domingo, 24 de mayo de 2015

REQUISITOS PARA PERCIBIR LA INDEMNIZACIÓN POR CLIENTELA POR RESOLUCIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE AGENCIA.



A) REGULACION LEGAL DE LA INDEMNIZACIÓN POR CLIENTELA: El artículo 28 de la Ley 2/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia, regula la indemnización por clientela por la extinción del contrato de agencia:

1. Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran.
2. El derecho a la indemnización por clientela existe también en el caso de que el contrato se extinga por muerte o declaración de fallecimiento del agente.
3. La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior.
B) Dicho derecho a percibir una indemnización, se ha configurado jurisprudencial y doctrinalmente como un remedio que pretende compensar los perjuicios que se derivan para el agente una vez finalizada la relación contractual, a la vez que evitar el posible enriquecimiento injusto que pudiera obtener la empresa o concedente, al aprovecharse de la clientela creada con el esfuerzo del primero, tratando de compensar la inversión y el trabajo realizado por el agente, en atención a unas expectativas frustradas por la extinción del contrato.

Ahora bien, para que dicho derecho pueda ser reconocido, deben concurrir los requisitos señalados en el art. 28 LCA que, como señala la sentencia de Tribunal Supremo de 4 enero de 2.010 tienen carácter acumulativo. 

En cuanto a la prueba de su concurrencia, señala la misma sentencia del TS de 4 de enero de 2010, con cita de otras varias, que ello incumbe al agente que reclama la compensación; si bien puntualiza en el sentido de que el requisito de que la actividad anterior del agente pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario, no permite imponer a éste la prueba de la efectividad de tales ventajas o del efectivo disfrute por el empresario, después de extinguido el contrato, de los clientes que aportó el agente, pues también cabe un "pronóstico razonable", en contemplación del momento inmediato posterior a la ruptura del vínculo contractual, acerca de cuál será el comportamiento probable de dicha clienta y, por tanto, de si es posible que el empresario continúe disfrutando o favoreciéndose de la misma ( SSTS 13-10-04 y 23-6-05, esta última con cita de las SSTS 27-1-03, 7-4-03 y 30-4-04)."

Por otro lado, el Tribunal Supremo, partiendo de que no se cuantifica en el art. 28 de la LCA, la indemnización por clientela , sino que fija un tope máximo, en la sentencia de 31 de mayo de 2.012, analiza la incidencia que cabe otorgar a la equidad, a la que se refiere dicho artículo, tanto a la hora de apreciar la procedencia de la indemnización por clientela , como para cuantificarla y en tal sentido señala que, conforme al art. 3.2 CC, "la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella, cuando la ley expresamente lo permita", por lo que cuando el legislador acude a la equidad en la apreciación de la procedencia de la indemnización por clientela , como consecuencia de la resolución de un contrato de agencia, lo que hace es enmarcar el juicio de equidad del Tribunal, al establecer unos presupuestos fácticos: que "el agente (...) hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente" y " su actividad anterior pued(a) continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario". 

En estos casos, el juez juzga si resulta equitativo, en atención a las circunstancias concurrentes (entre las que enumera la existencia de pactos de limitación de competencia o las comisiones que perderá el agente), compensar al agente.

C) Ciertamente el artículo 28.1, de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el Contrato de Agencia, establece que, cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran, indemnización que no podrá exceder, en ningún caso del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el periodo de duración del contrato, si éste fuere inferior, conforme dispone dicho precepto en su apartado 3.

Como señala la SAP de Barcelona (Sección 15) de 16 de junio de 1999, la indemnización por clientela se funda, no en el instituto del enriquecimiento sin causa (pues la causa del enriquecimiento del empresario es el propio contrato de agencia, por el que el agente quedó obligado a promover actos u operaciones de comercio por su cuenta), sino en la procedencia de retribuir o compensar a quien ha contribuido a crear un activo común, en liquidación, constituido por unas relaciones comerciales estables con terceros, por cuenta del empresario, aptas. inicialmente para generar ventajas futuras a los dos y, a consecuencia de la extinción del vínculo, sólo para uno de ellos.

Esa indemnización por clientela está contemplada en la Directiva 86/656 de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, como una alternativa (artículo 17.1 y 2) a la reparación del perjuicio producido por la privación de las comisiones futuras y por los gastos resultantes de la ejecución del contrato (artículo 17. 2), y aparece regulada en el artículo 28 de la Ley 12/1992, según se ha señalado anteriormente.

