domingo, 28 de abril de 2019

El dies a quo del cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por una prestación médica es el de la fecha de curación, o desde la fecha en la que, con conocimiento del afectado, quedaron definitivamente estabilizadas las secuelas



A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sec. 5ª, de 4 de abril de 2019, nº 463/2019, rec. 4399/2017, declara que el "dies a quo" del cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por una prestación médica de los servicios públicos o de una mutua laboral es el de la fecha de curación, o como aquí acontece, desde la fecha en la que, con conocimiento del afectado, quedaron definitivamente estabilizadas las secuelas, con independencia y al margen de que, con base en esas mismas secuelas , se siga expediente para la declaración de incapacidad y cualquiera que sea su resultado.

B) HECHOS: La sentencia recurrida no hace sino aplicar la uniforme doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con arreglo a la cual la declaración de incapacidad no enerva el cómputo del plazo de prescripción cuando la situación física que justifica dicha declaración se encuentre determinada de forma previa. En este sentido, recordaba además, que ni siquiera el baremo -con base en el cual cuantifica la recurrente su pretensión indemnizatoria- condiciona la indemnización por incapacidad laboral a su previo reconocimiento por el orden socio-laboral.

C) OBJETO DEL RECURSO: El objeto del recurso de casación, conforme a lo establecido en el Auto de admisión, consiste en determinar -con interpretación del art. 142.5 de la Ley 30/92 (67.1 de la Ley 39/15) y sobre la base del diferente criterio que mantiene esta Sala Tercera y la Sala Primera del Tribunal Supremo- si, en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por secuelas derivadas de una accidente o prestación sanitaria determinante de una declaración de incapacidad laboral (administrativa o judicial), el "dies a quo" del plazo de un año para reclamar se ha de situar en la fecha en la que (con conocimiento del afectado) se estabilizaron definitivamente las secuelas, como sostiene, sin fisuras, la jurisprudencia de esta Sala Tercera, o, como viene manteniendo la jurisprudencia de la Sala Primera, desde la fecha de la resolución administrativa o de la sentencia firme del orden social que declare tal situación de incapacidad.

La sentencia de la Sala de lo Civil del  Tribunal Supremo nº 812/2013, de 9 de enero (casación 1574/09) resume la evolución que, en esta materia, ha experimentado dicha Sala:  “Por regla general, el conocimiento del daño sufrido que ha de determinar el comienzo del plazo de prescripción lo tiene el perjudicado al producirse el alta definitiva, en la medida que en esta fecha se declaran estabilizadas las lesiones y se concretan las secuelas o, lo que es igual, se determina en toda su dimensión el daño personal y los conceptos objeto de indemnización. Así resulta de las SSTS, de Pleno, de 17 de abril de 2007, RC n.º 2908/2001 y de 17 de abril de 2007, RC n.º 2598/2002 , así como de las dictadas con posterioridad (SSTS de 19 de mayo de 2011, RC n.º 1783/2007; 28 de junio de 2011, RC n.º 1968/2007; 20 de julio de 2011, RC n.º 820/2008; 19 de septiembre de 2011, RC n.º 1232/2008; 27 de septiembre de 2011, RC n.º 562/2008 y 26 de octubre de 2011, RCIP n.º 1345/2008, entre las más recientes), las cuales, al referirse a la distinción entre sistema legal aplicable para la determinación del daño y cuantificación económica del mismo refrendan el criterio de que el daño queda concretado, como regla general, con el alta médica definitiva, y que esto obliga a valorarlo con arreglo a las cuantías actualizadas vigentes para todo el año en que ésta se produjo.

Ahora bien, compatible con dicha doctrina es también la que ha venido y viene considerando en la actualidad (SSTS de 11 de febrero de 2011, RC n.º 1418/2007; 20 de septiembre de 2011, RC n.º 792/2008; 22 de febrero de 2012, RCIP n.º 522/2009 ; 25 de mayo de 2010, RC n.º 2036/2005 ; 26 de mayo de 2010, RC n.º 764/2006 , entre las más recientes) que si de las lesiones causadas por el hecho generador de la responsabilidad civil extracontractual que se reclama se derivan secuelas determinantes de incapacidad permanente, cuya fijación no se concreta en el momento del alta definitiva sino que se precisa una resolución posterior, el plazo anual de prescripción de dicha acción aquiliana no ha de comenzar a computarse hasta que no recae resolución firme (ya sea en vía administrativa, si no se impugna, o en vía judicial, si fue necesario agotar esta para dilucidar definitivamente la contienda al respecto) concretando tal situación de invalidez, en el grado que corresponda, por ser entonces, y no en la fecha del alta, cuando el perjudicado tiene perfecto conocimiento del daño sufrido. En aplicación de este último criterio jurisprudencial, esta Sala ha declarado que si se ha seguido expediente para dirimir definitivamente cuáles han sido las consecuencias de repercusión de las lesiones en la capacidad laboral del trabajador o si el demandante no se hubiera conformado en su día con la resolución administrativa correspondiente sobre el grado de su incapacidad, el día inicial del plazo de prescripción es aquel en que se resuelva definitivamente la reclamación del perjudicado contra la decisión administrativa sobre el grado de su incapacidad, pues sólo entonces podrá detallar en su demanda civil el definitivo daño sufrido.

