jueves, 17 de marzo de 2016

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRAFICO SE PUEDE ACORDAR LA SUSTITUCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR LA CONSTITUCIÓN DE UNA RENTA VITALICIA A FAVOR DEL PERJUDICADO



LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA QUE EN CASO DE ACCIDENTE DE TRAFICO SE PUEDE ACORDAR LA SUSTITUCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA INDEMNIZACIÓN FIJADA POR LA CONSTITUCIÓN DE UNA RENTA VITALICIA A FAVOR DEL PERJUDICADO.

1º) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 27 de mayo de 2015, nº 262/2015, rec. 1459/2013, considera que en caso de accidente de tráfico, podrá acordarse la sustitución total o parcial de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia a favor del perjudicado. La renta vitalicia tiene carácter sustitutorio y no podrá superar la suma que correspondería a tanto alzado con arreglo a baremo. Mediante la pensión también se acuerda resarcir los perjuicios económicos por pérdida de ingresos, perjuicios morales, gastos médicos y de asistencia futura. La determinación de la cuantía de la indemnización no es revisable, por no apreciar arbitrariedad ni desproporción en su concesión.

2º) Por lo que respecta al resarcimiento del daño mediante una renta vitalicia, el sistema posibilita que la indemnización fijada con arreglo al mismo se sustituya en todo o en parte por el pago de una pensión o renta vitalicia y así lo dispone el apartado 8 del apartado Primero del Anexo: "En cualquier momento podrá convenirse o acordarse judicialmente la sustitución total o parcial de la indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia en favor del perjudicado".

La sentencia del TS de 18 de junio de 2013 declara que "el baremo establece la posibilidad de un doble sistema indemnizatorio a elegir entre una indemnización global que se establece en función de distintos factores, entre otros el de la edad de la persona lesionada, o la renta vitalicia. Lo que no es posible son los dos". Lo que esta Sala quiso decir, en línea con la doctrina constitucional (STC 5/2006 (EDJ 2006/1557) "Si la sustitución puede ser parcial es obvio que pueden darse conjuntamente indemnización y renta") es que no existen dudas en cuanto a la compatibilidad entre la indemnización a tanto alzado y la renta vitalicia, salvo que la indemnización concedida a tanto alzado fuera la máxima posible (porque entonces no podría tener lugar una sustitución parcial).

Por tanto, una vez determinada la cuantía indemnizatoria con arreglo a baremo cabe indemnizar solo una parte con una suma a tanto alzado y sustituir la parte restante por una renta vitalicia o sustituir la totalidad de aquella por una renta vitalicia. De optarse por esta solución, surge el problema de si la cuantía de la renta vitalicia puede llegar a superar el límite que para la indemnización por el concepto discutido (gran invalidez) se establece en el baremo (Tabla IV). Sobre este punto no se ha pronunciado específicamente la jurisprudencia de esta Sala y como se indica en el recurso, se trata de una cuestión no pacífica en la doctrina menor pues existen Audiencias que, como en este caso, consideran que la pensión vitalicia es un concepto indemnizatorio autónomo y otras que consideran, por el contrario, que tiene carácter o naturaleza sustitutiva de la indemnización fijada, sin que puedan por tanto excederse en su cuantificación los límites cuantitativos del baremo.