D) REQUISITOS PARA PERCIBIR LA INDEMNIZACION POR CLIENTELA: De acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y 30 de la Ley 12/1992, son presupuestos de la indemnización por clientela, cumulativamente, los siguientes:

a) Que el contrato, sea por tiempo determinado o indefinido, se extinga.

b) Que la extinción no haya sido provocada por el incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente (y además que no se den los supuestos establecidos en las letras b) y c) del artículo 30, sin trascendencia en el presente caso).

Así la STS de 15 de febrero de 200, señaló que la Ley 12/1992, de 27 de mayo, de Contrato de Agencia, acoge como excepción a la indemnización por clientela , a la terminación del contrato, el supuesto de que el empresario lo hubiese extinguido "por causa de incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente", estableciendo la STS de 10 de diciembre de 1996, que los supuestos de inexistencia del derecho indemnizatorio se encuentran condicionados o supeditados a la concurrencia de una extinción del contrato por causa no imputable al empresario; c) que el agente hubiese captado nuevos clientes para el empresario (esto es, personas de las que quepa esperar que formulen pedidos en el futuro, con cierto grado de estabilidad y continuidad, pues sólo así cabrá afirmar que la actuación de aquél podrá seguir proporcionando ventajas sustanciales a la otra parte de la relación de agencia), o hubiese incrementado de modo sensible, cuantitativa o cualitativamente, las operaciones con la clientela preexistente; en este sentido señala la STSJ de Navarra de 15 de noviembre de 1997, que el reconocimiento de una indemnización por la clientela generada, es decir, la compensación del lucro recibido por el comitente, exige en todo caso la prueba real y efectiva del provecho recibido y de la clientela generada.

c) Que ello resulte procedente en equidad, ya por la existencia de pactos de limitación de competencia, ya por las comisiones que el agente pierda, ya por otras circunstancias a considerar.

E) OBLIGACIONES A CARGO DEL AGENTE: Como obligaciones a cargo del agente, señala el artículo 9 de la referida Ley reguladora del Contrato de Agencia que, en el ejercicio de su actividad profesional, el agente deberá actuar legalmente y de buena fe, velando por los intereses del empresario o empresarios por cuya cuenta actúe (apartado 1), y, en particular, el agente deberá ocuparse con la diligencia de un ordenado comerciante de la promoción y, en su caso, de la conclusión de los actos u operaciones que se le hubieren encomendado (apartado 2. A).

No cabe duda, pues, que, en el supuesto de que el agente se encuentre facultado para realizar el cobro de las mercancías del empresario, vendidas o suministradas a terceros en ejecución del contrato de agencia, ha de poner a disposición de éste sin dilación el importe recibido de los compradores, a menos que contractual mente se le haya fijado un plazo o periodicidad, pues en tal caso deberá realizarlo dentro del indicado plazo o con la periodicidad establecida en el contrato. Así, la SAP de Sevilla (Sección 5ª), de 2 de noviembre de 1999, señaló que la Ley del Contrato de Agencia prevé efectivamente una indemnización por clientela en su artículo 28, pero tal indemnización, según establece el artículo 30, no procede, entre otros casos, cuando el empresario hubiese extinguido el contrato por causa del incumplimiento de las obligaciones legal o contractual mente establecidas a cargo del agente, entre las que naturalmente debe entenderse comprendida la de abonar puntualmente las cantidades obtenidas en las operaciones que concluye con las mercancías del empresario. Y por ello en la SAP de Granada de 19 de marzo de 1997 se concluye que el incumplimiento de la obligación de pago de las mercaderías que había asumido el agente, determina que no tenga derecho, en caso de resolución del contrato, a la indemnización por clientela , según el artículo 30 a), de la Ley del Contrato de Agencia.

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domingo, 17 de mayo de 2015

DERECHO A UNA INDEMNIZACION POR LA CAIDA DE UN MENOR EN EL PATIO DEL COLEGIO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE NIEVE Y HIELO



EXISTE DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN POR LA CAÍDA DE UN MENOR EN EL PATIO DEL COLEGIO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE NIEVE Y HIELO.

1º) La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 23 de febrero de 2015, nº 118/2015, rec. 478/2012, resuelve condenar a la administración al pago de una indemnización por las lesiones y secuelas padecidas por el hijo de los actores a consecuencia de una caída producida en las instalaciones del Instituto Público. La lesión sufrida por el menor se imputa a la Administración, por habilitar el recreo en condiciones peligrosas de nieve y hielo, y por colocar y mantener un banco cuya ubicación era objetivamente peligrosa.

