domingo, 17 de abril de 2016

EXISTE EL DERECHO A SER INDEMNIZADO POR LA PARALIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL MIENTRAS ES REPARADO CUANDO SE NECESITA LABORALMENTE



DERECHO A SER A SER INDEMNIZADO POR LA PARALIZACIÓN DEL AUTOMÓVIL MIENTRAS ES REPARADO CUANDO SE ACREDITA SU NECESIDAD PARA DESPAZARSE A SU PUESTO DE TRABAJO SITUADO FUERA DE LA CIUDAD DE SU RESIDENCIA.

1º) La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, de 11 de enero de 2016, nº 13/2016, rec. 298/2015, determina que existe derecho a ser indemnizado por la paralización del automóvil mientras es reparado en los supuestos en los que se acredite que lo necesita para desplazarse a su puesto de trabajo por estar situado fuera de la ciudad de residencia. Sin que la demora en la reparación pueda perjudicar al propietario del vehículo cuando éste no interviene como factor coadyuvante en esa demora.

2º) HECHOS: Por la apelante se impugna la sentencia de instancia mostrando su disconformidad con la valoración de las pruebas, en cuanto no se aprecia que el demandante tiene su residencia en la ciudad de Vitoria, y precisa desplazarse a su lugar de trabajo ubicado en Asparrena (Álava) a una distancia de 35 kilómetros, habiendo utilizado un vehículo de sustitución durante los 50 días que se vio privado del uso de su vehículo propio por la estancia en el taller de reparación, por lo que solicita la revocación de la sentencia y la concesión de la cantidad reclamada por dicho concepto, al tiempo que entiende vulnerado el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado el Juzgado de Instancia sobre la petición de los intereses moratorios previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, que ahora reitera, y entiende que se ha infringido los artículo 394.1 y 395 de la citada Norma en cuanto a la imposición de costas procesales a la parte actora.

3º) ERRONEA VALORACION DE LA PRUEBA: Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación, examinaremos los motivos alegados para impugnar la meritada sentencia.

En cuanto a la errónea valoración de la prueba, debemos partir de la Doctrina al respecto y así el Tribunal Constitucional en su labor de intérprete del artículo 24 de la Constitución Española, ha construido la doctrina del error en la valoración de la prueba, destacando su relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, declaró (en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero, 29/2005, de 14 de febrero, 118/2006, de 24 de abril, y 211/2009, de 26 de noviembre) que el error patente con relevancia constitucional está relacionado con "la determinación de los hechos objeto del juicio o (...) del material de hecho sobre el que se asienta la decisión", esto es, con un "dato fáctico indebidamente declarado como cierto"  (STC nº 55/2001, de 26 de febrero de 2011).

También ha declarado que concurre ese error en los supuestos de "indebida apreciación de datos de la realidad condicionantes de la resolución adoptada" o en los que "las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración".

En particular, ha destacado que el error, además de determinante de la resolución adoptada (en el sentido de que, "constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba, y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución, de no haberse incurrido en el mismo"), debe ser patente "o, lo que es lo mismo, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia".

4º) JURISPRUDENCIA APLICABLE: Examinadas nuevamente las pruebas practicadas, se considera que si bien no se ha practicado una prueba pericial que determinase los días de paralización necesarios para la reparación del vehículo, resulta evidente que existió un periodo durante el cual el demandante se vio privado del mismo, y acreditado la necesidad de desplazamiento por su trabajo fuera de la ciudad de residencia, desconociéndose que podía hacer uso de transporte público, no cabe duda de que resultó perjudicado temporalmente y ello debe ser indemnizado.

Debemos citar la Sentencia de la AP Burgos, Civil sección 3ª del 30 de octubre de 2015, en cuanto declara: En nuestra sentencia de fecha 20 de septiembre de 2010 (nº 384) sobre esta cuestión expresamos lo siguiente:

"Como dice la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 11 de noviembre de 1999" la indemnización de los perjuicios ha de partir del indeclinable presupuesto de que se acredite la real existencia y extensión de los reclamados por el perjudicado no pudiendo tomarse en consideración a este respecto perjuicios más o menos aleatorios o hipotéticos, eso es dudosos, contingentes o solo fundados en esperanzas, pues cuando de lucro cesante se trata, efectivamente se viene exigiendo por la jurisprudencia una prueba rigurosa de los mismos pero con ser ello así, como ya se razonó en resoluciones precedentes por esta Sala, tratándose el siniestrado de un vehículo industrial, la privación de su uso al propietario durante el tiempo necesario para su reposición o reparación, (cuya duración no es objeto de impugnación en este caso), tiene un indudable valor económico, aun cuando no se acredite haber tenido que utilizar en sustitución del siniestrado otros vehículos, ni los concretos portes perdidos a consecuencia de tal paralización, ya que es evidente que con esta se interrumpe la posibilidad de uso de un bien que había sido adquirido para rendir ventajas económicas en su continuada explotación, pecuniariamente apreciables.

