sábado, 30 de abril de 2016

EN LA JURISDICCIÓN PENAL LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE REALIZA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA NO PUEDE SER REVISADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA


EN LA JURISDICCIÓN PENAL LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE REALIZA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA NO PUEDE SER REVISADA EN APELACIÓN, SALVO SI EXISTE ERROR EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS O SI SE INDEMNIZA EN CUANTÍA SUPERIOR  A LA SOLICITADA.

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sala de lo Penal, Sección 1ª, de 18 de febrero de 2016, nº 53/2016, rec. 10/2016, establece que la indemnización de daños y perjuicios que realiza el Tribunal de instancia no puede ser sometida a la censura de una segunda instancia. Es una cuestión autónoma y de la discrecional facultad del órgano sentenciador. Sólo puede ser objeto de fiscalización si existe error en la valoración de las pruebas que llevan a fijar el "quantum indemnizatorio" o si se indemniza por cuantía superior a la solicitada.

B) La indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal que realice el Tribunal Penal de instancia, fijando el alcance material del "quantum" de las responsabilidades civiles por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, en daño emergente y lucro cesante, no puede ser sometida a la censura de una segunda instancia, por actuar como una cuestión totalmente autónoma y de la discrecional facultad del órgano sentenciador, como ha venido a señalar la constante jurisprudencia del T.S. que únicamente permite el control en el supuesto que se ponga en discusión las bases o diferentes conceptos en que se apoya la fijación de la cifra respectiva, o lo que es igual, el supuesto de precisar si existe razón o causa bastante para indemnizar, pero nunca el alcance cuantitativo del concepto por el que se indemniza(Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 1.975, 5 de Noviembre de 1.977, 16 de Mayo de 1.978 , 30 de Abril de 1.986, 21 de Mayo de 1.991 , 5 de Junio de 1.998 y 1 de Septiembre de 2.009).

C) EXCEPCIONES: La cantidad indemnizatoria únicamente será objeto de fiscalización en segunda o ulteriores instancias cuando: a) exista error en la valoración de las pruebas que hubieran determinado la fijación del "quantum indemnizatorio", indemnizando conceptos no susceptibles de indemnización o por cuantía superior a la acreditada por la correspondiente prueba de parte y b) que se indemnice por cuantía superior a la solicitada por las partes, en virtud del principio acusatorio que rige nuestro derecho procesal penal y del principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la petición de parte que rige en el ejercicio de las acciones civiles, bien independientes, bien acumuladas a las penales correspondientes. Dichas cuantías indemnizatorias serán fijadas sin sujeción a la normas e indemnizaciones que en sentido estricto fijan las normas laborales, civiles o de otra índole no penal, siendo perfectamente compatibles con las concedidas y disfrutadas en dicho ámbito.

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viernes, 29 de abril de 2016

EXISTE CONCURRENCIA DE SEGUROS CON EL COBRO DE UNA INDEMNIZACIÓN SIMULTANEA POR EL MISMO HECHO ASEGURADO CON DISTINTAS ASEGURADORAS



A) La sentencia  de la Audiencia Provincial de Salamanca, sec. 1ª, de 4 de marzo de 2016, nº 75/2016, rec. 488/2015, considera que existe concurrencia de seguros cuando al menos, dos pólizas proporcionan idéntica cobertura para un mismo riesgo. Se admite el seguro múltiple, cuando lo conciertan varios tomadores si existe una pluralidad de intereses subjetivos objeto de un mismo aseguramiento. Prospera la acción subrogatoria si la aseguradora acredita el pago de la indemnización y que el asegurado es efectivamente el perjudicado del siniestro.

B) REGULACION LEGAL DE LA CONCURRENCIA DE SEGUROS: Los requisitos que el art. 32 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS) exige para que se aplique la concurrencia de seguros, son los siguientes:

1.- Que un mismo tomador, a iniciativa propia, celebre dos o más contratos de seguro con distintas aseguradoras y por lo tanto, sin conocimiento previo y consiguientemente, sin previo reparto de cuotas entre las mismas.
2.- Que dichas pólizas cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés asegurado, entendiendo por tal interés asegurado, según lo define la doctrina actual, la relación entre un sujeto (el asegurado) y un objeto (el bien asegurado) susceptible de valoración económica.
3.- Que las diferentes pólizas, cubran dichos efectos durante el mismo periodo de tiempo.
4.- Que la obligación de indemnizar sea simultánea, no sucesiva (en caso contrario no habría concurrencia de seguros).

