sábado, 30 de junio de 2018

Condena al pago de una indemnización a la empresa suministradora por una explosión de gas que causó víctimas mortales, por el principio de responsabilidad por riesgo



A) La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 24 de mayo de 2018, nº299/2018, rec. 3193/2015, condena a la empresa GAS NATURAL SA al pago de indemnización por una explosión de gas que causó víctimas mortales, por el principio de responsabilidad por riesgo. El Pleno de la Sala Primera del TS establece que el principio de responsabilidad por riesgo obliga a quien presta el servicio generador del riesgo a acreditar el verdadero origen del siniestro. No puede quedar exonerada de responsabilidad la suministradora de gas y su aseguradora MAPFRE, cuando aquélla era quien contaba con los medios y conocimientos adecuados para dar certeza sobre tales causas y no lo ha hecho.

B) ANTECENTES DE HECHO: Según el relato de hechos de la sentencia impugnada, el día 10 de noviembre de 2005, sobre las 23,09 horas, se produjo una explosión en un edificio sito en Tarragona, motivado por una acumulación de gas que se produjo en una vivienda de un inmueble y a consecuencia de la cual fallecieron cinco personas, cuatro de ellos familiares, y el Sr. Gustavo, morador del piso donde se produjo el siniestro. También resultó lesionado don Aurelio, que transitaba por la calle en las inmediaciones del inmueble, a causa de los cascotes que se desprendieron por la explosión ocurrida en el inmueble, resultando también dañados tres vehículos estacionados en la vía pública propiedad respectivamente de doña Inmaculada, don Fidel y Hertz de España S.A.

Se siguieron varios procesos por reclamación de los distintos perjudicados, los cuales fueron acumulados. Por lo que se refiere a los ahora recurrentes, formularon en su día las siguientes reclamaciones: 1) Don Valentín solicitó la condena de Gas Natural y Mapfre al pago de la cantidad de 1.120.961 euros más intereses legales y de la LCS, con fundamento en la responsabilidad derivada del artículo 1902 CC y normativa protectora de los consumidores y usuarios, afirmando que ha de operar una responsabilidad objetiva por riesgo. En el siniestro fallecieron su esposa, de 37 años, y sus tres hijos, de 4, 3 años y veinte días respectivamente; 2) Axa solicitó la condena de Gas Natural y Mapfre al pago de la cantidad de 517.106,88 euros más intereses legales y de la LCS, con fundamento en la responsabilidad derivada del artículo 1902 CC y, subsidiariamente, art. 1101 y concordantes del CC, y normativa reguladora del suministro de gas; 3) Don Aurelio solicitó la condena de Gas Natural y Mapfre al pago de la cantidad de 499.883,36 euros más intereses legales y de la LCS, con fundamento en la responsabilidad derivada del artículo 1902 CC. El citado paseaba por la calle en el momento de ocurrir el siniestro y sufrió lesiones de consideración.

Seguidos los oportunos trámites, el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Tarragona dictó sentencia por la que consideró que ninguna responsabilidad puede imputarse a la sociedad Gas Natural Sdg. S.A. ni a la Comunidad de Propietarios, de Tarragona, ni a sus respectivas aseguradoras, Mapfre Industrial, S.A. y Axa Seguros Generales S.A., ya que solo se debe responder por lo acontecido en el piso NUM003, donde se produjo la fuga de gas que dio lugar a la posterior explosión, declarando la responsabilidad de la aseguradora de dicha vivienda, Liberty Seguros, en relación con los vehículos propiedad de la Sra. Inmaculada y del Sr. Fidel y de Hertz de España S.A., que habían dirigido su demanda contra ésta, con desestimación de las pretensiones formuladas por el Sr. Valentín respecto del fallecimiento de su esposa e hijos y la formulada por el Sr. Aurelio en relación con las lesiones que padeció a causa del mencionado siniestro, al no haber dirigido su demanda contra dicha aseguradora de la vivienda del piso, sino contra otros presuntos responsables, respecto de los que no consideró que existiera tal responsabilidad.

Recurrida dicha sentencia en apelación, la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 1.ª) dictó sentencia de fecha 27 de abril de 2015 por la que confirmó la dictada en primera instancia. La sentencia niega la responsabilidad de Gas Natural porque, aun cuando se desconoce cómo se formó la nube de gas que dio lugar a la explosión, no se ha acreditado que la fuga se debiera a defecto en la instalación que Gas Natural hubiera debido detectar. Concluye que no es posible una imputación objetiva del siniestro a la compañía suministradora, presumiendo que el accidente es imputable a quien está en contacto directo con la causa del mismo, esto es, quien ocupaba la vivienda en el momento de la explosión. Afirma (Fundamento de Derecho 4.ª) que «no ha quedado tampoco demostrado que de haberse realizado la revisión reglamentariamente prevista la explosión no se hubiese producido», de lo que deduce que los demandantes no han probado la existencia de una relación de causalidad que permitiría atribuir responsabilidad a Gas Natural.