Esta doctrina es coherente con la que impone interpretar restrictivamente la prescripción, al no estar basada en principios de estricta justicia, sino de seguridad jurídica y de presunción de abandono del ejercicio del derecho (SSTS de 14 de marzo de 2007, RC n.º 262/2000; 6 de mayo de 2009, RC n.º 292/2005; y 24 de mayo de 2010, RC n.º 644/2006), y obedece, en atención al principio de indemnidad, a la necesidad de preservar el derecho del perjudicado a ser íntegramente resarcido en situaciones en que no ha podido hasta entonces conocer en su totalidad el alcance de su daño, por causas no imputables a su persona o comportamiento (SSTS 2 de enero de 1991 , 6 de octubre de 1992 , 30 de noviembre de 1999 , 3 de marzo de 1998 , 12 de junio de 2009, RC n.º 2287/2004 y 25 de mayo de 2010, RC n.º 2036/2005).

De conformidad con esta doctrina la STS de 7 de octubre de 2009, RC n.º 1207/2005, fijó el día inicial del cómputo en la fecha de notificación al demandante de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que desestimó su recurso de suplicación; la de 24 de mayo de 2010, RC n.º 644/2006, en la fecha del auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que declaró la firmeza de la sentencia de suplicación; y la de 25 de mayo de 2010, RC n.º 2036/2005 en la fecha de la sentencia firme que puso fin al procedimiento laboral”.

D) DOCTRINA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO: Por el contrario, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha mantenido sin fisuras (pues la sentencia que cita el recurrente (STS de -21 de marzo de 2000, se refiere a supuestos de interrupción de la prescripción por reclamaciones idóneas) que: “con carácter general el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Ahora bien, cuando se trata de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas, el plazo empezará a computarse, como establece el citado artículo 142.5, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.................. que la declaración de incapacidad posterior, en este caso años más tarde, es una decisión administrativa llamada a desplegar su eficacia principalmente en el ámbito laboral y de previsión social y, en todo caso, presupone una previa verificación de todas las consecuencias del accidente, pero ha de estarse como "dies a quo" el momento en que se determina el alcance de las secuelas . En este sentido se pronuncian las Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013 (recurso de casación nº 4002/2012), y de 9 de febrero de 2016 (recurso de casación nº 1483/2014)”, sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo nº 207/17, de 8 de febrero, casación 1135/15.

En igual sentido, entre otras, cabe citar también, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo nº 1212/16, de 27 de mayo, de la extinta Sección Sexta (casación 3483/14) en la que se decía: “En este sentido cabe mencionar la recientísima sentencia de la Sección Cuarta de esta Sala Tercera, de 21 de abril del corriente, en la que, con cita en la de 9 de febrero (casación 1483/14 ), se declara que cuando no consta, como aquí acaece, que entre el informe médico y la declaración de incapacidad o invalidez se haya producido evolución o cambio significativo en las secuelas, esa declaración de incapacidad o invalidez permanente total o absoluta, ya sea administrativa o judicial de revisión, no enerva el plazo de prescripción del derecho, cuyo "dies a quo" ha de situarse en la fecha del informe en el que quedaron definitivamente fijadas las secuelas .........”.

E) CRITERIOS DIFERENTES DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPREMO: De cuanto se acaba de reflejar es claro el distinto criterio de ambas Salas del Tribunal Supremo, y ello es consecuencia de que la Tercera de lo Contencioso Administrativo, ante la que se dirimen reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos, en aplicación del art. 142.5 de la Ley 30/90 (hoy 67.1 de la Ley 39/15) que dispone textualmente: “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”, siempre ha distinguido entre los daños derivados de la actuación médica pública que se indemnizan por vía de responsabilidad patrimonial, sin valorar, por esta vía, las consecuencias laborales de esas secuelas que tienen su propio ámbito de reclamación y resarcimiento a través de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social.

