sábado, 16 de febrero de 2019

La determinación del "dies a quo" para el inicio del plazo de prescripción de la acción depende del tipo de daño sufrido, que el perjudicado conoce al producirse el alta médica en la medida que es la fecha en que se fija el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización



A) La sentencia de la AP Girona, sec. 2ª, de 17 de abril de 2018, nº 162/2018, rec. 235/2018, considera que la determinación del "dies a quo" para el inicio del plazo de prescripción de la acción depende del tipo de daño sufrido, que el perjudicado conoce al producirse el alta médica en la medida que es la fecha en que se fija el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización. Ese "dies a quo" es el mismo para el comienzo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños corporales derivados de culpa extracontractual, y para la acción directa contra la compañía aseguradora.

B) HECHOS: La sentencia de primera instancia acoge la excepción de prescripción de la acción respecto a la compañía aseguradora, por vía de aplicar el plazo de un año que el art. 7.1 de la LRCSCVM, que establece en el régimen de prescripción de la acción directa contra el asegurador obligatorio, desde la fecha del siniestro.

Mientras que al aplicar el plazo de prescripción trienal a la acción de responsabilidad extracontractual ejercitada contra el conductor del vehículo, de acuerdo con el art. 121-21.d) del CCCat., se considera que la acción del art. 1902 C.C. ejercitada frente a él no está prescrita, además de no haberse alegado dicha prescripción por esta parte a quien pudiera favorecer, de manera que se estima plenamente la demanda respecto de dicho codemandado, sin entrar a valorar el alcance de las lesiones, ya que al no comparecer, no fue cuestionado por él.

Muestra su disconformidad con lo resuelto en primera instancia la parte demandante, impugnando únicamente la prescripción respecto de la aseguradora ATLANTIS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., porque entiende que, a diferencia de lo que hace la sentencia apelada, de situar el "dies a quo" para el cómputo del plazo de prescripción de la acción en la fecha de producción del siniestro, el inicio de la prescripción de la acción comienza, tal y como se desprende del art. 1968.2º del CC, coincidente en su espíritu con el art. 121-23.1 del CCCat. desde el día que lo supo el agraviado (y pudo por ello ejercitarla), o lo que es lo mismo, desde que la persona que ejercita la pretensión conoció o pudo conocer las circunstancias que la fundamentan y la persona contra la que se puede ejercitar.

C) Como viene a entender la doctrina, para que se inicie el plazo de prescripción, el perjudicado tiene que conocer el alcance y la extensión de los daños y dependerá, según se trate de daños inmediatos o sobrevenidos y de la forma en que se manifiesten, en toda su extensión al producirse, o durante un periodo de tiempo. La determinación del "dies a quo" para el inicio del plazo de prescripción de la acción dependerá por ello del tipo de daño.

1º) Cuando se trata de daños corporales, el inicio del plazo de prescripción se producirá cuando los daños estén consolidados, es decir, cuando las lesiones se estabilizan y se concretan las secuelas, ya que en ese momento ya puede determinarse con precisión el alcance del perjuicio derivado de las lesiones y su valoración económica.

Así se pronuncia el TS en Sentencias de 18/07/2011, 26/05/2010, 20/05/2009, 14/07/2008 /, 13/07/2003, entre otras, diciendo:

"Esta Sala tiene declarado que la prescripción de la acción para reclamar por secuelas se inicia con la determinación de su alcance o de los defectos permanentes originados, pues hasta que no se determina ese alcance no puede reclamarse por ellas (SSTS de 20 de mayo de 2009 , 14 de julio de 2008 , 13 de julio de 2003 y 26 de mayo de 2010, RC n.º 764/2006). El conocimiento del daño sufrido que ha de determinar el comienzo del plazo de prescripción lo tiene el perjudicado al producirse el alta, en la medida que en esta fecha se declaran estabilizadas las lesiones y se concretan las secuelas o, lo que es igual, se determina en toda su dimensión el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización (SSTS, de Pleno, de 17 de abril de 2007, RC n.º 2908/2001 y de 17 de abril de 2007, RC n.º 2598/2002 , así como SSTS de 7 de mayo de 2009, RC n.º 220/2005; 9 de julio de 2008, RC n.º 1927/2002, 10 de julio 2008, RC n.º 1634/2002, 10 de julio de 2008, RC n.º 2541/2003, 23 de julio de 2008, RC n.º 1793/2004, 18 de septiembre de 2008, RC n.º 838/2004 y 30 de octubre de 2008, RC n.º 296/2004, las cuales, al referirse a la distinción entre sistema legal aplicable para la determinación del daño y cuantificación económica del mismo refrendan el criterio de que el daño queda concretado, como regla general, con el alta médica, y que esto obliga a valorarlo con arreglo a las cuantías actualizadas vigentes para todo el año en que ésta se produjo)."

