sábado, 27 de agosto de 2016

La indemnización por lucro cesante, cuando se trata de vehículos destinados a una explotación industrial, requiere que se demuestre que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas



1º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 1ª, de 2 de junio de 2016, nº 295/2016, rec. 296/2016, declara que  tras un accidente de circulación, la determinación de la indemnización por lucro cesante, cuando se trata de vehículos destinados a una explotación industrial, como los taxis, requiere que se demuestre que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas, que no han de ser dudosas y contingentes.

2º) CRITERIO GENERAL PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE: "Por lo que hace a la indemnización por lucro cesante, la doctrina jurisprudencial ciertamente ha destacado como debe imperar un criterio rigorista y restrictivo en su apreciación, lo que supone que es preciso probar que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas que no han de ser dudosas y contingentes (SSTS, de fecha 17-12-1990 , 30-11-1993 , 29-9-1994 , 8-6- 1996, entre otras), resaltando la apreciación restrictiva o ponderada y la necesidad de probar con rigor, "al menos razonable" (SSTS de 30-6-1993 y 21-10-1996) su realidad o existencia "aplicando criterios de probabilidad de acuerdo con el curso normal de los acontecimientos" (SSTS 16-6 y 22-12-1993 y 15-7-1998 ), pues el lucro no puede ser dudoso o incierto; de ahí que se deban rechazar las ganancias contingentes o fundadas en meras esperanzas o expectativas sin sustento real (STS 2-10-1999 ) y que no se pueda fijar subjetivamente por el Juzgador con fundamento en la equidad (STS 6-9-1991 ).

3º) Tal criterio general, empero, viene a ser objeto de matización y flexibilización en el ámbito circulatorio cuando de vehículos destinados a una explotación industrial se trata.

En tal sentido la Sentencia de la AP A Coruña, sección 6ª, de 27 de marzo 2009, señala que:  "En supuestos como el presente, de paralización de un vehículo destinado a una explotación industrial (un camión, un autobús, un taxi, vehículo de autoescuela, etcétera), el criterio mayoritario de las Audiencias Provinciales es que la paralización de un vehículo industrial es susceptible que produzca un lucro cesante, resultando obvio que con la paralización del taxi se le ha producido un perjuicio real a la parte actora. Debe partirse de un hecho no cuestionado: que el actor lo utiliza profesionalmente como medio para obtener ingresos, constituyendo su herramienta profesional, su medio de vida, por lo que debe inferirse que el resultado de esa actividad ha de ser necesariamente positivo (Sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid de 12 de junio de 2007 y Madrid de 24 de mayo de 2007 , de Málaga de 29 de marzo de 2007 , de Toledo de 20 de marzo de 2007 , de Jaén de 12 de enero de 2007 , de Cantabria de 4 de mayo de 2005 , y de Cádiz de 27 de enero de 2004, entre otras muchas ; así como las sentencias de esta Audiencia Provincial de 18 de abril de 2008 , 11 de julio de 2003 , 13 de junio de 2003 y 27 de octubre de 2000)".

Respondiendo también ante la problemática de la cuantificación que: Es por ello que esta Audiencia se ha visto obligada a acudir a sistemas más o menos objetivos de valoración, con un cálculo ponderado de las ganancias dejadas de obtener, que, sin concederle un valor absoluto, toman como punto de partida las cuantías señaladas en los estudios que sirven de base a las certificaciones gremiales, comparándolas con las cantidades que para supuestos similares se han aceptado como correctas en sentencias anteriores. Este criterio, que encuentra respaldo en las sentencias de esta Audiencia como las de 10 de abril y 20 de octubre de 2008 , permite considerar correcta la cantidad de 68 euros diarios como perjuicio derivado de la paralización del taxi (Esta misma cantidad se admite como adecuada en la SAP de 29 de mayo de 2008).

