sábado, 23 de enero de 2016

DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR INTROMISIÓN EN EL DERECHO AL HONOR POR ESTAR INCLUIDO EN UN FICHERO DE MOROS TRAS EL PAGO O CONDONACIÓN DE LA DEUDA



DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR INTROMISIÓN EN EL DERECHO AL HONOR POR EL MANTENIMIENTO INJUSTIFICADO EN UN REGISTRO DE MOROS, TRAS SERLE CONDONADA LA DEUDA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA.

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 1ª, de 26 de octubre de 2015, nº 444/2015, rec. 119/2014, declara que ha existido una vulneración en el honor de la demandante por lo que tiene derecho a ser indemnizada, por el mantenimiento injustificado en el registro de morosos. Ha quedado acreditado que su inclusión estuvo justificada, pero desde que la entidad bancaria condona la deuda ya no está justificada su permanencia, y es cuando le deniegan un préstamo personal por esta razón, y existe intromisión en el derecho al honor de la actora.

B) ANTECEDENTES DE HECHOS: Ejercita la parte actora, demanda contra BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. y subdirector de agencia oficina Pueblo Nuevo, acción de indemnización de daños y perjuicios con base en el artículo 1902 del Código Civil y en el artículo 7.7 de la Ley 1/1982 , de 5 de mayo, por los perjuicios originados como consecuencia del uso de sus datos personales para incluirla en el fichero de morosos EQUIFAX ASNEF y EXPERIAN BADEXCUG, por lo que reclama la cantidad de 25.000 euros.

La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y condenó a la codemandada BBVA a pagar a la actora la cantidad de 5.000 euros y a realizar todos los actos necesarios para eliminar sus datos personales del registro de morosos Badexgug y Asnef-Equifax, absolviendo a la codemandada, imponiendo las costas de esta última a la parte actora, y sin hacer imposición de costas en relación con las causadas a instancia de BBVA.

C) RECURSO DE APELACION: Como primer motivo del recurso, entiende la parte recurrente que la indemnización que fija la sentencia a favor de la demandante es escasa, atendido que no sólo se produjeron daños morales sino también un daño patrimonial concreto, habiendo mantenido a la actora en el registro de morosos durante más de un año sin derecho a mantenerla en dicha situación, existiendo en dicho período diversas consultas por distintas entidades, denegándose un préstamo personal por dicho motivo y permaneciendo a la fecha de dictarse la sentencia en dicho registro.

La sentencia de instancia parte del hecho, no discutido en la alzada, de que estuvo justificada la inclusión en el fichero de morosos de los datos de la demandante, toda vez que existía una deuda cierta, líquida, vencida y exigible a cargo de la demandante y a favor de la entidad bancaria demandada, deuda que tenía su origen en el impago de una cuota del préstamo hipotecario que la demandante tenía suscrito junto con su pareja, Landelino, del que era acreedor la entidad demandada, BBVA. El 15 octubre de 2010 la cuota del préstamo hipotecario correspondiente a septiembre de 2009 por 885'26  euros, constaba como impagada apareciendo en los datos de la entidad como saldo negativo. Explica la sentencia que si bien la demandante había suscrito con el Sr. Landelino una escritura pública de cesión de condominio en la que las partes acordaron que éste adquiría el pleno dominio del inmueble subrogándose en la escritura pública de préstamo hipotecario y quedando liberada la actora de cualquier obligación derivada del préstamo, como esa subrogación no había sido consentida por la entidad de crédito, no se le podía oponer, por lo que la actora, en el momento en que fue incluida en el registro de morosos, el 19/2/10 y el 21/2/10, mantenía una deuda cierta, líquida, vencida y exigible con la entidad demandada.