2º) Esta doctrina es aplicable al comienzo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños corporales derivados de culpa extracontractual o aquiliana del art. 1902 C.C., pero también en cuanto se refiere al "dies a quo", al régimen de prescripción de la acción directa contra la compañía que cubre el seguro obligatorio, art. 7.1 LRCSCVM, pues si en este concreto extremo, el penúltimo inciso de este precepto guarda silencio en cuanto al inicio del cómputo del plazo, debe seguirse la regla de los preceptos mencionados, art. 1968.2º C.C. y 121-23.1 CCCat.

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La acción para reclamar comisiones o indemnizaciones por clientela o falta de preaviso derivadas del contrato de agencia prescribe al año desde la extinción del contrato, pudiendo ser interrumpido dicho plazo de prescripción.



A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 13ª, de 17 de septiembre de 2018, nº 525/2018, rec. 1100/2016, establece que, en caso de resolución unilateral de contrato de agencia, deben abonarse las comisiones devengadas y pendientes de pago pero descontando aquellas que fueron pagadas por adelantado aún no liquidadas. La acción para reclamar comisiones o indemnizaciones por clientela o falta de preaviso derivadas del contrato de agencia prescribe al año desde la extinción del contrato, pudiendo ser interrumpido dicho plazo de prescripción.

B) PRESCRIPCION: El art. 31 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia (LCA) establece que "La acción para reclamar la indemnización por clientela o la indemnización de daños y perjuicios prescribirá al año a contar desde la extinción del contrato".

Así pues, el dies a quopara el cómputo del plazo de prescripción de esta acción es el día de "extinción del contrato".

En el caso de autos, la empresa Pajalsta comunicó a través de burofax "la decisión de esta empresa de rescindir el contrato de agencia con efectos inmediatos" (documento nº 10 de la demanda y nº 23 de la contestación).

Precisamente con la contestación a la demanda, la empresa Pajalsta aporta, además del texto de la misiva y de una comunicación anterior que se une como anexo, los documentos que acreditan la fecha de envío y de recepción de la misma; de ellos resulta que, si bien la carta resolutoria está fechada el día 6.7.2012, el burofax fue presentado para su remisión en el Servicio de Correos el día 9.7.2012, siendo entregado a su destinatario el día 11 del mismo mes y año.

Consta en autos que la demanda fue presentada ante el Decanato el día 5.7.2013.

Teniendo, pues, en cuenta la fecha de presentación de la demanda, es llano que, cualquiera que sea la fecha de entre las anteriores que se tome como inicial para el cómputo del plazo de prescripción , no había transcurrido el plazo de un año (que se cuenta de fecha a fecha) previsto en el citado art. 31 LCA , por lo que la acción en modo alguno puede considerarse prescrita, sin que el tribunal considere que existan motivos de congruencia que impidan esta conclusión.

Esta afirmación bastaría para estimar el recurso y revocar en este pronunciamiento la sentencia de primera instancia sin necesidad de otras consideraciones, pero es que, además, la conclusión alcanzada por el juzgador a quo no puede mantenerse por cuanto: 1º) El dies a quo queda establecido por la fecha de extinción del contrato (no por la de comunicación de éste) y en el presente caso ésta tiene lugar "con efectos inmediatos" a la comunicación remitida en 9.7.2012, y si bien con anterioridad entre las partes hubo comunicaciones -véase el bloque documental 9 de la contestación- de las que se desprende el deterioro de la relación contractual y la inminencia de su probable resolución, en ninguna de ellas declara su decisión de dar por extinguido el contrato; 2º) No deja de resultar sorprendente que el juzgador a quo acoja como fecha de resolución la del 15.5.2012 porque el actor lo reconoce en una carta de 11.6.2012 (doc 7 de la demanda) firmada por el letrado Sr. Juan María , y en cambio niegue a la misma carta efectos interruptivos al considerar que éste carece de representación; 3º) Mediante comunicación remitida por fax en 14.5.2012 por la demandada (primera de las comunicaciones incluida en el bloque documental 9 de la contestación) ésta se limita a solicitar la devolución de diversas colecciones completas de la temporada otoño-invierno 2012.