Por tanto, las citadas sentencias ponen de manifiesto que el criterio restrictivo y aplicable en términos generales admite excepciones y matizaciones atendidas las circunstancias concretas, y especialmente en los supuestos -como lo es el presente- en los que el vehículo paralizado se destina a actividad económica y constituye fuente de ingresos de su propietario, de modo que indudablemente se ha de concluir que la imposibilidad de su utilización por necesidad de reparación conlleva un lucro cesante indemnizable. Así, aun cuando lo normal sea la presentación de documentos que acrediten reales ganancias obtenidas con el vehículo que sufre el siniestro y como consecuencia de ello se ve inutilizado para el desempeño de la actividad económica a que se destina, bien sean las de meses precedentes o bien de periodos iguales de otros años, también resulta admisible que en ciertos casos atendidas las circunstancias concretas, el cálculo de las ganancias dejadas de obtener se haga a través de otros criterios como lo son las estimaciones contenidas en disposiciones reglamentarias que regulan ciertas actividades y las certificaciones expedidas por entidades corporativas o gremiales.

En sentido similar se viene a pronunciar el TS en su sentencia de fecha 11/2/2013, en donde señala: "Se reclama el lucro cesante de la paralización de un camión por causa no imputable al transportista de la que cabe, en principio, presumir los perjuicios económicos que ello comporta ante la merma de ingresos por falta de productividad, en tanto que con la paralización se interrumpe la posibilidad que el transportista tiene de usar el camión siniestrado o de buscar soluciones alternativas hasta un tiempo prudencial en que puede volver a usarlo, bien nuevo, bien arreglado, si esto fuera posible, buscando, en suma, las ventajas económicas que le pueda reportar su explotación pecuniaria. Es cierto que para concretar su importe, pudo la demandante aportar elementos de prueba que permitieran establecer de forma objetiva un detrimento ponderado de ingresos-gastos, o de perjuicios concretos que justificaran la procedencia del acogimiento de su pretensión, más ello no es argumento suficiente para negar una indemnización basada en la evidencia o curso normal de los acontecimientos que refiere constante jurisprudencia y que a la postre suponen no cargar exclusivamente sobre la víctima unos perjuicios difíciles de justificar en una actividad menor de un transporte que se contrata sin una previsión cierta y segura de su desarrollo.

4º) Desde esta idea no es posible aceptar en su integridad la indemnización que se reclama de una forma aleatoria para un período de casi dos años con base en un certificado de paralización emitido por una determinada asociación, certificado que, aun referido a relaciones contractuales relacionadas con el transporte de mercancías, sirven a título meramente indicativo y como simple principio de prueba para cuantificar ese indudable perjuicio. De aquí que, ponderando todos los factores concurrentes, se considere prudencial la cantidad de 24879 euros como correspondiente al beneficio dejado de obtener durante un período de tres meses en que razonablemente se pudo adoptar alguna solución relacionada con la reanudación de la actividad de transporte".

Por tanto, las citadas sentencias ponen de manifiesto que el criterio restrictivo y aplicable en términos generales admite excepciones y matizaciones atendidas las circunstancias concretas, y especialmente en los supuestos -como lo es el presente- en los que el vehículo paralizado se destina a actividad económica y constituye fuente de ingresos de su propietaria, de modo que indudablemente se ha de concluir que la imposibilidad de su utilización por necesidad de reparación conlleva un lucro cesante indemnizable.

Así, aun cuando lo normal sea la presentación de documentos que acrediten reales ganancias obtenidas con el vehículo que sufre el siniestro y como consecuencia de ello se ve inutilizado para el desempeño de la actividad económica a que se destina, bien sean las de meses precedentes o bien de periodos iguales de otros años, también resulta admisible que el cálculo de las ganancias dejadas de obtener se haga a través de otros criterios como lo son las estimaciones contenidas en disposiciones legales o reglamentarias que regulan ciertas actividades y/o las certificaciones expedidas por entidades corporativas o gremiales.

5º) En consecuencia, aplicando esta doctrina al supuesto enjuiciado, tenemos el dato objetivo de paralización del taxi que, perteneciente a la actora lo que lleva a una presunción (art. 386 LEC) favorable a la pérdida de beneficios por la inactividad de un elemento productivo. Ciertamente ello no complace totalmente la determinación de la cuantía, pero a nadie escapa las graves dificultades para acreditar las ganancias dejadas de percibir en un determinado periodo de inactividad del bien productivo, en este caso, de haber dispuesto del camión siniestrado.