Analiza la sentencia si estuvo justificado el mantenimiento de los datos de la actora en el fichero de morosos, desde que en octubre de 2010 se suscribe por la entidad bancaria demandada con el Sr. Landelino una escritura pública de dación en pago del préstamo hipotecario que quedó, por dicho motivo, extinguido. Ambas partes reconocen dicha firma pero ninguna de ellas aporta la escritura, de manera que no se logra saber (sigue la sentencia) qué pasó con la cuota correspondiente al mes de septiembre de 2009. Finalmente el 19/10/11 la entidad demandada comunica a la actora que le condonaba la deuda de la cuota correspondiente al mes de septiembre de 2009, requiriendo a la actora para que acudiese a la oficina a firmar el finiquito, lo que no realizó. La firma del finiquito, razona la sentencia, no hacía falta por cuanto la condonación de la deuda no necesitaba la aceptación del deudor. A partir de esa fecha la deuda quedó extinguida y la entidad bancaria demandada no hizo nada para comunicarlo al fichero de morosos para procurar que la actora no siguiese incluida en ese fichero como continúa incluso hasta la actualidad. A partir de octubre de 2010, cuando tiene lugar la dación en pago, y, sobre todo, sigue la sentencia, desde la condonación de la deuda por parte de la entidad bancaria en octubre de 2011, no estaba justificada la permanencia en el fichero de morosos.

La sentencia de instancia, concluye que ha existido una vulneración en el honor de la demandante por lo que tiene derecho a ser indemnizada, y tomando en consideración que la inclusión en el registro de morosos de los datos de la actora estuvo justificada, pero no su mantenimiento en dicho registro; que han existido consultas del registro de morosos por parte de diferentes entidades en el año 2011, cuando ya no debía mantenerse la inclusión; que se le denegó un préstamo por esta razón prima facie; y que la actora no razona ni justifica la valoración del daño ocasionado que sólo cuantifica en el suplico de la demanda; por todo ello, concede la indemnización de 5.000 euros.

D) DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR INTROMISIÓN EN EL DERECHO AL HONOR POR ESTAR INCLUIDO EN UN FICHERO DE MOROS SIN SERLO: De conformidad con lo establecido en el artículo 9.3 de la LO 1/1982: "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido".

Como se lee en la sentencia de la Sala  de lo Civil del Tribunal Supremo de 4/12/2014:  “Cuando la pretensión ejercitada por el afectado gira en torno a la vulneración del derecho fundamental al honor, como es el caso objeto de este recurso, han de aplicarse las previsiones de la LO 1/1982. El art. 9.3 de esta ley prevé que «la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma».

Este precepto establece una presunción iuris et de iure de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, como es el caso del tratamiento de datos personales en un registro de morosos sin cumplir las exigencias que establece la LOPD, y unos criterios para valorar el daño moral.

La jurisprudencia, reconociendo que el daño moral constituye una «noción dificultosa», le ha dado una orientación cada vez más amplia, con clara superación de los criterios restrictivos que limitaban su aplicación a la concepción clásica del pretium doloris (precio del dolor) y los ataques a los derechos de la personalidad. Es daño moral aquel que no es susceptible de valoración patrimonial (lo que no significa que no sea indemnizable) porque no afecta a los bienes materiales que integran el patrimonio de una persona, sino que supone un menoscabo de la persona en sí misma, de los bienes ligados a la personalidad, por cuanto que afectan a alguna de las características que integran el núcleo de la personalidad, como son la integridad, física y moral, la autonomía y la dignidad.

Provocan daño moral las intromisiones en el honor e intimidad y los ataques al prestigio profesional, tanto más cuando provocan sufrimiento o padecimiento psíquico, que concurre en diversas situaciones como el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra (como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre), ansiedad, angustia, incertidumbre, impacto, quebranto y otras situaciones similares.

Son elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización el tiempo que los demandantes han permanecido incluidos como morosos en el fichero, la difusión que han tenido estos datos mediante su comunicación a quienes lo han consultado, y lo "kafkiano" de la situación (incidencias de las gestiones realizadas ante los responsables de los ficheros sin que las mismas hayan obtenido resultado, mayor o menor diligencia de los responsables del tratamiento en dar respuesta a los requerimientos del afectado, grado de inteligibilidad de las comunicaciones remitidas al afectado, etc) por el quebranto y la angustia que conlleva.