C) Los recursos por infracción procesal interpuestos en nombre de don Valentín y de Axa Seguros Generales S.A. coinciden en la denuncia, en su primer motivo, de la infracción del artículo 217 LEC. Se formulan ambos al amparo de lo previsto en el artículo 469.1.2.º LEC por vulneración de dicha norma procesal reguladora de la sentencia, afirmando que la resolución recurrida prescinde de los criterios de atribución de la carga de la prueba establecidos jurisprudencialmente e infringe lo dispuesto por la norma en relación con la disponibilidad y facilidad probatoria.

Se alega que en el presente caso ha de regir la inversión de la carga de la prueba sobre el origen del suceso, que ha de recaer en Gas Natural S.A. (como prestadora del servicio) no sólo por razón del riesgo que se crea sino también en atención a la facilidad probatoria que ha de tener frente a quienes simplemente, sin relación con el suceso, sufren los daños causados por éste. Se considera así que, al tratarse de un supuesto de inversión de la carga de la prueba nacido fundamentalmente de la propia jurisprudencia, relacionada en estos casos con la previsión del artículo 28 de Ley 26/1984, de 19 de julio, en su redacción vigente en la fecha del suceso, existe una clara conexión entre la infracción procesal que se denuncia y el fondo de la cuestión debatida a que se refiere el recurso de casación.

El motivo se estima por cuanto la conclusión de la sentencia recurrida en el sentido de que «no ha quedado tampoco demostrado que de haberse realizado la revisión reglamentariamente prevista la explosión no se hubiese producido», contradice el principio de la carga probatoria, trasladándola a quien carece de medios para probar lo contrario además de no tener en cuenta el principio de responsabilidad por riesgo, el cual si bien no es de carácter plenamente objetivo (salvo los casos en que así venga establecido por ley) produce precisamente el efecto de obligar a quien presta el servicio generador del riesgo a acreditar el verdadero origen del siniestro.

Dice la sentencia de la Sala de lo Civil del TS, nº 210/2010, de 5 abril, que:

«La jurisprudencia no ha llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad con fundamento en el artículo 1902 CC (SSTS 6 de septiembre de 2005, 17 de junio de 2003, 10 de diciembre de 2002, 6 de abril de 2000 y, entre las más recientes, 10 de junio de 2006 y 11 de septiembre de 2006) y ha declarado que la objetivación de la responsabilidad civil que no se adecua a los principios que informan su regulación positiva. La jurisprudencia no ha aceptado una inversión de la carga de la prueba, que en realidad envuelve una aplicación del principio de la proximidad o facilidad probatoria o una inducción basada en la evidencia, más que en supuestos de riesgos extraordinarios, daño desproporcionado o falta de colaboración del causante del daño, cuando éste está especialmente obligado a facilitar la explicación del daño por sus circunstancias profesionales o de otra índole (STS de 2 marzo de 2006)».

En este caso las circunstancias profesionales del prestador del servicio le obligaban a asumir activamente la carga de acreditar el verdadero origen del siniestro, lo que la propia sentencia impugnada viene a reconocer que no ha hecho.

En consecuencia, la estimación de dicha infracción procesal lleva directamente a la aplicación de la regla 7.ª del apartado 1 de la Disposición Final Decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual -sin necesidad de examinar los restantes motivos de dicho recurso-:

«Cuando se hubiese recurrido la sentencia por infracción procesal al amparo del motivo 2.º del apartado primero del artículo 469, la Sala, de estimar el recurso por ese motivo, dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación. Del mismo modo resolverá la Sala si se alegare y estimare producida una vulneración del artículo 24 de la Constitución que sólo afectase a la sentencia».

D) Aun cuando existen sentencias de la Sala de lo Civil del TS que consideran que en determinados supuestos de explosiones de gas no se aplica la doctrina de la responsabilidad por creación de riesgo, no se trata de supuestos análogos al presente. Así, la sentencia del TS n.º 120/2009, de 19 de febrero, se refiere a la explosión de una bombona de gas y no de un suministro continuado de gas en una instalación, como es el presente caso; y declaró probado que en la bombona suministrada no existía defecto, mientras que en este caso no se ha declarado que la instalación estuviera en buen estado, ni que la explosión se debiera a un acto intencionado del vecino, sino que ante la falta de prueba de la verdadera causa del siniestro se ha hecho recaer sobre los demandantes la carga de acreditar la responsabilidad.