La cuestión que se replantea en esta alzada, es si puede considerarse a los efectos de obtener una indemnización la parte actora es considerar, no solo el tiempo de reparación, sino el que D. Miguel Ángel de ser el conductor del taxi estuvo de baja en tanto que careciendo de actividad el taxi, le pudo ocasionar un perjuicio durante todo el tiempo que tardó en curar.

El primer testigo que declara, D. Luis Enrique, compañero del recurrente, manifiesta que era el apelante el único que conducía el taxi, y que no lo hacía su mujer, sin embargo, no concretó jornadas de trabajo ni turnos. Bernardo, también compañero de los actores, dijo que creía que era el único que conducía el taxi porque ella no tenía carné para eso sino solo él. Era el único que conducía el taxi porque era el único que estaba en la parada.

En Asepeyo se calificó su baja como de accidente no laboral.

Pues bien, la Sala comparte los argumentos de la resolución a quo, y es lo cierto que, aunque no nos cabe duda de que D. Miguel Ángel pilotaba el automóvil el día del siniestro, así como que colaboraba con Dª Covadonga en su explotación, sin embargo, no tenemos datos que permitan asegurar, sin más, que efectivamente era su asalariado. No figuraba como tal administrativamente, no tenemos constancia de que efectivamente condujera en tal condición el taxi, ni cuántos días horas o meses lo hacía. La declaración testifical en parte de complacencia, en parte equivocada porque parte de la base de que Dª Covadonga no tenía carné para conducir taxis habiendo quedado probado lo contrario, no se juzga suficiente al fin pretendido en este recurso, debiendo quedar sometida la indemnización a los días de paralización por reparación.

Para la cuantificación de esa ganancia no se ha aportado por la parte apelante datos empresariales contables o fiscales que permitan darnos una idea de su actividad, volumen de negocio y de clientela, y mayor aproximación de los ingresos estimativos, así como cargas, si bien es cierto, que los taxistas tributan por el sistema de módulos. Lo relevante en estos casos es hallar el beneficio neto. Si bien, como indicábamos partiendo de una efectiva acreditación de la existencia del lucro cesante que se reclama, no es necesaria una prueba plena sobre su cuantificación cuando puede acudirse a unos criterios objetivos pensados para determinar el coste de la paralización de vehículo destinado a un servicio público en un sector de actividad concreto cual es el taxi, teniendo en cuenta criterios profesionales del propio sector.

Se valorará, por ello el informe de la asociación del taxi (f.58) y la declaración del Sr. Miguel Ángel en su nombre, de la que se deduce que cada vehículo necesita una autorización para que pueda circular como taxi, con independencia de la licencia con que se cuente. Asimismo, se tendrá en cuenta en relación al número de días de paralización de la actividad desde que el siniestro tuvo lugar el 21 de agosto de 2010, la peritación del turismo se hizo el 8 de octubre y finalmente se reparó en 10 días; y que la Asociación de Auto patronos certifica que por estudios realizados por la Asociación consideran que los ingresos medios diarios de un taxista en Sanxenxo son 99,14 euros.

No obstante no podemos perder de vista que lo relevante es el beneficio neto, como lo expresa, entre otras, la STS de 31 de octubre de 2007, que alude a la necesidad de deducir gastos para fijar el beneficio como un elemento implícito en el concepto mismo de ganancia frustrada o dejada de obtener, en cuanto incremento patrimonial que la demandante hubiera efectivamente percibido y no percibió a consecuencia del comportamiento fuente de responsabilidad, no aportando sobre tal cuestión dato alguno la parte apelante, a falta de otro elemento probatorio acerca de las concretas ganancias netas perdidas, habrá que acudir a la facultad moderadora que confiere el art. 1.103 CC, debiéndose reducir la cantidad reclamada en un 30%, para incluir aquí los gastos variables, no fijos, que hubieran derivado de la efectiva utilización del camión para la obtención del beneficio, pues existen gastos fijos inalterables (seguros, impuestos, salario chófer, gastos directos derivados del uso del turismo como gasoil.....), así como la previsión de alguna paralización derivada de la propia actividad empresarial.