De ahí que, para salvaguardar la plena indemnidad o reparación integral, esta Sala, de forma inconcusa y desde su primera jurisprudencia, venga sosteniendo la total compatibilidad entre ambas, afirmando incluso - sentencias, entre otras, de la extinta Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2002 (casación 1729/98 ) y de 31 de marzo de 2009 (casación 854/05 )- que: “Cuestión diferente es la relativa al quantum indemnizatorio en los supuestos en que concurran ambas, en los que, como hemos expresado en nuestras Sentencias de 17 de abril y 12 de mayo de 1998 , no cabe hacer abstracción de las cantidades percibidas por las diferentes vías, sin perjuicio del carácter compatible de unas y otras, dado el principio que rige este instituto de la plena indemnidad o de la reparación integral”.

Sin embargo, la Sala Primera del Tribunal Supremo, que conoce de las reclamaciones de responsabilidad extracontractual por culpa o negligencia, del art. 1968 del Código Civil, que dispone: “Prescriben por el transcurso de un año:......... 2º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia , y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde que lo supo el agraviado”, (no contiene el mandato de nuestro art. 142.5), no efectúa tal distinción y funda esa interpretación más favorable al perjudicado en el principio de indemnidad y en la necesidad de preservar su derecho a ser íntegramente resarcido respecto de situaciones (incapacidad laboral declarada), que de aplicarse ese plazo desde la estabilización definitiva de las secuelas, no habría podido conocer por causas a él no imputables, englobando, así, en esa indemnización de responsabilidad civil por los perjuicios sufridos como consecuencia de negligencias en la prestación sanitaria privada, la totalidad de los daños patrimoniales irrogados con independencia y al margen de que esa situación de incapacidad laboral declarada vaya a ser cubierta, a cargo del Estado, con una indemnización o pensión según los grados de invalidez.

Principio de indemnidad que, a nuestro juicio, queda perfectamente garantizado en el Orden Contencioso-Administrativo, al computar el plazo de prescripción desde la fecha de la “curación o la determinación del alcance de las secuelas”, tal como exige el Legislador y, cuya aplicación, como no podía ser de otra forma, ha cristalizado en la uniforme jurisprudencia de esta Sala que, obviamente y dados los términos del mandato legislativo, no cabe modificar.

Además, y en todo caso, queremos insistir en el distinto título que legitima las dos reclamaciones: reclamación de responsabilidad patrimonial y reclamación de incapacidad laboral, con idéntico sustrato fáctico, pero con consecuencias diversas.

F) CONCLUSION: Con base en cuanto ha quedado expuesto, la respuesta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a la cuestión planteada no puede ser otra, en aplicación del art. 142.5 Ley 30/92 (hoy 67.1 de la Ley 39/15) y ratificando la previa jurisprudencia, que declarar que el "dies a quo" del cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por una prestación médica de los servicios públicos (o, como en este caso, de una Mutua laboral) es el de la fecha de curación, o como aquí acontece, desde la fecha en la que, con conocimiento del afectado, quedaron definitivamente estabilizadas las secuelas, con independencia y al margen de que, con base en esas mismas secuelas , se siga expediente para la declaración de incapacidad y cualquiera que sea su resultado.


Autor: Pedro Torres Romero
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domingo, 14 de abril de 2019

Actualización del Baremo de accidentes de tráfico para el año 2019 del 1,60 % tomando como base el índice de revalorización de las pensiones



Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

El artículo 49 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (en adelante LRCSCVM), establece en su apartado 1 que las cuantías y límites indemnizatorios fijados en dicha Ley y en aquellas de sus tablas que no estén regidas por un regla especial según el apartado 2 de dicho precepto, quedan automáticamente actualizadas, con efecto a 1 de enero de cada año, en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, publica, en el BOE 4 de abril de 2019, su Resolución con las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación actualizada para 2019. Se aplica un incremento general del 1,60 % tomando como base el índice de revalorización de las pensiones.


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jueves, 4 de abril de 2019

Responsabilidad de un centro sanitario por un implante mamario defectuoso como proveedor del mismo por ausencia de control de la calidad de la prótesis quedando obligado al pago de una indemnización en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la paciente



A) La sentencia  de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 9ª, de 22 de octubre de 2014, nº 422/2014, rec. 130/2014, declara la responsabilidad de un centro sanitario por un implante mamario defectuoso, y lo condena al abono de la cantidad de 9.657,30 euros, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, devengando tal cantidad el interés legal desde la fecha de la presentación de la demanda.

