sábado, 23 de febrero de 2019

La reclamación de la indemnización por vestuario de aquellos policías nacionales que realizan las funciones denominadas comúnmente como de "escoltas".


No existe  desarrollo reglamentario ni jurisprudencia del Tribunal Supremo que ampare la reclamación de la indemnización por vestuario de aquellos policías nacionales que realizan las funciones denominadas comúnmente como de "escoltas".  Por lo que existen dos posturas encontradas en la jurisprudencia menor de los Tribunales Superiores de Justicia, atendiendo a cada caso en concreto.

PRIMERO: Posturas favorables a la indemnización por vestuario de aquellos policías nacionales que realizan las funciones denominadas comúnmente como de "escoltas". 

A) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, de 3 de septiembre de 20198, nº 507/2018, rec. 240/2017, declara que, la falta de desarrollo reglamentario que se circunscribe a aquellos que realizan las funciones denominadas comúnmente como de "escoltas" no puede ser razón suficiente para privar a los miembros del CNP de las indemnizaciones de vestuario.

B) HECHOS: La parte recurrente impugna la Resolución de la Dirección General de la Policía de 13 de marzo de 2017 por la que se desestima la indemnización de vestuario , por vestir ropa de paisano durante el periodo reclamado, en concreto desde el 22 de julio de 2013 hasta 23 de diciembre de 2016. La solicitud tenía como registro de entrada 23 de diciembre de 2016.

Solicita en su demanda que se le reconozcan los servicios prestados durante el periodo indicado por cuanto desempeñó sus servicios vistiendo ropa de paisano.

Interesa que se anule la resolución impugnada y que se reconozca su derecho a percibir la indemnización por vestuario conforme se solicita durante el tiempo indicado más los intereses legales desde la fecha de la solicitud en vía administrativa sobre las cantidades líquidas de esa retribución hasta su efectivo pago.

C) Este mismo Tribunal ya ha dictado numerosas sentencias estimando la pretensión de la demanda, en aquellos casos en que se acredita que el servicio policial se presta, efectivamente, con ropa de paisano. Así lo hemos venido diciendo por ejemplo, a partir de la sentencia de 20 de junio de 2.001 y la de 1 de febrero de 2.002, entre otras (como más recientes cabe citar la Sentencia núm. 363, de 22 de marzo de 2012, recurso 316/09 y la Sentencia núm. 763, de 21 de junio pasado dictada en el recurso 685 09) que contienen ampliamente los razonamientos en que se fundamenta la estimación de la demanda y que no es menester reproducir por ser sobradamente conocidos por las partes.

De una valoración conjunta de las alegaciones y razonamientos jurídicos de la demanda, escrito de contestación a la misma, en relación con la prueba practicada a la que se ha hecho referencia más arriba, especialmente la documental aportada a instancia del demandante, junto al respeto a la doctrina sentada en otra sentencias en supuestos similares, se llega a la conclusión, por unanimidad que debe prosperar también la acción jurisdiccional ejercitada.

En definitiva, la recurrente ha prestado efectivamente el servicio policial en ropa de paisano, por lo que el fundamento de la indemnización solicitada se encuentra en el artículo 15 del Real Decreto 1484/87 de 4 de diciembre, donde se regula el uso del uniforme reglamentario en los destinos y servicios que en el mismo se relacionan.

Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 311/88, de 30 de marzo, se prevé que el funcionario puede percibir indemnizaciones por vestuario.

Y en el mismo sentido, la Orden Ministerial de 6 de marzo de 1.989, donde se regula el uniforme de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, donde entre otras cosas, se dice que dicho uniforme "presentará las peculiaridades necesarias con relación a determinadas Unidades Especiales y Servicios específicos que así lo requieran".

D) El Abogado del Estado viene a señalar que una estimación de este recurso comportaría que se tuviera que conceder dicha indemnización a todos los funcionarios públicos y que la denegación resulta de la propia L.F.C.E.

No obstante, no cabe comparar a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía con el resto de funcionarios públicos. En primer lugar porque, como se ha venido examinando por este Tribunal, el CNP tiene unas normas específicas, derivadas de su propia función. Y una de las especificidades es la utilización del uniforme que les identifica como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Precisamente, cuando los miembros del Cuerpo no visten de uniforme y han de utilizar "ropa de paisano" es por necesidades del servicio. Tales necesidades están específicamente previstas en el caso de los escoltas (donde se les exige una indumentaria apropiada a tal función), pero también en otros casos en los que para que su actuación sea efectiva han de adoptar una indumentaria apropiada a las circunstancias del caso (ambientes en los que se mueven, etc.) y tal indumentaria puede incluso ser utilizada por los funcionarios solo cuando desempeñan dichas funciones lo que les obliga a destinar unos recursos propios para cumplir eficazmente con su función. Luego estas especificidades evidencian que no estamos ante situaciones comparables.

E) Hemos examinado en otras sentencias la incidencia que pudiera tener en este proceso la Orden INT/2122/2013, de 8 de noviembre, por la que se regula la indemnización por vestuario a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que se ajusta al Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la cual prevé en el artículo 5 y en lo que ahora interesa, indemnizaciones por razón de vestuario, cuando así proceda, al personal incluido en el ámbito de aplicación del mismo, de acuerdo con las condiciones y cuantías fijadas en sus respectivas normas específicas, y que faculta la disposición final primera al Ministro del Interior para dictar, en el ámbito de su competencia, cuantas normas precise el desarrollo del real decreto.

En absoluto dicha nueva normativa incide en la doctrina que ha mantenido este Tribunal. Debemos retroceder a la Sentencia del TSJ de Cataluña nº 603/2001, de 20 de junio (recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1220/99, tramitado como pleito testigo) que hacía un examen exhaustivo sobre esta cuestión, partiendo de 25-5-93 de la Sección 2ª de la Sala (recurso 1662/91), "en pleito prácticamente idéntico al presente (indemnización por vestuario por uso de ropa de paisano en servicio, tras citada Orden de 6-3-89), estimó el recurso en lo sustancial, declarando el derecho a percibir tal indemnización (en la forma que determina su fallo), en base a lo que sigue, en extracto:

a) El RD 311/88, de 30-3, en su artº 5 recoge la percepción de la indemnización por vestuario "de acuerdo con las condiciones y cuantías fijadas en sus respectivas normas específicas".

b) El cuidado en el aseo, exigido y exigible a este Cuerpo, incluso o especialmente cuando actúa de paisano (se trata de funcionarios con destino en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Barcelona (Sección de Seguridad y Protección-Grupo de Escoltas), justifica tal indemnización , que, en tal caso, suele ser a cargo (en todo o en parte) de la Empresa o Administración Pública empleadora, lo que concuerda con el criterio general del Derecho laboral al efecto.

c) Ante la ausencia de normas específicas (la OM de 1989 no contempla esto), la cuantificación se fija por la sentencia en la cuantía equivalente al uniforme oficial de trabajo (modalidad verano e invierno), según periodicidad establecida en su duración.

