sábado, 25 de febrero de 2017

Las cláusulas limitativas son aquellas que restringen o modifican los derechos de los asegurados a la indemnización, una vez que se ha producido el siniestro, siempre que el tomador las acepte por escrito


A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, sec. 1ª, de 16 de enero de 2017, nº 11/2017, rec. 264/2016, define las cláusulas limitativas como aquellas que restringen o modifican los derechos de los asegurados a la indemnización, una vez que se ha producido el siniestro. Para que sean válidas, el tomador debe aceptarlas por escrito.

B) ANTECEDENTES DE HECHO: La sentencia del Juzgado de Primera Instancia entendió que la reclamación efectuada resultaba improcedente, por considerar que en el contrato de seguro existía una clausula delimitadora que excluía la cobertura, como es la de que el vehículo en el momento del siniestro fuera conducido por su hijo menor de 25 años.

Frente a esta resolución se alza el actor con base a dos argumentos: 1) Que la cláusula de que tratamos no es delimitadora, sino limitativa de los derechos del asegurado y no ha sido aceptada expresamente por el asegurado, con los requisitos del artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y 2) que en todo caso, esa disposición no ha sido aceptada por el demandante, haciendo referencia a la Sentencia de esta Sala de 17-12-2015, incluyendo finalmente, una alegación relativa a las circunstancias personales del conductor.

La apelada impugnó el recurso de apelación alegando en primer lugar el conocimiento de la cláusula o condición por parte del demandante, para seguidamente mantener la correcta calificación de la misma como delimitadora del riesgo y su aplicabilidad a los seguros de daños propios y la no incidencia de la determinación en la póliza de la persona del propietario, para, finalmente esgrimir la intrascendencia de la alegación relativa a la falta de incremento del riesgo en razón a la edad del conductor.

C) CLAUSULAS LIMITATIVAS O RESTRICTIVAS DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADO Y CLAUSULAS DELIMITADORAS DEL RIESGO:

1º) El artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece:

“Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.
Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración pública en los términos previstos por la ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas”.

2º) La cuestión relativa a la diferenciación entre cláusulas limitativas de los derechos del asegurado y cláusulas delimitadoras del riesgo, es una cuestión estrictamente jurídica de enorme trascendencia, por cuanto las exigencias para su eficacia son diferentes ya que las primeras están sujetas a los requisitos de forma y aceptación establecidos en el artículo 3 de la Ley de contrato de seguro.

La calificación de una cláusula de una u otra forma, debe llevarse a cabo en relación a la finalidad de la cláusula estudiada, como pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11-9-2006 , en la que se establece que las clausulas delimitadoras del riesgo son aquellas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando los riesgos, que en caso de producirse hacen surgir el derecho del asegurado a percibir la prestación pactada. En definitiva, las claúsulas delimitativas son aquellas que se refieren al riesgo que se cubre, la cuantía, el plazo y el ámbito espacial, mientras que las limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización, una vez que el riesgo se ha producido, como se señala, entre otras, en la STS de 16 de octubre de 2000.

D) CALIFICACIÓN DE LA CLAÚSULA EXAMINADA COMO CLAÚSULA LIMITATIVA: Partiendo de las anteriores consideraciones, esta Sala entiende que nos encontramos ante una condición limitativa y no delimitadora en atención a que el riesgo del seguro de que tratamos es el que da lugar a la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor y esa responsabilidad civil se producirá en todo caso y con independencia de quien sea el conductor, de forma que los efectos de la cláusula se producen una vez que el riesgo se ha ocasionado.

Esta posición es mantenida también por la mayor parte de las Sentencias de Audiencias Provinciales que se han pronunciado, por ejemplo la de Ciudad Real de 25 de mayo de 2016 , en la que era demandada la misma aseguradora que en este caso, la de la Sección 9 de Madrid de 22 de enero de 2015 , que cita la de la Sección 12 de 15 de mayo de 2009 y la de la sección 14 de 11 de noviembre de 2008 ; SAP de Murcia secc. 5 de 14 de noviembre de 2008 o la de SAP, de la sección 8 de la audiencia Provincial de Valencia del 13 de enero de 2014.

La consecuencia jurídica de esta calificación es la de la ineficacia de la misma, en tanto en cuanto no se ha acreditado que se hayan cumplido los requisitos exigidos por el artículo 3 de la Ley de contrato de seguro, como tiene declarado el TS en Sentencia de 24 de noviembre de 2014.