3º) La STC 5/2006 otorgó el amparo solicitado por un menor inválido al que se suprimió la pensión vitalicia que se le había concedido inicialmente por el órgano inferior. La sentencia acoge en principio el criterio de la naturaleza sustitutiva, no autónoma, de la pensión vitalicia. No obstante, argumenta que existen en el sistema legal de valoración razones que permiten entender que la indemnización concedida objeto de sustitución puede no tener límites, esto es, que puede exceder los límites del baremo, lo que conllevaría que no sería ilegal su sustitución por una renta vitalicia igualmente no limitada por aquel. Dice lo siguiente: "en la aplicación de la tabla IV, a diferencia de lo que sucedía originariamente con la tabla V, no existen siempre límites máximos. Así, en primer término, es de señalar que el punto 1.6 del anexo preveía entonces -y sigue previendo- que "(a)demás de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica y hospitalaria", y que precisamente podía entenderse a partir de la fundamentación al respecto de la Sentencia de instancia que parte de la renta vitalicia iba destinada a sufragar tal tipo de gastos, pues no es descartable que la clase de secuelas del menor requieran no sólo cuidados permanentes, sino también asistencia médica y hospitalaria periódica o permanente. Procede también puntualizar que la propia tabla IV del baremo incluía entonces -e incluye ahora- como criterio autónomo de valoración los "elementos correctores del apartado primero 7 de este anexo" y que a tal criterio no corresponde como respecto del resto de criterios que componen la tabla IV una cuantificación máxima, en enteros o porcentajes, sino que este criterio se señala "sin cuantificación". Por consiguiente, en la tabla IV resulta posible tener en cuenta como criterios correctores "sin cuantificación" y, por tanto, sin máximo, los criterios del apartado 1.7, que afirma que "la indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. Para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados se tienen en cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado". En concreto describía -y describe- como elemento corrector de agravación en las indemnizaciones por lesiones permanentes "la producción de invalideces concurrentes". 

4º) Según la sentencia del TS de 22 de noviembre de 2010, cabe el resarcimiento de los gastos médicos futuros sin necesidad de acudir a la jurisprudencia favorable a que se indemnice el lucro cesante. Ello es así, según se afirma, de una parte, porque el criterio o regla sexta del apartado Primero del Anexo, en redacción vigente a fecha en que sucedieron los hechos, dispone que los gastos de asistencia médica y hospitalaria se han de satisfacer en todo caso, además, esto es, con independencia, de la indemnización que con arreglo a las tablas proceda conceder por el resto de conceptos indemnizatorios (muerte , lesiones permanentes, determinantes o no de invalidez e incapacidades temporales, regla 5ª del mismo apartado Primero), siendo también relevante que la regla 7ª señale que la indemnización de los daños psicofísicos ha de entenderse "en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud". Y de otra parte, porque también los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil consideran daño patrimonial resarcible toda disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso, de modo que al referirse a la indemnización del daño corporal establecen (artículo 10:202) que dicho daño patrimonial incluye "la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad de obtenerlos (incluso si no va acompañado de una pérdida de los mismos) y los gastos razonables, tales como el coste de la atención médica".

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EL BAREMO DE ACCIDENTES DE TRAFICO ES APLICABLE PARA CUANTIFICAR LA INDEMNIZACIÓN A LAS RESPONSABILIDADES MEDICO SANITARIAS



LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA QUE EL BAREMO DE ACCIDENTES DE TRAFICO ES APLICABLE PARA CUANTIFICAR LA INDEMNIZACIÓN A LAS RESPONSABILIDADES MEDICO SANITARIAS.

1º) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 27 de mayo de 2015, nº 262/2015, rec. 1459/2013, declarara que es reiterada jurisprudencia que establece que el denominado baremo de tráfico o sistema legal de valoración del daño corporal incorporado al Anexo de la Ley 30/95 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, es aplicable a otros sectores distintos de la circulación, como el de la responsabilidad médico sanitaria (SSTS de 18 de febrero de 2015; 6 de junio de 2014; 16 de diciembre de 2013; 18 de junio de 2013; 4 de febrero de 2013 y 14 de noviembre de 2012, entre las más recientes), siempre "con carácter orientativo no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima que informa los arts. 1106 y 1902 del Código Civil ".

