domingo, 24 de mayo de 2015

REQUISITOS PARA PERCIBIR LA INDEMNIZACIÓN POR CLIENTELA POR RESOLUCIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE AGENCIA.



A) REGULACION LEGAL DE LA INDEMNIZACIÓN POR CLIENTELA: El artículo 28 de la Ley 2/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia, regula la indemnización por clientela por la extinción del contrato de agencia:

1. Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran.
2. El derecho a la indemnización por clientela existe también en el caso de que el contrato se extinga por muerte o declaración de fallecimiento del agente.
3. La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior.
B) Dicho derecho a percibir una indemnización, se ha configurado jurisprudencial y doctrinalmente como un remedio que pretende compensar los perjuicios que se derivan para el agente una vez finalizada la relación contractual, a la vez que evitar el posible enriquecimiento injusto que pudiera obtener la empresa o concedente, al aprovecharse de la clientela creada con el esfuerzo del primero, tratando de compensar la inversión y el trabajo realizado por el agente, en atención a unas expectativas frustradas por la extinción del contrato.

Ahora bien, para que dicho derecho pueda ser reconocido, deben concurrir los requisitos señalados en el art. 28 LCA que, como señala la sentencia de Tribunal Supremo de 4 enero de 2.010 tienen carácter acumulativo. 

En cuanto a la prueba de su concurrencia, señala la misma sentencia del TS de 4 de enero de 2010, con cita de otras varias, que ello incumbe al agente que reclama la compensación; si bien puntualiza en el sentido de que el requisito de que la actividad anterior del agente pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario, no permite imponer a éste la prueba de la efectividad de tales ventajas o del efectivo disfrute por el empresario, después de extinguido el contrato, de los clientes que aportó el agente, pues también cabe un "pronóstico razonable", en contemplación del momento inmediato posterior a la ruptura del vínculo contractual, acerca de cuál será el comportamiento probable de dicha clienta y, por tanto, de si es posible que el empresario continúe disfrutando o favoreciéndose de la misma ( SSTS 13-10-04 y 23-6-05, esta última con cita de las SSTS 27-1-03, 7-4-03 y 30-4-04)."

Por otro lado, el Tribunal Supremo, partiendo de que no se cuantifica en el art. 28 de la LCA, la indemnización por clientela , sino que fija un tope máximo, en la sentencia de 31 de mayo de 2.012, analiza la incidencia que cabe otorgar a la equidad, a la que se refiere dicho artículo, tanto a la hora de apreciar la procedencia de la indemnización por clientela , como para cuantificarla y en tal sentido señala que, conforme al art. 3.2 CC, "la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella, cuando la ley expresamente lo permita", por lo que cuando el legislador acude a la equidad en la apreciación de la procedencia de la indemnización por clientela , como consecuencia de la resolución de un contrato de agencia, lo que hace es enmarcar el juicio de equidad del Tribunal, al establecer unos presupuestos fácticos: que "el agente (...) hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente" y " su actividad anterior pued(a) continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario". 

En estos casos, el juez juzga si resulta equitativo, en atención a las circunstancias concurrentes (entre las que enumera la existencia de pactos de limitación de competencia o las comisiones que perderá el agente), compensar al agente.

C) Ciertamente el artículo 28.1, de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el Contrato de Agencia, establece que, cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran, indemnización que no podrá exceder, en ningún caso del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el periodo de duración del contrato, si éste fuere inferior, conforme dispone dicho precepto en su apartado 3.

Como señala la SAP de Barcelona (Sección 15) de 16 de junio de 1999, la indemnización por clientela se funda, no en el instituto del enriquecimiento sin causa (pues la causa del enriquecimiento del empresario es el propio contrato de agencia, por el que el agente quedó obligado a promover actos u operaciones de comercio por su cuenta), sino en la procedencia de retribuir o compensar a quien ha contribuido a crear un activo común, en liquidación, constituido por unas relaciones comerciales estables con terceros, por cuenta del empresario, aptas. inicialmente para generar ventajas futuras a los dos y, a consecuencia de la extinción del vínculo, sólo para uno de ellos.