La sentencia del TS n° 725/2010, de 25 de noviembre, afirma que el nexo causal debe ser acreditado por el actor, pero en el supuesto que examinaba se había declarado probada una negligencia en la instalación de las gomas de salida del gas desde la bombona a la cocina, instalación realizada por el demandado, por lo que existía una persona a la que imputar la negligencia, que era ajena a la suministradora.

En definitiva, la incertidumbre sobre la causa o causas del siniestro implica que no puede quedar exonerada de responsabilidad la empresa suministradora de gas y su aseguradora, cuando aquélla era quien contaba con los medios y conocimientos adecuados para dar certeza sobre tales causas y no lo ha hecho, según viene a reconocer la propia sentencia recurrida.


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viernes, 29 de junio de 2018

Una persona puede tener reconocida laboralmente la situación de incapacidad permanente total, y sin embargo considerarse como parcial a los efectos del Sistema de Valoración del Daño Corporal anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor



A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, Sección 2ª, de 31 de mayo de 2018, nº 229/2018, rec. 163/2018, declara que una persona puede tener reconocida laboralmente la situación de incapacidad permanente total, y sin embargo considerarse como parcial a los efectos del Sistema de Valoración del Daño Corporal anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (STS 4 de febrero de 2013). Ni constituye presupuesto de hecho para la concesión de dicho factor por el juez civil la calificación de la invalidez a efectos laborales (STS 19 de septiembre de 2011).

Habrá que estar a las circunstancias concretas de cada caso, valorando la edad del accidentado, la vida laboral pendiente, la esperanza media de vida, etc., y las expectativas profesionales tras el accidente, sobre todo en perjudicados cuya ocupación habitual se centraba en trabajos físicos, por cuanto que en estos casos las secuelas de esta cualidad pueden condicionar aún más las opciones de encontrar empleo o de desarrollarlo correctamente.

B) ANTECEDENTES DE HECHO: El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta debo condenar y condeno a D. Juan Miguel Aguilera y AXA Seguros Generales S.A. a pagar a la parte actora de forma solidaria la cantidad de 39.955,90 €, más los intereses de la misma al tipo legal del interés legal del dinero incrementado en el 50%, a computar desde la fecha del siniestro, que no podrá ser inferior al 20% si transcurren dos años desde el mismo, sin imposición de las costas del juicio".

Frente a la sentencia que estima parcialmente la demanda formulada, que condena a D. Juan Miguel y a AXA SEGUROS GENERALES S.A a pagar a la actora de forma solidaria, la cantidad de 39.955,90 euros, en la que se ejercitaba una acción de responsabilidad extracontractual, a raíz del accidente acaecido el día 20 de julio de 2015, se alza contra la misma la parte actora impugnando los siguientes pronunciamientos: la reducción del 60% sobre el importe de las lesiones permanentes y el no reconocimiento de una incapacidad total y si solo parcial.

C) VALORACION DE UNA INCAPACIDAD A EFECTOS DE INDEMNIZACION TRAS UN ACCIDENTE DE TRAFICO: En cuanto a la incapacidad parcial reconocida en la sentencia de instancia la parte apelante mantiene que la misma es tributaria de una incapacidad total y no parcial solicitando que por dicho concepto se fije la cuantía de 75.000,00 euros. En definitiva el núcleo esencial del recurso radica en si las lesiones, producidas ocasionaron una incapacidad permanente parcial o total para el trabajo habitual de la accionante.

Al respecto es ilustrativa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de fecha 12/09/2016, que recoge la doctrina jurisprudencial al respecto y recoge:

En cuanto a la impugnación del reconocimiento de cómo factor de corrección a la lesionada de una incapacitación permanente en grado total y para su resolución, habremos de partir aun a fuerza de ser reiterativos con lo ya resaltado en la sentencia recurrida y por las propias partes en sus escritos principales y en los de recurso y oposición al mismo, de una constante y uniforme jurisprudencia (SSTS, Pleno de 25-3-10 , 19-5 , 19-9 y 23-11-11 , 9 y 21-1 , 4-2-13 o 27-5-15), que en orden a la conceptuación de los distintos grados de incapacidad que la Tabla IV del Baremos recoge como factor corrector de las secuelas o lesiones permanentes, establece los siguientes criterios o principios generales:

1º) Tabla IV del Anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor contempla diversos factores de corrección de las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes, entre estos, el de las lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima, con un incremento de menor a mayor cuantía, según la limiten en parte o totalmente o lleguen a privar al afectado de cualquier ocupación o actividad habitual.

