º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, sec. 1ª, de 12 de diciembre de 2014, nº 487/2014, rec. 339/2014, confirma la condena de la aseguradora demandada a abonar al actor la indemnización por los daños sufridos a consecuencia de la caída de parte de la fachada del edificio. Declara la Sala que no es relevante que la póliza de responsabilidad civil suscrita entre las partes, excluya de cobertura la responsabilidad resultante de una actuación dolosa del asegurado, pues esto afecta únicamente a aseguradora y asegurado y en nada afecta ni modifica el deber de la aseguradora de indemnizar al tercero perjudicado por el acto doloso del asegurado.

En consecuencia, procede la acción directa del artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, del perjudicado contra la aseguradora, ya que el demandante, como perjudicado por un evento, aun doloso, provocado por la conducta de la propia asegurada, ostenta legitimación frente a la compañía aseguradora que asumió la cobertura de la responsabilidad civil de la comunidad que provocó el daño.

Dice  el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que: “El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero.

La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido”.

2º) ANTECEDES DE HECHO: El demandante, presentó una demanda contra la compañía aseguradora, ejercitando la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, solicita en el presente procedimiento la condena de la entidad aseguradora, a abonarle una indemnización por los daños sufridos por el vehículo de su propiedad a consecuencia de la caída sobre el mismo de parte de la fachada del edificio asegurado, a causa de una explosión que se produjo en un piso del inmueble,  teniendo la aseguradora demandada contratada póliza de seguro de responsabilidad civil con la Comunidad de Propietarios del edificio.

La compañía de seguros se opuso a la demanda alegando que en la póliza suscrita se excluyó expresamente la responsabilidad resultante de una actuación dolosa, como la que es objeto de litis, que el contrato no cubre los daños causados por un elemento privativo de cualquiera de los propietarios como era la bombona de gas que provocó la explosión y que consideraba excesiva la cuantía reclamada como indemnización.

La sentencia dictada en primera instancia estima íntegramente la demanda considerando que no es oponible al tercero perjudicado la exoneración de responsabilidad por dolo o culpa grave del tomador del seguro, del asegurado o de las personas que de ellos dependan o con ellos convivan, y que, conforme a la prueba pericial practicada, la cantidad reclamada era adecuada al daño sufrido por el vehículo.

3º) MOTIVOS DE OPOSICIÓN A LA DEMANDA: Se alegó por la  entidad aseguradora, la improcedente estimación de la demanda por inexistencia de culpa o negligencia, al constituir el acto causante de los daños o perjuicios un acto doloso y voluntario; y en apoyo de ello se alega que el contrato de seguro vigente entre la aseguradora y la Comunidad de Propietarios cubría los daños causados por culpa o negligencia, no por los hechos ocasionados directa o indirectamente por dolo o culpa grave del tomador del seguro, o del asegurado o de las personas que de ellos dependan o con ellos convivan, según consta en el capítulo de Exclusiones Generales de la Póliza contenido en las Condiciones Particulares aportados a los autos; y que, sin embargo, se había acreditado que el acto que originó la explosión de la bombona de gas no fue un acto imprudente, sino doloso o, cuando menos voluntario, de la propietaria del piso siniestrado, según resultaba sin duda alguna en el informe técnico emitido por la Guardia Civil del Departamento de Incendios de la Comandancia de Ourense, de fecha 11 de septiembre de 2012, en el que se indica que el origen de la explosión fue una fuga de gas butano en la cocina de la vivienda motivado por el corte transversal que presenta la goma flexible que comunica la bombona con el resto de la conducción, y se concluye que la etiología de la explosión era una combustión de carácter provocado.

De ello concluye la aseguradora demandada que, tanto por aplicación de las estipulaciones de la póliza como de los artículos 17, 19 y 73 de la Ley de Contrato de Seguro, no podía exigírsele ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados al demandante.

Reclamándose por el demandante como perjudicado el pago del valor de su vehículo dañado por la fachada del edificio en el que se produjo la explosión cuando estaba estacionado en la vía, la determinación de si el siniestro consistente en la explosión de gas en una vivienda del edificio que originó los daños, fue debida a una actuación culposa o negligente de la propietaria de la vivienda o fue provocado de forma voluntaria y dolosa, únicamente tendría sentido si, en el caso de que efectivamente el siniestro hubiese sido provocado voluntariamente, tal circunstancia exonerara de responsabilidad a la aseguradora afrente a terceros.

4º)  OBJETO DE LA LITIS: Por tanto la cuestión que se suscita de si la provocación voluntaria del siniestro por parte del asegurado es o no oponible al tercero perjudicado cuanto ejercita la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, que establece que la acción directa es inmune a la excepciones que puedan corresponder a la aseguradora contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. Los hechos constitutivos del derecho del tercero perjudicado son que exista un contrato válido de seguro de responsabilidad civil entre el asegurado causante del daño, y la aseguradora a la que se reclama la obligación de indemnizar, y que se haya producido un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sean civilmente el asegurado. Si faltan cualquiera de las dos circunstancias, el asegurador no estará obligado a responder frente al tercero perjudicado.

