domingo, 13 de abril de 2014

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE UN MENOR CONDUCTOR DE UNA BICICLETA POR LAS LESIONES CAUSADAS A UN PEATON ATROPELLADO


1º) Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, sec. 2ª, de 31-7-2003, nº 166/2003, rec. 197/2003, los padres de un menor  deben abonar una indemnización  por las lesiones sufridas a consecuencia del atropello una persona por parte del menor que montaba en bicicleta. La responsabilidad de la madre custodia surge de no haber empleado la diligencia debida para prevenir el daño, como lo hubiera sido prohibiendo el empleo de la bicicleta en vía urbana o en horas nocturnas.
Con carácter previo, se impone dejar constancia de dos ideas fundamentales. La primera, que la conducción de una bicicleta no integra un supuesto de conducción de vehículo a motor y por consiguiente, que no le son de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidad sobre Uso y Circulación de Vehículos a Motor. La segunda, que si bien la conducción de una bicicleta no puede ser considerada, con carácter general, como una actividad de riesgo, sí puede tener tal carácter en aquellos casos en que la velocidad con que es accionada, impida al ciclista detener el vehículo ante un obstáculo súbito e inmediato.
El acto que provocó los daños y perjuicios ocurrió el día 3 de diciembre de 1999, cuando aun no se había promulgado ni era vigente la regla especial de responsabilidad civil contenida en el artículo 61.3 de la Ley de responsabilidad penal del menor a cuyo tenor, “cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden.
Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos”. Lo que determina que no pueda ser de aplicación al caso de autos, pues es la norma vigente al suceder el hecho la que debe servir de referencia de la diligencia exigible y civilmente sancionable, sin que cambios normativos posteriores puedan afectar a la resolución de una controversia basada en hechos de anterior producción.
Tampoco es el Código Penal el aplicable ya que sus leyes rectoras de la responsabilidad civil solo abarcan a las derivadas del delito, y no de aquellas conductas que no pueden ser clasificadas como tales pos ser cometidas por un menor de edad. Es, pues, el Código Civil el que debe regir esta materia, en concreto los artículo 1902 (para el menor de edad, que sí es capaz para devenir parte pasiva de una relación obligacional extracontractual, pues tiene la capacidad natural suficiente como para prevenir con una diligencia mínima un accidente como el sucedido), 1903.2 y 1903.6 para la madre (que deberá acreditar haber actuado con toda la diligencia exigible para prevenir el daño), y también 1103 y 1104 que son de general aplicación a la culpa contractual y extracontractual, como reiteradamente ha venido afirmando la jurisprudencia.
2º) La sentencia recurrida aplica erróneamente, según nuestro criterio, las normas citadas de la Ley de responsabilidad del menor, y no tiene presente o no hace uso del artículo 1.103 del Código Civil, sino de los automáticos criterios valorativos de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que en este caso han de servir únicamente de orientación, pues el hecho originador del daño no queda incluido en esas normas.
Y para justificar porque moderamos y rebajamos la cantidad de la que debe responder principalmente el menor que causó el daño (con una acción que debe ser considerada ciertamente una conducta culposa o imprudente), nos apoyamos en su edad (que implica una menor capacidad de discernimiento y una menor reprochabilidad incluso civil) y sobre todo, y especialmente, por el hecho de que el empleo de una bicicleta no es acción de riesgo general implícito (como sucede con la puesta en marcha o uso en vía publica de vehículos de motor, más pesados y veloces) de manera que causar tal daño es menos previsible y resulta en parte debido a factores ajenos a la propia imprudencia del conductor.
No parece razonable que las consecuencias de este siniestro sean plenamente idénticas en la extensión de la responsabilidad que las que tendría el menor de haber causado igual atropello y lesiones con un vehículo de motor, pues en este caso esos daños son evidentemente previsibles y evitables, mientras que con el uso de una bicicleta es muy poco probable que un incidente con peatones pueda causar una daño tan grande. Por tal razón no es obligatorio el seguro de responsabilidad civil que sí es exigible en la conducción de vehículos de motor, pues es infrecuente que en el manejo de tales vehículos se produzcan daños a terceros.