Y, en cualquier caso, para agotar el debate, aun aceptando que el contrato se hubiera resuelto con fecha 15.5.2012, la acción no se encontraría prescrita, al haber sido interrumpida la prescripción.

C) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: Todo ello, atendiendo al fundamento subjetivo del instituto de la prescripción, basado en la conducta estática del interesado:

1º) La interrupción debe corresponder a un comportamiento positivo del mismo que exteriorice la voluntad de ejercer o conservar su derecho, siendo esencial la valoración del propósito del sujeto, de manera que siempre que aparezca suficientemente manifestado su claro deseo conservativo.

2º) La prescripción , de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado art. 1973 CC (y en la misma medida el art. 121-11 CCCat ), se interrumpe, entre otras causas por la reclamación extrajudicial, que puede hacerse por apoderado o mandatario, aunque sea verbal (SSTS 27 junio 1969 , 10 octubre 1972 y 22 septiembre 1984), ya que, como señala también la STS 21 enero 1986 , si bien dicho precepto exige que la reclamación al deudor tiene que partir del acreedor, ello no se opone a que tal reclamación la efectúe un tercero que ostente la debida representación de aquél, incluso mediante mandato tácito.

3º) En cuanto a la forma de la reclamación extrajudicial no se exige una especial, siendo en consecuencia válida cualquiera que permita su debida acreditación, por lo que se ha considerado plenamente eficaz la efectuada mediante carta o telegrama; aunque, en principio, la declaración de voluntad en que consiste la reclamación extrajudicial, a la que el art. 1973 CC, reconoce la virtud de interrumpir la prescripción extintiva , tiene naturaleza receptiva, por lo que debe ir dirigida al deudor y ser recibida por éste, aunque sus efectos se produzcan desde la fecha de la emisión y no de la recepción, no es necesario que el sujeto a quien va dirigida llegue efectivamente a conocer la reclamación, siendo bastante con carácter general a los indicados efectos su recepción (STS 24 diciembre 1994 ), e incluso la ausencia de la misma cuando sea debida al propio deudor, y, por tanto, ajena al acreedor.

Esta asentada doctrina jurisprudencial del tribunal Supremo es mantenida en la actualidad. Así, al aplicar el art. 1973 CC a la STS 20.11.2007 razona: "La interrupción de la prescripción extintiva por vía de la reclamación extrajudicial, a que se refiere la norma, "supone una singularidad en nuestro derecho en relación al derecho comparado. Es más, nuestro Código Civil, en el mencionado artículo 1973, no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción por lo que cualquiera de ellos, puede servir para tal fin" (STS 2 de Noviembre de 2005), si bien se exige para ello que aparezca clara la "voluntad conservativa del derecho suficientemente manifestada, por la que expresamente reclame -exija- de su deudor el cumplimiento de una obligación al mismo atribuida, quedando vedado a los Tribunales interrumpir la prescripción cuando en autos se carece de datos fácticos que así lo revelen" (SSTS 6 de diciembre de 1969;22 de febrero de 1991), siendo así mismo doctrina jurisprudencial constante e invariable que la apreciación de la prueba suministrada por los litigantes, respecto a la interrupción o no del plazo prescriptivo , es de la exclusiva soberanía del Tribunal de Instancia (por todas las sentencia del TS de 1 de febrero 2006 )".

En la misma línea la más reciente Sentencia del TS 24.2.2015 afirma:

La Sala, en su labor unificadora de criterios judiciales, ha precisado, entre otros pronunciamientos sobre la materia, en (STS de 16 de noviembre de 1998, Rc. 1075/1994), que la interrupción de la prescripción extintiva por la vía de la reclamación extrajudicial, supone una singularidad en nuestro derecho en relación al derecho comparado. Es más, nuestro Código Civil, en el mencionado artículo 1.973, no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción, por lo que cualquiera de ellos, puede servir para tal fin; es por lo que siguiendo una importante corriente doctrinal, se puede afirmar que esta cuestión puede plantear un problema de prueba -de la existencia de la reclamación y de su fecha- pero no un problema de forma. Y en este sentido se explicita la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1.968.

En resumen, que dicha forma de interrumpir la prescripción, es un acto unilateral para el que puede estar legitimado, no sólo el titular del derecho, sino también todas aquellas personas a quienes se ha facultado para actuar en este sentido, y podrá hacerse por un representante o apoderado, incluso sin poder especial de representación para ello, y, sin duda, puede hacerlo un mandatario verbal, como es un abogado o un procurador.

