domingo, 28 de enero de 2018

En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida por la sentencia del Juzgado civil de familia

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 6ª, de 22 de mayo de 2017, nº 246/2017, rec. 769/2016, concluye que en los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil y pasará a ser el titular del contrato. Por lo que no procede la acción de desahucio por precario cuando se acredita la existencia de un contrato de arrendamiento, pues existe título bastante que da cobertura a la posesión por parte del cónyuge no arrendatario, que pasará a ser el titular del contrato.

B) Establece el artículo 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos:

1. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil que resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cumplir del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato.
2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.

C) La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 6ª, de 23 de enero de 2012, nº 24/2012, rec. 518/2011, manifiesta que: Ciertamente el art. 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos ha dado lugar a dos interpretaciones, con muy diferentes consecuencias; 1º) así un primer grupo de autores y resoluciones judiciales sostienen que dicho precepto crea un derecho de subrogación a favor del cónyuge al que se atribuye el uso, que se produce ope legis y por razón del dictado de la sentencia matrimonial y no por concierto alguno de voluntades, que es al que se adhiere la sentencia recurrida; 2º) y otro segundo, según el cual no varía la titularidad negocial arrendaticia en la que permanece el cónyuge que intervino en el contrato, concediéndose al cónyuge que permanece en la vivienda un derecho de uso en tanto permanezca vigente la declaración de atribución en tal sentido de la sentencia matrimonial.

1º) En este orden de cosas es claro que la norma pretende reforzar la eficacia de la atribución del uso de la vivienda arrendada al interés familiar más necesitado de protección por la doble vía de: a) descartar que dicha atribución pueda ser equiparada a una cesión inconsentida de la vivienda, que con arreglo al artículo 27.2.c) de la L.A.U. sería causa de resolución del arrendamiento; y b) obligando al arrendador a reconocer como interlocutor a quien no fue parte en el contrato, con la consiguiente excepción al principio de la relatividad subjetiva proclamada por el artículo 1257 del Código Civil.

2º) Así pues el art. 15 de la LAU no provoca la subrogación directa del cónyuge no contratante en el arrendamiento, pero si le faculta a hacerlo, pues así se deduce de la Exposición de Motivos cuando al analizar las Disposiciones Transitorias afirma que se opta por la suspensión total de las subrogaciones inter vivos "excepción hecha de la derivada de la resolución judicial en proceso matrimoniales "; refuerza esa interpretación el artículo 12 de la L.A.U. cuando prevé que si el arrendatario manifiesta su voluntad de no renovar el contrato o de desistir de él, puede el cónyuge que conviviera con él hasta esa fecha manifestar por escrito al arrendador " su voluntad de ser arrendatario" y continuar por tanto ocupando la vivienda en tal condición.

3º) Ahora bien, aclarada la condición del cónyuge no contratante como verdadero arrendatario una vez cumplimentado los requisitos del artículo 15 de la L.A.U. (sentencia del T.S. de 18 de enero de 2.010), nos resta determinar cual será la posición en que queda el primero pues el precepto obvia cualquier indicación expresa al respecto.

En este punto un importante sector de la doctrina y jurisprudencia de las Audiencias viene sosteniendo que desde el momento que la decisión judicial dictada en un proceso matrimonial contencioso por la que se atribuye al cónyuge no contratante el uso de la vivienda arrendada es susceptible de modificación si varían las circunstancias que sirvieron de fundamento a su adopción, el pronunciamiento matrimonial no debe extinguir de forma definitiva el vínculo primitivo entre arrendador y arrendatario porque de ser así impediría un eventual retorno del cónyuge contratante a la vivienda arrendada (Sentencias de A.P. de Álava de 20 de septiembre de 2000, A.P. de Vizcaya de 29 de julio de 1999, A.P. de Santa Cruz de 23 de enero 1999 y Burgos de 26 de octubre de 1999 y 17 de enero de 2.011, entre otras); ello claro está, salvo acuerdo expreso de los contratantes para que en lo sucesivo el contrato tenga como único referente al cónyuge no firmante del mismo.

4º) En consecuencia parece más acertado entender que la subrogación en el contrato del cónyuge favorecido por el uso es una novación subjetiva, pero meramente provisional o interina porque durará mientras subsista la medida dictada en el proceso matrimonial; y en consecuencia, una vez desaparecida la interinidad, esto es cesada la atribución judicial del uso de la vivienda familiar, el mismo mecanismo de la notificación de la modificación al arrendador hará que recobre plena eficacia el vínculo con el primitivo arrendatario, que podrá ocupar nuevamente la vivienda sin necesidad de nuevo convenio.