3º) La responsabilidad de la madre custodia surge de no haber empleado la diligencia debida para prevenir el daño, como lo hubiera sido prohibiendo el empleo de la bicicleta en vía urbana o en horas nocturnas; y su cuantía ha de ser idéntica a la del responsable principal, pudiendo dirigirse la ejecución contra cualquiera de los deudores indistintamente. Como vemos no cabe, como sí sería posible en aplicación del artículo 61 de la Ley de responsabilidad del menor, hacer responder a la madre en menor medida que al hijo, pues tal posibilidad no viene contemplada en el artículo 1903 del Código Civil, que es el que rige este conflicto.
A modo de epítome se dice en la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de enero de 1992 que "la responsabilidad declarada en el artículo 1903, aunque sigue a un precepto que se basa en la responsabilidad por culpa o negligencia, no menciona tal dato de culpabilidad y por ello se ha sostenido que contempla una responsabilidad por riesgo o cuasiobjetiva, sentido que siguen numerosas sentencias de esta Sala, justificándose por la transgresión del deber de vigilancia que a los padres incumbe sobre los hijos in potestate, con presunción de culpa en quien la ostenta y la inserción de ese matiz objetivo en dicha responsabilidad, que pasa a obedecer a criterios de riesgo en no menor proporción que los subjetivos de culpabilidad, sin que sea permitido oponer la falta de imputabilidad en el autor material del hecho (el menor), pues la responsabilidad dimana de culpa propia del guardador por omisión de aquel deber de vigilancia (sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1978, 24 de marzo de 1979, 17 de junio de 1980, 10 de marzo de 1983), sin que exonere de su responsabilidad el dato de no hallarse presentes el padre o la madre cuando se comete el hecho ilícito o que aquellos tengan que trabajar o no puedan, por razón de circunstancias familiares o sociales, estar siempre junto a sus hijos menores de edad, quebrantándose criterios de equidad de dejar sin resarcimiento alguno a quien ha sufrido en su cuerpo y salud importantes daños (en el mismo sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de 22 abril de 1983, 4 de mayo de 1983, 22 de septiembre de 1992, 30 de junio de 1998 y 28 de junio de 1997)".
4º) PRESCRIPCION DE LA ACCION: El plazo de un año  para reclamar la responsabilidad extracontractual lo paraliza la prosecución previa de un proceso penal por los mismos hechos, sin que fuera notificada al perjudicado, la resolución que decretó el archivo.
Es indiferente al respecto, que el lesionando no hubiera denunciado, o que hubiese renunciado, pues, sin perjuicio de que más adelante se haya de valorar el alcance y eficacia de esa renuncia, es lo cierto que en tanto no esté concluso el proceso penal es legalmente imposible el ejercicio de la acción civil derivada del mismo hecho (artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1997), siendo indiscutible que, mientras que el titular de la acción no conozca de manera segura haber desaparecido el óbice que representa la prejudicialidad penal, no puede iniciarse el cómputo del plazo de prescripción.

5º) CONCURRENCIA DE CULPAS: La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 6ª, S 9-9-2013, nº 576/2013, rec. 292/2012, considera acreditada la concurrencia de culpas ya que la demandante cruzaba de forma indebida la calle y la bicicleta circulaba a una velocidad excesiva.
La bicicleta montada por los menores, hijos de los demandados, circulaba a velocidad claramente inapropiada; es significativa la descripción que de ella hace el testigo Feliciano, especialmente atento a la trayectoria de la bicicleta , en la que fija su atención, precisamente porque le llama la atención que los muchachos descendían a bastante velocidad por la calle Redondela y "venían haciendo eses". Es precisamente su velocidad y forma de circular la que prende su atención. Por su parte, la testigo Laura transcribe el comentario que oye: que un niño venía "a toda pastilla". Añade que además tuvieron que salvar un coche que tenía el "morro echado hacia fuera".
Estimamos, pues, como probado que la bicicleta ocupada por los dos menores bajaba por la calle Redondela y entra en la calle Bayona a velocidad claramente inadecuada, excesiva e imprudente para el lugar, e incluso sin el debido control, conducta susceptible de valorarse como negligente a efectos de la aplicación del art. 1902 del CC. La peatón, por su parte, accede a la calzada (lo hace saliendo entre coches estacionados) desatenta, aprisa, de modo que, introducida y avanzada su posición sobre la calzada, es alcanzada por la bicicleta . Hay una concurrencia causal de ambas conductas que convergen en la producción del accidente, concurrencia que valoramos en un cincuenta pro ciento.
 
 
 
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