C) Doctrinalmente se ha destacado que una interpretación muy rígida y literal del precepto conllevaría a su aplicación en muy contadas ocasiones, en cuanto que tan sólo existiría concurrencia de seguros en aquellos casos en los que un mismo tomador asegura un mismo interés frente a los efectos que un mismo riesgo pueda ocasionar, durante el mismo periodo de tiempo, de ahí que, como en la sentencia impugnada queda insinuado, la finalidad de esta norma es, o debe ser, dar respuesta al cumplimiento del principio indemnizatorio que rige el derecho de daños, así como evitar un enriquecimiento injusto tanto para el asegurado como para las diferentes aseguradoras que pueden verse implicadas en un siniestro en caso de concurrencia de seguros.

En la jurisprudencia menor así viene proclamado con palabras tales como: "... evitar situaciones de sobreseguro que se producirían si el tomador del seguro recibiera una indemnización superior al perjuicio realmente sufrido, lo que daría lugar a una situación anómala que transmutaría la naturaleza del siniestro, el cual dejaría de ser un daño para el asegurado para convertirse en un beneficio para el mismo; lo que se pretende con el precepto es salvaguardar el principio indemnizatorio formulado en el art. 26 de la ley " (así, sentencia de la AP de Barcelona, n.º 324/2011, de fecha 7 de junio de 2011).

En definitiva: pretende la norma, en plena congruencia con el art. 26 de la misma LCS que formula el principio indemnizatorio, evitar una situación de enriquecimiento injusto bien para el asegurado en el caso de que se abonara el importe íntegro por parte de cada aseguradora, bien para la aseguradora que no ha pagado cantidad alguna por el siniestro.

D) Dicho esto, es de recordar que en la práctica judicial se distinguen diferentes supuestos en los que se discute la existencia de la concurrencia de seguros y se impetra la aplicación del art. 32 LCS, resultando el más frecuente el de la concurrencia de seguros entre póliza de comunidades y póliza de hogar o vivienda, en el cual, sin duda, mayoritariamente en la jurisprudencia menor se viene sosteniendo que cuando se produce un siniestro en un edificio constituido en régimen de Propiedad Horizontal sobre el que existen dos contratos de seguro, un seguro comunitario, cuyo tomador es la Comunidad de Propietarios, y un contrato de seguro de hogar cuyo tomador es un copropietario de dicho edificio, se ha de estimar que existe un mismo tomador, ya que, realmente, los tomadores de la póliza de la Comunidad de Propietarios son todos y cada uno de los diferentes copropietarios del edificio, por lo que, en cuanto al continente asegurado por ambas pólizas, se aplica la correspondiente concurrencia en cuanto a los daños propios.

E) Esta es la línea, justamente, de la sentencia de la Audiencia de Salamanca nº 557/2011, de 30 de diciembre de 2011, recurso n.º 209/2011 (Ponente Sr. Vega Bravo), en la que se expone literalmente que: "... los contratos estén suscritos por el mismo tomador con aseguradores distintos, aunque como expone la sentencia de esta Audiencia, de 20 de octubre de 2004 , excepcionalmente se admita por la doctrina que también exista un seguro múltiple concertado por varios tomadores cuando exista una pluralidad de intereses subjetivos objeto de un mismo aseguramiento, pues carecería de sentido que la finalidad perseguida con el artículo 32 se perdiera solo por tal circunstancia, ya que lo relevante es la realidad del sobreseguro y no la figura del contratante. De otro modo, la ignorancia de los aseguradores de tal circunstancia podría favorecer el pago de cantidades superiores al importe del daño, siendo precisamente uno de estos supuestos excepcionales el presente, en el que ha de proclamarse, incluso, la identidad del tomador aunque el seguro concertado con la entidad demandada lo fuese por la comunidad de propietarios a la que pertenecía la tomadora y asegurada de la actora, en cuanto la comunidad de propietarios es un ente representativo que comprende a todos y cada uno de los propietarios de pisos y locales del edificio, etc.".