Si, partiendo de referida doctrina, la Sala permite que el acreedor puede remitir comunicaciones interruptivas de la prescripción a través de mandatario, ha de colegirse que tales comunicaciones pueden enviarse también a quien sea apoderado del deudor destinatario de aquellas, como lo es la figura de su Procurador en el pleito concreto en que se pretende su efecto interruptivo".

D) CONCLUSION: La aplicación de la doctrina expuesta al caso de autos lleva, aun teniendo en cuenta que el art el artículo 1973 CC en cuanto a la interrupción del plazo de prescripción merece una interpretación restrictiva (SSTS 25.11.201612.12.2017 o 5.2.2018 ), a dotar de efectos interruptivos a la reclamación remitida en 12.7.2012.

Así es, en la carta (doc. 7 de la contestación) el letrado Sr. Juan María (como se ha dicho nada obsta que la reclamación extrajudicial se efectúe por un tercero, mandatario verbal) manifiesta de manera clara y expresa la voluntad del actor de reclamar las indemnizaciones derivadas de la aplicación de la LCA, además de las comisiones pendientes de pago, no siendo óbice, según la doctrina jurisprudencial expuesta, que esta reclamación se dirigiera al letrado Sr. Anibal , quien había actuado en ese momento en representación de Pajalsta, remitiendo diversas comunicaciones (tanto es así que a la carta de resolución firmada por el representante legal de Pajalsta, Sr. Argimiro , se acompaña una misiva anterior de 28.6.2012 suscrita por el Sr. Anibal). Dicha carta, si bien fechada en 11.6.2012, fue remitida por burofax que fue impuesto en el Servicio de Correos el día 12.7.2012 (fol 174), siendo recibido por su destinatario al día siguiente (fol 173); así resulta de los documentos aportados como núm. 7 de la contestación por la propia demandada).

En definitiva, interrumpida la prescripción con la remisión de esta misiva el día 12.7.2012, hemos de concluir que al plantearse la interpelación judicial el día 5.7.2013, no había transcurrido el plazo de un año previsto en el art. 31 LCA.

En definitiva, estimando el recurso de apelación, proceder revocar el pronunciamiento que declara prescrita la acción para reclamar las indemnizaciones por clientela y por falta de preaviso, de manera que, consecuentemente, este tribunal deber entrar a conocer y resolver sobre las mismas.

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domingo, 3 de febrero de 2019

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 17 de enero de 2019, nº 35/2019, rec. 213/2016, declara que no ha lugar a la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción por parte del asegurador está fundada en causa justificada, ante la presencia de dudas razonables sobre la existencia de la obligación



A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 17 de enero de 2019, nº 35/2019, rec. 213/2016, declara que no ha lugar a la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción por parte del asegurador está fundada en causa justificada, ante la presencia de dudas razonables sobre la existencia de la obligación. En tales casos el interés aplicable a la indemnización reconocida será el legal desde la fecha de interposición de la demanda.

Ello sucede, en los accidentes de circulación, con concurrencia culposa de víctima, en casos en que ha existido grave dificultad para averiguar las circunstancias del siniestro, esa incertidumbre y duda racional en la responsabilidad del accidente justifica la inaplicación de los intereses moratorios del artículo 20.8 de la LCS.

B) HECHOS: El actor, interpuso demanda de juicio ordinario contra Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros, en ejercicio de la acción directa para la reclamación de daños y perjuicios prevista en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, como consecuencia del accidente sufrido cuando el demandante viajaba como ocupante en su propio vehículo. Alegaba que el 16 de marzo de 2008 cuando don Plácido conducía el vehículo Seat Córdoba, matrícula .... VRD, propiedad del demandante, asegurado en la compañía demandada, se produjo un accidente por colisión con otro vehículo siendo causante del mismo el conductor de su propio vehículo don Plácido. Como consecuencia de ello, el demandante (que ocupaba, como pasajero, el asiento delantero derecho del vehículo de su propiedad) sufrió graves lesiones por las cuales reclamó una indemnización a la aseguradora.

Se opuso la entidad demandada alegando que era el propio demandante el que conducía el vehículo de su propiedad en el momento de la ocurrencia del accidente, por lo que carecía de derecho a reclamar al no extenderse al mismo la cobertura del seguro. El Juzgado de Primera Instancia de Caldas de Reis desestimó la demanda por considerar que efectivamente el demandante era el conductor del vehículo y el único responsable deI accidente.