Procede así la estimación parcial del recurso respecto de la pretensión de lucro cesante si bien reduciéndolo a la cantidad de 69,39 €/día X 45 días = 693,9 euros. 

Dicha cantidad devenga desde la fecha del accidente el interés legal del dinero incrementado en un 50%. De transcurrir dos años desde dicha fecha, se elevaría, a partir de los dos años a un interés del 20%, a cargo de la aseguradora demandada en aplicación del art. 20 LCS a que remite el art. 9 LRCSCVM. 

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Los daños causados por denuncia unilateral de un contrato de distribución con insuficiente plazo de preaviso, son indemnizables conforme al régimen general del Código Civil



1º) La sentencia de la Sala de lo Civil,  del Tribunal Supremo,  de fecha 19 de julio de 2016, nº 502/2016, rec. 2451/2014, declara que los daños causados por denuncia unilateral de un contrato de distribución con insuficiente plazo de preaviso, son indemnizables conforme al régimen general del Código Civil. Se tiene en cuenta la ganancia frustrada o dejada de obtener como consecuencia de la insuficiencia del plazo de preaviso ejercitado por el empresario.

2º) ANTECEDENTES DE HECHO: El presente caso, con relación a un contrato de distribución en exclusiva de duración indefinida y sin cláusula de preaviso, plantea, como cuestión de fondo, la determinación del resarcimiento de los daños producidos por la extinción unilateral del contrato.

En síntesis, la entidad EAR, S.A, interpuso demanda contra la entidad GP Acoustics GMB, aquí recurrente, en la que solicitaba, entre otros pedimentos, que se declarase que el contrato mercantil que vinculaba a las partes había sido resuelto de forma unilateral por la demandada sin mediar incumplimiento alguno de la demandante, por lo que la demandada vulneró el contrato por la insuficiencia manifiesta del periodo de preaviso ejercitado causando unos daños y perjuicios a la demandante cuya indemnización asciende a 2.362.375 euros, derivados del coste estructural, del lucro cesante, del daño emergente y de la liquidación de stocks. En la audiencia previa la parte actora, a petición de la demandada, aclaró que ejercitaba una acción en reclamación de daños por culpa contractual debido a una resolución injusta, descartando la aplicación del artículo 28 de la Ley de Agencia, expresamente, y explicando la doble vertiente del lucro cesante reclamado en concepto de daño, señalando que además se solicitaba como coste económico por pérdida de distribución, junto con el coste estructural o coste directo, y la liquidación del stock, cuya cuantía reducía alegando hecho nuevo referente a su venta parcial, desde el momento de la demanda, aportando como nuevo documento al respecto, un certificado de auditoría, impugnado por la contraria por los motivos que dispone en el propio acto.

3º) La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. Calificó el contrato como un contrato de distribución en exclusiva de duración indefinida. Consideró que no se había acreditado la existencia de mala fe o abuso de derecho en la denuncia unilateral del contrato. Respecto a la razonabilidad o suficiencia del plazo de preaviso ejercitado, dos meses, sin que la parte demandante señalase que el plazo de margen temporal le hubiese sido suficiente, consideró el período de una anualidad como plazo razonable para que la empresa recuperase el volumen de negocios acorde con sus recursos. Desestimó la petición de indemnización por coste estructural y estimó la existencia del daño por lucro cesante. En este sentido argumentó que esta indemnización no surgiría por una aplicación automática del artículo 28  de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia (LCA), sino de los principios que inspiran dicha norma. Con relación al quantum indemnizatorio y dado el carácter compensatorio, lo fijó en atención al margen de contribución medio establecido en la pericial del Sr. Urcera que da como resultado la cantidad de 467.549,40 euros como remuneración o compensación del aprovechamiento por clientela.