5º) Abundaría también en este mismo sentido de la necesidad de demandar conjuntamente a ambos cónyuges la sentencia del TC de 31 de octubre de 1.986, cuando sostuvo que "el art. 96 CC  ha creado un litis consorcio pasivo necesario al equiparar al cónyuge no titular (no firmante) del contrato de arrendamiento con el suscriptor del mismo, considerando a ambos en la misma situación jurídica contractual. La consecuencia procesal es, pues, la necesidad de traer a juicio a los dos para evitar que, ausente uno, pueda éste verse afectado sustancialmente en su derecho material (aquí la posesión arrendaticia) por la sentencia dictada contra el otro, con eficacia de cosa juzgada, es decir, con indefensión insubsanable. De ahí, para impedirlo, que la doctrina jurisprudencial haya determinado el deber de apreciar "ex officio" la no llamada al juicio del litisconsorte y declarar mal formada la relación jurídica procesal, sin entrar en el fondo del asunto.

6º) Desde esa premisa debe entenderse que la demanda de resolución del contrato fue correctamente dirigida frente a ambos cónyuges, por mucho que la condena al desalojo y al pago de la renta solo incumbiera al consorte no contratante, de lo que sigue que la sentencia impugnada se equivocó al desestimar ese primer pronunciamiento frente al apelado y por ende también cuando condenó a la actora al pago de las costas causadas al mismo, que en todo caso debería haber obviado atendiendo a las dudas de derecho que evidencian las divergencias existentes en la llamada jurisprudencia menor recaída sobre este mismo particular.

D) La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, de 17 de enero de 2011, nº 13/2011, rec. 359/2010 manifiesta que:

No pocas dudas ha suscitado el precepto acerca de las consecuencias que se derivan del mismo y en concreto cual es el carácter que ostenta el arrendatario saliente, mas al respecto doctrina y jurisprudencia mayoritaria de las Audiencias vienen sosteniendo que independientemente de cual de los dos cónyuges sea titular del contrato de arrendamiento, la atribución que de la vivienda familiar se realice a uno de ellos, tanto a través del convenio regulador aprobado judicialmente, como de la decisión judicial en un proceso matrimonial contencioso, no es más que la atribución del uso exclusivo de la misma, esto es su derecho a usarla y disfrutarla. Derecho que no modifica la titularidad del contrato, ni las obligaciones del arrendatario, use o no la vivienda, y que de ningún modo supone una cesión a los efectos del art. 24 L.A.U que exija el consentimiento del arrendador, pues frente a la sustitución que de la figura del arrendatario cedente a favor del tercero cesionario que asume las obligaciones y derechos de aquel, implica toda cesión ya onerosa ya gratuita, lo cierto es que en la atribución del uso, es arrendatario quien lo era antes de la crisis matrimonial, si bien se le priva de su derecho a usarla, no desapareciendo de la relación contractual ya que es él quien asume las obligaciones frente al arrendador, y ello porque aquella no es definitiva, en la medida en que tanto el convenio aprobado judicialmente como las medidas acordadas por el Juez en un proceso contencioso son susceptibles de modificación si varían las circunstancias que sirvieron de fundamento a su adopción, de ahí que en una determinada situación si fuere otro el interés familiar más digno de protección, se daría un cambio en el uso, tornando éste por ejemplo al cónyuge-arrendatario, modificación que es obvio no podría darse si se entendiera que estamos ante una verdadera cesión con cambio de titularidad contractual.

Por tanto, en el supuesto de autos el arrendatario no queda exonerado de sus obligaciones frente al arrendador, pues el hecho de la separación, nulidad o divorcio, no supone una causa de resolución por ministerio de la ley en base al artículo 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, simplemente se limita a establecer un derecho de subrogación, siempre que se den los requisitos legales, a favor del cónyuge no arrendatario; pero en los casos que no se produzca dicha subrogación, o bien no se proceda a su comunicación en la forma que establece el artículo 15.2 de la LAU el arrendatario viene obligado al pago de las rentas durante el plazo de duración pactado en el contrato, sin que el mero hecho de la separación, nulidad o divorcio atribuya al arrendatario una facultad de desistir de forma unilateral del contrato.

La situación de una parte contractual no tiene porqué afectar los derechos de la contraria, de tal manera que para que ésta pueda quedar vinculada por ella deberá hacerse participe de manera clara y concluyente y ello por, sin que pueda hacerse responsable del incumplimiento de ello a la parte arrendadora, ajena a las relaciones internas de aquéllas. Y en este sentido debe ser entendido el artículo 15.2 de la LAU que establece la obligación de comunicar, pero no indica cual de los dos cónyuges debe hacerlo.

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sábado, 27 de enero de 2018

La mera discusión sobre la cuantía de la indemnización que la aseguradora debe pagar al perjudicado, no es causa justificada que impida el inicio de la mora del 20%, porque pueden consignar una cantidad prudencial.


