domingo, 28 de diciembre de 2008

LA LEGALIDAD DEL PACTO DE CUOTA LITIS


El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) en sentencia de fecha 4 de noviembre de 2008, ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2005 declaró ajustada a derecho la prohibición de que los abogados negocien sus honorarios libremente con sus clientes y avaló el establecimiento de honorarios mínimos por parte de los colegios profesionales de abogados. El Tribunal Supremo estima el recurso y se pronuncia a favor de la legalidad del pacto de cuota litis.

El Tribunal Supremo ha establecido en esta sentencia (pdf, 132 KB) que los abogados pueden pactar libremente con sus clientes el cobro de honorarios a porcentaje en función del resultado del pleito (que aquí llamamos cuota litis y los norteamericanos contingency fee).

La anulación la ha acordado el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia en la que estima un recurso del letrado José Luis Mazón, quien consideraba que la prohibición de la llamada "cuota litis" (el pacto de honorarios formalizado antes de terminar de asunto) atentaba contra la libre competencia.

Con esta sentencia los letrados y sus clientes podrán pactar libremente a comisión o porcentaje del resultado del pleito, sin necesidad de que medie pago de honorarios mínimos como establecía el Código Deontológico, del Consejo General de la Abogacía.

En 2002 el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) sancionó con una multa de 180.000 euros al Consejo General de la Abogacía y le ordenó modificar la prohibición que establecía su Código Deontológico de que los abogados fijaran "libremente" con sus clientes los precios de sus servicios.

El TDC dio así la razón a Mazón, que había presentado una denuncia contra el Consejo General de la Abogacía por una conducta "presuntamente prohibida" por la Ley de Defensa de la Competencia.

En 2005, la Audiencia Nacional estimó el recurso del Consejo de la Abogacía contra esa decisión y anuló la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, al considerar que la regulación de honorarios, cuando se haga por normativa estatal, "no está sometida" ni compete al TDC.

El Supremo en esta sentencia también ha estimado, parcialmente, el recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía y ha anulado la sanción de 180.000 euros que le impuso el TDC, aunque aprecia que su conducta "fue objetivamente infractora y debe cesar".

La Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo del TS modifica su doctrina sobre este asunto y señala que la nueva interpretación es acorde con el criterio mantenido por la Sala de lo Civil de este Tribunal, que en una reciente sentencia rechazó que el pacto de "cuota litis" sea una cláusula contraria a las leyes.

La empresa Indemnizacion Global, apoya totalmente el comunicado del letrado Mazón que señala que con esta sentencia "se pone fin a décadas de hipocresía de los Colegios de Abogados prohibiendo algo que es necesario y que facilita el acceso a la Justicia de los más necesitados".

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sábado, 27 de diciembre de 2008

El procedimiento de presentación de consultas, quejas y reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos


¿ Es posible denunciar a las compañías aseguradoras por sus reiterados incumplimientos contractuales en contra de sus asegurados, de forma fácil y gratuita?:

Es de dominio publico las constantes quejas y reclamaciones que hacen los usuarios de las compañías de seguros contra los reiterados abusos de las compañías aseguradoras en contra de sus propios clientes-asegurados, para no cumplir con sus obligaciones contractuales, o pagar al asegurado la indemnización más baja posible, o simplemente no pagar.

El Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros aprobado por el Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, regula el procedimiento de presentación de consultas, quejas y reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El procedimiento de presentación de quejas y reclamaciones se configura como un mecanismo de resolución de conflictos en materias relacionadas con contratos de seguro y planes de pensiones que deriven de la actuación de entidades aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones y mediadores de seguros.

Los procedimientos desarrollados ante el Servicio de Reclamaciones son procedimientos extrajudiciales de protección de los derechos de los ciudadanos de carácter gratuito, al margen de las instancias judiciales.

- El Servicio de Reclamaciones de la Dirección General del Seguro y Fondos de Pensiones, que tramita de forma gratuita todas las consultas, denuncias y quejas en contra de las aseguradoras, tiene una media de resoluciones favorables al asegurado del más de 37% anual. Por lo que los asegurados, no deben de renunciar nunca a la posibilidad de denunciar a las aseguradoras en defensa de sus intereses.
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ENTIDADES NO INSCRITAS NI AUTORIZADAS PARA OPERAR EN ESPAÑA COMO ENTIDADES ASEGURADORAS.