4º) Contrato de distribución de duración indefinida, sin cláusula de preaviso. Extinción por denuncia unilateral del contrato. Resarcimiento del daño derivado por la insuficiencia del plazo de preaviso ejercitado. Criterios valorativos y doctrina jurisprudencial aplicable.

A) En el motivo segundo, se denuncia la infracción de los artículos 1101 y 1106 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial de esta Sala 1ª del TS que los desarrolla y aplica en cuanto a la procedencia o improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios, como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de distribución en exclusiva. Según la recurrente, en el presente caso una eventual indemnización únicamente puede corresponder y cuantificarse en atención a los daños causados directamente por la insuficiencia del plazo de preaviso y por el margen de tiempo que falta entre el plazo de preaviso concedido y el que se entiende necesario. En lo que respecta a lucro cesante, la sentencia recurrida da por bueno el criterio de cálculo de la sentencia de primera instancia, que entendió que el promedio de contribución de los últimos cinco ejercicios anteriores a la terminación del contrato ascendió a la suma de 467.549 euros, y concedió esta indemnización por equiparación a una indemnización por clientela, aunque la sentencia recurrida ha cambiado el concepto (indemnización por terminación abusiva) y la ha atribuido, según el recurrente, a un daño directo derivado de la terminación de la relación contractual, por lo que no procede su concesión. En esta línea, también considera improcedente la indemnización por el coste estructural de la empresa. Con carácter subsidiario, solicita que en el supuesto de que se entendiese que los conceptos y bases de cálculo son correctos, la indemnización por ambos conceptos debería reducirse al promedio de tres meses de preaviso que habían faltado al plazo concedido, o incluso a cuatro si se considera que sólo fueron concedidos dos meses, conforme al artículo 25 de LCA.

B) Por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo planteado debe ser estimado en parte, con relación a la pretensión subsidiaria solicitada.

b.1º) En primer lugar, debe señalarse que la indemnización de los daños contractuales y los criterios de su cálculo derivados del incumplimiento de un plazo razonable y no abusivo del preaviso ejercitado por el empresario en el marco de un contrato de distribución se rige, a falta de pacto expreso, por el régimen general dispuesto por el Código Civil para el resarcimiento de los daños contractuales, de acuerdo con las circunstancias del caso (artículos 1101 y 1106, entre otros). Esto es, no cabe, pese a su proximidad, una reconducción directa o mera aplicación analógica del régimen indemnizatorio contemplado en la LCA.

Sin embargo, una vez señalado lo anterior, debe precisarse, también como criterio general, que la determinación de los daños contractuales por este concepto guarda una cierta similitud con la función compensatoria que informa el derecho de indemnización por clientela, pues el ejercicio por el empresario o concedente de un plazo de preaviso insuficiente puede acarrear, supuesto acreditado el presente caso, que el distribuidor no sólo no pueda acomodar sus recursos, con cierta antelación, a la nueva situación y liquidar ordenadamente las relaciones pendientes, sino también que el empresario o concedente se beneficie con el aprovechamiento de una clientela creada o incrementada por el distribuidor que, a su vez, la pierde de forma abrupta e injustificada.

De ahí que la sentencia de la Audiencia resulte correcta, pues no realiza una aplicación mimética o automática del artículo 28 LCA, tal y como denuncia la recurrente, sino que, conforme a la naturaleza resarcitoria que tiene la indemnización de los daños contractuales, integre la compensación por clientela dentro del marco del lucro cesante como criterio de cálculo de la indemnización resultante (1106 del Código Civil), esto es, como la ganancia frustrada o dejada de obtener como consecuencia de la insuficiencia del plazo de preaviso ejercitado por el empresario, todo ello atendiendo a la naturaleza y ejecución del contrato de distribución llevado a cabo y los dictámenes realizados para la concreción de la referida compensación.