B) La sentencia de la Audiencia provincial de La Coruña, sec. 3ª, de 17 de noviembre de 2017, nº 346/2017, rec. 210/2017, determina que la mera discusión sobre la cuantía de la indemnización que la aseguradora debe pagar al perjudicado, no es causa justificada que impida el inicio de la mora, porque pueden consignar una cantidad prudencial.

B) Los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.8.º de la Ley de Contrato de Seguro, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora. Pero la jurisprudencia mantiene una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma, al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados. Se descarta que la mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar. Por este motivo, la jurisprudencia no aprecia justificación cuando, sin cuestionarse la realidad del siniestro ni su cobertura, la incertidumbre surge únicamente en torno a la concreta cuantía de la indemnización, o respecto de la influencia causal de la culpa del asegurado en su causación, incluso en supuestos de posible concurrencia de conductas negligentes, ni en la tardanza en formular la demanda. En el primer caso, porque es relevante que la indeterminación se haya visto favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia en la rápida tasación del daño causado, a fin de facilitar que el perjudicado obtenga una pronta reparación de lo que se considere debido, sin perjuicio de que la aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho a la restitución de lo abonado. En el segundo caso, porque la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor se asienta sobre el riesgo generado por su conducción, de manera que la culpa de la víctima, aunque resulte probada, si no constituye la causa exclusiva del accidente, carece de eficacia para eximir de responsabilidad al conductor (TS  523/2017, de 27 de septiembre (Roj: STS 3377/2017, recurso 1347/2015), 396/2017, de 27 de junio (Roj: STS 2512/2017, recurso 3424/2015), 8 de febrero de 2017 (Roj: STS 413/2017, recurso 2524/2014), 20 de enero de 2017 (Roj: STS 176/2017, recurso 1637/2014), 21 de enero de 2013 (Roj: STS 372/2013, recurso 1614/2009), 4 de diciembre de 2012 (Roj: STS 8426/2012, recurso 2104/2009), 17 de mayo de 2012 (Roj: STS 3704/2012, recurso 1427/2009)).

C) Aplicando dicha doctrina al presente caso, no puede estimarse que concurra una causa justificada. La aseguradora conocía la existencia de las lesiones, y asumió la responsabilidad del siniestro desde el primer momento. La mera discusión sobre cuánto debe indemnizar no es causa justificada que impida el inicio de la mora, porque podían haber consignado una cantidad prudencial.

Pero lo que sí procede es dejar sin efecto el devengo del interés del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a cargo del asegurado. Hay una incompatibilidad de los intereses procesales del artículo 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los de cualquier otra naturaleza, debiendo prevalecer el devengo de los de tipo superior ( Ts. 12 de marzo de 2012 (Roj: STS 1909/2012, recurso 1203/2008)). Y se interpreta erróneamente el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro cuando se impone a la aseguradora el pago del interés especial previsto en dicho precepto; y, al mismo tiempo, se condena al asegurado demandado a abonar al perjudicado el interés legal o procesal, o bien ambos intereses de forma acumulada. El pronunciamiento podría conllevar: (a) que se interpretarse que la cuantificación del interés devengado fuese diferente según contra quién se dirigiese la posterior ejecución, o bien quién abonase la indemnización ; o (b) que llegase a la conclusión de que se generaban dos débitos diferentes acumulables, de tal forma que el responsable del daño se constituyese en deudor por el interés legal, y la aseguradora por el previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, duplicando así el mismo concepto. La postura no es correcta, por cuanto la imposición del pago de interés establecido en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro genera una obligación autónoma de la principal, de la que siempre es deudora la aseguradora exclusivamente. Por lo que el interés el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro deberá abonarlo siempre la entidad aseguradora, con independencia de quien realice finalmente el pago de la indemnización.

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lunes, 1 de enero de 2018

Para la aplicación del factor de corrección del 10% por perjuicios económicos ligados a la incapacidad temporal es preciso que los lesionados se encuentren en edad laboral, pero no es necesario que justifiquen sus ingresos


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de León, sec. 1ª, de 23 de octubre de 2017, nº 357/2017, rec. 423/2017, establece que a la indemnización por un accidente de tráfico, para aplicar el factor de corrección del 10% por perjuicios económicos ligados a la incapacidad temporal es preciso que los lesionados se encuentren en edad laboral, pero no es necesario que justifiquen sus ingresos.

B) El baremo vinculante anexo a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, aplicable en la fecha del accidente, supedita la aplicación del factor de corrección a la existencia de ingresos del perjudicado por trabajo personal, como resulta de la graduación de dicho factor, cuyo porcentaje está en función de los ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal (apartado B de la Tabla), y aunque por razones de analogía se apliquen los criterios que resultan de la Tabla IV es preciso resaltar que en dicha tabla se exige que el perjudicado se encuentre en edad laboral (Nota 1 al factor de corrección por perjuicios económicos). 

