LA PRESUNCION DE VERACIDAD DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL FICHERO INFORMATIVO DE VEHICULOS ASEGURADOS (FIVA): El nuevo artículo 23 del Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio del responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor, regula el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (F.I.V.A.).
Todas las entidades aseguradoras que cubran mediante el seguro obligatorio la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor con estacionamiento habitual en España, deberán comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda, mediante su remisión al Consorcio de Compensación de Seguros, los datos relativos a los vehículos asegurados por ellas, así como los relativos al representante para la tramitación y liquidación de siniestros designado por la entidad aseguradora en cada uno de los Estados del Espacio Económico Europeo, con el contenido, la forma y en los plazos que se establecen en este reglamento y en las resoluciones a que éste se refiere.
La información contenida en el fichero (art. 23.3), gozará de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario.
Dicha regulación mantiene el mismo contenido existente en el art. 23.3 del derogado Real Decreto 7/2001 de 12 de enero, regulador del Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, que establecía también en su artículo 23.3 que la información contenida en el fichero informativo de vehículos asegurados (FIVA) gozará de presunción de veracidad a efectos informativos, salvo prueba en contrario.
Sobre dicha presunción de veracidad del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), ya ha sido tratado de forma detallada por parte de la jurisprudencia de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Las Palmas (SAP de la Sección 1ª de 9 de junio de 2006). De hecho se analizaba en la reciente sentencia de la Sección Tercera, de fecha 20 de mayo de 2005 en la que literalmente se afirmaba que ha de indicarse que en la fecha del siniestro ya se encontraba vigente el Real Decreto 7/2001 de 12 -de enero, por el que se apruebó el Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, estableciéndose en su artículo 23.3 que la información contenida en el fichero informativo de vehículos asegurados (FIVA) gozará de presunción de veracidad a efectos informativos, salvo prueba en contrario. Tal fichero, como se señala en dicho texto legal, se provee de los datos que precisamente las aseguradoras en cumplimiento de la normativa al respecto proporciona al Ministerio de Economía.
Sin que dicha presunción de veracidad tenga contradicción con lo establecido por el artículo 15 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro : "Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación. En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.
Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pagó la prima".
A la vista del precepto indicado, es doctrina consolidada, que el impago de la primera prima genera un efecto suspensivo inmediato, pero no un efecto extintivo del contrato; en tal supuesto, la aseguradora puede optar entre resolver el vinculo o exigir el abono de la prima, pero mientras no ejercite la facultad de resolución, el contrato subsiste; quedando obligada la aseguradora a indemnizar al tercero perjudicado, a quien no se puede oponer la excepción personal de falta de pago de la prima, sin perjuicio de la facultad de repetición frente al asegurado por causas derivadas del contrato de seguro. Y ello por cuanto la suspensión de la cobertura que establece el art. 15 Ley de Contrato de Seguro se produce en las relaciones entre asegurador y asegurado estando liberado temporalmente el asegurador del deber indemnizatorio frente al asegurado hasta que se produzca la resolución o extinción legal del contrato o la consecuencia rehabilitadora que prevé el párrafo último de dicho precepto; o dicho de otro modo, se estima que el contrato ha de considerarse vigente en tanto no se rescinda por la entidad aseguradora, no obstante el impago de la prima, al no comportar éste, per se, esa forma extintiva, como lo demuestra la posibilidad de las dos acciones que se conceden al asegurador, a saber:
a) Reclamar el pago a través del procedimiento judicial que corresponda (incluso la vía ejecutiva).
b) Por aplicación del art. 1124 del C. Civil declarar unilateralmente resuelto el contrato por incumplimiento de la obligación de pago, el cual producirá sus efectos desde que auténticamente se le haga saber al asegurado. Por tanto, y a su vez, como acaba de decirse, la doctrina mayoritaria sostiene que este efecto suspensivo no es oponible al tercero perjudicado que ejercita la acción directa que consagra el art. 76 por ser inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador frente al asegurado, no pudiendo en definitiva oponer el asegurador frente al tercero perjudicado el incumplimiento por el asegurado de su obligación de pago de la prima ni la suspensión del contrato por esta causa, por ser una excepción de carácter personal del asegurador frente al asegurado, criterio que es aceptado y expuesto por el TS (Sala 2ª) en SS. 1.12.89, 16.5.9 y 18.9.91.
En concreto, y aunque sea una reiteración, en interpretación del referido precepto legal, la S.T.S. de 16 de mayo de 1991 señala que "el caso del impago de la primera, o única, prima pactada, da derecho a la aseguradora a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida, de no existir pacto en contrario, y no habiéndose pagado la prima antes de que se produzca el siniestro, el asegurador queda liberado de su obligación, de manera que si, al acaecimiento de un riesgo determinado, ni se ha satisfecho la prima, ni se ha rescindido formalmente el contrato por la aseguradora, dicho contrato permanecerá en suspenso, cesando la obligación de la compañía, con pérdida del derecho a la indemnización por parte del asegurado y beneficiarios".
Esta doctrina es reiterada en SS del T.S. de 30 de marzo de 1989 y 19 de mayo de 1990 , en las que se expone que, cuando el impago se produce en las circunstancias señaladas, el contrato se encuentra en suspenso, sin virtualidad para exigir contraprestación por parte del asegurado, pero no rescindido o extinguido. En suma, afirma nuestro mas Alto Tribunal, mientras no ejercite la aseguradora en debida forma su facultad de resolución, el contrato subsiste; en tal situación el asegurador queda obligado a indemnizar al tercero perjudicado, a quien no se puede oponer la excepción personal de falta de pago de la prima (art. 6, párrafo primero, de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor ), sin perjuicio de la facultad de repetición que establece el art. 7, apartado c, de la mentada Ley frente al asegurado, por causas derivadas del contrato de seguro. Y ello ha de ser así en concordancia con lo dispuesto en el art. 8. 1 b) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor , que condiciona la obligación indemnizatoria del Consorcio a la inexistencia de seguro, siendo así que, en el supuesto de impago de la prima, y mientras no se haya producido su rescisión, el contrato subsiste, conforme a la antedicha doctrina jurisprudencial, por más que su efectividad se encuentre suspendida, con posibilidad por parte del asegurador de reclamar el abono de la prima pendiente. Por otra parte, la suspensión de cobertura produce efectos interpartes, con posibilidad de ser aducida y opuesta al asegurado, pero no frente al tercero perjudicado por el accidente, al tratarse de una excepción de carácter personal, eficaz ante la otra parte en la relación convencional, pero inoponible al tercero perjudicado en caso de ejercicio de la acción directa contra el asegurador (véase la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se fecha 1 de diciembre de 1989).
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