- Existen entidades no autorizadas para actuar como compañías aseguradoras en la Unión Europea y que a pesar de ello, realizan actividades de contratación de seguros , sin ningura supervisión de las administraciones publicas:


El Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados prevé que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en España, pueda acordar la publicidad que considere necesaria para información del público, en el supuesto de entidades que realicen operaciones de seguros sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.


Además, con el fin de mejorar la protección de los clientes de servicios de seguros, se plantea la necesidad de dar publicidad de la actividad desarrollada por entidades con domicilio social en otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, que por su denominación o por la confusa definición de las operaciones que realizan, pueden inducir a error a aquéllos con los que contratan, dando una apariencia de entidad aseguradora o de corredores de seguros personas físicas o sociedades de correduría de seguros aún cuando se trata de entidades que no realizan dichas actividades.


Considerando lo anteriormente expuesto y, teniendo en cuenta la información recibida de los órganos de supervisión de los respectivos Estados europeos, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acordó publicar como advertencia la relación de todas las entidades NO inscritas para operar en España como entidades aseguradoras:


Las entidades enumeradas a continuación, no están autorizadas como entidades aseguradoras, ni pueden ejercer dicha actividad en España en régimen de libre prestación de servicios desde otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, ni en régimen de derecho de establecimiento a través de una sucursal en España:


AGRUPACIÓN DE CAPITALES, S.A.

AMERICAN BRITISH INSURANCE Ltd.BARKLEY DEVELOPMENT CORPORATION (sin vínculos ni relación con W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED SUC. EN ESPAÑA, que es entidad aseguradora autorizada)

COBERTURA ASISTENCIAL DEPORTIVA S.L.

COMPAGNIE DES GARANTIES DE LUXEMBOURG, S.A.

COMPAGNIECORSA FINANCE LTDDES GARANTIES, S.A

-COMPAGNIA DI CAUZIONI, S.A

-CAUZIONI, S.A.

EUROCAUCIÓN LEVANTE SLEUROCAUCIÓN SL

EUROPA CAUZIONI, S.p.A.E

UROPEAN COMPANY OF GUARANTEE LTD

GABINETE PREVENTIVO DE MEDICINA DEPORTIVA

GENERAL FIDI CONSORCIO GARANTIA FIDI

GRAVITELL INSURANCE@REINSURANCE BROKERS S.L

GRAVITELL LIMITED

HENRY MORTIMER PLC

HUGIES ROYAL FINANCE CORPORATION

IBERSHAMROCK S.L.

INKORE

ITALFINANZIARIA S.p.A.

LAUREN´S INSURANCE, Ltd.

LÓPEZ SEGUROS INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY

MEMORIAL EXEQUIAS INTERNACIONAL S.L.

MERRION REINSURANCE COMPANY, Ltd.

MUTUELLE DE STRASBOURGMUTUELLE INTERNAZIONALE D´ASSURANCES LA PARISIENNE

NORTHERNEEF INSURANCE COMPANY

SECURE CONSTRUCTION LIMITED

SEGUROS NOVA

SHAMROCK PROPERTIES OVERSEAS LIMITEDv

SUNNY LUCKY SEGUROS

SWISS FINANCIAL CORPORATION

TEMPLETON INSURANCE LTD

TOP CLASS INSURANCE

UNIÓN GENERAL DE VALORES, S.A.


- Publicación autorizada por el artículo 6.4 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Esta relación de entidades no es exhaustiva y pueden existir entidades no autorizadas en fase de comprobación por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o que operen de forma clandestina, por lo que aún no se haya tenido conocimiento de las mismas.


Los contratos celebrados con esas entidades bajo la denominación de contratos de seguro u otras formas que den a entender que realizan operaciones de seguros, son nulos de pleno derecho conforme al artículo 5 de la Ley 30/ 1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.


Para más información hay que consultar la página web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (https://www.dgsfp.meh.es/).