2º) Es doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo (Sentencias del Tribunal Supremo de dos de enero y diecisiete de noviembre de 1990, siete de octubre de 1991 y veintinueve de febrero de 1992, entre otras muchas), que la responsabilidad directa y objetiva de la Administración, iniciada en nuestro Ordenamiento positivo por los artículos 405 y 414 de la Ley de Régimen Local de 1956, y consagrada en toda su amplitud en los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones del Estado y 121, 122 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, ha culminado, como pieza fundamental de todo Estado de Derecho, en el artículo 106.2 de la Constitución Española de 1978, al establecer que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Así, pues, la copiosa jurisprudencia sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina de la que pueden significarse como pilares fundamentales los siguientes:

a) La legislación ha estatuído una cobertura patrimonial de toda clase de daños que los administrados hayan sufrido en sus bienes a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, fórmula que abarca la total actividad administrativa;

b) Servicio público viene a ser sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración;

c) De ahí que siempre que se produzca un daño en el patrimonio de un particular sin que éste venga obligado a soportarlo en virtud de disposición legal o vínculo jurídico, hay que entender que se origina la obligación de resarcir por parte de la Administración, si se cumplen los requisitos exigibles para ello, ya que al operar el daño o el perjuicio como meros hechos jurídicos, es totalmente irrelevante para la imputación de los mismos a la Administración que ésta haya obrado en el estricto ejercicio de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad material, o en omisión de una obligación legal.

3º) Los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado o económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley.

Regulación positiva, por último, que se plasma en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como, referida a las Corporaciones Locales, en el art. 54 de la Ley de Bases del Régimen Local, 7/85, de dos de abril.

4º)  No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de cinco de junio de 1998 que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

5º) Cabe señalar, por último, que a los fines del artículo 106.2 de la Constitución, el Tribunal Supremo, en Sentencias, entre otras, de cinco de junio de 1989 y veintidós de marzo de 1995, ha homologado como servicio público toda actuación, gestión, actividad, o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad, con resultado lesivo.

6º) CAIDA DE UN MENOR EN EL PATIO DEL COLEGIO: La caída de un menor en horario escolar, en las instalaciones del Instituto Público en el que cursaba estudios. Es el supuesto, de la existencia de un accidente producido en el patio del instituto, sin participación de educadores ni responsables directivos del centro, ni por falta acreditada de vigilancia sobre parámetros distintos de los usuales en una actividad normal y programada en el centro, o cuando menos llevada a cabo en su seno, como es el recreo. Ni hubo, en ese sentido, acontecimiento extraordinario que hubiera obligado a intervenir y cuya omisión propiciase la responsabilidad del centro.


Ahora bien, ocurre que las condiciones climáticas, con nieve y placas de hielo en el patio, aconsejaban haber evitado la salida al patio, o al menos la permanencia de alumnos en zonas como la que nos ocupa, lo que da lugar a la responsabilidad  patrimonial de la administración por los daños sufridos por el menor.

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LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS TIENEN DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN POR LAS LESIONES EN ACTO DE SERVICIO




1º) Como resolvió la sentencia del TSJ de Extremadura Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 10-3-2015, nº 208/2015, rec. 246/2014, la Administración está obligada a pagar al recurrente una indemnización por las lesiones producidas en acto de servicio. El policía nacional recurrente obtuvo a su favor en sentencia penal, el derecho a recibir una indemnización del condenado por delito de atentado y lesiones, no obstante ante la insolvencia del delincuente, la Administración debe responder de la indemnización, en virtud del principio de indemnidad aplicable a los funcionarios públicos en base al art 28 Ley 7/2007 y 180 del Reglamento de la Policía Gubernamental, que prevé el abono de las indemnizaciones "que procedan".

2º) La resolución administrativa que da origen al recurso contencioso administrativo, dictada por el Director General de la Policía, desestima la petición formulada por el recurrente para que la Administración asuma el pago de indemnización de 858,11 euros por las lesiones que fueron producidas en acto de servicio.

La Administración no cuestiona la forma en que ocurrieron los hechos ni el alcance y cuantía de las lesiones y de la indemnización. La cuestión que se plantea no es otra que determinar si, a la vista de la declaración de insolvencia del condenado, la Administración debe responder de la indemnización reconocida en sentencia al recurrente por las lesiones.