2º) Su aplicación con carácter orientador no solo no menoscaba el principio de indemnidad de las víctimas en supuestos de responsabilidad médica, sino que la mayoría de las veces son ellas, como en este caso, las que acuden a este sistema de valoración para identificar y cuantificar el daño entendiendo que, en esa siempre difícil traducción a términos económicos del sufrimiento causado, no solo constituye el instrumento más adecuado para procurar una satisfacción pecuniaria de las víctimas, sino que viene a procurar al sistema de unos criterios técnicos de valoración, dotándole de una seguridad y garantía para las partes mayor que la que deriva del simple arbitrio judicial.

Ahora bien, su aplicación debe ser íntegra y no solo en los aspectos que las partes consideren más favorables a sus intereses, señalando la sentencia del TS de 18 de junio de 2013, para un caso en el que se había reclamado una pensión vitalicia, que "lo que no es posible es tenerlo en cuenta cuando le interesa y apartarse del mismo si le resulta perjudicial para, como en este caso, conseguir una renta vitalicia incompatible con la indemnización que se determina".

Según la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS, la aplicación del baremo con valor orientador tiene dos limitaciones. Una, que el Tribunal no puede alterar los términos en que el debate fue planteado, y deberá resolver en atención a las circunstancias concurrentes, determinando la indemnización que corresponda con arreglo a dicho sistema; y otra que aun siendo posible revisar en casación la aplicación de la regla conforme a la cual debe establecerse, en los casos en que se haya inaplicado, se haya aplicado indebidamente o se haya aplicado de forma incorrecta, en ningún caso, en cambio, podrá ser objeto de examen en casación la ponderación y subsiguiente determinación del porcentaje de la cuantía indemnizatoria fijada por la norma para cada concepto que el tribunal de instancia haya efectuado en atención al concreto perjuicio que consideró acreditado (STS de 14 de noviembre de 2012, con cita de las de 6 de noviembre 2008; 22 de junio 2009 y 29 de mayo de 2012).

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lunes, 14 de marzo de 2016

EL ESTADO ES RESPONSABLE DE INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS COMETIDOS POR UN PRESO TRAS NO REINTEGRASE AL CENTRO PENITENCIARIO TRAS UN PERMISO DE SALIDA.


EL ESTADO ES RESPONSABLE DE INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS COMETIDOS POR UN PRESO TRAS NO REINTEGRASE AL CENTRO PENITENCIARIO TRAS UN PERMISO DE SALIDA.

1º) Una sentencia de la Audiencia Nacional (AN) de fecha 6 de diciembre de 2015, establece que el Estado es responsable de los delitos cometidos por los presos cuando éstos se encuentran de permiso penitenciario.

La sentencia de la AN asevera que la responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en postulados objetivos, sin que requiera la concurrencia de culpa o negligencia. No obstante, se subraya que subiste el requisito de que el daño causado sea antijurídico y, por lo tanto, que constituya un perjuicio que no deba ser soportado por el perjudicado.

"No se reprocha la existencia de fracasos en la concesión de los permisos, que tienen carácter inevitable", asegura el ponente, el magistrado Benito Moreno, "sino solamente que el riesgo que la sociedad conscientemente asume para intentar lograr la resocialización de los penados debe ser soportado por el conjunto de los ciudadanos".

La AN argumenta que la víctima, en un caso así, no puede quedar desamparada. Las consecuencias de los riesgos que conllevan los permisos, continúa, no pueden recaer sólo en "aquellos en quienes se concretan los resultados dañosos de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben ser compartidos en virtud de un principio de solidaridad por el conjunto de la sociedad que sufraga el presupuesto público".

2º) La sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 5ª, de 10 de julio de 2013, rec. 1096/2010, reconoce el derecho de la actora a ser indemnizada como consecuencia de los daños y perjuicios causados por el recluso, tras no reintegrarse en el centro penitenciario después de haber disfrutado de un permiso.

La Administración tuvo un funcionamiento anormal en la adopción de las medidas correspondientes dirigidas a la detención del preso fugado, lo que puede determinar la generación de la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración, que se valora en 30.000 euros, ya que no puede olvidarse que la causa inmediata de los daños causados es la conducta delictiva del interno.