Por su parte, la sentencia del TSJ de Cataluña de 26-8-93 de la Sección 1ª de la Sala, en un supuesto de policías adscritos a la Sección de Protección de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Barcelona (igual que los de la anterior sentencia citada), con funciones tanto de protección estática (sin uniforme) o dinámica (con uniforme reglamentario), desestima la pretensión actora en base a lo que sigue, igualmente en extracto:

a) El citado art. 5 del RD 311/88, en que se basa la demanda, dentro del epígrafe relativo a gratificaciones por servicios extraordinarios (que no pueden ser fijos en su cuantía, ni periódicas en su devengo, concediéndose según los créditos presupuestarios asignados a tal fin), remite en esta materia a las normas específicas al efecto, que no recogen este supuesto.

b) Cuando van de paisano, los funcionarios policiales no precisan vestuario específico (basta el uso de chaqueta y corbata, lo que no equivale a tal vestuario específico).

c) No existe por ello soporte normativo para la pretensión que se deduce, que no puede prosperar, con independencia de que razones de oportunidad puedan, en su caso, aconsejar otra solución normativa al respecto.

F) NO EXISTE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: En esta tesitura, cabe y debemos acudir, antes de decidir la controversia, a la doctrina de otros TS de Justica al efecto, supuesto que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado al respecto, que conozcamos, hasta el momento presente.

Así el TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencias de 15-2-99 (recurso 932/96) y 3-11-98, desestima idéntica reclamación, que toma por base en el primer caso, la citada sentencia de 25-5-93 de esta Sala (Sección 2ª), cuya extensión de efectos se pide además, sin éxito, en la litis. El TSJ de Andalucía (Sevilla) en sentencia de 22-3- 00 desestima pretensión cuanto menos muy semejante. Idem el TSJ de Madrid en sentencias de 10-11-99, 1-10-99 y 1-7-99), entre otras.

En tales casos las Salas de dichos Tribunales Superiores de Justicia insisten en que la pretensión carece de apoyo legal, al suministrar la Administración la ropa de uniforme al funcionario policial para la prestación del servicio.

G) NORMATIVA LEGAL: Así las cosas, en trance de decidir esta litis, en el ámbito de lo previsto en el art. 37.2 LJCA 98, vista la postura de nuestros Tribunales al respecto hasta la fecha, y los argumentos en favor y en contra ya señalados y extractados, resulta conveniente, en primer lugar, recoger la evolución normativa de esta retribución en litigio.

Partiendo del RD 1781/1984, de 26-9, que desarrolla parcialmente (en materia de retribuciones complementarias y otras remuneraciones) el RD-Ley 9/84, de 11-7, de retribuciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tenemos que en el apartado de "otras remuneraciones", prevé, además de las indemnizaciones por razón del servicio y de residencia, por vivienda y las gratificaciones, las indemnizaciones por vestuario (art. 8-2 del mismo), que "se percibirán ... en las cuantías que fijen las consignaciones presupuestarias correspondientes".

En desarrollo de lo anterior, la OM de 23-10-84 (BOE 25-10-84), en su art. 6.3 señala que "la ayuda para vestuario se percibirá durante el año 1984 en las cuantías mensuales que se expresan en el citado anexo (se refiere al anexo III, que fija unas ayudas de 746 Ptas. para Oficiales Generales, 622 Ptas. para Jefes, Oficiales y Suboficiales y 372 Ptas. para Cabos, Guardias y Policías).

A su vez el RD 1414/87, de 4-12, sobre régimen jurídico y otras materias del Cuerpo Nacional de Policía, en la Sección 1ª de su Capítulo III, relativo a las uniformes, establece que estos funcionarios "actuarán de uniforme o sin él, en función del destino que ocupen o del servicio que desempeñen" (art. 13 del mismo).

Distingue los uniformes de gala y trabajo (éste último se utilizará, con carácter general, en toda clase de servicios (art. 15 del RD citado). A su vez el art. 16 determina y lista los destinos y servicios en que deberá vestirse de uniforme (entre ellos los de vigilancia y protección, salvo los de escolta personal), señalando que todos los demás destinos y servicios deberán realizarse sin vestir el uniforme reglamentario.

Seguidamente el RD 311/1988, de 30-3, sobre régimen retributivo de este Cuerpo Nacional, en sustitución del precedente, establece en su art. 5 que este personal percibirá, en su caso, entre otros conceptos (indemnizaciones por razón del servicio, por residencia y pensiones de recompensas y de mutación o invalidez)"... las indemnizaciones de vestuario ..., de acuerdo con las condiciones y cuantías fijadas en sus respectivas normas específicas". Estas indemnizaciones , por su encuadre en la norma, no tienen, como otros conceptos retributivos, vedado su carácter fijo o periódico, ni vinculado a los créditos presupuestarios asignados a tal fin (Vid RD citado al efecto).

Las retribuciones señaladas en este RD último (art. 7 del mismo) " absorben la totalidad de las correspondientes al anterior régimen retributivo fijado por RD Ley 9/84, de 11-7 y disposiciones complementarias al mismo..." (incluido pues el RD 1781/84, citado ex ante).

Por último, en desarrollo del RD 1484/87, de 4-12, sendas OOMM de 6-3-89 (BOE 17-3-89) y 30-11-90 (BOE 18-12-90) aprueban respectivamente el uniforme de trabajo general, en sus modalidades de invierno y verano, y el uniforme de trabajo en Unidades Especiales y Servicios Específicos, en ambas modalidades. Este último se refiere a unidades de intervención policial, de motos, de caballería y de guías-caninos.

Finalmente una Orden General del Cuerpo (nº 688, de 11-9-89) se refiere a toda esta materia, siendo así que, conforme recoge la Resolución recurrida, actualmente los uniformes se facilitan por la Administración, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En base a ello la citada Resolución, aquí litigiosa, sostiene que no existen ya las indemnizaciones por vestuario, antes previstas, como remuneración para sufragar los gastos que a estos funcionarios causaba la adquisición de su vestimenta de uniforme.

