domingo, 19 de enero de 2020

La indemnización en caso de coches siniestrados ha de incluir el coste de la reparación debidamente acreditada, que no suponga un abuso del derecho.


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sec. 9ª, de 9 de mayo de 2019, nº 269/2019, rec. 1005/2018, establece que la indemnización en caso de coches siniestrados ha de incluir el coste de la reparación, debidamente acreditada, que no suponga un abuso del derecho.

La AP, considerando la disparidad de criterios existentes para fijar la indemnización correspondiente en el caso de coches siniestrados: valor venal, valor de reparación, teoría intermedia, determina que la finalidad del resarcimiento del daño causado es conseguir que el perjudicado quede en lo posible en la situación que tenía antes del evento dañoso, y conforme al principio de la "restitutio in integrum" informador de nuestro sistema de responsabilidad, se logra con el valor de la efectiva reparación del objeto dañado, dando efectiva satisfacción al perjudicado, por tanto, la indemnización debida ha de responder al coste de la reparación, debidamente acreditada, y no suponga un abuso de derecho.

Se ha de tener en cuenta que el sentido de la obligación impuesta por la ley al causante del daño es el de restablecer el patrimonio del perjudicado a su estado anterior, por lo que parece palmario que, en principio, la obligación debe consistir en sufragar el coste de los trabajos y materiales que se requieran para restaurar el objeto dañado, de modo que, una vez se acredite cuál es el importe necesario para reponerlo a su anterior estado, esa habrá de ser la cantidad que se deba abonar.

B) HECHOS: En la sentencia apelada la Juez de Instancia, haciendo caso omiso del importe de la reparación del vehículo le otorga una cantidad inferior, de indemnización al demandante. Frente a ello se alza la recurrente y solicita que se le indemnice con el importe total del coste de la reparación.

C) CRITERIOS DOCTRINALES: Pues bien, esta Sección Novena de la AP de Alicante, en su sentencia de 29 de noviembre de 2010, sobre esta cuestión, ya dijo que "como ya señaló la SAP de Alicante de 5 de mayo de 1999, hay que decir que, pese a que en apariencia sea un tema simple, sin embargo, la realidad demuestra que dentro de la doctrina y la jurisprudencia existen criterios dispares al respecto, pues de una parte nos encontramos con sentencias que atienden al criterio del valor de la reparación partiendo del principio de la restitución (STS 3 de marzo de 1978,SAP Gerona de 17 de febreroy8 de Abril de 1981,SAP Albacete de 9 de junio de 1981,SAP Granada de 17 de febrero de 1995), frente a ellas otras que optan por el valor venal del vehículo cuando la reparación es manifiestamente desproporcionada en relación con aquel (SAP Burgos de 14 de Octubre de 1982,SAP Cádiz de 28 de mayo de 1991,SAP León de 18 de junio de 1993), incluso otras que, aún existiendo desproporción entre el valor venal y el de reparación, si existe propósito de reparar se debe otorgar éste último valor (SAP Palencia de 14 de Octubre de 1991,SAP Ciudad Real de 3 de Febrero de 1993,SAP Badajoz de 18 de Febrero de 1993) y, por último, resoluciones que atienden al valor venal incrementado con el de afección cuando concurre aquella desproporción (STS 15 de Octubre de 1986,SAP Zaragoza de 26 de Junio de 1981, SAP de La Coruña de 19 de Noviembre de 1993, SAP Alicante de 24 de enero de 1994, SAP Almería de 9 de Diciembre de 1993, SAP León de 13 de diciembre de 1994, SAP Pontevedra de 17 de febrero de 1995 y SAP Albacete de 5 de mayo de 1995.

Por su parte, nos dice la Sentencia del TS de 24 abril de 1996 que: "la negativa de la entidad recurrente a sufragar la reparación del vehículo se hallaba plenamente justificada y amparada por la llamada teoría intermedia, según la cual en los supuestos en que el valor de reparación de un vehículo sea muy superior al venal, será éste el que sirva para fijar la correspondiente indemnización, incrementándolo en cantidad necesaria para cubrir los gastos de adquisición de otro vehículo de similares características y el posible valor de afección si lo hubiere, y de lo dicho se desprende que la inactividad cuya indemnización se reclama no es achacable a la aseguradora recurrente, sino al actor que insistió en una pretensión de reparación improcedente".