La Sala considera acreditada la relación de causalidad entre el daño sufrido por la actora y el defectuoso implante colocado a la actora, que se rompió en menos de dos años, lo que la obligó a tener que someterse a nueva intervención para la sustitución. Ello determina que la clínica apelante como proveedora deba responder de la indemnización de daños y perjuicios incluyendo el interés que sanciona el impago de aquella.  Porque por aplicación del artículo 148 TRLGDCU, la implantación de una prótesis mamaria que se rompe antes de dos años de su colocación, supone una ausencia de control de la calidad de la misma, y por tanto la responsabilidad de dicha clínica codemandada. 

B) HECHOS: La actora, interpuso demanda en la que ejercitaba acción de responsabilidad contra los dos facultativos, así como contra el centro clínico Corporación Dermoestética, S.A., solicitando en el suplico la condena de los demandados al pago de 53.652,37 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, incluidos los daños morales, más los intereses desde la interposición de la demanda y costas.

Esencialmente alegaba el escrito rector que en el año 1998 la actora se sometió a cirugía de aumento de pecho, y diagnosticada en el mes de junio de 2009 una fisura en el implante del pecho izquierdo, acudió a la clínica Corporación Dermoestética, S.A., proponiéndole el demandado D. Francisco un cambio de prótesis. El día 20 de octubre de 2009 la actora firmó un contrato relativo a la operación estética con dicha clínica y el día 1 de diciembre de 2009 el Sr. Francisco sometió a la actora a una primera intervención, ante la cual, la Sra. Piedad firmó un documento de consentimiento informado para realizar una mamoplastia de aumento, siendo que la intervención a que se iba a someter era de recambio de prótesis mamaria, por lo que la información suministrada no fue objetiva, ni veraz, ni completa. Asimismo según el relato de la demanda, la actora expresó su deseo de ser operada por las aureolas para evitar nuevas cicatrices, solución rechazada por el Dr. Francisco, quien decidió operar por los surcos inferiores del pecho, obviando así la forma habitual de realizar las incisiones, aconsejadas por la propia clínica, sin justificación alguna. La actora sufrió veinte días después de la operación una infección motivada por la bacteria enterococus faecalis. En fecha 18 de marzo de 2010 la actora se sometió a nueva operación, sin cargo, firmando consentimiento informado para realizar una mastopexia con prótesis, a pesar de que en realidad la intervención se realizó para la retirada de prótesis y limpieza de la cavidad periprotésica, lo de nuevo dio lugar a una falta absoluta de concreción y especificidad del consentimiento informado. Como resultado de esta segunda operación se observó una asimetría en los pechos y la cicatriz no era un corte recto que llega hasta el costado. Finalmente se programó una nueva intervención para corregir esta asimetría, que fue llevada a cabo, sin coste alguno para la actora, por el también codemandado Dr. Ignacio en fecha 29 de junio de 2010, firmando de nuevo la Sra. Piedad en fecha 23 de junio de 2010 un consentimiento informado para la realización de una mastopexia, cuando en realidad dicha intervención tenía por objeto corregir la asimetría. Por último, el día 24 de junio de 2011 se informó a la actora de la rotura de su prótesis izquierda colocada por Corporación Dermoestética escasos 18 meses, que requiere una nueva operación.