Resulta de interés destacar que el citado art. 5 del RD 311/1988, posterior al RD 1484/87, de 4-12, no ha sido formalmente derogado, sino que se ha previsto y regulado el uniforme reglamentario con cargo a la Administración empleadora.

Ahora bien es lo cierto además que, conforme a los arts. 13-15 del citado RD 1484/87 de 4-12, en materia de uniformes:

a) Los funcionarios policiales actúan en su prestación de servicios con uniforme o sin él, en función del destino que ocupen o del servicio que desempeñen. (artº 13 del mismo).

b) Los destinos no listados en el art. 15 del citado RD (y las excepciones a los listados, cual los de escolta personal) deben servirse sin el uniforme reglamentario.

H) CONCLUSION: A la vista de lo anterior, se deduce que la tesis de la Administración no es muy sostenible, en sede de igualdad de derechos de los funcionarios policiales, toda vez que:

1º) No es cierto que, cuando no se preste destinos o servicios de uso obligado del uniforme reglamentario, se pueda vestir de cualquier forma, ya que:

a) Hay instrucciones internas de uso de chaqueta y corbata en general, cual reconocen las partes.

b) Existen servicios, como es de conocimiento común, en que los funcionarios policiales deben vestir ropa adecuada a las circunstancias del lugar, ambiente, etc., para desarrollar sus tareas específicas de prevención e investigación de la delincuencia.

2º) No hay, como se ha dicho, una derogación expresa del RD 311/88 (posterior, se recuerda, al RD 1781/84 y 1484/87 citados), en este punto, tratándose además de la normativa general, con modificaciones posteriores, de carácter retributivo.

3º) Cierto es que, tras el RD 311/88, no se ha desarrollado la allí denominada "indemnización por vestuario", que se prevé conforme a sus normas específicas en cuanto a sus condiciones y cuantías, pero tal ausencia de desarrollo no necesariamente ha de implicar (no tiene que significar) su derogación por una normativa posterior de rango inferior, de desarrollo además de las disposiciones del citado y precedente Reglamento General del Cuerpo en materia de uniformidad (no en materia retributiva).

4º) En estos términos no parece razonable, ni adecuado a Derecho, en definitiva, entender que, existiendo destinos y/o servicios a prestar obligadamente de paisano (que son además todos los que no estén expresamente previstos como servicios y/o destinos de uniforme), los funcionarios policiales que no deban llevar uniforme no tengan que tener ninguna compensación económica por ello, si han de llevar ropa adecuada al servicio a prestar, siendo así que los demás tienen por completo sufragados los gastos de uniforme, al ser a cargo del erario público.

5º) Ello supone, desde luego, además, una discriminación prohibida por nuestro ordenamiento jurídico (artículo 14 CE), que resulta no justificada e irrazonable, toda vez que:

a) La antigua ayuda económica por vestuario se concedía indiscriminadamente, hubieren o no de vestir uniforme.

b) Hay exigencias de determinado o cierto tipo de vestuario en determinados servicios y destinos de prestación fuera del lugar de las dependencia oficiales de la D.G. de Policía (Comisarías etc...), en función de los cometidos a realizar.

c) La incorrección en el vestuario, en general, se contempla aquí como infracción disciplinaria, según ya vimos anteriormente.

d) No hay, se reitera, una derogación expresa del art. 5 del RD 311/88, percibiéndose ayudas por vestuario, desarrolladas por OM 23/10/84, hasta el desarrollo del RD 1484/87 citado por OOMM 6-3-89 y 30-11-90, que, se repite, se limitan a regular los diversos componentes del citado uniforme reglamentario en sus distintas modalidades.

e) La inexistencia de ayudas (o indemnizaciones) por vestuario se razona por la adquisición con cargo al Estado del uniforme reglamentario, pero ello olvida a los que prestan sus servicios de paisano, que, sin razón lógica, se ven privados de cualquier ayuda por ello.

6º) Tratándose de servicios y destinos en que puedan desarrollar las tareas vestidos de forma usual u ordinaria, valdría el argumento de la Abogacía del Estado de que, de aceptarse la tesis actora, había que abonar indemnización por vestuario a todos los funcionarios (también a todos los trabajadores en general, en cuanto sufraguen a su costa la ropa usual de su propiedad, que visten durante su horario de trabajo), pero tal aserto no es aquí cierto, en buena medida o en ciertos o muchos servicios o cometidos, en base a las funciones específicas de la institución policial.

7º) Ante la falta de desarrollo normativo de la materia y ante la imposibilidad o al menos suma dificultad de aplicar las cuantías de las antiguas ayudas por vestuario, dado lo dispuesto en el citado art. 7 del RD 311/88 (absorción de la totalidad de las retribuciones del sistema anterior por el sistema retributivo previsto en dicho RD, incluidas sus disposiciones complementarias), debe limitarse aquí la parte dispositiva de esta sentencia a sentar o establecer el derecho en los términos vistos (derecho a las indemnizaciones por vestuario, para personal que presta servicios o destinos en que haya que utilizar vestuario de paisano adecuado a la índole del servicio policial a prestar), dado que corresponde a la Administración, y no por supuesto a los Tribunales de Justicia, normar reglamentariamente en la materia, desarrollando con ello, tal cual ocurría anteriormente (OM 23-10-84, citada), la previsión de normas específicas en materia de indemnizaciones por vestuario.

No resulta adecuado, ni viable, establecer la cuantía de las indemnizaciones de ayudas por remisión al valor del uniforme reglamentario, porque ambas magnitudes o términos de comparación no son parangonables o equiparables, dado lo expuesto.

8º) Estos razonamientos no han resultado desvirtuados por la nueva normativa que regula el régimen retributivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, que sigue recogiendo dentro de las otras retribuciones e indemnizaciones al personal incluido en el ámbito de aplicación de dicho Real Decreto las indemnizaciones que percibirán los funcionarios "cuando así proceda" "correspondientes" por razón de, entre otras, vestuario, de acuerdo con las condiciones y cuantías fijadas en sus respectivas normas específicas ( art. 5º), y desconociendo que la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuye a los miembros del dichas Fuerzas y Cuerpos "entre otras funciones" la de velar por la protección y seguridad de altas personalidades, pero que éstas no son las únicas funciones o actividades que exijan a los funcionarios del CNP no vestir de uniforme. En definitiva, la falta de desarrollo reglamentario que se circunscribe a aquellos que realizan las funciones denominadas comúnmente como de "escoltas" no puede ser razón suficiente para privar a los miembros del CNP de dichas indemnizaciones, tal se razonaba suficientemente en las Sentencias citadas.