En este caso, consta que los datos del demandante tuvieron cierta difusión pues fueron comunicados, al menos, a una entidad financiera que consultó el fichero, y asimismo constan en el proceso, «los correos electrónicos remitidos y reiterados por el actor, lo que demuestra la intranquilidad que tal circunstancia supuso en el demandante».

En tales circunstancias, la indemnización de 3.000 euros solicitada por el recurrente, pues ha reducido su pretensión inicial de 6.000 euros, se muestra como prudente y moderada en relación a dichas circunstancias, por lo que el recurso ha de ser estimado...".

E) Pues bien, expuesto lo que antecede, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 1ª, de 26 de octubre de 2015, no puede sino ratificar la argumentación de la juez de instancia. Debe tomarse en consideración, para la fijación de la indemnización , que la intromisión no consiste en la inclusión indebida en un fichero de morosos sino su mantenimiento; que los datos han permanecido indebidamente en el fichero de morosos desde octubre de 2011 hasta la fecha; que ha habido consultas por parte de diferentes entidades del registro de morosos en el año 2011; que se produjo la denegación de un préstamo por ese motivo; y que la actora no ha concretado ni argumentado qué otra cantidad debe sustituir a la concedida y por qué. Procede, por lo dicho, ratificar la resolución recurrida por entender adecuada la indemnización concedida.

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NO CABE INDEMNIZACION POR LUCRO CESANTE DE FORMA AUTOMÁTICA EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE LA VIVIENDA EN EL PLAZO ACORDADO



EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE COMO DOCTRINA JURISPRUDENCIAL QUE NO CABE INDEMNIZACIÓN O RESARCIMIENTO POR LUCRO CESANTE DE FORMA AUTOMÁTICA EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE LA VIVIENDA EN EL PLAZO ACORDADO, INCUMPLIENDO SU REALIDAD Y ALCANCE A LA PARTE QUE RECLAMA LA INDEMNIZACIÓN. 

A) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil de fecha 10 de septiembre de 2014, nº 290/2014, rec. 691/2012, establece como doctrina jurisprudencial que en los casos de incumplimiento de la obligación de entrega de la vivienda en el plazo acordado, no procede otorgar el resarcimiento o indemnización por lucro cesante de forma automática, por aplicación de la doctrina del daño “ex re ipsa” (de la propia cosa), incumbiendo la carga de su realidad y alcance a la parte que lo reclame.

B) SUPUESTO DE HECHO: El presente caso, en un supuesto de acción de cumplimiento del contrato de permuta de solar por obra futura plantea, como cuestión de fondo, el posible alcance del retraso en la entrega de la vivienda para operar, de forma automática, la pretensión indemnizatoria por "lucrum cessans" (lucro cesante) dentro del marco del denominado daño "ex re ipsa" (de la propia cosa), todo ello con relación al valor de uso o arrendamiento de la vivienda.

En síntesis, el procedimiento se inicia por la propietaria del solar y, en lo que aquí interesa, ejercita una acción de cumplimiento del contrato al amparo de lo dispuesto por el artículo 1124 del Código Civil, solicitando, entre otros extremos, que se le indemnice en la cantidad de 844,75 euros cada mes hasta la entrega de las viviendas en condiciones aptas. para su uso. La sentencia de Primera Instancia considera que no se han probado los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de los pisos y que, al respecto, no es suficiente la aportación de una tasación de parte sobre el valor de uso o arrendamiento de los inmuebles. La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 25 de noviembre de 2011, por su parte, con cita y reseña parcial de las sentencias de la Sala 1ª de lo Civil del TS, de 27 de julio de 2007 y de 26 de mayo de 1990, procede a la pretensión solicitada considerando aplicable al presente caso la doctrina del daño "ex re ipsa". 

C) DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: El Tribunal Supremo entiende que  la reciente doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del TS, se ha ocupado de la importancia conceptual que, si lugar a dudas, tiene el retraso de la entrega de la cosa en orden a la valoración del incumplimiento de la obligación. No obstante, en esta línea, también se ha señalado, con carácter general, que en nuestro sistema el alcance de dicho concepto debe ser evaluado en la dinámica contractual operada conforme a lo pactado por las partes pues del mero retraso, considerado en abstracto, no se infiere una concreta transcendencia jurídica de un modo automático. De ahí, que el TS haya declarado que el mero retraso, por sí solo, no resulta determinante de la resolución del contrato (STS de 15 de julio de 2013, núm. 465/2013) y cuando ésta se produce, o se declara, el alcance indemnizatorio que pueda derivarse debe ser convenientemente separado y diferenciado del efecto restitutorio, con la consiguiente prueba y cuantificación del mismo. (STS de 30 de abril de 2013, núm. 275/2013.

Estas precisiones, en sede general, cobran mayor importancia, conforme también a la doctrina jurisprudencial de la Sla 1ª del TS, cuando el daño o perjuicio alegado cursa por la vía del lucro cesante o ganancia dejada de obtener (lucrum cessans), cauce que, aunque participa conceptualmente del contenido general indemnizable dispuesto por el artículo 1106 del Código Civil, exige su debida diferenciación y tratamiento; máxime, cuando el perjuicio por dicho concepto, atendido un juicio de probabilidad objetivable, debe de ser probado con una razonable verosimilitud, particularmente en aquellos supuestos, como el del presente caso, que fuera de ganancias ya existentes, con anterioridad, se proyecten sobre ganancias futuras o expectativas de las mismas, entre otras, STS de 18 de noviembre de 2013 (núm. 681/2013).

D) Aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo al caso enjuiciado.  La aplicación de la doctrina expuesta exige las siguientes precisiones en orden a la estimación del motivo planteado.

1º) En primer lugar debe señalarse que la aplicación al presente caso de la denominada doctrina del daño "ex re ipsa" resulta forzada o no ajustada a Derecho de acuerdo con la doctrina general expuesta. En efecto, aunque en la prueba del daño debe tenerse en cuenta la doctrina jurisprudencial de esta Sala que ha flexibilizado el rigor de este presupuesto por la propia expansión conceptual del incumplimiento como proyección in re ipsa del propio daño o perjuicio alegado, extensible, con mayor argumento, al incumplimiento doloso, debe precisarse que dicho planteamiento no supone el abandono de la doctrina general acerca de la necesidad de diferenciar, causalmente en la dinámica contractual, la realidad y alcance del perjuicio irrogado tras el incumplimiento de la obligación; pues esta flexibilización o presunción jurisprudencial del daño irrogado se refiere en atención a aquellos supuestos en donde el incumplimiento determina, por sí mismo, la relevancia del daño con una clara frustración en la economía contractual de la parte afectada, ya material o moral, o bien, porque dicha presunción viene implícita en la norma que anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica del incumplidor, STS de 24 de octubre de 2012 (núm. 541/2012).

2º) Se comprende, en segundo lugar, que cuando el incumplimiento, en la naturaleza y objeto de la relación contractual, o en la propia consideración de la norma, no se exteriorice con la relevancia anteriormente expuesta debe exigirse al demandante acreedor que aporte la debida prueba de los extremos que justifican su pretensión indemnizatoria. Esto es lo que ocurre en el presente caso, en donde de la acción de cumplimiento del contrato no se deriva, por si sola, la propia relevancia o transcendencia jurídica del retraso como pretensión indemnizatoria que debe ser, por tanto, convenientemente diferenciada de la acción de cumplimiento, que se ejercita de modo principal y, a su vez, objeto de prueba y de cuantificación a tenor de su conexión causal con la dinámica del contrato celebrado. Prueba o realidad del daño que, como acertadamente declara la sentencia de Primera Instancia, no resulta acreditada con la mera aportación de un informe de tasación de parte relativo al valor de uso de la vivienda, sino que requiere, conforme a la doctrina de esta Sala en el ámbito de la indemnización derivada por el lucro cesante (lucrum cessans), sentencia citada de 18 de noviembre de 2013, que dicho perjuicio, atendido un juicio de probabilidad objetivable, se pruebe con una razonable verosimilitud, particularmente, caso que nos ocupa, en aquellos supuestos en que, fuera de ganancias ya existentes, el lucro cesante se proyecta sobre ganancias futuras o meras expectativas; esto es, sobre un hipotético contrato de arrendamiento, sin oferta o trato preliminar al respecto, y tras haber declarado su inicial propósito de que la vivienda fuera utilizada o disfrutada por sus padres e hijos.

E) FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO: Estima el TS el recurso de casación de los codemandados y les absuelve de la obligación de indemnizar a los propietarios del solar permutado, por retraso en la entrega de las viviendas en condiciones aptas para su uso. Establece como doctrina jurisprudencial que en los casos de incumplimiento de la obligación de entrega de la vivienda en el plazo acordado, no procede otorgar el resarcimiento derivado por el lucro cesante de forma automática, por aplicación de la doctrina del daño “ex re ipsa” (de la propia cosa), incumbiendo la carga de su realidad y alcance a la parte que lo reclame.

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domingo, 10 de enero de 2016

LAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE CAUSAN UN DAÑO GENERAN DERECHO A INDEMNIZACIÓN SI SE LITIGA DE FORMA TEMERARIA O CAPRICHOSA O DE FORMA ABUSIVA


EL DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR EL EJERCICIO CULPABLE DE ACTUACIONES JUDICIALES TIENE UN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE UN AÑO Y SOLO TIENE LEGITIMACIÓN EL QUE HAYA SUFRIDO UN DAÑO POR LA CONSECUENCIA DIRECTA DE EMBARGOS O JUICIOS POSTERIORES, CAUSADOS POR DEMANDAS TEMERARIAS O ABUSIVAS.

1º) La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 23 de julio de 2007, nº 905/2007, rec. 2817/2000, declara que la doctrina jurisprudencial tiene establecido que para la viabilidad de la petición de resarcimiento o indemnización ocasionado por actuaciones judiciales de cualquier índole es necesario que la parte que las inició haya actuado dolosamente o cuando menos con manifiesta negligencia por no haberse asegurado el alcance de la acción ejercitada.

La Sala 1ª del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de manifestarse en varios supuestos de derecho abusivo del proceso. La sentencia de 5 diciembre 1980 señala que la doctrina jurisprudencial tiene establecido que para la viabilidad de la petición de resarcimiento ocasionado por actuaciones judiciales de cualquier índole es necesario que la parte que las inició haya actuado dolosamente o cuando menos con manifiesta negligencia por no haberse asegurado el alcance de la acción ejercitada , lo que significa la intención de dañar no existirá "cuando sin traspasar los límites de la equidad y buena fe se pone en marcha el mecanismo judicial con sus consecuencias ejecutivas para hacer valer una atribución que el actor estima corresponderle, por oponerse a ello la máxima qui iure sui utitur neminem laedit salvo, claro está, que el Tribunal sentenciador hubiera declarado su culpabilidad estimando la inexistencia de justa causa litigantis (...)".

La sentencia del TS de 31 enero 1992 señala que en este tipo de procesos la calificación de actuación abusiva ha de ser tomada con exquisito cuidado, para no coartar el ejercicio de acciones ; en efecto dice que "el proceso en si es ejercicio de un derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que no siempre ha de producir el éxito de la acción, no permite en modo alguno extraer y generalizar que el fracaso o abandono de una acción revele el carácter abusivo de un intento de ejercicio " (ver asimismo SSTS de 4 diciembre 1996 y 29 diciembre 2004).