En todo caso y como recogíamos en la Sentencia de esta sala que citamos anteriormente, nos encontramos ante un supuesto en el que no se ha acreditado por parte de la compañía aseguradora la aceptación, siquiera, de las condiciones generales, por lo que no puede aplicarse tampoco. Como puede verse, con la demanda se presenta una copia, sin la firma del demandante, de las condiciones generales, pero se hace constar en la demanda que la misma le fue entregada por la correduría AENUS con posterioridad a recibir la comunicación de la entidad aseguradora rechazando la reclamación del actor. Por su parte la demandada no ha aportado la póliza debidamente suscrita por el asegurado y, además consta en los autos el informe de AENUS, en el que consta que efectivamente se le entregó al demandante, a petición del mismo, una copia de la póliza con posterioridad a recibir la carda de Allianz rechazando la solicitud de indemnización.

De esta forma, no puede tenerse por probado el hecho de la aceptación que se mantiene por la aseguradora demandada, siendo dicha parte la que ante la afirmación de un hecho negativo por la actora, podría acreditar el conocimiento y aceptación de las condiciones, aportando la póliza debidamente firmada por el asegurado; lo cual no ha hecho.

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domingo, 12 de febrero de 2017

El Tribunal Supremo declara que la pérdida de aprovechamiento para la construcción de unos solares por el hallazgo en ellos de restos arqueológicos da lugar a una indemnización


A) La sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, sec. 5ª, de 28 de octubre de 2016, nº 2324/2016, rec. 2592/2015, declara que la pérdida de aprovechamiento para la construcción de unos solares por el hallazgo en ellos de restos arqueológicos da lugar a una indemnización. Sólo son indemnizables los gastos de proyectos, licencias y publicidad de las promociones inmobiliarias sin que pueda indemnizarse ningún gasto más derivado de la construcción por no haberse iniciado la misma.

B) OBJETO DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:  La cuestión no estriba en analizar la legalidad de la resolución de 28 de junio de 2010  causa de la reclamación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la pérdida de aprovechamiento urbanístico de los solares, para los que la recurrente disponía de licencia de obras que la autorizaban a la construcción de sendos edificios de 32 y 26 viviendas (con garaje y trastero), sino en determinar si las limitaciones al aprovechamiento del suelo impuestas, en aplicación de la Ley 8/95, de Patrimonio Cultural de Galicia (en beneficio de ese patrimonio histórico, y, por ende, de toda la colectividad), como consecuencia de los hallazgos arqueológicos, tiene la propietaria, como afirma la sentencia, el deber jurídico de soportarlo.

Debemos recordar, al efecto, que el contenido del derecho de propiedad, como derecho de configuración legal (delimitado, ex art. 33 de la Constitución, por su "función social"), viene determinado por la ley. Tratándose, como aquí acaece, de la propiedad del suelo, y, en concreto, del derecho a edificar éste se materializa con la licencia urbanística, patrimonializándose en ese momento, con las consecuencias indemnizatorias que ello comporta.

Antes del otorgamiento de licencia existe una mera expectativa, un simple derecho a solicitarla, pero cualquier cambio normativo o de otra naturaleza que impida su otorgamiento, y, por consiguiente, la materialización del aprovechamiento que hasta ese momento pueda ostentar el suelo, no da derecho a ningún tipo de indemnización.

La licencia, sin embargo, incorpora al patrimonio de su titular el derecho a edificarlo en los términos en ella autorizado, dentro del plazo de caducidad con el que, en su caso, se otorga.

En este caso, la recurrente tenía las pertinentes licencias cuando se descubrieron los primeros vestigios arqueológicos con ocasión del movimiento de tierras en el solar contiguo, también de su propiedad, por ello la imposibilidad de ejecutar los proyectos, sin otra solución alternativa (así se dice en el informe emitido por los Arquitectos, obrante en el folio 270 del expediente administrativo, ratificado judicialmente, sin que la Junta de Galicia haya contraprobado ni cuestionado tan esencial extremo), comporta la privación de un derecho (el derecho a edificar los dos edificios autorizados por las licencias) que, aunque esté amparada en las normas de protección del patrimonio en beneficio del interés general, la ablación de ese derecho (precisamente porque redunda en beneficio de la colectividad) no puede ser soportado exclusivamente por su titular, constituyendo una lesión antijurídica, y como tal, indemnizable porque el propietario del suelo no tiene el deber jurídico de soportar el daño que a él en concreto le produce esa protección en interés y beneficio de la colectividad. En este sentido se ha pronunciado el TS, a título de ejemplo cabe recordar, además de las sentencias citadas como soporte de este recurso de casación, la sentencia de 15 de diciembre de 2010 (casación 1336/09).