Por lo demás, las alegaciones del Abogado del Estado relativas a que de seguirse con este criterio la Administración se vería obligada a pagar una indemnización por vestuario a todos sus funcionarios no solo no son de recibo sino que desconocen las concretas funciones de la policía nacional, cuando desempeñan determinadas funciones operativas, de investigación, etc., y el mayor riesgo (además del superior riesgo de sufrir deterioro) que comporta el uso habitual de su vestuario.

9º) Teniendo en cuenta la prueba practicada, procede la estimación de la presente demanda y en consecuencia reconocer el derecho del demandante a percibir la indemnización por vestuario durante el periodo de 22 de julio de 2013 hasta el día 23 de diciembre de 2016. Ello en los términos del oficio que obra al expediente remitido, más los intereses legales que correspondan desde la fecha de presentación de la reclamación en vía administrativa.

SEGUNDO: Posturas desfavorables a la indemnización por vestuario de aquellos policías nacionales que realizan las funciones denominadas comúnmente como de "escoltas", de otros Tribunales Superiores de Justicia.

A) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,  Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 28 de abril de 20012, nº 386/2011, rec. 905/2009, desestimó la petición de indemnización por vestuario equivalente al importe del uniforme de trabajo, referente a los policías nacionales que usan trajes en tareas de protección de personalidades.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se apoyaba en su previa sentencia de 30 de abril de 2009 (proceso contencioso-administrativo nº 1235/2007), que resolvió "que las retribuciones de los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se encuentran reguladas en el Real Decreto 311/1.988, de 30 de marzo, normativa en base a la cual se homologan las retribuciones aludidas al sistema general que rige para la función pública, sin perjuicio de las peculiaridades propias de dicho Cuerpo. Es el artículo 5 de dicha normativa en el que se establece que el personal al que se refiere el Real Decreto de que se viene haciendo mérito percibirá, "en su caso”, las indemnizaciones correspondientes por razón de servicio, la ayuda familiar, la indemnización por residencia, las indemnizaciones de vestuario y las pensiones de recompensas y mutilación o invalidez, de acuerdo con las condiciones y las cuantías fijadas en sus respectivas normas específicas, previsión que, como habremos de convenir, no deja lugar a la duda respecto a que todos los conceptos retributivos aludidos no se perciben siempre o en cualquier supuesto, sino, matizadamente, "en su caso", quedando la percepción de la retribución por cada uno de ellos supeditada al cumplimiento de las condiciones fijadas en la normativa específica, normativa que ha de ser, además, la que fije las concretas cuantías a percibir.

B) Resulta evidente que hemos de acudir a la normativa específica referente al "vestuario" de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía para, a su vista, resolver la cuestión sometida a nuestra consideración. Fue por Resolución de la Dirección General de la Policía de 3 de diciembre de 2.002, tal y como se pone de relieve por la Administración demandada, por la que se llevó a cabo el desarrollo de la previsión contenida en el meritado artículo 5 del Real Decreto 311/1.988 y por lo que a la "indemnización por vestuario" respecta se dispuso que tendrían derecho a percepción de la misma "los funcionarios de las Unidades de Seguridad Ciudadana que presten servicio de protección dinámica a personalidades que, por así disponerlo los responsables de las citadas Unidades, deban realizar dicho servicio con una vestimenta de paisano, normalmente traje y corbata, distinta a la usual u ordinaria, acorde a la entidad y circunstancias que rodean a las personalidades".

El apartado Segundo de la antedicha resolución precisaba, no obstante, que "No tendrán derecho al abono de dichas indemnizaciones aquellos funcionarios que, prestando servicios de esta naturaleza, perciban algún tipo de complemento, indemnización o ayuda del Departamento o Institución a la que pertenezcan las personalidades protegidas que, aunque no se denomine expresamente indemnización de vestuario, les compense el hecho de prestar este tipo de servicio vistiendo ropa de paisano, distinta de la usual u ordinaria" y que "tampoco tendrán derecho al abono de esta indemnización los funcionarios que presten este tipo de servicios en aquellos supuestos que, por razones de eficacia, lugar, circunstancias que rodean a la personalidad, etc..., sea más conveniente, para su adecuada ejecución, el que se utilice la vestimenta ordinaria".

Y por último, el apartado Tercero de la Resolución de referencia exige, para poder ser perceptor de la indemnización por vestuario, que el funcionario en cuestión lleve prestando el tipo de servicio a que se ha hecho mención al menos durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha del devengo de la indemnización correspondiente.

C) Por tanto, debemos partir de que se han establecido unos requisitos muy concretos para poder ser acreedor a la indemnización de vestuario. Y por tanto, será siempre el funcionario reclamante sobre quien pesaba la carga de acreditar los hechos que afirma y debe de cumplir todos y cada uno de los requisitos precisos para ser acreedor de la indemnización reclamada, que son los siguientes:

1º.- Que presta servicio de protección dinámica a personalidades que, por así disponerlo los responsables de la Unidad de Seguridad Ciudadana a la que está adscrito, debe realizar dicho servicio con una vestimenta de paisano, en concreto traje y corbata, distinta a la usual u ordinaria, acorde a la entidad y circunstancias que rodean a la personalidad protegida;

2º.- Que no percibe ningún tipo de complemento, indemnización o ayuda del Departamento o Institución a la que pertenece la personalidad que protege que, con independencia de su denominación, le compense el hecho de prestar este tipo de servicio vistiendo ropa de paisano, distinta de la usual u ordinaria;

3º.- Que por razones de eficacia, lugar, circunstancias que rodean a la personalidad, etc..., no utiliza, en su servicio de protección, la vestimenta ordinaria; y, en fin,

4º.- Que lleva prestando el tipo de servicio a que se ha hecho mención al menos durante seis meses.