El factor corrector de la incapacidad permanente parcial queda literalmente reconducido al supuesto que las secuelas limiten sólo de forma parcial la ocupación o actividad habitual del lesionado, pero sin impedir la realización de las tareas fundamentales de ella; el de la incapacidad permanente total opera cuando las secuelas impiden totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del lesionado; y finalmente, el concepto de incapacidad permanente absoluta viene determinado por la existencia de secuelas que inhabilitan al lesionado para la realización de cualquier ocupación o actividad.

2º) La cabal lectura de estas definiciones, extrapoladas impropiamente de la legislación laboral, ha de efectuarse por tanto atendiendo al grado con que quedan negativamente afectadas las diversas actividades de cada individuo, con referencia al momento previo al de la producción del accidente o, atendiendo en su caso, a las potencialidades de su futuro. Para captar los tres grados de incapacidad permanente debe prescindirse del marchamo laboral de los conceptos utilizados y también de la expresión literal de las definiciones traídas a la tabla mediante el burdo mecanismo de reiterar las del derecho de la seguridad social, pero cambiando la palabra profesión por la referencia a la actividad u ocupación habitual.

Se trata, pues, de una incapacidad personal que puede proyectar su efecto deficitario sobre las más diversas esferas de la actividad de la persona, tanto en su intimidad (incluido el perjuicio sexual) como en sus relaciones familiares y sociales (incluida la pérdida de actividades lúdicas o de ocio) y también en su vida laboral o productiva, pero no exclusiva ni necesariamente en esta última.

3º) La finalidad fundamental en consecuencia de dicho factor de corrección, habida cuenta de la falta de vertebración de los tipos de daño de que adolece el actual sistema de valoración, es la de reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales, conclusión que se alcanza valorando, entre otras razones, que en la enunciación del factor de corrección se utiliza el término «ocupación o actividad habitual» y no se contiene ninguna referencia a la actividad laboral del afectado, así como que, de acuerdo con la explicación del sistema que contiene el Anexo segundo, b), con relación a dicha Tabla IV, se trata de un factor de corrección compatible con los demás de la Tabla, entre los que se encuentra el factor de corrección por perjuicios económicos (que sí hace una referencia explícita a la actividad remunerada del trabajo en cuento lo vincula a «Ingresos netos de la víctima por trabajo personal»).

Es por ello que una persona puede tener reconocida laboralmente la situación de incapacidad permanente total, y sin embargo considerarse como parcial a los efectos del Sistema de Valoración del Daño Corporal anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (STS 4 de febrero de 2013 ). Ni constituye presupuesto de hecho para la concesión de dicho factor por el juez civil la calificación de la invalidez a efectos laborales (STS 19 de septiembre de 2011).

4º) A la hora de establecer la concreta valoración de la incapacidad permanente, dentro de la valoración máxima y mínima, deben ponderarse múltiples factores, no siempre fácilmente explicables:

4.1- La concreta afectación que produce en la vida del perjudicado, a lo que eran sus ocupaciones o actividades habituales. Ello no supone volver a valorar las secuelas, sino la incapacidad en sí que el conjunto de todas ellas generan.

4.2.- La edad puede ser un factor favorable o desfavorable. Por regla general, y especialmente en incapacidades elevadas, la juventud no puede ser un beneficio sino un hándicap, dado que en su mayor parte el factor corrector está encaminado a resarcir el daño moral ligado a la pérdida de capacidad, parece lógico que el sufrimiento inherente a tener que convivir desde joven con esas limitaciones merezca ser resarcido en lo máximo que se pueda con arreglo al sistema ( STS 2 de abril de 2012 ); pero puede producir el efecto contrario si se verifica que esa juventud ha permitido precisamente una superación del problema y una readaptación al mercado laboral (STS 18 de septiembre de 2008).

4.3.- El propio nivel de vida que tenía el lesionado antes del siniestro también deben considerarse, o su situación familiar, pues como decíamos, el componente indemnizatorio tiene un factor de daño moral relevante, pero también económico o patrimonial asociado a la pérdida de ingresos futuros.

5.- Finalmente, son muchas las sentencias (SSTS de 22-6-09 , 16-3 y 5-5-10, 20-7-11 ó 9-1-13) las que declaran que corresponde al Tribunal de instancia valorar la proporción en que debe estimarse suficientemente compensada la incapacidad sufrida dentro de los límites que señala la ley, advirtiendo que no será posible en casación, como regla general, la ponderación de la cuantía realizada por aquel más que en caso de arbitrariedad, irrazonable desproporción, o en cuanto cuestión jurídica, cuando la discrepancia con lo resuelto se funda en la infracción de las bases, requisitos o presupuestos que la ley contempla para poder concretar la indemnización dentro de los referidos márgenes.