La STS de 3 de marzo de 1978 que: "aun cuando la cuantía de la reparación del vehículo siniestrado pudiera ser superior al valor en venta que éste alcanzase en el momento de sobrevenir el accidente, ello no podría obligar al perjudicado a admitir que se le sustituya por otro de idénticas o similares características y estado de conservación, no sólo por la dificultad de encontrar en el mercado otro vehículo de ocasión de semejantes condiciones, por un precio justo y equitativo, y con la urgencia requerida para que no se resienta o entorpezca el desenvolvimiento de la industria a que aquél se dedicaba, sino también por los vicios o defectos ocultos que pudiera tener el adquirido y la falta de seguridad en cuanto a su ulterior funcionamiento, a parte de la imposibilidad de calcular de antemano si el importe del arreglo superaría o no al de aquella adquisición, sobre todo cuando como ocurre en este caso, ambos valores se aproximan".

También en la sentencia de la AP de Alicante de 15 de julio de 2009, se insistió en que: "...ya dijo esta Sala, en su Sentencia número 239/07, de 4 de junio de 2007, (rec. nº 18/07), que, "Como dicen las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Octava, de 11 de mayo de 2005, 21 de marzo de 2006yde 9 de mayo de 2006, "el valor venal presupone siempre una desproporción entre el valor de reparación y el valor del vehículo en el mercado, encontrando su fundamento en la interdicción del enriquecimiento injusto. Y en este sentido, hemos afirmado que, si el valor de reparación es superior al del vehículo nuevo, no puede en efecto pretenderse que se pague un arreglo en cantidad superior al que valdría un vehículo nuevo y, consecuentemente, tampoco puede pretenderse sólo abonar el valor del mercado cuando la reparación resultara de inferior valor, es decir, cuando resultara, por razones económicas aprovechable el vehículo mediante su reparación". Además de lo indicado en las calendadas sentencias, debemos indicar que la finalidad del resarcimiento del daño causado que al perjudicado concede el artículo 1902 del Código Civil, al decir que: "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado", no es otra que la que el perjudicado quede resarcido, restaurando en lo posible el estado de cosas a la situación que tenía con anterioridad al evento dañoso, pues como ya señalaron las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1912, 9 de marzo de 1913, 26 de junio de 1913,15 de diciembre de 1981, es el único designio de la norma; y ello también como consustancial al inveterado y tradicional principio, pero no por ello menos actual y vigente, del "alterum non laedere". Y puesto que por daño hemos de entender que éste viene referido al perjuicio o menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio, hemos de convenir en el presente supuesto, que reparado el vehículo siniestrado, y abonado el importe de la reparación, no siendo obviamente dicho importe superior al de un vehículo nuevo, el que debamos concluir que no hay razón para que se le abone tan sólo una cantidad que no reintegre los daños sufridos y le obligue al perjudicado a pagar a su costa parte de la reparación, o en su caso a tener que adquirir otro vehículo a su costa y por un importe que el mercado ni puede ni tiene porqué respetar, y cuando a todo esto, en el evento dañoso ninguna culpa tuvo, apareciendo la solución del Magistrado de instancia, como una especie de compensación de culpas en todo caso improcedente".

Las SAP de Alicante de 8 de septiembre 2016: "no puede estarse de acuerdo con la conclusión judicial sobre la indemnización del importe de la reparación efectivamente realizada por ser contraria al reiterado criterio de esta Audiencia (como más reciente puede citarse la sentencia de 11 de junio de 2014), siguiendo el de otras muchas, que ha establecido que la restitución completa que exige la jurisprudencia al aplicar el artículo 1.902 del Código Civil sólo se consigue compensando a los perjudicados en el daño efectivamente sufrido y no en el del valor venal peritado del vehículo siniestrado, aun incrementado con el valor de afección [AP Alicante, (4ª), Ss. 23.11 y 25.11.1992, que prescinde incluso de si los daños han sido o no reparados, aunque en el supuesto que nos ocupa sí lo han sido, y 10.04.2003; (5ª) Ss. 1.12.2004 y 28.06.2007]. En definitiva, el vehículo siniestrado ha quedado en condiciones de seguir prestando utilidad a sus propietarios y esto es precisamente en lo que consiste el resarcimiento al que se refiere el precepto citado, por lo que este motivo debe ser estimado".