Esa indemnización por clientela está contemplada en la Directiva 86/656 de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, como una alternativa (artículo 17.1 y 2) a la reparación del perjuicio producido por la privación de las comisiones futuras y por los gastos resultantes de la ejecución del contrato (artículo 17. 2), y aparece regulada en el artículo 28 de la Ley 12/1992, según se ha señalado anteriormente.

D) REQUISITOS PARA PERCIBIR LA INDEMNIZACION POR CLIENTELA: De acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y 30 de la Ley 12/1992, son presupuestos de la indemnización por clientela, cumulativamente, los siguientes:

a) Que el contrato, sea por tiempo determinado o indefinido, se extinga.

b) Que la extinción no haya sido provocada por el incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente (y además que no se den los supuestos establecidos en las letras b) y c) del artículo 30, sin trascendencia en el presente caso).

Así la STS de 15 de febrero de 200, señaló que la Ley 12/1992, de 27 de mayo, de Contrato de Agencia, acoge como excepción a la indemnización por clientela , a la terminación del contrato, el supuesto de que el empresario lo hubiese extinguido "por causa de incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente", estableciendo la STS de 10 de diciembre de 1996, que los supuestos de inexistencia del derecho indemnizatorio se encuentran condicionados o supeditados a la concurrencia de una extinción del contrato por causa no imputable al empresario; c) que el agente hubiese captado nuevos clientes para el empresario (esto es, personas de las que quepa esperar que formulen pedidos en el futuro, con cierto grado de estabilidad y continuidad, pues sólo así cabrá afirmar que la actuación de aquél podrá seguir proporcionando ventajas sustanciales a la otra parte de la relación de agencia), o hubiese incrementado de modo sensible, cuantitativa o cualitativamente, las operaciones con la clientela preexistente; en este sentido señala la STSJ de Navarra de 15 de noviembre de 1997, que el reconocimiento de una indemnización por la clientela generada, es decir, la compensación del lucro recibido por el comitente, exige en todo caso la prueba real y efectiva del provecho recibido y de la clientela generada.

c) Que ello resulte procedente en equidad, ya por la existencia de pactos de limitación de competencia, ya por las comisiones que el agente pierda, ya por otras circunstancias a considerar.

E) OBLIGACIONES A CARGO DEL AGENTE: Como obligaciones a cargo del agente, señala el artículo 9 de la referida Ley reguladora del Contrato de Agencia que, en el ejercicio de su actividad profesional, el agente deberá actuar legalmente y de buena fe, velando por los intereses del empresario o empresarios por cuya cuenta actúe (apartado 1), y, en particular, el agente deberá ocuparse con la diligencia de un ordenado comerciante de la promoción y, en su caso, de la conclusión de los actos u operaciones que se le hubieren encomendado (apartado 2. A).

No cabe duda, pues, que, en el supuesto de que el agente se encuentre facultado para realizar el cobro de las mercancías del empresario, vendidas o suministradas a terceros en ejecución del contrato de agencia, ha de poner a disposición de éste sin dilación el importe recibido de los compradores, a menos que contractual mente se le haya fijado un plazo o periodicidad, pues en tal caso deberá realizarlo dentro del indicado plazo o con la periodicidad establecida en el contrato. Así, la SAP de Sevilla (Sección 5ª), de 2 de noviembre de 1999, señaló que la Ley del Contrato de Agencia prevé efectivamente una indemnización por clientela en su artículo 28, pero tal indemnización, según establece el artículo 30, no procede, entre otros casos, cuando el empresario hubiese extinguido el contrato por causa del incumplimiento de las obligaciones legal o contractual mente establecidas a cargo del agente, entre las que naturalmente debe entenderse comprendida la de abonar puntualmente las cantidades obtenidas en las operaciones que concluye con las mercancías del empresario. Y por ello en la SAP de Granada de 19 de marzo de 1997 se concluye que el incumplimiento de la obligación de pago de las mercaderías que había asumido el agente, determina que no tenga derecho, en caso de resolución del contrato, a la indemnización por clientela , según el artículo 30 a), de la Ley del Contrato de Agencia.