En resumen, la Sala 1ª de lo Civil del TS se ha planteado si la interposición de demandas que originan litigios puede ocasionar daños que sean resarcibles. Esta cuestión se integra dentro de lo dicho antes: quien usa el litigio para defender los intereses que cree legítimos, no está obligado a resarcir los daños causados al demandado que gana el pleito, dejando aparte los problemas de la condena en costas, que no debe considerarse como indemnización desde este punto de vista. (Ver las SSTS 4 julio 1988, 14 julio 1989, 20 diciembre 1991 y 17 marzo 1992, entre otras). Por tanto, quien usa de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), no puede decirse que causa daño a otro, a no ser que actúe en franco abuso del derecho. Pero la concurrencia del abuso o de la mala fe en la interposición del litigio debe probarse por el demandante (en cierto sentido, la sentencia de 21 diciembre 2005).

Por lo tanto, para que exista daño que genere una obligación de indemnizar, quien litiga debe hacerlo de forma temeraria o caprichosa (STS de 6 julio 1990), o bien de forma abusiva (SSTS 17 marzo 1992 y 2 febrero 2001), pero no implica abuso del derecho a litigar que interpuesta una acción, no se obtenga la pretensión pedida (STS 21 marzo 1996). 

2º) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 3de noviembre de 2015, nº 579/2015, rec. 21/2014, considera que procede la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el ejercicio culpable de actuaciones judiciales. Aunque el mero ejercicio de un derecho no puede ser sancionado con una indemnización, ésta cabe cuando la acción judicial coarte la posibilidad de acceso a la jurisdicción a quien entiende que es titular de un determinado derecho, y lo ejercita ante los tribunales mediante la interposición de la correspondiente demanda, lo que constituye un derecho constitucionalmente reconocido.

El supuesto de hecho consiste en el ejercicio de una acción de condena por los daños y perjuicios que les ha ocasionado en ejercicio culpable de actuaciones judiciales. Cuando existe una actuación que cabe calificar de gravemente culposa o negligente al iniciar y sostener varios procedimientos judiciales en los que se ocultaron datos fundamentales en orden a la determinación de las responsabilidades concurrentes. Por lo que los daños reclamados no derivan solo de un embargo preventivo, sino de una actuación más amplia de las partes demandadas.

3º) La reclamación de los daños ha llegado a la casación por la vía del artículo 1902 Código Civil con lo que el debate se centró en el juicio de culpabilidad de la parte demandada y, por ello, en su diligencia como litigante en las actuaciones seguidas contra la ahora demandante, de las que el embargo preventivo solicitado y acordado por auto de fecha 6 de marzo de 2006 sería la primera, con examen de la evitabilidad y la previsibilidad del daño causado (STS de 5 de noviembre de 1982) y rechazo de responsabilidades objetivas, incompatibles con la norma aplicada (STS 5 de junio 1995, en la que se afirmó que, para responder, no basta con la desestimación de la demanda, «ya que, de aceptarse esa conclusión, quedaría consagrada una situación de responsabilidad «ex» artículo 1902 del Código Civil, en todos los casos en que del ejercicio del derecho ante los Tribunales se derivase daño, objetivando así la exigencia de responsabilidad de dicha norma, con olvido del requisito de la culpa o negligencia que en ella se contiene»).

El daño, dice la sentencia, se genera en el marco de las relaciones que existieron entre las partes como consecuencia de una actuación que, "en el mejor de los casos, debe ser calificada de gravemente culposa o negligente, al iniciar y sostener en el tiempo varios procedimientos judiciales en los que se ocultaron datos trascendentales en orden a la determinación de las responsabilidades concurrentes, demostrándose y declarándose la ausencia "de todo fundamento sólido", y sin tener en cuenta o no importar los graves perjuicios que, de forma evidente y palmaria, era previsible que iban a derivarse para la entonces parte demandada, y ahora actora", y a ello se deberá estar, porque no se ha cuestionado, a la hora de resolver sobre la normativa que se dice infringida para cuestionar la prescripción de una acción de naturaleza extracontractual.

4º) Estamos por tanto ante una acción por daños para que el artículo 1968.2 del CC establece un plazo de prescripción de un año pues se trata de una acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde que lo supo el agraviado; conocimiento que es determinante para la fijación del día a partir del cual pudo ejercitarla y que no es otro que aquel en que este Tribunal Supremo dictó sentencia en fecha 28 de noviembre de 2011, desestimando el recurso de casación formulado contra la sentencia dictada por la Audiencia, lo que impedía el ejercicio de la acción de responsabilidad hasta ese momento.