D) En el caso de autos, resuelto por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,  Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 28 de abril de 20012, el recurrente no justifica y viene a reconocer que prestó servicio en la siempre de paisano, utilizando una indumentaria no distinta de la usualmente ordinaria a la mayoría de los ciudadanos, por lo que no prestó servicios en Unidades de Seguridad Ciudadana que presten servicio de protección dinámica a personalidades ni tuvo que portar vestimenta distinta a la usual, por lo que la Resolución administrativa impugnada es conforme a derecho, ya que la compensación con carácter general, deberá ser atribuida a quienes deban llevar una vestimenta distinta a la usual y ello porque en buena lógica la adquisición de trajes y corbatas implica un desembolso superior a la de la vestimenta usual que por otra parte tiene que ser adquirida en condiciones normales por todos los ciudadanos.

En definitiva la indemnización , no va dirigida tanto al concepto de uniformidad, sino al de vestuario de paisano distinto al usual. No se produce por tanto ninguna vulneración del Principio de igualdad al no tratarse de situaciones similares, por lo que ninguna conclusión favorable a la tesis sostenida por el recurrente se deriva desde la óptica del principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Norma Fundamental, pues como reiteradamente ha declarado nuestro Tribunal Constitucional, (véanse, entre innumerables otras, Sentencias 43/1.982, 51/1.985 y 151/1.986), no toda desigualdad de trato en la Ley o en la aplicación de la Ley supone, de suyo, una quiebra del artículo 14 de la Constitución, sino sólo aquélla que introduce una diferencia entre situaciones de hecho que pueden considerarse iguales y que carezcan de una justificación objetiva y razonable, siendo indispensable que quien alega la infracción del artículo 14 aporte un término de comparación válido y, en el supuesto que nos ocupa, no se ha hecho.

Así, como hemos dicho, aquí no hay ningún perjuicio directamente derivado del servicio, puesto que la de vestir no es una necesidad derivada del servicio, sino una necesidad común atendida con el presupuesto doméstico, mientras que la necesidad de adquirir un uniforme, de utilización exclusivamente profesional, no puede considerarse partida ordinaria del gasto familiar.

E) El artículo 5 del vigente Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un contenido similar al artículo 5 del Real Decreto 311/1998, establece que "El personal incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto percibirá, cuando así proceda, las indemnizaciones correspondientes por razón de servicio, de residencia y de vestuario, las prestaciones familiares por hijo a cargo y las pensiones de recompensas y de mutilación o invalidez, de acuerdo con las condiciones y cuantías fijadas en sus respectivas normas específicas".

Para la aplicación de este precepto, acudimos a la Resolución de la Dirección General de la Policía de 3 de diciembre de 2002, a la que hemos hecho referencia anteriormente, a fin de comprobar si la parte actora cumple o no los requisitos establecidos para tener derecho a la indemnización por vestuario.

El funcionario demandante se encuentra adscrito a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura (Badajoz), donde realiza funciones de policía Judicial (información) mediante vestimenta de paisano que no es distinta de la usual u ordinaria, no está, por tanto, adscrito a las Unidades de Seguridad Ciudadana que prestan servicio de protección dinámica a personalidades mediante la utilización de traje y corbata, vestimenta de paisano distinta de la que es usual u ordinaria, tal y como exige la Resolución de 3 de diciembre de 2002, por lo que no cumple con los requisitos para el abono de la indemnización por vestuario.

F) En idéntico sentido desestimatorio, se han pronunciado, entre otras, las sentencias del T.S.J. de Madrid de 28 de julio de 2008 y del T.S.J. del País Vasco de 23 de febrero de 2007. 

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sábado, 16 de febrero de 2019

La determinación del "dies a quo" para el inicio del plazo de prescripción de la acción depende del tipo de daño sufrido, que el perjudicado conoce al producirse el alta médica en la medida que es la fecha en que se fija el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización



A) La sentencia de la AP Girona, sec. 2ª, de 17 de abril de 2018, nº 162/2018, rec. 235/2018, considera que la determinación del "dies a quo" para el inicio del plazo de prescripción de la acción depende del tipo de daño sufrido, que el perjudicado conoce al producirse el alta médica en la medida que es la fecha en que se fija el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización. Ese "dies a quo" es el mismo para el comienzo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños corporales derivados de culpa extracontractual, y para la acción directa contra la compañía aseguradora.

B) HECHOS: La sentencia de primera instancia acoge la excepción de prescripción de la acción respecto a la compañía aseguradora, por vía de aplicar el plazo de un año que el art. 7.1 de la LRCSCVM, que establece en el régimen de prescripción de la acción directa contra el asegurador obligatorio, desde la fecha del siniestro.

Mientras que al aplicar el plazo de prescripción trienal a la acción de responsabilidad extracontractual ejercitada contra el conductor del vehículo, de acuerdo con el art. 121-21.d) del CCCat., se considera que la acción del art. 1902 C.C. ejercitada frente a él no está prescrita, además de no haberse alegado dicha prescripción por esta parte a quien pudiera favorecer, de manera que se estima plenamente la demanda respecto de dicho codemandado, sin entrar a valorar el alcance de las lesiones, ya que al no comparecer, no fue cuestionado por él.

Muestra su disconformidad con lo resuelto en primera instancia la parte demandante, impugnando únicamente la prescripción respecto de la aseguradora ATLANTIS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., porque entiende que, a diferencia de lo que hace la sentencia apelada, de situar el "dies a quo" para el cómputo del plazo de prescripción de la acción en la fecha de producción del siniestro, el inicio de la prescripción de la acción comienza, tal y como se desprende del art. 1968.2º del CC, coincidente en su espíritu con el art. 121-23.1 del CCCat. desde el día que lo supo el agraviado (y pudo por ello ejercitarla), o lo que es lo mismo, desde que la persona que ejercita la pretensión conoció o pudo conocer las circunstancias que la fundamentan y la persona contra la que se puede ejercitar.

C) Como viene a entender la doctrina, para que se inicie el plazo de prescripción, el perjudicado tiene que conocer el alcance y la extensión de los daños y dependerá, según se trate de daños inmediatos o sobrevenidos y de la forma en que se manifiesten, en toda su extensión al producirse, o durante un periodo de tiempo. La determinación del "dies a quo" para el inicio del plazo de prescripción de la acción dependerá por ello del tipo de daño.

1º) Cuando se trata de daños corporales, el inicio del plazo de prescripción se producirá cuando los daños estén consolidados, es decir, cuando las lesiones se estabilizan y se concretan las secuelas, ya que en ese momento ya puede determinarse con precisión el alcance del perjuicio derivado de las lesiones y su valoración económica.