En el presente caso, ambos demandantes se encontraban en edad laboral cuando se produjo el siniestro. La resolución recurrida rechaza la aplicación del factor de corrección porque los lesionados no prueban que efectivamente trabajasen en la fecha del siniestro. Es criterio reiterado por este Tribunal que es preciso que los lesionados se encuentren en "edad laboral", pero no es necesario que justifiquen sus ingresos. Esta es la interpretación correcta a la cuestión planteada en el recurso, frente a la cual la parte recurrida muestra su conformidad, debiendo ser estimado este motivo del recurso.

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El plazo de prescripción de la mutua para ejercitar la acción de repetición contra la aseguradora del responsable del siniestro es el regulado para los supuestos en los que no hay plazo señalado es el del artículo 1964 del Código Civil


A) La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 15 de diciembre de 2017, nº 671/2017, rec. 1764/2015, declara que los gastos de asistencia sanitaria por un accidente  de circulación, el plazo de prescripción de la mutua para ejercitar la acción de repetición contra la aseguradora del responsable del siniestro es el regulado para los supuestos en los que no hay plazo señalado de 15 o 5 años del artículo 1964 del Código Civil. No se puede aplicar el plazo de un año de prescripción de las acciones de responsabilidad extracontractual al ser una acción independiente a aquélla.

B) El presente caso plantea, como cuestión de fondo, la interpretación normativa del plazo de prescripción que resulta aplicable a la acción de repetición contemplada en el art. 127.3 TRLGSS (en la actualidad, art. 168.3 del RDL 8/2015, de 30 de octubre). En particular, si dicho plazo de prescripción es el de un año, propio de la responsabilidad extra contractual (art. 1968.2 del Código Civil), o por el contrario el que resulta aplicable es el de quince años, propio de las acciones que no tienen señalados un plazo específico de prescripción (según redacción originaria del art. 1964 del Código Civil, aplicable al presente caso).

C) ANTECEDENTES DE HECHO: En síntesis, la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (en adelante, la Mutua) aquí recurrida, presentó una demanda en la que solicitó que se condenase a la entidad aseguradora Génesis Seguros Generales S.A. (en adelante, entidad aseguradora) al pago de la cantidad de 703.622,74 euros en concepto de gastos médicos generados por la asistencia a un mutualista, el Sr. Gerardo, que fue víctima de un accidente de circulación que determinó su situación de gran invalidez.

Dicha acción traía causa del accidente de circulación ocurrido el 3 de enero de 2005, en A Estrada (Pontevedra), en donde el citado mutualista sufrió graves lesiones. Durante la pendencia de la incoación de la causa penal, las partes llegaron a un acuerdo transaccional por el que la entidad aseguradora indemnizó con 1.000.000 de euros a la víctima, quedando al margen el pago de los gastos sanitarios realizados.

La reclamación del presente pleito se ejercitó al amparo de la acción de repetición contemplada en el art. 127.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), y del art. 1902 del Código Civil, si bien a lo largo de los fundamentos de derecho de la demanda se argumentó la procedencia de la aplicación del plazo de prescripción de 15 años.

D) Recurso de casación. Acción de repetición de gastos producidos a una mutua laboral como consecuencia de la cobertura sanitaria del trabajador lesionado en accidente de tráfico . Naturaleza y alcance del art. 127.3 TRLGSS. Plazo de prescripción aplicable.

En el presente caso, en contra de lo argumentado por la recurrente, la naturaleza de la acción prevista en el art. 127.3 TRLGSS tiene un papel determinante a los efectos de establecer el respectivo plazo de prescripción de la acción.

En efecto, como tiene declarado la Sala de lo Civil del TS en su sentencia de pleno 659/2017, de 12 de diciembre de 2017, la naturaleza de esta acción «responde a una acción de repetición o de reembolso de los gastos sufragados por la mutua. Se trata, por tanto, de una acción distinta e independiente de la que corresponde al trabajador afiliado frente al responsable, civil o criminalmente, del menoscabo de su salud; y su fundamento trae causa de la obligación ex lege que tiene las mutuas de prestar directamente la cobertura sanitaria a sus respectivos afiliados. Por lo que, en puridad, no cabe hablar de una acción de subrogación».

Es precisamente esta naturaleza de la acción de repetición, como una acción ex lege, propia y diferenciada, la que determina su plazo de prescripción, pues, como señalara la sentencia de la Sala de lo Civil del TS de 1 de junio de 1981, al no estar establecido un plazo específico de esta acción, bien por la normativa aplicable de la Seguridad Social, o bien por otro precepto legal, su plazo de prescripción no puede ser otro que el establecido, con carácter general, por el Código Civil para las acciones que no tengan señalado un plazo especial de prescripción. Tal y como dispone el art. 1964 de dicho cuerpo legal, esto es, el de quince años según la redacción vigente que resulta de aplicación en el presente caso.

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