3º) No nos encontramos en puridad ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración por consecuencia del funcionamiento de un servicio público, no siendo de aplicación directa el régimen que, con base en el art. 106.2 CE, desarrollan los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992.

Como dice el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de junio de 1.999 " la responsabilidad extracontractual supone la existencia de una determinada actividad administrativa que incidentalmente, y al margen de cualquier relación jurídica previamente constituida, provoca unos daños a determinada persona que ésta no tiene el deber jurídico de soportar".

Por tanto, en los casos como el presente, donde el daño es sufrido por el funcionario público, existe una previa relación entre éste y la Administración, por lo que habrá de estarse a su normativa específica. Los funcionarios se encuentran ligados a la Administración por una relación de servicios, calificada de estatutaria, esto es, definida legal y reglamentariamente, y la reparación de los daños y perjuicios que surjan en el marco de esa relación de servicios debe producirse primariamente por aplicación del ordenamiento que regula o disciplina esa relación. Sólo podrán ser reparados los daños sufridos por los funcionarios públicos con fundamento en el instituto de la responsabilidad patrimonial regulada en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92, cuando no exista una regulación específica o cuando existiendo ésta, su aplicación no repare íntegramente los daños causados. En este sentido se ha pronunciado con reiteración el Consejo de Estado en múltiples Dictámenes. Así, en el emitido en el Expediente Administrativo del que el recurso 700/1.999 traía causa, afirmando que "las indemnizaciones en el seno de las relaciones específicas - como es la funcionarial - se definen y sustancian dentro de esta relación, y con el régimen propio del contenido de ésta " (Dictamen n° 742/91). Más concretamente, en el Dictamen n° 522/91, emitido en Expediente instruido a instancias de un Policía Local que solicitaba la indemnización de lesiones sufridas en acto de servicio, por atracador a quien intentó detener, afirmó que: "... no concurre en el supuesto considerado una imputación, por título alguno, a la Administración, pues el daño -consecuencia de una actividad punible- no es trasladable por tal título a la esfera pública. No cabe inferir una imputación genérica a la propia organización administrativa ni es perceptible una situación de anormalidad en el funcionamiento del servicio público o situación de riesgo creada por la Administración, presupuesto primario e ineludible para que opere el instituto de la responsabilidad objetiva, según las previsiones legales, esto es, en el plano Constitucional, del artículo 106.2 de la Constitución  y, en el de la Ley, del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado ". En el mismo sentido se expresa en el Dictamen n° 210/98,- emitido en Expediente instruido a instancia de Guardia Civil que solicitaba indemnización por lesiones sufridas en acto de servicio, producidas por tercero penalmente condenado y posteriormente declarado insolvente-, Dictamen en el que el máximo Órgano Consultivo afirma: " la pretensión deducida por el reclamante no puede ser contemplada desde la perspectiva de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92, pues no se trata de la imputación de un daño por funcionamiento normal o anormal de la Administración. Propiamente se trata de un supuesto propio del ámbito de la relación funcionarial, pues el solicitante en el ejercicio propio del cometido profesional sufrió un daño por la acción de un tercero, que será por tanto, como tal responsable de las consecuencias de su propia conducta y así lo ha entendido la Jurisdicción Penal. Lo que acontece es que habiendo sido declarado insolvente el responsable de las lesiones causadas al reclamante, y persistiendo el perjuicio sufrido por el Sr. Maximiliano, pretende éste una indemnización que repare las consecuencias sufridas de un daño sufrido en el ejercicio propio de su actividad”.

4º) No obstante, aun considerando que no es aplicable el sistema de responsabilidad patrimonial de los arts. 139 y ss de la Ley 30/1992, ello no supone sin más desestimar la pretensión que se ejercita. Como también viene reiteradamente señalando el Consejo de Estado, rige en materia de funcionarios públicos el principio de indemnidad de modo que quien sufra por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño, sin mediar dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido por causa que se localiza en la propia concepción y efectos de lo que es el ejercicio de una función pública, (Dictamen n° 522/91).

Este principio general tiene su fundamento en el artículo 63.1 del Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1.964 a cuyo tenor: “El Estado dispensará a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos..." y algunas manifestaciones del mismo las encontramos en la Ley 29/75, de 27 de junio, del Régimen General de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y en el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, en los artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa, aprobado por Decreto 2028/1975, de 17 de julio, (Dictamen número 128/87). En Dictámenes más recientes (vgr. el num. 195/93) se ha considerado como fundamento de tal principio de indemnidad el artículo 23.4 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con arreglo al cual “los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio ".