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miércoles, 6 de enero de 2016

OBLIGACIÓN DE PAGO DE LOS INTERESES MORATÓRIOS DEL 20% SI PASAN TRES MESES DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Y NO SE PAGA LA INDEMNIZACIÓN POR LA ASEGURADORA



OBLIGACIÓN DE PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS DEL 20% DE LA LEY DEL SEGURO SI  PASAN TRES MESES DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Y NO SE PAGA LA INDEMNIZACIÓN POR LA ASEGURADORA

La sentencia del Tribunal Supremo,  de la Sala  de lo Contencioso Administrativo, Sec. 4ª, de4 de julio de 2012. rec. 2724/2011, establece que la aseguradora incurre en la obligación de pago de los intereses moratorios especiales previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, si trascurre el plazo de tres meses desde la notificación de la sentencia sin que se haya cumplido la obligación de pago de la indemnización.

2º) Normalmente, las sentencias condenan y establecen la obligación del abono de intereses de la cantidad líquida fijada como indemnización por responsabilidad patrimonial, según el interés legal del dinero, desde que se formuló la reclamación en vía administrativa hasta el momento de notificarse esta resolución y sin perjuicio, en su caso, de los intereses ejecutorios.

La aseguradora deberá responder con arreglo a lo prevenido en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro219, respecto de los intereses de dicha cantidad líquida, en cuanto deudora solidaria de la misma, sin que exista razón bastante para eximirla del pago de dicha deuda, en razón, además de la intervención que tuvo en el expediente administrativo, por lo que pudo, en cualquier momento, afianzar o pagar la deuda, como en relación con cualquier otro asegurado.

3º) La cuestión se centra en la procedencia de los intereses moratorios previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, modificado por la disposición adicional 6ª de Ley 30/1995, de 8 noviembre, que dispone que el asegurador haya incurrido en mora en los términos que el precepto prevé: ("Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro), procederá la imposición por el órgano judicial de oficio: "consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 %; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 %". Asimismo el apartado 8 del art. 20 establece que "No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable".

4º) La cuestión resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala 3ª  de lo Contencioso Administrativo, Sec. 4ª, de4 de julio de 2012. rec. 2724/2011, es muy concreta y se centra en la procedencia de la aplicación de los intereses moratorios especiales previstos en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, a los casos de responsabilidad patrimonial de la Administración, en los que se ha producido una decisión judicial que declara la concurrencia de los requisitos para determinar la existencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial (artículo 139 y ss LRJAP y PAC). E incluso son más relevantes los supuestos de responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario, donde su especialidad y la aplicación al caso concreto de las características de "obligación de medios" y no de "resultados" adquiere unos tintes de complejidad añadidos. Esta cuestión habrá de determinar el análisis conjunto de ambos motivos planteados por la recurrente por su evidente interrelación.

La sentencia de instancia considera que debe condenarse a satisfacer sobre el principal los intereses moratorios especiales a la aseguradora ya que no existe "razón bastante para eximirla del pago de dicha deuda" atendido a tanto a su intervención en el expediente como a que pudo afianzar o pagar la deuda.

La postura del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil, está clara al efecto, y plenamente consolidada, por  la  sentencia de  20 de marzo de 2011 (recurso de casación 2794/2009), que si bien se dicta en el ámbito de un accidente de tráfico, recoge afirmaciones indudablemente aplicables al presente caso:

"La doctrina reflejada en la sentencia que el motivo invoca, dictada el 10 de octubre de 2008 por la Sala Primera de este Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 1445/2003, no pone de relieve tampoco la errónea interpretación por la Sala de instancia de aquel art. 20.8, pues se dice en el párrafo tercero del fundamento de derecho segundo de aquélla que "en la aplicación del precepto invocado, la jurisprudencia de esta Sala (véanse, entre muchas otras, las Sentencias de 11 de noviembre  y de 21 de diciembre de 2007) ha destacado la necesidad de valorar la posición de las partes y la razonabilidad de la oposición o del impago por parte de la compañía aseguradora, sentando la regla de que los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro se deben si no se encuentra una razón justificativa del impago de la indemnización por parte de la compañía aseguradora, y precisando que la norma se dirige a atajar el problema práctico de utilizar el proceso como maniobra para retrasar o dificultar el cumplimiento de la obligación de pago de la indemnización. Se trata, pues, de verificar en cada caso la razonabilidad de la postura del asegurador resistente o renuente al pago de la indemnización; razonabilidad que cabe apreciar, con carácter general, en los casos en que se discute la existencia del siniestro, sus causas, o la cobertura del seguro, o cuando hay incertidumbre sobre el importe de la indemnización , habiéndose valorado los elementos de razonabilidad en el proceso mismo, en los casos en que la oposición se declara al menos parcialmente ajustada a Derecho, cuando es necesaria la determinación judicial ante la discrepancia de las partes, o cuando se reclama una indemnización notablemente exagerada (Sentencia de 21 de diciembre de 2007) ".

La doctrina del TS (entre otras la STS de 11 de octubre de 2007), destaca, tanto la necesidad de atender al caso concreto enjuiciado, como la idea a tomar en cuenta para la aplicación de dicho precepto, que lo es la de que la aseguradora haya actuado, o no, de manera objetivamente razonable.

Las conclusiones de la sentencia de 23 de diciembre de 2009 (recurso de casación 1364/2008) han de estimarse determinantes para la estimación del presente recurso de casación atendida la intervención de la aseguradora en el proceso que no puede estimarse dilatoria, obstructiva sino que responde a la propia necesidad de determinación de la existencia de un supuesto de mala praxis médica, como así se declaró en el presente caso, pero que conllevó claramente la intervención de múltiples profesionales médicos analizando la actividad médica previa, durante y con posterioridad a la aparición de la meningitis. La oposición de la aseguradora también se basó objetivamente en informes periciales aportados ya en sede administrativa junto con la existencia también de informes de diferentes servicios de pediatría y de la propia Inspección Médica. Es claro y manifiesto que la incertidumbre sobre cada una de las fases de la asistencia llevada a cabo ha desaparecido con la sentencia y previa actividad de valoración de extensa y densa prueba pericial médica llevada a cabo por todas las partes tanto en sede administrativa como judicial, por ello no existe esa razón suficiente para eximir de la condena a tales intereses puesto que no puede atribuirse al presente caso a la aseguradora una intención clara de eludir su obligación de pago, sino que estábamos ante complejas y dispares posiciones juridicas sobre los hechos, cada una de ellas sustentada en informes médicos totalmente contrarios. Estas razones justifican la estimación del recurso y la casación de la sentencia en el fundamento de derecho noveno al considerar que el mismo no es acorde a la Jurisprudencia de esta Sala sobre el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro 50/1980.

Así establecía el TS en la sentencia de 23 de diciembre de 2009 (rec. Cas. 1364/2008): "Sin embargo, esa razón justifica la no condena al pago de aquellos intereses sólo mientras ha estado pendiente una situación de incertidumbre sobre la existencia del derecho pretendido. Desaparecida esa incertidumbre con esta sentencia, deberá regir aquel precepto, entendiendo, en aplicación de lo que dispone su núm. 3, que la aseguradora incurre en mora si trascurre el plazo de tres meses desde su notificación sin que se haya cumplido la obligación de pago de la indemnización que fijamos, a cuyo abono, con carácter solidario con la Administración, la condenamos. Es este matiz o criterio, con preferencia a otro distinto que pudiera extraerse de la sentencia que acabamos de citar, el que entendemos más acomodado a la finalidad o razón de ser de aquel art. 20, pues una vez declarado el derecho a una indemnización asegurada, entran en juego las distintas posiciones jurídicas que el ordenamiento predica para el asegurado y para el asegurador; entre ellas, la concerniente a los intereses debidos”. 

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