Además el alto Tribunal nunca ha querido establecer criterios generales de valoración, reiterando que puesto que la Tabla IV no contempla una cifra concreta para cada una de las modalidades de incapacidad, sino una cuantía mínima y otra máxima, el órgano judicial no está obligado a conceder esta última por el simple hecho de que concurra la incapacidad correspondiente, sino que se encuentra legalmente facultado para moverse entre esos márgenes y, por ende, para conceder una cantidad inferior a la que se fija como máxima en función de los hechos probados.

En consecuencia, habrá que estar a las circunstancias concretas de cada caso, valorando la edad del accidentado, la vida laboral pendiente, la esperanza media de vida, etc., y las expectativas profesionales tras el accidente, sobre todo en perjudicados cuya ocupación habitual se centraba en trabajos físicos, por cuanto que en estos casos las secuelas de esta cualidad pueden condicionar aún más las opciones de encontrar empleo o de desarrollarlo correctamente.

D) Aplicando dicha doctrina jurisprudencial en este aspecto no podemos mostrar nuestra conformidad con la sentencia de instancia. Las secuelas reconocidas en la sentencia de Instancia no pueden ser concebidas de un modo aislado e independiente del anterior estado del lesionado. Así la regla 1ª, 7 de los criterios para la determinación de la responsabilidad del anexo en la LRCSCVM refiere, cuando relata las incapacidades preexistentes, "el resultado final lesivo". Si no tenemos en cuenta este resultado final estaremos indemnizando un menoscabo diferente del realmente acaecido.

Creemos que se ha producido una incapacidad total para el trabajo habitual de la actora el último trabajo desarrollado de administrativa, teniendo en cuenta las circunstancias transcendentes: primera, que pese al estado patológico previo, este se mantenía asintomático o, al menos, no era invalidante, ya que llevaba a cabo su trabajo con normalidad. Segundo, que la Juzgadora no dispuso del informe médico forense emitido en la Jurisdicción social en la que la actora insto una declaración de incapacidad laboral y que ha sido aportado en esta alzada, y en el cual consta como conclusión: que la Sra. Juliana padece Artrodesi cervical C-5-C-6 y un síndrome de estrés que es necesario tratar farmacológicamente, pero en conjunto en la actualidad le imposibilitan para su trabajo habitual". Si dicho informe lo podemos en relación con la documentación medica obrante en las actuaciones y que ha dado lugar al reconocimiento en las sentencia de las secuelas de las que eta afecta la actora se constata que los dos estudios biomecánicos realizados en fechas 24 de febrero y 19 de diciembre de 2016 coinciden en la existencia de una pérdida de fuerza en la mano derecha, así como la existencia de un déficit muscular en el bíceps braquial y flexores de la mano derecha, y en que el segundo extiende a los extensores de la muñeca y los flexores de los dedos, así como una limitación de la columna cervical en los grados recogidos en la sentencia de instancia, estima la Sala que como recoge el informe médico forense emitido en la jurisdicción social las secuelas en su conjunto suponen una incapacidad total para su trabajo habitual.

En cuanto a la cuantía fijada la misma entre 19.172,55 a 95.862,67 euros, atendiendo a las circunstancias concurrentes, la misma cuanta con 32 años, asi como la posibilidad de poder acceder a otros puestos de trabajo para los cuales no quede limitada, se estima ajustado fijarla en 35.000,00 euros.
En consecuencia la indemnización deberá de quedar fijada como recoge la sentencia de Instancia y que no se modifica en 18.711,11 por días de incapacidad.

En cuanto a las lesiones permanentes se modifica el factor de corrección por incapacidad permanente Total que queda fijado en 35.000,00 euros, que sumado a los 23 puntos funcionales,: 28.947,8 euros, más 7 puntos estéticos: 6.269,41 euros, más el factor de corrección por perjuicios económicos (10) 2.894,78, fijados en la sentencia de Instancia y que no se modifican supone la cuantía total por todos los conceptos de 73.111,99 euros, y que por aplicación del factor de corrección, ya analizado anteriormente deberá reducirse en un 40% quedando fijada la indemnización por lesiones permanentes en la cuantía de 29.244,79 euros.

Siendo la indemnización total a percibir fijada en la cuantía de 47.955,9 euros.

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