Por su parte, la indemnización de los costes estructurales (pago de costes salariales y de seguridad social), que también son estimados por la sentencia de la Audiencia, tiene idéntico fundamento con base a los criterios legales que determinan el cálculo de la indemnización resultante (1101 y 1106 del Código Civil). En este supuesto como concreción de la pérdida sufrida o damnum emergens del distribuidor, es decir, respecto del mayor coste salarial y social realizado con vistas al cumplimiento del contrato de distribución, tal y como estaba proyectado, pudiéndose haber sido evitado si se hubiese producido su extinción con arreglo a un plazo de preaviso suficiente.

b.2º) En segundo lugar, y en la línea de lo expuesto, con relación al periodo razonable del plazo de preaviso debe señalarse que tampoco procede una aplicación automática del artículo 25 LCA, que a estos efectos tiene un alcance orientativo o referencial, como también sucede con el artículo 16.3 de la Ley 3/1991 de Competencia desleal, de 10 de enero.

En el presente caso, esto es en lo que acontece pues ambas instancias, de acuerdo con la naturaleza y ejecución del contrato de distribución llevado a cabo, particularmente de su duración indefinida, de su carácter de exclusiva y su prolongada ejecución, consideran una anualidad como periodo razonable y ajustado para valorar el plazo de preaviso que debió ser aplicado por el empresario o concedente. 

Sin embargo, en el presente caso, y dentro del criterio señalado, a dicha anualidad se le debe descontar el tiempo que, aunque insuficiente, le fue concedido realmente al distribuidor, esto es, el plazo de dos meses, extremo que no ha sido contemplado por la sentencia recurrida y debe ser rectificado, por lo que la cantidad resultante a abonar a la entidad Ear, S.A, es la de 504.316,41 euros.

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martes, 23 de agosto de 2016

Las compañías aseguradoras están obligadas a pagar la indemnización por los daños no intencionados personales y materiales causados a terceros por un suicida que tenga contratado un seguro multihogar.



1º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 6ª, de 18 de abril de 2016, nº115/2016, rec. 80/2016, determina que la compañía aseguradora de una póliza de seguro del hogar debe pagar la indemnización por los daños causados por una suicida tras arrojarse por un balcón, a un vehículo estacionado, al no ser un daño intencional. Porque cuando una persona tiene la intención de suicidarse y se arroja por un balcón, si bien la dinámica real del hecho es ajena a una caída meramente accidental, los daños colaterales causados son totalmente accidentales y ajenos a la intencionalidad de la actora.

2º) ANTECEDENTES DE HECHO: La parte actora reclama a la compañía de seguros y reaseguros CASER con quien tiene concertado una póliza multirriesgo hogar, que tiene cubierta la garantía de la responsabilidad civil particular, la cantidad abonada por los daños causados al vehículo propiedad de un tercero, causados al caer sobre el mismo cuando se precipitó al vacío desde el balcón de su domicilio.

La sentencia de instancia estimó la demanda interpuesta por entender que si bien la caída de la demandante no puede ser calificada como accidental, lo cierto es que debe entenderse que lo que sí queda al margen de la voluntad suicida era la causación de los daños a terceros, constituyendo tales daños un resultado colateral no perseguido ni esperado por ella, y por tanto de carácter accidental, estando por ello amparado por la póliza de aseguramiento.

Contra dicha sentencia se alza en apelación la aseguradora demandada alegando infracción de ley y error en la valoración de la prueba, por cuanto los daños causados en un vehículo aparcado originados por un intento de suicidio consistente en arrojarse al vacío desde una ventana por encima del lugar en que se encontraba el vehículo nunca pueden ser calificados como accidentales, y no siendo accidental no existe cobertura con amparo en el contrato suscrito entre las partes; impugnando también la condena al abono de intereses del art. 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y la imposición de costas.

La póliza suscrita con la aseguradora Caser tenía cubierta la responsabilidad particular en los siguientes términos: " el asegurador garantiza las indemnizaciones que deban satisfacer el asegurado como civilmente responsable de los daños causados accidentalmente a terceras personas, en virtud de los artículos 1902 y siguientes del código civil y 19 del código penal.