En baso a ello, el asegurador podrá oponer al tercero que ejercita la acción directa, las excepciones siguientes: la inexistencia del contrato de seguro o la extinción de la relación jurídica; la ausencia del derecho del perjudicado al resarcimiento por parte del asegurador pues, si no existen responsabilidad civil del asegurado, no se ha producido el siniestro; y el hecho causante del daño está fuera de cobertura del seguro, pues para que surja el derecho del tercero contra el asegurador es indispensable que tenga su origen en un hecho previsto en el contrato.

La doctrina distingue entre las excepciones propiamente dichas dos clases: las oponibles por el asegurador frente al tercero, que pueden ser la culpa exclusiva de la víctima o las que afectan a la vida de la relación obligatoria (pago, prescripción o remisión); y las basadas en las relaciones personales entre el asegurador y el tercero perjudicado.

Sobre las excepciones inoponibles, al establecer el artículo 76 que la acción directa es inmune a la excepciones que puedan corresponder al asegurador frente al asegurado, la doctrina entiende que el derecho del tercero es un derecho propio autónomo y, por ello, las excepciones en sentido estricto que el asegurador podría oponer frente al asegurado no las puede oponer frente al tercero perjudicado, y, conforme a ello, se concluye que el asegurador no puede oponer las excepciones basadas en la conducta del asegurado, lo que sería suficiente para desestimar la impugnación de la aseguradora basada en la conducta dolosa de la asegurada. Ello además aparece contemplado en el artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro que señala que "el asegurador estará obligado al pago de la prestación salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado";  regla general que tiene la excepción de la acción directa del artículo 76.

Ciertamente la conciliación de los dos preceptos ha suscitado discrepancias en la doctrina y en la jurisprudencia, pero esa eventual contradicción que algunos sectores doctrinales han apreciado se salva configurando, el artículo 19 como la regla general y el artículo 76 como una excepción a la misma, que opera en el ámbito del seguro de responsabilidad civil cuando el perjudicado es un tercero. Este último precepto quedaría vacío de contenido si no se reconociera la obligación de la aseguradora de indemnizar al tercero que ha resultado dañado por un hecho doloso protagonizado por el asegurado, sin perjuicio del derecho de repetición que el propio precepto reserva a la aseguradora.

5º) El derecho de repetición sólo tiene sentido y virtualidad si se parte de la premisa de la obligación de la aseguradora de realizar la prestación indemnizatoria a favor del tercero que ha padecido en su patrimonio las consecuencias del comportamiento doloso del asegurado. Así la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 20 de marzo de 2013, es taxativa al respecto: "Es verdad que no cabe el aseguramiento del dolo. No se discute esa premisa esencial de lo que es reflejo específico el art. 19 LCS.  El autor doloso de daños jamás podrá verse beneficiado por el contrato de seguro.

El interrogante es diferente. No se trata de sostener la asegurabilidad del dolo (que no cabe) sino de indagar si el legislador de 1980, junto a ese principio general que se respeta en su esencialidad, ha establecido una regla en el sentido de hacer recaer en el asegurador la obligación de indemnizar a la víctima de la conducta dolosa del asegurado. El automático surgimiento del derecho de repetición frente al causante del daño salva el dogma de la inasegurabilidad del dolo: nadie puede asegurar las consecuencias de sus hechos intencionados. Faltaría la aleatoriedad característica el contrato de seguro.

Lo que hace la Ley es introducir una norma socializadora y tuitiva (con mayor o menor acierto) que disciplina las relaciones de aseguradora con víctima del asegurado. La aseguradora al concertar el seguro de responsabilidad civil y por ministerio de la ley ( art. 76 LCS ) asume frente a la víctima (que no es parte del contrato) la obligación de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil surgidos de la conducta asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa. En las relaciones internas y contractuales con el asegurado no juega esa universalidad: la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de repercutir finalmente en el asegurado. Pero el riesgo de insolvencia de éste la ley quiere hacerlo recaer sobre la aseguradora y no sobre la víctima.

6º) La acción directa otorga a la víctima un derecho propio que no deriva solo del contrato sino también de la ley. Por tanto no se ve afectado por las exclusiones de cobertura. Al asegurador sólo le queda la vía del regreso. Que el regreso fracase por insolvencia del asegurado es parte de su riesgo como empresa.