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jueves, 18 de diciembre de 2008

FELICES NAVIDADES Y PROSPERO AÑO 2009


INDEMNIZACION GLOBAL en nombre de todos sus socios abogados, personal administrativo y colaboradores, saludan a todos sus clientes y amigos y le hace llegar sus mejores deseos de Feliz Navidad, augurándole asimismo un feliz comienzo y desarrollo del próximo año 2009

Que en estas fiestas,
la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad nuestro mejor deseo.
¡Feliz Navidad!





domingo, 14 de diciembre de 2008

LOS CRITERIOS Y LIMITES DE LOS SALARIOS DE TRAMITACION


- EL LIMITE AL IMPORTE DE LOS SALARIOS DE TRAMITACION:

- El art. 56 del Estatuto de los Trabajadores establece que:
1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación previstos en el párrafo b) de este apartado 1, o el abono de las siguientes percepciones económicas que deberán ser fijadas en aquélla:
a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades.
b) Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.
2. En el supuesto de que la opción entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, el contrato de trabajo se entenderá extinguido en la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del mismo y ofreciese la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste.
Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el despido sea declarado improcedente, la cantidad a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior quedará limitada a los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna.
A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrá ser realizado por el empresario desde la fecha del despido hasta la de la conciliación.
3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera.
4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada.


- En la interpretación del art. 56 del ET, el TS ha establecido unos criterios jurisprudenciales muy claros:

1º) En la interpretación del precepto debe primar el criterio de la buena fe.

2º) El error excusable del empresario en la consignacion judicial de la indemnizacion por despido y el finiquito no impide la aplicación del art. 56,2 del ET.

3º) La transferencia bancaria no constituye medio válido de poner a disposición del trabajador la indemnización:
La transferencia bancaria de la indemnización a la cuenta corriente del trabajador no sólo carece de previsión normativa, ni siquiera indirecta o tácita, como método alternativo de poner aquélla a disposición del trabajador, en lugar de proceder a su depósito judicial, sino que debe entenderse que el legislador ha querido garantizar de esta única forma el cumplimiento de la requerida actuación de la empresa, con certeza de su fecha y con la concesión al trabajador de las opciones de contestar a través del Juzgado o por otro medio su aceptación o rechazo, o no contestar, y recoger la indemnización o mantenerla en depósito a su disposición, sin necesidad de actuar en distintos términos y mediante alguna gestión bancaria.

4º) No se exige una forma especial y expresa de reconocimiento de la improcedencia del despido: La STS de 13 marzo 2001, señalaba que a falta de un requerimiento legal de forma específica, “el reconocimiento, (de la improcedencia) tanto puede ser expreso como tácito, y, tratándose de este último, su realidad habrá de desprenderse, sin duda razonable, de las circunstancias que hayan concurrido.

5º) Es necesario que la oferta empresarial llegue a conocimiento del trabajador, aunque sea el Juzgado quien se lo comunique

6º) No es válido el ofrecimiento global de la indemnización y de otros conceptos, sin que conste la debida separación:
El problema no lo plantea el hecho de que se ofertara una cantidad global por indemnización y salarios de tramitación, en cuanto que el TS ya ha aceptado como válido el ofrecimiento de una cantidad indeterminada en su cuantía consistente en el ofrecimiento de pago de la indemnización y los salarios de tramitación sin cuantificarlos, cual se concretó en la sentencia de 30 diciembre 1997 (recurso núm. 1649/97), por entender que el ofrecimiento previsto en el art. 56,2 es válido a los efectos allí previstos siempre que la oferta se haga en términos lo suficientemente claros como para permitir la inmediata determinación de su cuantía y por consiguiente la inmediata aceptación por parte del trabajador.

7º) No es necesario que la puesta a disposición de la indemnización sea inmediata: Se deduce que el art. 56,2 ET solo exige a efectos de limitación de los salarios de tramitación a la fecha del acto de conciliación, que se reconozca el despido como improcedente y se haga el ofrecimiento de la indemnización y de los salarios de tramitación en dicho acto, en ningún caso se exige una puesta a disposición o entrega de los mismo de forma inmediata como entiende la sentencia recurrida, bastando con que se deposite dentro del plazo de las 48 horas siguientes, si ello no se aceptó por el trabajador entra en juego la consignación en el Juzgado, de acuerdo con el art. 117,6 CC, siendo esto así, y habiéndose dado por el empresario, en el acto de conciliación, cumplimiento a dichas exigencias, no se entiende como la sentencia recurrida considera, que no existe puesta a disposición inmediata, infringiendo los arts. 1157 y 117,6 CC; cuando como aquí sucede, no se acepta la entrega de lo adeudado dentro de las 48 horas existía un plazo establecido para pagar y de no aceptarlo de 48 horas para consignar, y a ello se atuvo la empresa.