La sentencia de instancia analiza todos y cada uno de los supuestos en que según la jurisprudencia cabría atribuir responsabilidad a los facultativos demandados y considera probado que los Sres. Francisco y Ignacio no incurrieron en actuación negligente alguna y que por el contrario dicha actuación conforme a "la lex artis ad hoc" y a la técnica normal requerida, apreciando también que no comprometieron en ningún caso el resultado, ni se produjo como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas un daño desproporcionado. Asimismo considera que dichos codemandados informaron debidamente a la actora de los riesgos de las distintas intervenciones quirúrgicas a que la misma iba a ser sometida. No obstante y habida cuenta la rotura de la prótesis de la mama izquierda de la actora detectada en el mes de junio de 2011, cuyo extremo no fue negado por la demandada Corporación Dermoestética, S.A., considera que ello supone un incumplimiento de ésta última, pues tal rotura resulta sólo achacable a la deficiente calidad de la prótesis. Y con aplicación del art. 148 TRLGDCU concluye que la implantación de una prótesis mamaria que se rompe antes de dos años de su colocación, supone una ausencia de control de la calidad de la misma, y por tanto la responsabilidad de dicha clínica codemandada. En la cuantificación de la indemnización consecuente, declara que ha de ser por el importe de lo cobrado en virtud del contrato suscrito por las partes (6.657,30 euros), por haber resultado ineficaz al haber tenido que someterse la actora a una cuarta intervención, que no resultaba exigible hubiera sido realizada por dicha codemandada habida cuenta el resultado negativo obtenido en las tres intervenciones anteriores y la desaparición de la normal confianza entre los facultativos de la clínica demandada y la paciente, por lo que la resolución de la actora resultaba amparada y no era exigible una reparación in natura. Por el contrario no estima procedente incluir en la indemnización el coste de la nueva intervención por cuanto ello generaría una duplicidad en la reclamación al haberse obligado a la demandada a la restitución del importe abonado ya por la actora. Considera que tampoco cabe incluir los daños y perjuicios derivados de la última intervención practicada por no apreciar relación de causalidad entre ésta y los aducidos, como tampoco la reclamación por días de baja, que fueron motivados por intervenciones en las que no se aprecia vulneración de la "lex artis". Por el contrario estima que la necesidad de una cuarta intervención quirúrgica para la retirada de prótesis es susceptible de haber causado un daño moral a la actora que cifra en 3.000 euros. Asimismo estima procedente el abono de intereses pese a la condena en cuantía inferior a la reclamada en la demanda, desde la presentación de ésta. Impone las costas a la codemandada condenada y no obstante la absolución de los codemandados Sres. Francisco y Ignacio no impone las costas a la actora.

C) DAÑOS MORALES DE LA ACTORA: Debemos recordar que los daños morales se identifican con las consecuencias no patrimoniales representadas por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en algunas personas pueden producir ciertas conductas, actividades e incluso resultados y es consecuencia de la valoración de la prueba (en este sentido STS de 10 de julio de 2014), cuyo sufrimiento psíquico en el presente caso, como acertadamente aprecia el Juzgador de primera instancia, resulta de la necesidad de la actora apelada de someterse a una cuarta intervención quirúrgica, con los posibles riesgos que ello entraña. Esta valoración no es absurda, irracional ni ilógica y se atiene por el contrario a lo establecido en el art. 128.2 TRLGDCU así como a la doctrina jurisprudencial sentada entre otras, en las SSTS de 12 de junio de 2007 y de 22 de junio de 2006, citadas por la STS de 8 de abril de 2014 (ROJ STS 1762/2014), al declarar que la realidad del daño puede estimarse existente cuando resulte evidente, o cuando resulte evidenciada como consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado, como es aquí el caso.

D) INTERESES: El pago de los intereses sanciona el impago de la correspondiente indemnización que proporciona la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado, y como resulta de la STS de 14 de julio de 2013 (ROJ: STS 3556/2014), con cita de las SSTS num. 628/2010, de 13 octubre, nº 32/2010, de 22 de febrero, 25 de marzo y 16 de octubre de 2009, para su aplicación se ha de atender, fundamentalmente, a la certeza de la deuda u obligación aunque se desconociera su cuantía ya que en caso contrario el deudor se vería favorecido por el hecho de mantener en su patrimonio la cantidad adeudada, obteniendo de ella los correspondientes frutos o intereses, en perjuicio del acreedor que se vería perjudicado por la tardía satisfacción de su crédito. 

Por su parte, como se expresa en las Sentencias del Tribunal Supremo nº 718/2013, de 26 de noviembre, también citada en la mencionada Sentencia del TS de 14 de julio de 2013, para decidir sobre el pago de intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda se ha de atender a la certeza de la deuda u obligación aunque se desconociera su cuantía. 

En igual sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 437/2013, de 12 de junio, se refiere a la superación del viejo aforismo "in illiquidis non fit mora" y a la consideración de la indemnización como una deuda que existe pese a que aún no se haya cuantificado. 

Y en el presente caso aunque la indemnización solicitada no haya sido íntegramente acogida, resultaba a todas luces procedente, siendo que además la ahora apelante fue requerida en acto de conciliación y tuvo la oportunidad de solventar la deuda desatendiéndola, ni tampoco procedió en ningún momento a consignar siquiera una mínima cantidad razonable, resultando así por tanto procedente no sólo el pago de los intereses, legales, sino también la fijación como dies a quo la fecha de la presentación de la demanda.


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