Si no se admite ese binomio (inoponibilidad frente al tercero/repetición frente al asegurado) no es posible dotar de algún espacio a la previsión del art. 76 LCS sobre la exceptio doli. El principio de vigencia es una máxima elemental en materia de exégesis de un texto normativo. Obliga a rechazar toda interpretación que prive de cualquier operatividad a un precepto. Una norma querida por el legislador ha de tener una significación, ha de ser aplicable a algún grupo de supuestos, por reducido que sea. La interpretación abrogante no es interpretación, es derogación por vía no legítima".

La misma resolución destaca que del tenor del artículo 76 se desprenden tres premisas: el tercero perjudicado tiene acción directa frente a la aseguradora también cuando hay una actuación dolosa; la aseguradora no puede oponer frente a la pretensión del perjudicado la exceptio doli; y, sí tiene derecho para repetir contra el asegurado.

La conclusión de la sentencia es rotunda: "Y es que cabalmente el art. 76 LCS rectamente entendido solo admite una interpretación a tenor de la cual la aseguradora, si no puede oponer el carácter doloso de los resultados (y según la norma no puede oponerlo en ningún momento: tampoco si eso está acreditado) es que está obligada a efectuar ese pago a la víctima, sin perjuicio de su derecho de repetir. Lo que significa en definitiva, y eso es lo que quiso, atinadamente o no, el legislador, es que sea la aseguradora la que soporte el riesgo de insolvencia del autor y nunca la víctima. El asegurado que actúa dolosamente nunca se verá favorecido; pero la víctima tampoco se verá perjudicada.

7º) Legalmente se asigna al seguro de responsabilidad civil una función que va más allá de los intereses de las partes contratantes y que supone introducir un factor de solidaridad social. La finalidad de la prohibición del aseguramiento de conductas dolosas (art. 19) queda preservada porque el responsable por dolo es en definitiva la persona a la que el ordenamiento apunta como obligado al pago. Pero frente a la víctima, la aseguradora no puede hacer valer esa causa de exclusión. El dogma "el dolo no es asegurable" permanece en pie. Cosa diferente es que modernamente el contrato de seguro de responsabilidad civil haya enriquecido su designio primigenio como instrumento de protección del patrimonio del asegurado. La ley le ha adosado otra función: la protección del tercero perjudicado. Si se quiere, es un riesgo no cubierto. No hay inconveniente en aceptarlo. Pero el artículo 76 de la LCS por razones de equidad ha querido expresamente obligar al asegurador al pago frente al tercero. La exclusión del riesgo en este caso, por voluntad explícita de la ley, solo hace surgir el derecho de regreso".

8º) Frente a tal conclusión no es relevante que la póliza de responsabilidad civil suscrita entre las partes, excluya de cobertura la responsabilidad resultante de una actuación dolosa del asegurado. Tal exclusión afecta únicamente a aseguradora y asegurado, es decir, a su relación interna, y en nada afecta ni modifica el deber de la compañía de indemnizar al tercero que ha resultado perjudicado por el acto doloso del asegurado. Se haya pactado o no en la correspondiente póliza la cobertura de los daños que provengan de un acto doloso del asegurado, éste carece en todo caso del derecho de impetrar de la compañía la satisfacción de la indemnización, como tampoco podría prosperar su oposición frente a la acción de repetición de la aseguradora, siempre bajo la premisa de que el dolo del asegurado haya inspirado el acto dañoso.

Se invocan por la aseguradora apelante tesis jurisprudenciales que preconizan una interpretación del artículo 76 en el sentido de que sus previsiones únicamente serían aplicables a los supuestos en los que, al tiempo de ejercitarse la acción directa, aún no estuviera determinado con claridad si concurrió o no una actuación dolosa por parte del asegurado, pero se trata de una interpretación que no se desprende del tenor literal del artículo 76 y, si la voluntad del legislador hubiera sido circunscribir el ámbito de la acción directa a esos supuestos, se hubieran introducido las matizaciones necesarias y si, tras el debate suscitado en relación al precepto, no lo ha hecho, no parece razonable aceptar tal tesis.

9º) CONCLUSIÓN: En definitiva, la acción ejercitada en la demanda debe prosperar toda vez que el demandante, como perjudicado por un evento, aun doloso, provocado por la conducta de la propia asegurada, ostenta legitimación para ejercitar la acción directa, por así disponerlo expresamente el ordenamiento jurídico, frente a la compañía aseguradora que asumió la cobertura de la responsabilidad civil de la comunidad cuya fachada, en su caída, provocó el daño. Y no discutiéndose el importe de la indemnización concedida, la sentencia debe ser confirmada en su integridad, sin que pueda atenderse tampoco el motivo de oposición alegado sobre la limitación de la indemnización a la cuota de participación de la propietaria del piso del edificio en la comunidad de propietarios, pues ni consta la proporción en que participa ni la misma puede reflejarse en la obligación que del contrato de seguro deriva para la aseguradora que no es otra que indemnizar al tercero de las consecuencias del siniestro.

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