Añadiéndose en ella, al respecto de la aplicación analógica del art. 32, que :"...de este criterio es exponente la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7ª) de 8 de mayo de 2001, que se recoge en el recurso de apelación, en la que se realiza un detallado examen de los distintos criterios interpretativos que permiten llegar a considerar que se cumple dicho requisito en los siguientes términos: "En primer lugar, cabe efectuar una interpretación teleológica o finalista de la norma en discusión (....) Si observamos detenidamente el art. 32, la conclusión es que la finalidad del precepto es proteger el principio indemnizatorio de modo que, a través de la comunicación, el conjunto de aseguradores pueda conocer la totalidad de las sumas aseguradas que cubran un mismo bien, careciendo de sentido que la medida cautelar que el artículo recoge se pierda por el hecho de que existiendo una pluralidad de pólizas los tomadores de éstas sean personas diferentes... Pero no cabe entender que incluye aquellos supuestos de seguro múltiple con la concurrencia de distintos tomadores, donde también cabe la posibilidad de vulneración de aquellos principios de cuya protección se trata. Una segunda posibilidad olvidar que el principio indemnizatorio tiene una doble vertiente, ya que existiendo un doble seguro que cubre el mismo riesgo, estando obligadas ambas aseguradoras (cada una independientemente) a abonar el daño pues el siniestro se encuentra cubierto por los dos seguros, el abono íntegro por parte de una de ellas supondría un enriquecimiento indebido para la otra concretado en el beneficio patrimonial derivado del hecho de no abonar la cantidad a la que está obligada, mientras que tampoco es posible un doble pago, ya que entonces se produciría un enriquecimiento del asegurado o del perjudicado. Siendo este ámbito bilateral de protección el que subyace en la finalidad del precepto discutido que, por tal motivo, cabe, acudir a la analogía como medio de integración normativa...".

F) Sin embargo, en el caso  enjuiciado por la sentencia  de la Audiencia Provincial de Salamanca, sec. 1ª, de 4 de marzo de 2016, nº 75/2016, rec. 488/2015, no es aplicable el art. 32 LCS,  ni siquiera por la vía analógica o extensiva que propone la mentada jurisprudencia que se acaba de transcribir, ya que se trata de un supuesto de póliza de un local arrendado y de póliza de la comunidad de propietarios del inmueble en el que se ubica el tal local con una realidad muy diferente, por lo que, difícilmente cabe apreciar que existe la identidad de tomadores exigible y los intereses subjetivos en conflicto contradictorios y, además, carece de sentido y no está presente la finalidad que pretende cubrir el precepto, pues, si bien, ciertamente, la arrendataria demandada tiene interés en el riesgo asegurado en cuanto tiene una obligación de devolver el local de negocio en el estado en el que se encontraba, y los titulares dominicales del local y la Comunidad de Propietarios sobre los elementos comunes tienen un interés directo en los bienes de su propiedad, resulta, primero, que sólo una de las dos ha abonado plenamente la indemnización, con enriquecimiento injusto para la otra (Generali) que, percibiendo una prima, cuando se produce el riesgo asegurado, -el incendio-, no hace frente, en su plenitud, a las consecuencias y, segundo, que, como viene justificado y se argumentará en su momento, quedando probada la responsabilidad exclusiva en el siniestro de uno solo de los tomadores (la comunidad de bienes arrendataria), no es factible la imputación de responsabilidad a la compañía de seguros del otro tomador y asegurado, (comunidad de propietarios del edificio, en este caso) si éste es, totalmente, ajeno a la producción de los daños.

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domingo, 17 de abril de 2016

EXISTE EL DERECHO A SER INDEMNIZADO POR LA PARALIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL MIENTRAS ES REPARADO CUANDO SE NECESITA LABORALMENTE



DERECHO A SER A SER INDEMNIZADO POR LA PARALIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL MIENTRAS ES REPARADO CUANDO SE ACREDITA SU NECESIDAD PARA DESPAZARSE A SU PUESTO DE TRABAJO SITUADO FUERA DE LA CIUDAD DE SU RESIDENCIA.

1º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, de 11 de enero de 2016, nº 13/2016, rec. 298/2015, determina que existe derecho a ser indemnizado por la paralización del automóvil mientras es reparado en los supuestos en los que se acredite que lo necesita para desplazarse a su puesto de trabajo por estar situado fuera de la ciudad de residencia. Sin que la demora en la reparación pueda perjudicar al propietario del vehículo cuando éste no interviene como factor coadyuvante en esa demora.