C) CONCEPTOS INDEMNIZABLES: Hay un dato esencial a tomar en consideración para la determinación de las indemnizaciones y es que en ningún momento se iniciaron las obras de construcción y el reembolso de los gastos del proyecto de excavación a que fue requerida para determinar la posible existencia de restos arqueológicos han sido objeto de otra reclamación.

La recurrente reclama, en primer término, el valor del suelo tasado con arreglo al art. 24 del TRLS 2008, por el método residual estático, con los parámetros urbanísticos aplicados a los proyectos para los que se otorgaron las licencias y que, precisamente, como consecuencia de la necesidad de mantener "in situ" los hallazgos arqueológicos, impuesta por la resolución de 27 de junio de 2010, no solo no pueden ejecutarse, sino que, según los informes técnicos de parte -no contradichos de contrario-, hace inviable cualquier otra alternativa de similares características. Pretensión que, desde luego, ha de rechazarse de plano, pues cuando se impuso tal limitación no se había efectuado ninguna edificación, sin que, por tanto, tuviera consolidado derecho alguno a lo "virtualmente" edificado, único supuesto en el que cabría una indemnización en tal sentido. Además, el hecho de que no puedan construirse los edificios proyectados u otros similares no quiere decir que el solar carezca de todo tipo de aprovechamiento urbanístico, manteniéndose la propiedad del suelo.

1º) La indemnización solo puede compensar la pérdida de aprovechamiento que se ha producido como consecuencia de la obligación de mantener "in situ" los hallazgos arqueológicos, circunstancia esencial que no consta y que ha de quedar deferida al trámite de ejecución de sentencia para que, por arquitecto designado judicialmente, se proceda a su determinación, adoptándose una fórmula similar a la empleada en la precitada sentencia de 15 de diciembre de 2010 donde el montante del daño indemnizable (privación del aprovechamiento urbanístico patrimonializado) será el que resulte de restar al precio de adquisición de ambos solares, el valor que dicho suelo hubiera tenido en el momento de la adquisición de contar con las limitaciones impuestas por la resolución de 28 de junio de 2010, cantidad que habrá de incrementarse con el interés legal desde la fecha en que se presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial.

2º) La segunda partida indemnizatoria que se postula viene referida al lucro cesante o beneficio previsto con la promoción y que cifra en 360.007 euros para el solar denominado "FARO II" y de 935.382,37 euros para el "FARO III".

Lo que pretende que se indemnice es una mera expectativa, un "sueño de ganancia" respecto de unos proyectos urbanísticos que no llegaron a iniciarse, algo que, desde luego, no puede acogerse. 

3º) Cuestión distinta es el reembolso de los gastos de los dos proyectos, de las licencias y de publicidad de las promociones (sin que, al no haberse iniciado ningún tipo de obras, conste otro tipo de gastos en ese sentido)-, únicos que, al devenir inútiles ante la imposibilidad de ejecutar los proyectos como consecuencia de la obligación de mantener "in situ" los hallazgos, son indemnizables y cuyo importe deberá ser determinado en el trámite de ejecución de sentencia conforme a lo que, en este sentido, haya quedado documentado en autos.

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La administración debe indemnizar los daños y perjuicios causados por la falta de adjudicación de la plaza que corresponde a un trabajador tras un proceso selectivo de promoción profesional


La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, sec. 2ª, de 9 de diciembre de 2016, nº 1070/2016, rec. 572/2016, establece que un servicio sanitario debe indemnizar los daños y perjuicios causados por la falta de adjudicación de la plaza que corresponde a un trabajador como consecuencia del proceso selectivo de promoción profesional en el que ha participado.


En el supuesto ahora enjuiciado, puede observarse que la administración demandada no adjudicó a la actora la plaza que le correspondía como consecuencia del proceso selectivo de promoción profesional en que participó, teniendo por ello derecho a las diferencias salariales entre la categoría de Auxiliar Administrativo y la de Oficial Administrativo durante el período comprendido entre el 1-11-2010 (fecha de efectos de la Resolución que procedió a la adjudicación de plazas) y el 31-1-2014 (al habérsele adjudicado a la demandante con efectos del 1-2-2014 la plaza de Oficial Administrativo, en ejecución de la sentencia antecitada), en concepto de indemnización por los daños causados, conforme a la doctrina de referencia.

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