El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, por la que se desestima la reclamación de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial formulada por la interesada por funcionamiento anormal de la Administración, como consecuencia de los daños y perjuicios causados por el interno D. Ovidio, el día 9 de enero de 2007 tras no reintegrarse en el centro penitenciario después de haber disfrutado de un permiso de salida.

3º) El artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, proclama el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión sufrida en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión fuera consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

En la interpretación de estas normas, el Tribunal Supremo ha estimado que para exigir responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos es necesario que concurrieran los siguientes requisitos o presupuestos: 1º) Hecho imputable a la Administración; 2º) lesión o perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas; 3º) relación de causalidad entre hecho y perjuicio, y 4º) que no concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad. O, como señala el mismo Alto Tribunal en sus Sentencias de 14 de julio y 15 de diciembre de 1986, para que nazca dicha responsabilidad era necesaria " una actividad administrativa (por acción u omisión -material o jurídica-), un resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba al que reclama; a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de la fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración".

4º) En cuanto a los permisos de salida, la AN entiende que son otorgados por la Administración Penitenciaria conforme al marco normativo aplicable. El trato penitenciario concedido fue estudiado y analizado, teniendo en cuenta la situación penitenciaria y personal del interno y la finalidad de la reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad, ex art. 25.2 de la CE, que impide la existencia de un sistema penitenciario que mantenga aislado al interno de la sociedad.

Acorde con esta exigencia constitucional, se impone a todos los ciudadanos la carga general de soportar esa finalidad de la reinserción, aunque puede comportar en ocasiones la obligación de indemnizar. Dicho en palabras del Tribunal Supremo "la sociedad objetivamente debe asumir en la concesión de permisos penitenciarios, porque sí lo impone la función de resocialización propia de la pena que establece la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por España, no es adecuado, con arreglo a la conciencia social, que sean soportados de manera individual por aquellos en quienes se concretan los resultados dañosos de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben ser compartidos en virtud de un principio de solidaridad con el conjunto de la sociedad" (STS 16 de diciembre de 1997).

No obstante, la obligación de indemnizar no se produce de modo automático en todos estos supuestos. En este sentido, continúa la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo señalando que " la obligación de la sociedad de asumir los daños derivados del fracaso de los permisos penitenciarios y la consiguiente responsabilidad patrimonial de la administración sólo se produce cuando es posible demostrar, como en el caso enjuiciado ha ocurrido, que la comisión de los hechos dañosos tenía relación con una peligrosidad del penado anterior a la salida del establecimiento penitenciario que objetivamente pudo ser apreciada y no lo fue por las autoridades penitenciarias”.

5º) En el presente caso, no consta información suficiente como para poder cuestionar que el permiso de salida fue otorgado dentro de la legalidad, teniendo en cuenta la falta de datos que permitieran predecir un comportamiento peligroso del interno.

Cuestión distinta es la actitud de la Administración tras la falta de ingreso del interno en la prisión el día de finalización del permiso de salida (4 de diciembre de 2006). La Administración Penitenciaria comunicó la no reincorporación del preso tres días después de que ocurriera (7 de diciembre de 2006) al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, Juzgado de lo Penal número 5 de Valencia, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valencia, Juzgado de Guardia de Picassent, Jefatura Superior de Policía de Valencia y Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.

Asimismo, como señala la parte actora, una vez recibida dicha comunicación por los mencionados Juzgados y Autoridades no consta en el expediente administrativo ninguna orden de búsqueda y captura para conseguir o, al menos, intentar un rápido reingreso del interno en la prisión, evitando así que volviera a delinquir. Por ello, cabe concluir con la demandante que hubo dejadez o desidia de la Administración en la adopción de las medidas correspondientes dirigidas a la detención del preso fugado. Esta actuación, que cabría calificar de funcionamiento anormal, que puede determinar (cumplidos los demás requisitos exigidos) la generación de la pretendida responsabilidad patrimonial de la Administración.


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