2º) HECHOS: Por la apelante se impugna la sentencia de instancia mostrando su disconformidad con la valoración de las pruebas, en cuanto no se aprecia que el demandante tiene su residencia en la ciudad de Vitoria, y precisa desplazarse a su lugar de trabajo ubicado en Asparrena (Álava) a una distancia de 35 kilómetros, habiendo utilizado un vehículo de sustitución durante los 50 días que se vio privado del uso de su vehículo propio por la estancia en el taller de reparación, por lo que solicita la revocación de la sentencia y la concesión de la cantidad reclamada por dicho concepto, al tiempo que entiende vulnerado el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado el Juzgado de Instancia sobre la petición de los intereses moratorios previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, que ahora reitera, y entiende que se ha infringido los artículo 394.1 y 395 de la citada Norma en cuanto a la imposición de costas procesales a la parte actora.

3º) ERRONEA VALORACION DE LA PRUEBA: Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, examinaremos los motivos alegados para impugnar la meritada sentencia.

En cuanto a la errónea valoración de la prueba, debemos partir de la Doctrina al respecto y así el Tribunal Constitucional en su labor de intérprete del artículo 24 de la Constitución Española, ha construido la doctrina del error en la valoración de la prueba, destacando su relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, declaró (en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero, 29/2005, de 14 de febrero, 118/2006, de 24 de abril, y 211/2009, de 26 de noviembre) que el error patente con relevancia constitucional está relacionado con "la determinación de los hechos objeto del juicio o (...) del material de hecho sobre el que se asienta la decisión", esto es, con un "dato fáctico indebidamente declarado como cierto"  (STC nº 55/2001, de 26 de febrero de 2011).

También ha declarado que concurre ese error en los supuestos de "indebida apreciación de datos de la realidad condicionantes de la resolución adoptada" o en los que "las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración".

En particular, ha destacado que el error, además de determinante de la resolución adoptada (en el sentido de que, "constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba, y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución, de no haberse incurrido en el mismo"), debe ser patente "o, lo que es lo mismo, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia".

4º) JURISPRUDENCIA APLICABLE: Examinadas nuevamente las pruebas practicadas, se considera que si bien no se ha practicado una prueba pericial que determinase los días de paralización necesarios para la reparación del vehículo, resulta evidente que existió un periodo durante el cual el demandante se vio privado del mismo, y acreditado la necesidad de desplazamiento por su trabajo fuera de la ciudad de residencia, desconociéndose que podía hacer uso de transporte público, no cabe duda de que resultó perjudicado temporalmente y ello debe ser indemnizado.

Debemos citar la Sentencia de la AP Burgos, Civil sección 3ª del 30 de octubre de 2015, en cuanto declara: En nuestra sentencia de fecha 20 de septiembre de 2010 (nº 384) sobre esta cuestión expresamos lo siguiente:

"Como dice la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 11 de noviembre de 1999" la indemnización de los perjuicios ha de partir del indeclinable presupuesto de que se acredite la real existencia y extensión de los reclamados por el perjudicado no pudiendo tomarse en consideración a este respecto perjuicios más o menos aleatorios o hipotéticos, eso es dudosos, contingentes o solo fundados en esperanzas, pues cuando de lucro cesante se trata, efectivamente se viene exigiendo por la jurisprudencia una prueba rigurosa de los mismos pero con ser ello así, como ya se razonó en resoluciones precedentes por esta Sala, tratándose el siniestrado de un vehículo industrial, la privación de su uso al propietario durante el tiempo necesario para su reposición o reparación, (cuya duración no es objeto de impugnación en este caso), tiene un indudable valor económico, aun cuando no se acredite haber tenido que utilizar en sustitución del siniestrado otros vehículos, ni los concretos portes perdidos a consecuencia de tal paralización, ya que es evidente que con esta se interrumpe la posibilidad de uso de un bien que había sido adquirido para rendir ventajas económicas en su continuada explotación, pecuniariamente apreciables.

En esta misma línea, esta Sala ya se ha pronunciado sobre la suficiencia de certificaciones como la aportada para poder reclamar por este concepto, al constituir las mismas, en principio, un instrumento adecuado, bien que no vinculante, de uso indiciario por los órganos judiciales, a fin de unificar criterios sobre bases objetivas, en una materia en la que, con frecuencia las declaraciones judiciales ofrecen notorias discrepancia, y ello aunque no se presenten otro tipo de justificantes, pues la concurrencia del perjuicio debe suponerse en quien tiene su medio de trabajo forzosamente inutilizado, y sin perjuicio de que pueda acreditar el lucro cesante por otros medios de prueba. La diferencia estará en que en el primer caso los perjuicios serán objeto de valoración discrecional por el tribunal, y en el segundo caso habrá de estarse al montante concreto de los perjuicios acreditados.