Y más recientemente en la S de la AP de Alicante número 420/2018, de esta Sección Novena, de 24 de septiembre: "En nuestro supuesto, ni siquiera cuestiona la demandada que el vehículo haya sido reparado, ni que se haya abonado el coste. Ciertamente el importe de la reparación es superior al valor venal, sin embargo, en supuestos como el presente, en el que el perjudicado ha hecho el preciso desembolso para reparar su vehículo, es evidente que la solución llamada intermedia está muy lejos de la restitutio in integrum, paradigma del resarcimiento al que el perjudicado tiene derecho o que constituye como dice la doctrina del TS "el quicio del derecho de daños".

Como resume la SAP Madrid de 25/1/2018: "la sentencia es ajustada al principio de la "restitutio in integrum" informador del sistema de responsabilidad contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, que aboga por conceder el valor de la efectiva reparación. Se entiende que sólo así se consigue dar efectiva satisfacción al perjudicado, que no puede verse obligado a la venta forzosa de su vehículo ni exponerse a los vicios ocultos que pueden afectar al que tendría que admitir de otra forma en el mercado de ocasión. No se produce enriquecimiento injusto alguno pues se limita al perjudicado a permanecer en el uso del mismo vehículo que antes poseía. Como establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 5ª de 10-5-2001, número 456/2001, para concretar el alcance que debe tener esa reparación, se ha de tener en cuenta que el sentido de la obligación impuesta por la ley al causante del daño es el de restablecer el patrimonio del perjudicado a su estado anterior, por lo que parece palmario que, en principio, la obligación debe consistir en sufragar el coste de los trabajos y materiales que se requieran para restaurar el objeto dañado, de modo que, una vez se acredite cuál es el importe necesario para reponerlo a su anterior estado, esa habrá de ser la cantidad que se deba abonar. En el caso concreto de los vehículos a motor, el detrimento resarcible comprenderá, por tanto, la extensión integra de la lesión que se les haya ocasionado tanto en su mecanismo automotriz como en su aspecto y forma exteriores o en sus elementos auxiliares, a consecuencia de la acción o de la omisión culposa de otro. Y en definitiva, que la forma natural de reparar un daño es la de eliminar sus efectos, lo que se consigue a través de la restauración de la cosa dañada (STS 15 diciembre 1981), que tal como tiene establecido la doctrina jurisprudencial (STS de 3 de marzo de 1978), la forma de hacer frente a la responsabilidad derivada de culpa no puede quedar al arbitrio del agente productor del daño y que la reparación del daño mediante la fórmula de sustituir la restauración del vehículo por el pago de una cantidad equivalente a su valor en el mercado forzaría al perjudicado a la disyuntiva entre emprender a su costa la reparación, con una compensación insuficiente por parte del dañador, o sustituir su vehículo por otro, sobre cuyo funcionamiento carece de garantías, soluciones ambas claramente apartadas de su propia reparación del daño. En el mismo sentido las SAP de Murcia, de 23 de abril de 2007 (Sección 1ª) y de 11 de octubre de 2006 (Sección 4ª) en las que se razona que la indemnización por los daños materiales ha de ser el importe de la reparación del vehículo cuando se haya acreditado la misma o exista un compromiso formal de hacerlo, siempre que tal actitud aparezca fundada en razones serias y respetables y no implique un verdadero abuso de derecho, doctrina de cuya aplicación se sigue la desestimación del motivo del recurso".

D) CONCLUSION: En este caso, nos encontramos con un vehículo cuya reparación ha ascendido a la cantidad de 7.212,13 euros, con un valor venal de 4.270 euros, según el perito de la demandada que lo reduce a 3.843 euros por tratarse de un vehículo de empresa, con un coste de reparación según el mismo de 5.264,64 euros. Un vehículo nuevo costaría sobre los 21.000 euros y uno de segunda mano de características similares entre 7.000 y 8.000 euros.

Pues bien, en este caso que nos ocupa la teoría intermedia no puede resarcir suficientemente el perjuicio sufrido, ya que indemnizar con el valor venal más el valor de afección (4.995 euros concedidos en la instancia) limitaría de modo relevante la adquisición de un vehículo que sustituyese al anterior con el que la recurrente venía satisfaciendo perfectamente sus necesidades, pudiendo suponer, además, de encontrarse uno así en el mercado, adquirir un vehículo con el grave riesgo de adolecer vicios ocultos, que no consta que padeciese el siniestrado.