3º) LOS DAÑOS CAUSADOS NO FUERON DELIBERADOS Y SE ENCUENTRAN CUBIERTOS POR LA POLIZA DEL SEGURO DE HOGAR: La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 6ª, de 18 de abril de 2016 , nº 115/2016, rec. 80/2016, estima que los daños objeto de reclamación no han sido causados de forma intencionada y voluntaria por la apelada por el hecho de haberse lanzado desde la ventana de su vivienda. Pues, si bien la dinámica real del hecho es ajena a una caída meramente accidental, los daños colaterales causados son totalmente accidentales y ajenos a la intencionalidad de la actora, como con todo acierto se dice en la resolución apelada, y por tanto, se encuentran cubiertos por la póliza de seguro de hogar suscrita con la aseguradora apelante, que ampara los daños causados involuntariamente a terceros por culpa o negligencia, conforme al artículo 1902 Código Civil por un hecho previsto en el contrato.

La caída de la demandada no cabe calificarla de accidental, porque si bien se produjo de forma súbita y violenta, sin embargo, no deriva de una causa externa y ajena a su intencionalidad, pues se arrojó por un balcón desde un séptimo piso para intentar suicidarse , provocando voluntariamente el accidente.

Por el contrario, los daños causados al caerse sobre el coche, en modo alguno suponen intención deliberada, consecuencia de un acto consciente y voluntario del asegurado, y por tanto, intencional. La caída sobre el coche, fue un accidente, el asegurado no provoca intencionadamente los daños, por lo que el segurador no se libera del cumplimiento de su obligación.

El riesgo de causar daños al arrojarse desde el balcón de su domicilio a la calle, originando un peligro para las personas que deambulan por ellas o los bienes estacionados en la vía pública, no era una consecuencia querida y aceptada.

4º) El Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de julio de 2006, determina:"La intencionalidad que exige la LCS para que concurra esta exclusión no se refiere en abstracto a cualquier conducta de la que se siga el resultado del siniestro, sino a la causación o provocación de éste. Admitir que, por principio, todo resultado derivado de una conducta tipificada como delictiva, aunque se trate de figuras de riesgo, no puede ser objeto de aseguramiento (dado que la exclusión de los supuestos de mala fe del asegurado responde a razones de moralidad del contrato ligadas a la licitud de su causa) no es compatible, desde el punto de vista lógico-formal, con el principio de libre autonomía de la voluntad que rige en esta materia contractual; y, desde una perspectiva lógico-material, no soporta una verificación del argumento cuando se contrasta con sus consecuencias desproporcionadas y contradictorias en relación con el ámbito usual del contrato de seguro y con el contenido que le asigna la ley en diversas modalidades obligatorias relacionadas con actividades susceptibles de causar accidentes".

"Sólo son susceptibles de ser consideradas como intencionales las situaciones en las que el asegurado provoca consciente y voluntariamente el siniestro o, cuando menos, se lo representa como altamente probable y lo acepta para el caso de que se produzca (como hemos apreciado recientemente en la STS de 9 de junio de 2006, que considera un supuesto en que «es razonable pensar en la imposibilidad de que tal colisión no se produjera); esto es, los supuestos de dolo directo o eventual sobre el resultado, sin extenderlo a supuestos en que se comete intencionadamente una infracción, pero no se persigue la consecuencia dañosa producida o no se asume o representa como altamente probable. No todo supuesto de dolo penal, en su modalidad de dolo eventual, comporta dolo del asegurado equivalente a la producción intencional del siniestro, por cuanto en el ámbito civil del seguro una relación de causalidad entre la intencionalidad y el resultado producido, mientras que en el ámbito penal el dolo puede referirse a conductas de riesgo. La exclusión de las conductas dolosas del ámbito del seguro no responde ni tiene sentido como un reproche de la conducta en sí misma, sino en cuanto integra una intencionalidad del asegurado en la provocación del siniestro".

Con posterioridad el mismo Tribunal Supremo se ha ratificado en ésta doctrina por medio de su sentencia de 13 de noviembre de 2008. Y se reitera en la 23 de noviembre de 2015 con cita de la mentada sentencia de 7 de julio de 2006.

En suma, existe doctrina que entiende que la causa de los daños ha de ser ajena al propósito o intención del asegurado. Y en el presente caso no cabe duda que no era intención de la apelada causar daño alguno.

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