8º) En el cómputo de las 48 horas se descuentan los días inhábiles a nivel judicial (sábados, domingos y festivos):
Siendo en la actualidad inhábiles todos los sábados (art. 182 LOPJ), es por lo que un despido cuya conciliación, o reconocimiento de improcedencia, se efectuara en viernes, el plazo correria el lunes y el martes, pues no se cuentan sábados, domingos ni festivos, pues tras el viernes, las 48 horas siguientes al reconocimiento de la improcedencia las oficinas judiciales permanecerían cerradas. Y se debe rechazar cualquier interpretación que conduzca al absurdo.

9) Determinación del momento hasta el cual se devengan salarios de tramitación:
Es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que el patrono reconozca la improcedencia del despido ; b) que ofrezca la indemnización por el despido legalmente marcada, y que la deposite en el Juzgado correspondiente, y c) que ponga en conocimiento del trabajador el hecho del ofrecimiento y del depósito.

Sentado lo anterior (tal como se desprende del primer párrafo del art. 56,2), los dos párrafos siguientes del mismo apartado contienen la alternativa que se deriva del hecho de que el depósito judicial de la indemnización por el despido improcedente se lleve a cabo de forma más o menos inmediata, a saber: a) en el caso de que el depósito se efectúe “en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido ” (párrafo segundo del apartado 2), “no se devengará cantidad alguna”; b) en el supuesto de que la indemnización se deposite en plazo más dilatado, los salarios de tramitación se devengarán “desde la fecha del despido hasta la del depósito” (mismo párrafo segundo).

En consecuencia, es el tiempo en que el depósito tenga lugar lo único que determina (cumplidos que sean los requisitos antes vistos) que, bien no tenga el trabajador derecho a salarios de tramitación, o bien los tenga limitados a la fecha de tal depósito, con tal de que el reconocimiento acerca de la improcedencia del despido no vaya más allá del momento de la conciliación, pues así resulta claramente del párrafo tercero y último del apartado 2 al que nos venimos refiriendo, toda vez que el repetido párrafo último es aplicable, tanto al supuesto de que el depósito se lleve a cabo dentro de las 48 horas siguientes al despido como en el caso de que se efectúe más tarde, a condición de que no tenga lugar después de la fecha de la conciliación.


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LA INDEMNIZACION POR DESPIDO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS


LA INDEMNIZACION POR DESPIDO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LAS ADMINISTRACIÓN PUBLICAS:


- Con la finalidad de conseguir estabilidad y eficacia en el funcionamiento de la Administración Pública (art. 103,1 CE), y en evitación del clientelismo que la alternancia partidista puede suponer, y tratando de evitar arbitrariedades en la vinculación del personal a su servicio (art. 9,3 CE), sometiéndola a parámetros de legalidad (art. 9,1 CE), con trato igual a todos los ciudadanos (art. 23,1 CE), el constituyente, en el art. 103,3 CE, estableció la exigencia de que el acceso al empleo público, tanto del funcionarial como del laboral, deba realizarse tras convocatoria pública, para baremación objetiva del mérito y la capacidad de los aspirantes, realizada en condiciones de igualdad entre los participante.


- Tales exigencias dieron lugar a una elaboración jurisprudencial que matizó la aplicación, en el ámbito del empleo público laboral, de las consecuencias generales derivadas de las contrataciones irregulares o fraudulentas (art. 15 ET, art. 6,4 CC).


De tal modo que, si de la aplicación normal de dichos preceptos de la legalidad laboral general deriva que, si ha existido una contratación laboral irregular, o en fraude de ley, la consecuencia que se reconoce en los litigios es considerar que esa relación anómala se reconvierte en una relación como trabajador fijo de plantilla (arts. 15,3 y 43,3 ET), cuando la empleadora es una Administración Pública (AP), se ha entendido que no cabe esa aplicación lineal del precepto, pues implicaría dejar sin contenido esa exigencia derivada del art. 103,3 CE, de que para vincularse de modo estable con las AP, se deba superar una baremación del mérito y la capacidad, en régimen de igualdad de todos los participantes, tras convocatoria pública.