En cualquier caso, la aplicación de la teoría intermedia, tal como la describe la sentencia del Tribunal Supremo, supondría abonar el valor venal, más el valor de afección y el incremento por la adquisición de un vehículo similar, y ello, de hecho, en casos como el que nos ocupa, vendría a suponer una cantidad similar a la de reparación.

Se estima el recurso y se condena a la aseguradora al pago del valor de la reparación, más los intereses de demora especiales desde la fecha del siniestro.



928 29 76 09





jueves, 2 de enero de 2020

La cláusula que exonera a la aseguradora de la obligación de pago de la indemnización en caso de que el siniestro se produzca bajo los efectos de las bebidas alcohólicas en el caso del seguro voluntario del automóvil es limitativa de derechos, exigiendo para su validez que haya sido destacada y expresamente aceptada por el tomador.


A) La sentencia del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, de 15 de julio de 2019, nº 418/2019, rec. 448/2017, establece que la cláusula que exonera a la aseguradora de la obligación de pago de la indemnización en caso de que el siniestro se produzca bajo los efectos de las bebidas alcohólicas en el caso del seguro voluntario del automóvil debe ser calificativa como limitativa de derechos, exigiendo para su validez que haya sido destacada y expresamente aceptada por el tomador.

B) El artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece que:

"Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración pública en los términos previstos por la ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas".

C) OBJETO DE LA LITIS: El motivo primero denuncia la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina de esta sala al interpretar el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro , que se considera infringido. La parte recurrente sostiene que la cláusula según la cual la aseguradora no presta cobertura en los casos en que el conductor se encuentre bajo la influencia de bebidas alcohólicas es limitativa de derechos del asegurado y por ello se halla sujeta a los requisitos y exigencias derivados del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, de modo que debe cumplir para su plena validez con la doble exigencia que establece el artículo 3 LCS. En consecuencia ha de destacarse la cláusula de modo especial y aparecer específicamente aceptada por escrito, siendo así que en este caso constituye hecho no controvertido que las condiciones particulares y generales de la póliza ni siquiera fueron firmadas por el tomador por lo que no pudieron ser aceptadas.

D) La sentencia  del Pleno del  Tribunal Supremo nº  402/2015, de 14 de julio, contiene doctrina que ha sido reiterada por otras posteriores, como la núm. 234/2018, de 23 de abril , y afirma lo que sigue:

"A partir de la STS de 7 de julio de 2006, RC 4218/1999, se viene considerando que la cláusula que excluye en la póliza litigiosa los accidentes producidos en situación de embriaguez manifiesta "debe considerarse como limitativa por cuanto la situación de embriaguez, aunque sea manifiesta, no constituye ni demuestra por sí misma la concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente" (SSTS de 13 de noviembre de 2008, RC 950/2004, 22 de diciembre de 2008, RC 1555/2003 y, 16 de febrero de 2011, RC 1299/2006). La cláusula de exclusión de cobertura por embriaguez, que aparece en la póliza examinada, se justifica porque el accidente de circulación lo sufrió el propio asegurado que es el que conducía "en un estado de alcoholemia superior al establecido para la circulación de vehículos a motor". En tal supuesto, el asegurador queda liberado de su obligación de indemnizar, si cumple con la doble exigencia del art. 3 LCS , propia de las cláusulas limitativas, que examinamos a continuación. La exigencia de que las cláusulas limitativas de derechos figuren "destacadas de modo especial", tiene la finalidad de que el asegurado tenga un conocimiento exacto del riesgo cubierto. La jurisprudencia de esta Sala exige que deben aparecer en las condiciones particulares y no en las condiciones generales, por más que, en estas últimas declare conocer aquéllas, como advierte la STS de 1 de octubre de 2010, RC 2273/2006, entre otras".

E) CONCLUSION: La aseguradora no ha podido justificar dichos extremos desde el momento en que no sólo falta el requisito de aparecer la cláusula limitativa especialmente destacada en el contrato, sino que además no ha podido aportar un ejemplar del mismo firmado por el tomador, porque tal firma no se produjo y, por tanto, no hubo aceptación. Se ha pretendido soslayar dicha deficiencia alegando que se trata de una cláusula de delimitación del riesgo, lo que no se corresponde con la jurisprudencia de esta sala, además de que no resulta lógico pretender que una cláusula de delimitación del riesgo o de cobertura comporte menos requisitos de conocimiento y aceptación por el tomador del seguro que una cláusula limitativa de derechos.


Autor: Pedro Torres Romero
928 29 76 09