Así se pronuncia el TS en Sentencias de 18/07/2011, 26/05/2010, 20/05/2009, 14/07/2008 /, 13/07/2003, entre otras, diciendo:

"Esta Sala tiene declarado que la prescripción de la acción para reclamar por secuelas se inicia con la determinación de su alcance o de los defectos permanentes originados, pues hasta que no se determina ese alcance no puede reclamarse por ellas (SSTS de 20 de mayo de 2009 , 14 de julio de 2008 , 13 de julio de 2003 y 26 de mayo de 2010, RC n.º 764/2006). El conocimiento del daño sufrido que ha de determinar el comienzo del plazo de prescripción lo tiene el perjudicado al producirse el alta, en la medida que en esta fecha se declaran estabilizadas las lesiones y se concretan las secuelas o, lo que es igual, se determina en toda su dimensión el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización (SSTS, de Pleno, de 17 de abril de 2007, RC n.º 2908/2001 y de 17 de abril de 2007, RC n.º 2598/2002 , así como SSTS de 7 de mayo de 2009, RC n.º 220/2005; 9 de julio de 2008, RC n.º 1927/2002, 10 de julio 2008, RC n.º 1634/2002, 10 de julio de 2008, RC n.º 2541/2003, 23 de julio de 2008, RC n.º 1793/2004, 18 de septiembre de 2008, RC n.º 838/2004 y 30 de octubre de 2008, RC n.º 296/2004, las cuales, al referirse a la distinción entre sistema legal aplicable para la determinación del daño y cuantificación económica del mismo refrendan el criterio de que el daño queda concretado, como regla general, con el alta médica, y que esto obliga a valorarlo con arreglo a las cuantías actualizadas vigentes para todo el año en que ésta se produjo)."

2º) Esta doctrina es aplicable al comienzo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños corporales derivados de culpa extracontractual o aquiliana del art. 1902 C.C., pero también en cuanto se refiere al "dies a quo", al régimen de prescripción de la acción directa contra la compañía que cubre el seguro obligatorio, art. 7.1 LRCSCVM, pues si en este concreto extremo, el penúltimo inciso de este precepto guarda silencio en cuanto al inicio del cómputo del plazo, debe seguirse la regla de los preceptos mencionados, art. 1968.2º C.C. y 121-23.1 CCCat.



928 297 609
667 227 741




La acción para reclamar comisiones o indemnizaciones por clientela o falta de preaviso derivadas del contrato de agencia prescribe al año desde la extinción del contrato, pudiendo ser interrumpido dicho plazo de prescripción.



A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 13ª, de 17 de septiembre de 2018, nº 525/2018, rec. 1100/2016, establece que, en caso de resolución unilateral de contrato de agencia, deben abonarse las comisiones devengadas y pendientes de pago pero descontando aquellas que fueron pagadas por adelantado aún no liquidadas. La acción para reclamar comisiones o indemnizaciones por clientela o falta de preaviso derivadas del contrato de agencia prescribe al año desde la extinción del contrato, pudiendo ser interrumpido dicho plazo de prescripción.

B) PRESCRIPCION: El art. 31 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia (LCA) establece que "La acción para reclamar la indemnización por clientela o la indemnización de daños y perjuicios prescribirá al año a contar desde la extinción del contrato".

Así pues, el dies a quopara el cómputo del plazo de prescripción de esta acción es el día de "extinción del contrato".

En el caso de autos, la empresa Pajalsta comunicó a través de burofax "la decisión de esta empresa de rescindir el contrato de agencia con efectos inmediatos" (documento nº 10 de la demanda y nº 23 de la contestación).

Precisamente con la contestación a la demanda, la empresa Pajalsta aporta, además del texto de la misiva y de una comunicación anterior que se une como anexo, los documentos que acreditan la fecha de envío y de recepción de la misma; de ellos resulta que, si bien la carta resolutoria está fechada el día 6.7.2012, el burofax fue presentado para su remisión en el Servicio de Correos el día 9.7.2012, siendo entregado a su destinatario el día 11 del mismo mes y año.

Consta en autos que la demanda fue presentada ante el Decanato el día 5.7.2013.

Teniendo, pues, en cuenta la fecha de presentación de la demanda, es llano que, cualquiera que sea la fecha de entre las anteriores que se tome como inicial para el cómputo del plazo de prescripción , no había transcurrido el plazo de un año (que se cuenta de fecha a fecha) previsto en el citado art. 31 LCA , por lo que la acción en modo alguno puede considerarse prescrita, sin que el tribunal considere que existan motivos de congruencia que impidan esta conclusión.

Esta afirmación bastaría para estimar el recurso y revocar en este pronunciamiento la sentencia de primera instancia sin necesidad de otras consideraciones, pero es que, además, la conclusión alcanzada por el juzgador a quo no puede mantenerse por cuanto: 1º) El dies a quo queda establecido por la fecha de extinción del contrato (no por la de comunicación de éste) y en el presente caso ésta tiene lugar "con efectos inmediatos" a la comunicación remitida en 9.7.2012, y si bien con anterioridad entre las partes hubo comunicaciones -véase el bloque documental 9 de la contestación- de las que se desprende el deterioro de la relación contractual y la inminencia de su probable resolución, en ninguna de ellas declara su decisión de dar por extinguido el contrato; 2º) No deja de resultar sorprendente que el juzgador a quo acoja como fecha de resolución la del 15.5.2012 porque el actor lo reconoce en una carta de 11.6.2012 (doc 7 de la demanda) firmada por el letrado Sr. Juan María , y en cambio niegue a la misma carta efectos interruptivos al considerar que éste carece de representación; 3º) Mediante comunicación remitida por fax en 14.5.2012 por la demandada (primera de las comunicaciones incluida en el bloque documental 9 de la contestación) ésta se limita a solicitar la devolución de diversas colecciones completas de la temporada otoño-invierno 2012.

Y, en cualquier caso, para agotar el debate, aun aceptando que el contrato se hubiera resuelto con fecha 15.5.2012, la acción no se encontraría prescrita, al haber sido interrumpida la prescripción.

C) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: Todo ello, atendiendo al fundamento subjetivo del instituto de la prescripción, basado en la conducta estática del interesado:

1º) La interrupción debe corresponder a un comportamiento positivo del mismo que exteriorice la voluntad de ejercer o conservar su derecho, siendo esencial la valoración del propósito del sujeto, de manera que siempre que aparezca suficientemente manifestado su claro deseo conservativo.