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domingo, 17 de mayo de 2015

DERECHO A UNA INDEMNIZACION POR LA CAIDA DE UN MENOR EN EL PATIO DEL COLEGIO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE NIEVE Y HIELO



EXISTE DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN POR LA CAÍDA DE UN MENOR EN EL PATIO DEL COLEGIO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE NIEVE Y HIELO.

1º) La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 23 de febrero de 2015, nº 118/2015, rec. 478/2012, resuelve condenar a la administración al pago de una indemnización por las lesiones y secuelas padecidas por el hijo de los actores a consecuencia de una caída producida en las instalaciones del Instituto Público. La lesión sufrida por el menor se imputa a la Administración, por habilitar el recreo en condiciones peligrosas de nieve y hielo, y por colocar y mantener un banco cuya ubicación era objetivamente peligrosa.

2º) Es doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo (Sentencias del Tribunal Supremo de dos de enero y diecisiete de noviembre de 1990, siete de octubre de 1991 y veintinueve de febrero de 1992, entre otras muchas), que la responsabilidad directa y objetiva de la Administración, iniciada en nuestro Ordenamiento positivo por los artículos 405 y 414 de la Ley de Régimen Local de 1956, y consagrada en toda su amplitud en los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones del Estado y 121, 122 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, ha culminado, como pieza fundamental de todo Estado de Derecho, en el artículo 106.2 de la Constitución Española de 1978, al establecer que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Así, pues, la copiosa jurisprudencia sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina de la que pueden significarse como pilares fundamentales los siguientes:

a) La legislación ha estatuído una cobertura patrimonial de toda clase de daños que los administrados hayan sufrido en sus bienes a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, fórmula que abarca la total actividad administrativa;

b) Servicio público viene a ser sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración;

c) De ahí que siempre que se produzca un daño en el patrimonio de un particular sin que éste venga obligado a soportarlo en virtud de disposición legal o vínculo jurídico, hay que entender que se origina la obligación de resarcir por parte de la Administración, si se cumplen los requisitos exigibles para ello, ya que al operar el daño o el perjuicio como meros hechos jurídicos, es totalmente irrelevante para la imputación de los mismos a la Administración que ésta haya obrado en el estricto ejercicio de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad material, o en omisión de una obligación legal.

3º) Los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado o económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley.

Regulación positiva, por último, que se plasma en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como, referida a las Corporaciones Locales, en el art. 54 de la Ley de Bases del Régimen Local, 7/85, de dos de abril.

4º)  No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de cinco de junio de 1998 que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

5º) Cabe señalar, por último, que a los fines del artículo 106.2 de la Constitución, el Tribunal Supremo, en Sentencias, entre otras, de cinco de junio de 1989 y veintidós de marzo de 1995, ha homologado como servicio público toda actuación, gestión, actividad, o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad, con resultado lesivo.

6º) CAIDA DE UN MENOR EN EL PATIO DEL COLEGIO: La caída de un menor en horario escolar, en las instalaciones del Instituto Público en el que cursaba estudios. Es el supuesto, de la existencia de un accidente producido en el patio del instituto, sin participación de educadores ni responsables directivos del centro, ni por falta acreditada de vigilancia sobre parámetros distintos de los usuales en una actividad normal y programada en el centro, o cuando menos llevada a cabo en su seno, como es el recreo. Ni hubo, en ese sentido, acontecimiento extraordinario que hubiera obligado a intervenir y cuya omisión propiciase la responsabilidad del centro.


Ahora bien, ocurre que las condiciones climáticas, con nieve y placas de hielo en el patio, aconsejaban haber evitado la salida al patio, o al menos la permanencia de alumnos en zonas como la que nos ocupa, lo que da lugar a la responsabilidad  patrimonial de la administración por los daños sufridos por el menor.

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