En esta misma línea, esta Sala ya se ha pronunciado sobre la suficiencia de certificaciones como la aportada para poder reclamar por este concepto, al constituir las mismas, en principio, un instrumento adecuado, bien que no vinculante, de uso indiciario por los órganos judiciales, a fin de unificar criterios sobre bases objetivas, en una materia en la que, con frecuencia las declaraciones judiciales ofrecen notorias discrepancia, y ello aunque no se presenten otro tipo de justificantes, pues la concurrencia del perjuicio debe suponerse en quien tiene su medio de trabajo forzosamente inutilizado, y sin perjuicio de que pueda acreditar el lucro cesante por otros medios de prueba. La diferencia estará en que en el primer caso los perjuicios serán objeto de valoración discrecional por el tribunal, y en el segundo caso habrá de estarse al montante concreto de los perjuicios acreditados.

Aunque la parte actora solo haya aportado la facturación correspondiente al ejercicio económico del 2008, sin adjuntar las declaraciones del IVA y la declaración general de la renta, ni la contabilidad de la empresa, ni la cartera de pedidos, estimamos aplicable la doctrina expuesta sobre la pertinencia de las certificaciones empresariales del transporte en la fijación del importe diario por paralización que, en este caso, además es aceptada por el perito judicial, quien señala, incluso, a la vista de la documentación aportada que es superior y lo cifra en la suma de 2.745,60 euros (2 días de paralización a razón de 499,20 euros/día y otros 6 días a 374,40 euros/día)".

También la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos  de 25.5.2010 (nº 242) y las que se citan en ella.

5º) VALORACION: En atención a la doctrina expuesta en casos similares al que nos ocupa y atendidas las alegaciones de las partes y el resultado de las pruebas practicadas, valoramos ponderadamente los perjuicios por paralización en este caso concreto en 4.366 euros resultado de aplicar los 25 días de paralización que la sentencia de instancia objetivamente considera más ajustados a las circunstancias que rodearon la reparación del camión (magnitud del golpe y piezas que hubieron de sustituirse, entre otros factores), cuyas consideraciones damos aquí por reproducidas, por la suma de 174,64 Euro./ día, al estimar acertado y ponderado el cálculo verificado por la parte actora, sin que contrariamente a lo que señala la letrada demandada- apelada se pueda estimar un cifra excesiva o desproporcionada, a la vista de lo otorgado en otros casos anteriores como se ha dejado constancia con las sentencias citadas de esta Sala.

En igual sentido, dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 3ª, de 14 de junio de 2002, "se combate también las bases indemnizatorias pretendiéndose que se tenga en consideración la totalidad de días en los que el vehículo permaneció realmente en el taller (del 2 al 11 de agosto) y no los tres días contemplados pericialmente como los empleados en la reparación. Estima la Sala en consonancia con otras resoluciones anteriores (sentencia nº 406/97 de 22 de diciembre de 1997) que debe atenderse preferentemente al tiempo real de inmovilización sobre el tarifado por los talleres y compañías aseguradoras, salvo en supuestos de diferencias que por su importancia sean de difícil justificación. Lo contrario implica presuponer que, desde que el coche entra hasta que teóricamente debe de salir la dedicación de los mecánicos del taller al vehículo ha tenido que ser exclusiva, lo que no siempre sucede, porque dependiendo de las averías o daños padecidos, existen unos tiempos de espera-- no solo los tiempos de demora entre sección es que, por un lado, no se computan dentro del concepto «mano de obra», y por otro, resultan de aplicación ineludible (piénsese en el tiempo de espera de los peritos respecto de su presencia en talleres, en el de recepción de piezas de recambio no preexistentes en el taller, en el tiempo de secado de las capas de pintura aplicadas, o en los tiempos de descanso obligatorio de los mecánicos, por citar algunos ejemplos). En suma, la demora en la reparación no puede perjudicar al propietario del vehículo cuando éste no interviene como factor coadyuvante en esa demora.

También en igual sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, Sección 2ª, de 18 de abril de 2002, en un caso similar expone que "este Tribunal ya viene sustentando en reiteradas ocasiones, como lo hace el juzgador a quo, que en los supuestos de paralización no puede computarse exclusivamente las horas o días de efectiva reparación, sino las que efectivamente se hayan producido, a no ser que en esa cadena hubiera intervención del propio perjudicado. Habitual es la práctica de tener que dejar el vehículo porque también hay otros vehículos en reparación o mientras llegan las piezas a sustituir. Ese tiempo de mas no es responsabilidad ni imputable al perjudicado, como no lo sería la mayor duración de una alta médica derivada de que el perjudicado estuviere en lista de espera para una concreta operación".

6º) CONCLUSION: Partiendo de las anteriores premisas consideramos que el demandante deberá ser indemnizado por el gasto relativo al vehículo de sustitución utilizado durante el periodo de reparación, admitiéndose por la Aseguradora demandada al menos 7 días, y considerándose que el periodo de 50 días resulta excesivo en atención a la importancia de la reparación realizada, se considera prudencialmente, a falta de pericial al respecto, que el periodo de paralización efectiva no puede superar los 20 días, y por ello deberá estimarse parcialmente el recurso revocando la sentencia de instancia y valorando en la cantidad de 400 euros el perjuicio por paralización sufrido por la parte actora.

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