2º) La prescripción , de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado art. 1973 CC (y en la misma medida el art. 121-11 CCCat ), se interrumpe, entre otras causas por la reclamación extrajudicial, que puede hacerse por apoderado o mandatario, aunque sea verbal (SSTS 27 junio 1969 , 10 octubre 1972 y 22 septiembre 1984), ya que, como señala también la STS 21 enero 1986 , si bien dicho precepto exige que la reclamación al deudor tiene que partir del acreedor, ello no se opone a que tal reclamación la efectúe un tercero que ostente la debida representación de aquél, incluso mediante mandato tácito.

3º) En cuanto a la forma de la reclamación extrajudicial no se exige una especial, siendo en consecuencia válida cualquiera que permita su debida acreditación, por lo que se ha considerado plenamente eficaz la efectuada mediante carta o telegrama; aunque, en principio, la declaración de voluntad en que consiste la reclamación extrajudicial, a la que el art. 1973 CC, reconoce la virtud de interrumpir la prescripción extintiva , tiene naturaleza receptiva, por lo que debe ir dirigida al deudor y ser recibida por éste, aunque sus efectos se produzcan desde la fecha de la emisión y no de la recepción, no es necesario que el sujeto a quien va dirigida llegue efectivamente a conocer la reclamación, siendo bastante con carácter general a los indicados efectos su recepción (STS 24 diciembre 1994 ), e incluso la ausencia de la misma cuando sea debida al propio deudor, y, por tanto, ajena al acreedor.

Esta asentada doctrina jurisprudencial del tribunal Supremo es mantenida en la actualidad. Así, al aplicar el art. 1973 CC a la STS 20.11.2007 razona: "La interrupción de la prescripción extintiva por vía de la reclamación extrajudicial, a que se refiere la norma, "supone una singularidad en nuestro derecho en relación al derecho comparado. Es más, nuestro Código Civil, en el mencionado artículo 1973, no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción por lo que cualquiera de ellos, puede servir para tal fin" (STS 2 de Noviembre de 2005), si bien se exige para ello que aparezca clara la "voluntad conservativa del derecho suficientemente manifestada, por la que expresamente reclame -exija- de su deudor el cumplimiento de una obligación al mismo atribuida, quedando vedado a los Tribunales interrumpir la prescripción cuando en autos se carece de datos fácticos que así lo revelen" (SSTS 6 de diciembre de 1969;22 de febrero de 1991), siendo así mismo doctrina jurisprudencial constante e invariable que la apreciación de la prueba suministrada por los litigantes, respecto a la interrupción o no del plazo prescriptivo , es de la exclusiva soberanía del Tribunal de Instancia (por todas las sentencia del TS de 1 de febrero 2006 )".

En la misma línea la más reciente Sentencia del TS 24.2.2015 afirma:

La Sala, en su labor unificadora de criterios judiciales, ha precisado, entre otros pronunciamientos sobre la materia, en (STS de 16 de noviembre de 1998, Rc. 1075/1994), que la interrupción de la prescripción extintiva por la vía de la reclamación extrajudicial, supone una singularidad en nuestro derecho en relación al derecho comparado. Es más, nuestro Código Civil, en el mencionado artículo 1.973, no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción, por lo que cualquiera de ellos, puede servir para tal fin; es por lo que siguiendo una importante corriente doctrinal, se puede afirmar que esta cuestión puede plantear un problema de prueba -de la existencia de la reclamación y de su fecha- pero no un problema de forma. Y en este sentido se explicita la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1.968.

En resumen, que dicha forma de interrumpir la prescripción, es un acto unilateral para el que puede estar legitimado, no sólo el titular del derecho, sino también todas aquellas personas a quienes se ha facultado para actuar en este sentido, y podrá hacerse por un representante o apoderado, incluso sin poder especial de representación para ello, y, sin duda, puede hacerlo un mandatario verbal, como es un abogado o un procurador.

Si, partiendo de referida doctrina, la Sala permite que el acreedor puede remitir comunicaciones interruptivas de la prescripción a través de mandatario, ha de colegirse que tales comunicaciones pueden enviarse también a quien sea apoderado del deudor destinatario de aquellas, como lo es la figura de su Procurador en el pleito concreto en que se pretende su efecto interruptivo".

D) CONCLUSION: La aplicación de la doctrina expuesta al caso de autos lleva, aun teniendo en cuenta que el art el artículo 1973 CC en cuanto a la interrupción del plazo de prescripción merece una interpretación restrictiva (SSTS 25.11.201612.12.2017 o 5.2.2018 ), a dotar de efectos interruptivos a la reclamación remitida en 12.7.2012.

Así es, en la carta (doc. 7 de la contestación) el letrado Sr. Juan María (como se ha dicho nada obsta que la reclamación extrajudicial se efectúe por un tercero, mandatario verbal) manifiesta de manera clara y expresa la voluntad del actor de reclamar las indemnizaciones derivadas de la aplicación de la LCA, además de las comisiones pendientes de pago, no siendo óbice, según la doctrina jurisprudencial expuesta, que esta reclamación se dirigiera al letrado Sr. Anibal , quien había actuado en ese momento en representación de Pajalsta, remitiendo diversas comunicaciones (tanto es así que a la carta de resolución firmada por el representante legal de Pajalsta, Sr. Argimiro , se acompaña una misiva anterior de 28.6.2012 suscrita por el Sr. Anibal). Dicha carta, si bien fechada en 11.6.2012, fue remitida por burofax que fue impuesto en el Servicio de Correos el día 12.7.2012 (fol 174), siendo recibido por su destinatario al día siguiente (fol 173); así resulta de los documentos aportados como núm. 7 de la contestación por la propia demandada).

En definitiva, interrumpida la prescripción con la remisión de esta misiva el día 12.7.2012, hemos de concluir que al plantearse la interpelación judicial el día 5.7.2013, no había transcurrido el plazo de un año previsto en el art. 31 LCA.

En definitiva, estimando el recurso de apelación, proceder revocar el pronunciamiento que declara prescrita la acción para reclamar las indemnizaciones por clientela y por falta de preaviso, de manera que, consecuentemente, este tribunal deber entrar a conocer y resolver sobre las mismas.