Es cierto, como llegó a afirmar el Consejo de Estado, que entre los supuestos que regula el Real Decreto 236/1.988, de 4 de marzo, que desarrolla el artículo 23.4 de la Ley 30/84, no figura ninguno en el que puedan quedar comprendidos los hechos de los que derivaba la reclamación que motivaba la consulta (daños sufridos por funcionario de prisiones causados por la agresión de un interno). Pero a renglón seguido se manifestó, como se decía en el Dictamen número 335/91, recogiendo una doctrina que aparece en anterior Dictamen, que el artículo 23.4 contiene un principio " directamente aplicable (...) sin necesidad de intermediación reglamentaria " y " que prescribe que del desempeño de sus funciones no puede derivarse para el empleado público ningún perjuicio patrimonial ". Recientemente, el art. 28 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, reproduce el art. 23.4 de la Ley 30/1984 antes citado.

5º) POLICIAS NACIONALES: Sobre la base de la argumentación expuesta, procede analizar la normativa aplicable, que viene determinada por los artículos 179 y 180 del Decreto 2.038/1.975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa. Establece el artículo 179 que: " Cuando un funcionario hubiera sufrido daños materiales en acto u ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia, podrá el Director General de Seguridad ordenar la incoación de un expediente de resarcimiento de aquéllos a favor del damnificado, donde se acreditarán sus causas, calidad e importe, y se resolverá sobre la procedencia o no de la indemnización correspondiente " y añade el artículo 180 que: " Cuando en iguales circunstancias resultare lesionado algún funcionario, el Director General podrá disponer la instrucción de un expediente para acreditar los hechos originarios, las lesiones sufridas, la capacidad o incapacidad derivada y el importe de los gastos de curación a los efectos del artículo 165 y los demás que procedan".
Por tanto, el artículo 179 se refiere a la reparación de los daños materiales y el artículo 180 a la de los daños personales que sufra algún funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en acto o con ocasión del servicio, sin mediar dolo, negligencia o impericia. El Consejo de Estado, en relación con estos preceptos, afirma que " el Reglamento prevé un régimen indemnizatorio especial para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de cuyo sistema se deduce que lo preside un claro principio de universalidad en la descripción del daño resarcible siempre que éste haya tenido lugar en acto u ocasión del servicio y, por otro de indemnidad respecto del alcance de la indemnización que otorga. Tan es así que ni uno ni otro de los preceptos citados limita su eficacia al daño producido por la propia Administración, sino que también cubre -en una correcta hermenéutica de tales normas- los perjuicios derivados de hecho o acto ajeno, incluido el del propio funcionario si éste no incurrió en dolo, negligencia o impericia por su part " (Dictamen num. 185/88).

Los daños cuya reparación prevé el artículo 180 son, por consiguiente, tanto los previstos en el artículo 165 del citado Reglamento (los gastos sanitarios de curación y las retribuciones correspondientes al tiempo en que permanezca de baja el funcionario de Policía como consecuencia del accidente producido en acto de servicio, como también los "demás que procedan", arcaica expresión del Legislador en la que, como concepto jurídico indeterminado que es, cabe incluir los demás daños corporales, secuelas incluidas, y morales que le fueron ocasionados al actor como consecuencia de su actuación profesional (que, no lo olvidemos, fue en acto de servicio y al objeto del correcto desempeño de su función al ir a reducir a un detenido que pretendía escapar).

6º) ELEMENTOS DE LA INDEMNIZACION: El importe indemnizatorio que corresponde al recurrente en esta instancia jurisdiccional, ciertamente, no se puede corresponder con retribuciones dejadas de percibir durante el período en el que permaneció de baja como consecuencia del accidente, ni tampoco con gastos de curación alguno (todo ello le ha sido abonado por la Administración conforme al sistema de protección aplicable del régimen de clases pasivas y de Seguridad Social).

La indemnización, conforme al Baremo aplicado, recogido en el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incluye los daños morales y los daños psicofísicos, entendidos en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud.

En esta indemnización se incluyen los daños derivados de los días de baja para curación de las lesiones y las secuelas, siendo abonable pues el reclamante no debe soportar las consecuencias de su lícita, correcta y obligada actuación, según lo justifica el principio de indemnidad antes invocado, y esta indemnidad debe ser garantizada y cubierta por la Administración demandada, sin perjuicio de su derecho a la subrogación si el condenado penalmente viniera a mejor fortuna.

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