Contra dicha sentencia recurrió en apelación el demandante y la Audiencia Provincial de Pontevedra estimó el recurso y condenó a la aseguradora demandada a indemnizar al Sr. Landelino en la cantidad de 441.278,20 euros, incrementada con los intereses del artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS). 

Considera la Audiencia que, aunque inicialmente se dudó sobre quién era el conductor del vehículo en el momento del accidente, la investigación posterior de la Guardia Civil y los testimonios prestados en el juicio permiten declarar probado que eran dos las personas que viajaban en el Seat Córdoba y salieron despedidas del mismo cuando se produjo el accidente, así como que el demandante no era el conductor del vehículo sino que viajaba en el asiento delantero derecho. Considera la Audiencia que, por aplicación del sistema de valoración, la indemnización procedente sería de 1.103.218 euros, pero reduce esa cantidad a la de 441.278,20 euros al apreciar concurrencia culposa por parte de la víctima, ya que no hacía uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente. No obstante aplica, a cargo de la aseguradora, el interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del accidente.

La demandada Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros ha recurrido en casación, solicitando únicamente que se suprima la condena al pago del interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

C)  MOTIVACION: Sostiene la aseguradora recurrente que la grave dificultad existente para poder averiguar las circunstancias del siniestro, reconocida judicialmente, ha perdurado en el tiempo, lo cual permite afirmar y justifica que la aseguradora no haya consignado o efectuado pago alguno a los efectos prevenidos en el artículo 20-3.° de la Ley de Contrato de Seguro, por causa de esa patente incertidumbre y duda racional a la hora de identificar la existencia misma o no de un tercero perjudicado.

Cita la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, nº 293/2012, de 10 mayo, la cual dice lo siguiente:

"Según el artículo 20.8 de la LCS el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial".

Continúa diciendo la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, nº 293/2012, de 10 mayo, que:

"Aplicada esta doctrina al caso de autos, procede mantener en este aspecto la sentencia recurrida pues la aseguradora se opuso razonablemente al pago dado que en el atestado de la policía se relacionaba como conductor al hoy actor, dadas las alteraciones del tacógrafo, lo que justificadamente le impulsó a negarse al pago de la cantidad reclamada, si bien durante el transcurso del procedimiento se practicaron pruebas que determinaron que era un simple ocupante".

D) DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: Como ha puesto de manifiesto la doctrina, la LCS, en cuanto a la aplicación a cargo de la aseguradora de los intereses de demora, en lugar de hacer una referencia directa a la existencia de culpa por su parte en cuanto al hecho de no hacer frente al pago de la indemnización, viene a emplear unos términos distintos que, no obstante, conducen al mismo resultado, ya que se refiere a la inexistencia de causa justificada o que no fuere imputable a la aseguradora. En efecto, el apartado 8.º del artículo 20 dice que no ha lugar a la indemnización por mora cuando la falta de satisfacción de la prestación por parte del asegurador no le sea imputable o cuando esté fundada en una causa justificada, ya que la ley impone a la aseguradora la observación de una especial diligencia en orden a hacer las investigaciones y peritaciones necesarias para la determinación de la existencia de la deuda y de su cuantía, al menos inicial, dentro del plazo de tres meses marcados por la norma. La misma doctrina establece que no podrá aplicarse la normativa de la mora de la aseguradora en aquellos casos en que el retraso no puede serle imputado por falta de denuncia del siniestro, no envío de informaciones necesarias por parte del obligado a ello, cuando no están determinadas las causas del siniestro o si surgen sospechas sobre una posible falta de cobertura por la propia intervención del asegurado en la producción del siniestro.

Es cierto que la determinación en el caso concreto de la existencia de tal causa justificada corresponde a los órganos de instancia y su apreciación sólo puede ser revisada, por interés casacional, en los supuestos a que se refiere el artículo 477.3 LEC y, singularmente, como ahora ocurre, cuando la sentencia impugnada se ha apartado de un criterio que el Tribunal Supremo ha fijado como suficiente para estimar la concurrencia de dicha justificación (o incluso cuando no existe jurisprudencia sobre la materia) y que es de plena aplicación en el caso, cual es la presencia de dudas razonables acerca de la propia existencia de la obligación; dudas que en este caso no sólo se apoyan en las investigaciones iniciales, sino también en el sentido de alguno de los informes periciales emitidos, que incluso llevaron a que la sentencia de primera instancia desestimara la demanda por considerar que era el demandante quien conducía el vehículo y, por tanto, el responsable del accidente.



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