Esta doctrina jurisprudencial creó la llamada relación laboral indefinida, derivada de la existencia de contrataciones temporales irregulares o en fraude de ley, que en casos de despido concede a la AP la opción entre indemnizar o readmitir al trabajador con tal consideración, hasta la cobertura reglamentaria de la plaza o su amortización por el procedimiento legal adecuado. Iniciada por las SSTS de 20-1-98 y de 21-1-98, la siguen gran número de ulteriores decisiones, que han ido concretado, mediante jurisprudencia creativa, las consecuencias de la misma, extendida a acciones declarativas, a las cesiones ilegales, (STS de 17-9-02), o a un cese en esa relación laboral indefinida, equiparando la situación a la de un cese de interinidad por vacante (STS de 27-5-02 o de 26-6-03), sin derecho a indemnización de clase alguna.


Esta doctrina se completa con que se debe de establecer en la Sentencia, de modo obligatorio, la opción en favor de la AP entre el abono de indemnización o la readmisión, en todo caso de improcedencia, no siendo válida la decisión judicial que sólo condena al pago de la indemnización (STS de 26-7-91). Pues se mantiene, lo contrario supondría no tener en cuenta que, conforme al art. 9,1 CE, la AP está sometida a la legislación, en el caso a la laboral, que establece esa opción con carácter general.


La consecuencia practica de dicha doctrina es que se viene aceptando con normalidad que, no ya solo quien está contratado temporalmente de modo irregular, o quien ha visto "reconvertida" su vinculación en esa relación laboral indefinida, sino incluso quien debió de superar una oposición o un concurso oposición, y alcanzó una plaza como trabajador fijo de plantilla de la AP, pueda quedarse en la calle, perdiendo su empleo público sin causa legal que lo justifique, sin haber incurrido en causa de despido alguna, con la mera opción de la empleadora pública por el abono de la indemnización, aunque una decisión judicial firme haya sentado la inexistencia de causa legal de extinción del contrato de trabajo. Si se acepta esto como acorde a derecho, resultará entonces que se está vaciando de todo contenido real la garantía que deriva del art.103,3 CE, pues bastará una parodia de comunicación mediante carta de una causa de despido del art. 54,2 ET, aunque sea incierta, no exista prueba de ello, o carezca de gravedad para justificar tal decisión, para que quede totalmente en manos de la empleadora pública mantener la relación laboral con quien superó adecuadamente el proceso público de selección.


Con lo que se deja entonces en manos de la misma Administración Pública (AP)la decisión de quien se vincula con una relación laboral, al poder arbitrariamente desvincularse de quien no es persona de su confianza personal o ideológica, o incluso seleccionando a otra distinta que haya quedado aprobada sin plaza, o esté en lista de espera de Bolsa de Trabajo, si es de más agrado que quien sacó mejor baremación, con la consiguiente burla de la garantía constitucional. Y, debe advertirse, hecho con fondo públicos, y en contra de lo que, en una aproximación objetiva, parece más acorde al buen funcionamiento del servicio público, otro fundamento de la garantía del art. 103,3 CE, que es evidente que está relacionado con que venga prestado por quien ha alcanzado una mejor valoración.


Este eventual uso arbitrario del derecho, en claro perjuicio del funcionamiento de la AP, y de la garantía constitucional, se agrava más si se acepta que también puede la misma acogerse a lo que establece el art. 56,2 ET, de reconocer en la propia carta de despido , o con posterioridad a su entrega, la improcedencia del mismo, ofreciendo el pago de la indemnización que establece dicho precepto. Lo que es extensible a la contestación a la reclamación previa, donde cabría admitir que se haga estimando la reclamación, y reconociendo la improcedencia del despido, ofertando la indemnización , o incluso mediante allanamiento en el acto de juicio, realizado en los mismos términos.


- Pero no debe olvidarse como, a través de la negociación colectiva, es frecuente que se introduzca un cambio en la opción (lo que ha sido considerado legal, STS de 11-3-97 por todas), de tal modo que sea el trabajador el titular del derecho a poder elegir entre la readmisión o la indemnización, lo que va en esa dirección de limitar la extinción contractual sin causa con el simple abono de una indemnización, pues lo normal es que el trabajador opte por la readmisión. Resulta cuando menos curioso que en estos supuestos, la doctrina unificada ha sido restrictiva, y no los ha extendido al personal contratado temporalmente si, de modo expreso, no se aludía a los mismos en la cláusula convencional (SSTS de 20-3-97 o de 14-10-97).


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