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domingo, 3 de febrero de 2019

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 17 de enero de 2019, nº 35/2019, rec. 213/2016, declara que no ha lugar a la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción por parte del asegurador está fundada en causa justificada, ante la presencia de dudas razonables sobre la existencia de la obligación



A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 17 de enero de 2019, nº 35/2019, rec. 213/2016, declara que no ha lugar a la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción por parte del asegurador está fundada en causa justificada, ante la presencia de dudas razonables sobre la existencia de la obligación. En tales casos el interés aplicable a la indemnización reconocida será el legal desde la fecha de interposición de la demanda.

Ello sucede, en los accidentes de circulación, con concurrencia culposa de víctima, en casos en que ha existido grave dificultad para averiguar las circunstancias del siniestro, esa incertidumbre y duda racional en la responsabilidad del accidente justifica la inaplicación de los intereses moratorios del artículo 20.8 de la LCS.

B) HECHOS: El actor, interpuso demanda de juicio ordinario contra Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros, en ejercicio de la acción directa para la reclamación de daños y perjuicios prevista en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, como consecuencia del accidente sufrido cuando el demandante viajaba como ocupante en su propio vehículo. Alegaba que el 16 de marzo de 2008 cuando don Plácido conducía el vehículo Seat Córdoba, matrícula .... VRD, propiedad del demandante, asegurado en la compañía demandada, se produjo un accidente por colisión con otro vehículo siendo causante del mismo el conductor de su propio vehículo don Plácido. Como consecuencia de ello, el demandante (que ocupaba, como pasajero, el asiento delantero derecho del vehículo de su propiedad) sufrió graves lesiones por las cuales reclamó una indemnización a la aseguradora.

Se opuso la entidad demandada alegando que era el propio demandante el que conducía el vehículo de su propiedad en el momento de la ocurrencia del accidente, por lo que carecía de derecho a reclamar al no extenderse al mismo la cobertura del seguro. El Juzgado de Primera Instancia de Caldas de Reis desestimó la demanda por considerar que efectivamente el demandante era el conductor del vehículo y el único responsable deI accidente.

Contra dicha sentencia recurrió en apelación el demandante y la Audiencia Provincial de Pontevedra estimó el recurso y condenó a la aseguradora demandada a indemnizar al Sr. Landelino en la cantidad de 441.278,20 euros, incrementada con los intereses del artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS). 

Considera la Audiencia que, aunque inicialmente se dudó sobre quién era el conductor del vehículo en el momento del accidente, la investigación posterior de la Guardia Civil y los testimonios prestados en el juicio permiten declarar probado que eran dos las personas que viajaban en el Seat Córdoba y salieron despedidas del mismo cuando se produjo el accidente, así como que el demandante no era el conductor del vehículo sino que viajaba en el asiento delantero derecho. Considera la Audiencia que, por aplicación del sistema de valoración, la indemnización procedente sería de 1.103.218 euros, pero reduce esa cantidad a la de 441.278,20 euros al apreciar concurrencia culposa por parte de la víctima, ya que no hacía uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente. No obstante aplica, a cargo de la aseguradora, el interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del accidente.

La demandada Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros ha recurrido en casación, solicitando únicamente que se suprima la condena al pago del interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

C)  MOTIVACION: Sostiene la aseguradora recurrente que la grave dificultad existente para poder averiguar las circunstancias del siniestro, reconocida judicialmente, ha perdurado en el tiempo, lo cual permite afirmar y justifica que la aseguradora no haya consignado o efectuado pago alguno a los efectos prevenidos en el artículo 20-3.° de la Ley de Contrato de Seguro, por causa de esa patente incertidumbre y duda racional a la hora de identificar la existencia misma o no de un tercero perjudicado.

Cita la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, nº 293/2012, de 10 mayo, la cual dice lo siguiente:

"Según el artículo 20.8 de la LCS el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial".

Continúa diciendo la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, nº 293/2012, de 10 mayo, que:

"Aplicada esta doctrina al caso de autos, procede mantener en este aspecto la sentencia recurrida pues la aseguradora se opuso razonablemente al pago dado que en el atestado de la policía se relacionaba como conductor al hoy actor, dadas las alteraciones del tacógrafo, lo que justificadamente le impulsó a negarse al pago de la cantidad reclamada, si bien durante el transcurso del procedimiento se practicaron pruebas que determinaron que era un simple ocupante".

D) DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: Como ha puesto de manifiesto la doctrina, la LCS, en cuanto a la aplicación a cargo de la aseguradora de los intereses de demora, en lugar de hacer una referencia directa a la existencia de culpa por su parte en cuanto al hecho de no hacer frente al pago de la indemnización, viene a emplear unos términos distintos que, no obstante, conducen al mismo resultado, ya que se refiere a la inexistencia de causa justificada o que no fuere imputable a la aseguradora. En efecto, el apartado 8.º del artículo 20 dice que no ha lugar a la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción de la prestación por parte del asegurador no le sea imputable o cuando esté fundada en una causa justificada, ya que la ley impone a la aseguradora la observación de una especial diligencia en orden a hacer las investigaciones y peritaciones necesarias para la determinación de la existencia de la deuda y de su cuantía, al menos inicial, dentro del plazo de tres meses marcados por la norma. La misma doctrina establece que no podrá aplicarse la normativa de la mora de la aseguradora en aquellos casos en que el retraso no puede serle imputado por falta de denuncia del siniestro, no envío de informaciones necesarias por parte del obligado a ello, cuando no están determinadas las causas del siniestro o si surgen sospechas sobre una posible falta de cobertura por la propia intervención del asegurado en la producción del siniestro.

Es cierto que la determinación en el caso concreto de la existencia de tal causa justificada corresponde a los órganos de instancia y su apreciación sólo puede ser revisada, por interés casacional, en los supuestos a que se refiere el artículo 477.3 LEC y, singularmente, como ahora ocurre, cuando la sentencia impugnada se ha apartado de un criterio que el Tribunal Supremo ha fijado como suficiente para estimar la concurrencia de dicha justificación (o incluso cuando no existe jurisprudencia sobre la materia) y que es de plena aplicación en el caso, cual es la presencia de dudas razonables acerca de la propia existencia de la obligación; dudas que en este caso no sólo se apoyan en las investigaciones iniciales, sino también en el sentido de alguno de los informes periciales emitidos, que incluso llevaron a que la sentencia de primera instancia desestimara la demanda por considerar que era el demandante quien conducía el vehículo y, por tanto, el responsable del accidente.



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