Aunque la parte actora solo haya aportado la facturación correspondiente al ejercicio económico del 2008, sin adjuntar las declaraciones del IVA y la declaración general de la renta, ni la contabilidad de la empresa, ni la cartera de pedidos, estimamos aplicable la doctrina expuesta sobre la pertinencia de las certificaciones empresariales del transporte en la fijación del importe diario por paralización que, en este caso, además es aceptada por el perito judicial, quien señala, incluso, a la vista de la documentación aportada que es superior y lo cifra en la suma de 2.745,60 euros (2 días de paralización a razón de 499,20 euros/día y otros 6 días a 374,40 euros/día)".

También la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos  de 25.5.2010 (nº 242) y las que se citan en ella.

5º) VALORACION: En atención a la doctrina expuesta en casos similares al que nos ocupa y atendidas las alegaciones de las partes y el resultado de las pruebas practicadas, valoramos ponderadamente los perjuicios por paralización en este caso concreto en 4.366 euros resultado de aplicar los 25 días de paralización que la sentencia de instancia objetivamente considera más ajustados a las circunstancias que rodearon la reparación del camión (magnitud del golpe y piezas que hubieron de sustituirse, entre otros factores), cuyas consideraciones damos aquí por reproducidas, por la suma de 174,64 Euro./ día, al estimar acertado y ponderado el cálculo verificado por la parte actora, sin que contrariamente a lo que señala la letrada demandada- apelada se pueda estimar un cifra excesiva o desproporcionada, a la vista de lo otorgado en otros casos anteriores como se ha dejado constancia con las sentencias citadas de esta Sala.

En igual sentido, dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 3ª, de 14 de junio de 2002, "se combate también las bases indemnizatorias pretendiéndose que se tenga en consideración la totalidad de días en los que el vehículo permaneció realmente en el taller (del 2 al 11 de agosto) y no los tres días contemplados pericialmente como los empleados en la reparación. Estima la Sala en consonancia con otras resoluciones anteriores (sentencia nº 406/97 de 22 de diciembre de 1997) que debe atenderse preferentemente al tiempo real de inmovilización sobre el tarifado por los talleres y compañías aseguradoras, salvo en supuestos de diferencias que por su importancia sean de difícil justificación. Lo contrario implica presuponer que, desde que el coche entra hasta que teóricamente debe de salir la dedicación de los mecánicos del taller al vehículo ha tenido que ser exclusiva, lo que no siempre sucede, porque dependiendo de las averías o daños padecidos, existen unos tiempos de espera-- no solo los tiempos de demora entre sección es que, por un lado, no se computan dentro del concepto «mano de obra», y por otro, resultan de aplicación ineludible (piénsese en el tiempo de espera de los peritos respecto de su presencia en talleres, en el de recepción de piezas de recambio no preexistentes en el taller, en el tiempo de secado de las capas de pintura aplicadas, o en los tiempos de descanso obligatorio de los mecánicos, por citar algunos ejemplos). En suma, la demora en la reparación no puede perjudicar al propietario del vehículo cuando éste no interviene como factor coadyuvante en esa demora.

También en igual sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, Sección 2ª, de 18 de abril de 2002, en un caso similar expone que "este Tribunal ya viene sustentando en reiteradas ocasiones, como lo hace el juzgador a quo, que en los supuestos de paralización no puede computarse exclusivamente las horas o días de efectiva reparación, sino las que efectivamente se hayan producido, a no ser que en esa cadena hubiera intervención del propio perjudicado. Habitual es la práctica de tener que dejar el vehículo porque también hay otros vehículos en reparación o mientras llegan las piezas a sustituir. Ese tiempo de mas no es responsabilidad ni imputable al perjudicado, como no lo sería la mayor duración de una alta médica derivada de que el perjudicado estuviere en lista de espera para una concreta operación".

6º) CONCLUSION: Partiendo de las anteriores premisas consideramos que el demandante deberá ser indemnizado por el gasto relativo al vehículo de sustitución utilizado durante el periodo de reparación, admitiéndose por la Aseguradora demandada al menos 7 días, y considerándose que el periodo de 50 días resulta excesivo en atención a la importancia de la reparación realizada, se considera prudencialmente, a falta de pericial al respecto, que el periodo de paralización efectiva no puede superar los 20 días, y por ello deberá estimarse parcialmente el recurso revocando la sentencia de instancia y valorando en la cantidad de 400 euros el perjuicio por paralización sufrido por la parte actora.

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